Prevenir o reaccionar: el dilema del riesgo sísmico en Guatemala (1/3)
“Guatemala debe priorizar la prevención sísmica: las decisiones anticipadas determinan las consecuencias de futuros terremotos.”
¿Cuánto cuesta un terremoto? La respuesta suele aparecer poco después de que ocurra el terremoto: viviendas destruidas, infraestructura dañada, servicios interrumpidos, pérdidas económicas y, sobre todo, vidas afectadas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar cuánto habría costado reducir esos daños antes de que ocurrieran.
Guatemala es un país altamente sísmico. Nuestra ubicación geográfica y las condiciones geológicas del territorio hacen que los terremotos formen parte de nuestra realidad. No podemos evitar que sucedan, pero sí podemos reducir el riesgo y, con ello, sus consecuencias.
Es importante entender que el riesgo sísmico no depende únicamente de la intensidad y magnitud de un terremoto. También está condicionado por la exposición de las personas y los bienes, así como por su vulnerabilidad, la topografía y otras características geológicas inherentes a la amenaza. En otras palabras, un mismo evento puede producir consecuencias muy distintas dependiendo de dónde ocurre, cómo hemos construido nuestras ciudades y qué tan preparados estamos para enfrentarlo. Los terremotos recientes son una muestra de esto. Los de Venezuela fueron devastadores, mientras que el de Panamá no.
El problema es que, con frecuencia, nuestra atención se concentra en lo que debemos hacer cuando ocurre una emergencia. Organizamos la respuesta, realizamos simulacros, movilizamos recursos, atendemos a las personas afectadas y comenzamos los procesos de recuperación. Todas estas acciones son indispensables, pero no deberían representar el principal esfuerzo de nuestra gestión del riesgo.
Reducir el riesgo implica tomar decisiones cuando todavía no existe una emergencia. Significa invertir en estudios que permitan conocer las condiciones del territorio, identificar las edificaciones vulnerables, fortalecer la infraestructura existente, mejorar los instrumentos de planificación urbana y establecer mecanismos para evitar que sigamos construyendo nuevas condiciones de riesgo.
Muchas de estas acciones no son visibles para la mayoría de las personas. Una correcta evaluación estructural, un estudio de microzonificación sísmica o el reforzamiento de un edificio o infraestructura difícilmente generan el mismo impacto público que una obra de infraestructura nueva. Sin embargo, son intervenciones fundamentales para anticiparnos a los daños. Su valor no está necesariamente en lo que construyen, sino en las pérdidas que pueden evitar.
En abril de este año, SEGEPLAN presentó un análisis sobre la capacidad del país para enfrentar un terremoto de gran magnitud. Entre sus conclusiones señaló que Guatemala todavía no está preparada para afrontar una catástrofe similar a la de 1976. Cincuenta años después de aquel terremoto, esta reflexión debería llevarnos a revisar cuánto hemos avanzado y, especialmente, qué decisiones seguimos postergando.
La semana pasada, se celebró el IV Congreso Nacional de Ingenierías Sísmica y Geotécnica, que reunió en Ciudad de Guatemala a profesionales, investigadores y especialistas para compartir conocimientos y discutir temas relacionados con esta temática. Estos espacios son importantes porque permiten actualizar conocimientos, conocer nuevas herramientas y fortalecer las capacidades técnicas del país.
Pero el conocimiento, por sí solo, no reduce el riesgo. Un artículo científico o una ponencia no salvan vidas.
El verdadero desafío consiste en trasladar esas discusiones a decisiones concretas. Que los estudios se conviertan en instrumentos de planificación, que las evaluaciones conduzcan a intervenciones y que las recomendaciones técnicas encuentren espacio en los presupuestos y en las políticas públicas. De poco sirve conocer las condiciones de vulnerabilidad de una ciudad si esa información no se utiliza para orientar su crecimiento, regular las construcciones y priorizar las inversiones necesarias.
La prevención y la mitigación requieren continuidad. No pueden depender únicamente de una administración, de un proyecto temporal o de la atención que recibe el tema después de un terremoto. Necesitan planificación de largo plazo, coordinación entre instituciones y recursos asignados de manera sostenida. Reducir el riesgo sísmico es un proceso permanente que debe formar parte de las decisiones sobre cómo habitamos, construimos y desarrollamos nuestro territorio.
Esto tampoco significa que debamos dejar de fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Los terremotos pueden ocurrir sin previo aviso y necesitamos instituciones preparadas para actuar. Sin embargo, una respuesta eficiente no sustituye la responsabilidad de reducir las condiciones de vulnerabilidad que hemos acumulado con el tiempo.
