EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Termina octubre, y seremos testigos de cómo el foco de los medios de comunicación se orienta a la aprobación del nuevo presupuesto, a los próximos partidos de la selección de futbol y la interminable tirria entre los distintos poderes del Estado. Sin embargo, hay un tema recurrente al que poca atención se le pone, pero que para el futuro de los ciudadanos de a pie es de suma trascendencia: el anuncio del incremento al salario mínimo.
La Comisión Nacional del Salario (CNS), el pasado 15 de octubre, publicó un comunicado en el cual se da a conocer que nuevamente no hubo acuerdo entre los representantes de las comisiones paritarias del salario mínimo. Tanto los empleados como los empleadores, representados en las seis comisiones que mandata la ley, esgrimieron durante todo el año los argumentos alrededor de la conveniencia o no de un incremento en el salario mínimo, procurando recurrir a las variables económicas que delinean la realidad de un mercado laboral que, cada vez más, se ve más sujeto a vaivenes de la política nacional e internacional.
Ahora bien, dado que los involucrados no lograron arribar a una propuesta conciliada, “la decisión final sobre el ajuste del salario mínimo corresponde al Presidente de la República de Guatemala”.
Y acá es donde todo se volverá a complicar. Se acabaron las defensas rigurosas y la validación de las variables utilizadas como respaldo. Cualquier mínimo esfuerzo por contar con un sustento técnico que contraste las posturas entre los interesados será resuelta por la decisión política de alguien que busca el favor popular sin sopesar con tino las implicaciones que esta medida tendrá en el mediano y largo plazo.
Y para muestra, un botón. El 30 de octubre del 2024 se hizo de conocimiento de la población, saltándose todos los procedimientos y consultas establecidas en el Código de Trabajo, una postura del Gobierno en la cual se proponía 10 % de incremento al salario mínimo, sin distinción por actividad económica ni por circunscripción territorial.
Para hacer lo fácil, cualquier político es bueno. Pero para crear las condiciones estructurales que hacen que el salario aumente de forma sostenida, incluyendo a todos los sectores de la economía, hace falta un verdadero liderazgo.
Fue la primera ocasión en la que el Gobierno tomó posición en lugar de mediar entre las partes, rompiendo toda previsibilidad sobre lo que es posible hacer, duplicando el promedio histórico registrado entre 2008 y 2024 (5.15 % para actividades agrícolas y no agrícolas, y 4.64 % para actividades de exportación y maquila).
Un año después, la tentación se mantiene. Una salida fácil es proponer un valor sin más soporte que el discurso ideologizado, y sin mayor análisis que el que ofrecen algunos consultores hospedados en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El resultado será la publicación de media docena de acuerdos gubernativos, con poco o nula reflexión sobre lo que se busca lograr o sobre lo que se pretende evitar.
¿Los resultados? Estas medidas antojadizas terminan dañando a quien más buscan proteger. Basta con echar una vista a los datos del IGSS para constatar cómo, a partir de este año, cae dramáticamente el crecimiento interanual en el número de afiliados cotizantes, sobre todo en el interior de la República. No se necesita de herramientas sofisticadas ni de búsquedas complejas para caer en la cuenta de que, aunque el salario mínimo crece, el ingreso promedio de los guatemaltecos no mejora (Q2,538 mensuales, según la ENEIC 2024), la formalidad no se reduce (67.9 % de la Población Ocupada, según la ENEIC 2024), y la migración irregular al norte sigue siendo la única opción viable para muchos jóvenes guatemaltecos.
Trabajar en los cambios que necesita el país es la verdadera responsabilidad del liderazgo político del país, pero parece que a lo único que se aspira es a incrementar el salario por decreto. La tecnificación sigue siendo un sueño, sin siquiera pensar en lo lejos que nos queda una economía concentrada en los servicios, a lo que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial.
Para hacer lo fácil, cualquier político es bueno. Pero para crear las condiciones estructurales que hacen que el salario aumente de forma sostenida, incluyendo a todos los sectores de la economía, hace falta un verdadero liderazgo. Mientras no se reduzca la tramitología y la burocracia, mientras no se invierta en mantener e incrementar la infraestructura del país, y mientras no se haga una apuesta contundente por mejorar las condiciones productivas de la población joven a través de más y mejor acceso a salud, formación y capacitación, quienes terminan pagando el costo de la incompetencia terminan siendo las poblaciones más vulnerables, jóvenes y mujeres en las áreas más alejadas y menos productivas del país.
Termina octubre, y seremos testigos de cómo el foco de los medios de comunicación se orienta a la aprobación del nuevo presupuesto, a los próximos partidos de la selección de futbol y la interminable tirria entre los distintos poderes del Estado. Sin embargo, hay un tema recurrente al que poca atención se le pone, pero que para el futuro de los ciudadanos de a pie es de suma trascendencia: el anuncio del incremento al salario mínimo.
La Comisión Nacional del Salario (CNS), el pasado 15 de octubre, publicó un comunicado en el cual se da a conocer que nuevamente no hubo acuerdo entre los representantes de las comisiones paritarias del salario mínimo. Tanto los empleados como los empleadores, representados en las seis comisiones que mandata la ley, esgrimieron durante todo el año los argumentos alrededor de la conveniencia o no de un incremento en el salario mínimo, procurando recurrir a las variables económicas que delinean la realidad de un mercado laboral que, cada vez más, se ve más sujeto a vaivenes de la política nacional e internacional.
Ahora bien, dado que los involucrados no lograron arribar a una propuesta conciliada, “la decisión final sobre el ajuste del salario mínimo corresponde al Presidente de la República de Guatemala”.
Y acá es donde todo se volverá a complicar. Se acabaron las defensas rigurosas y la validación de las variables utilizadas como respaldo. Cualquier mínimo esfuerzo por contar con un sustento técnico que contraste las posturas entre los interesados será resuelta por la decisión política de alguien que busca el favor popular sin sopesar con tino las implicaciones que esta medida tendrá en el mediano y largo plazo.
Y para muestra, un botón. El 30 de octubre del 2024 se hizo de conocimiento de la población, saltándose todos los procedimientos y consultas establecidas en el Código de Trabajo, una postura del Gobierno en la cual se proponía 10 % de incremento al salario mínimo, sin distinción por actividad económica ni por circunscripción territorial.
Para hacer lo fácil, cualquier político es bueno. Pero para crear las condiciones estructurales que hacen que el salario aumente de forma sostenida, incluyendo a todos los sectores de la economía, hace falta un verdadero liderazgo.
Fue la primera ocasión en la que el Gobierno tomó posición en lugar de mediar entre las partes, rompiendo toda previsibilidad sobre lo que es posible hacer, duplicando el promedio histórico registrado entre 2008 y 2024 (5.15 % para actividades agrícolas y no agrícolas, y 4.64 % para actividades de exportación y maquila).
Un año después, la tentación se mantiene. Una salida fácil es proponer un valor sin más soporte que el discurso ideologizado, y sin mayor análisis que el que ofrecen algunos consultores hospedados en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El resultado será la publicación de media docena de acuerdos gubernativos, con poco o nula reflexión sobre lo que se busca lograr o sobre lo que se pretende evitar.
¿Los resultados? Estas medidas antojadizas terminan dañando a quien más buscan proteger. Basta con echar una vista a los datos del IGSS para constatar cómo, a partir de este año, cae dramáticamente el crecimiento interanual en el número de afiliados cotizantes, sobre todo en el interior de la República. No se necesita de herramientas sofisticadas ni de búsquedas complejas para caer en la cuenta de que, aunque el salario mínimo crece, el ingreso promedio de los guatemaltecos no mejora (Q2,538 mensuales, según la ENEIC 2024), la formalidad no se reduce (67.9 % de la Población Ocupada, según la ENEIC 2024), y la migración irregular al norte sigue siendo la única opción viable para muchos jóvenes guatemaltecos.
Trabajar en los cambios que necesita el país es la verdadera responsabilidad del liderazgo político del país, pero parece que a lo único que se aspira es a incrementar el salario por decreto. La tecnificación sigue siendo un sueño, sin siquiera pensar en lo lejos que nos queda una economía concentrada en los servicios, a lo que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial.
Para hacer lo fácil, cualquier político es bueno. Pero para crear las condiciones estructurales que hacen que el salario aumente de forma sostenida, incluyendo a todos los sectores de la economía, hace falta un verdadero liderazgo. Mientras no se reduzca la tramitología y la burocracia, mientras no se invierta en mantener e incrementar la infraestructura del país, y mientras no se haga una apuesta contundente por mejorar las condiciones productivas de la población joven a través de más y mejor acceso a salud, formación y capacitación, quienes terminan pagando el costo de la incompetencia terminan siendo las poblaciones más vulnerables, jóvenes y mujeres en las áreas más alejadas y menos productivas del país.