El dilema no debería ser prevenir o reaccionar. Necesitamos ambas capacidades, pero debemos reconocer que invertir antes de un desastre puede evitar pérdidas humanas, económicas y materiales mucho mayores. La prevención no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una inversión en seguridad, continuidad de los servicios y desarrollo del país.
Guatemala no necesita esperar al próximo terremoto para recordar que es un país sísmico. Necesita convertir ese conocimiento en una prioridad permanente. Porque cuando ocurra una emergencia, la capacidad de respuesta puede marcar la diferencia en la supervivencia, el rescate y la recuperación. Pero las decisiones que tomamos antes son las que pueden cambiar sus consecuencias devastadoras.
Prevenir o reaccionar: el dilema del riesgo sísmico en Guatemala (1/3)
“Guatemala debe priorizar la prevención sísmica: las decisiones anticipadas determinan las consecuencias de futuros terremotos.”
¿Cuánto cuesta un terremoto? La respuesta suele aparecer poco después de que ocurra el terremoto: viviendas destruidas, infraestructura dañada, servicios interrumpidos, pérdidas económicas y, sobre todo, vidas afectadas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar cuánto habría costado reducir esos daños antes de que ocurrieran.
Guatemala es un país altamente sísmico. Nuestra ubicación geográfica y las condiciones geológicas del territorio hacen que los terremotos formen parte de nuestra realidad. No podemos evitar que sucedan, pero sí podemos reducir el riesgo y, con ello, sus consecuencias.
Es importante entender que el riesgo sísmico no depende únicamente de la intensidad y magnitud de un terremoto. También está condicionado por la exposición de las personas y los bienes, así como por su vulnerabilidad, la topografía y otras características geológicas inherentes a la amenaza. En otras palabras, un mismo evento puede producir consecuencias muy distintas dependiendo de dónde ocurre, cómo hemos construido nuestras ciudades y qué tan preparados estamos para enfrentarlo. Los terremotos recientes son una muestra de esto. Los de Venezuela fueron devastadores, mientras que el de Panamá no.
El problema es que, con frecuencia, nuestra atención se concentra en lo que debemos hacer cuando ocurre una emergencia. Organizamos la respuesta, realizamos simulacros, movilizamos recursos, atendemos a las personas afectadas y comenzamos los procesos de recuperación. Todas estas acciones son indispensables, pero no deberían representar el principal esfuerzo de nuestra gestión del riesgo.
Reducir el riesgo implica tomar decisiones cuando todavía no existe una emergencia. Significa invertir en estudios que permitan conocer las condiciones del territorio, identificar las edificaciones vulnerables, fortalecer la infraestructura existente, mejorar los instrumentos de planificación urbana y establecer mecanismos para evitar que sigamos construyendo nuevas condiciones de riesgo.
Muchas de estas acciones no son visibles para la mayoría de las personas. Una correcta evaluación estructural, un estudio de microzonificación sísmica o el reforzamiento de un edificio o infraestructura difícilmente generan el mismo impacto público que una obra de infraestructura nueva. Sin embargo, son intervenciones fundamentales para anticiparnos a los daños. Su valor no está necesariamente en lo que construyen, sino en las pérdidas que pueden evitar.
En abril de este año, SEGEPLAN presentó un análisis sobre la capacidad del país para enfrentar un terremoto de gran magnitud. Entre sus conclusiones señaló que Guatemala todavía no está preparada para afrontar una catástrofe similar a la de 1976. Cincuenta años después de aquel terremoto, esta reflexión debería llevarnos a revisar cuánto hemos avanzado y, especialmente, qué decisiones seguimos postergando.
La semana pasada, se celebró el IV Congreso Nacional de Ingenierías Sísmica y Geotécnica, que reunió en Ciudad de Guatemala a profesionales, investigadores y especialistas para compartir conocimientos y discutir temas relacionados con esta temática. Estos espacios son importantes porque permiten actualizar conocimientos, conocer nuevas herramientas y fortalecer las capacidades técnicas del país.
Pero el conocimiento, por sí solo, no reduce el riesgo. Un artículo científico o una ponencia no salvan vidas.
El verdadero desafío consiste en trasladar esas discusiones a decisiones concretas. Que los estudios se conviertan en instrumentos de planificación, que las evaluaciones conduzcan a intervenciones y que las recomendaciones técnicas encuentren espacio en los presupuestos y en las políticas públicas. De poco sirve conocer las condiciones de vulnerabilidad de una ciudad si esa información no se utiliza para orientar su crecimiento, regular las construcciones y priorizar las inversiones necesarias.
La prevención y la mitigación requieren continuidad. No pueden depender únicamente de una administración, de un proyecto temporal o de la atención que recibe el tema después de un terremoto. Necesitan planificación de largo plazo, coordinación entre instituciones y recursos asignados de manera sostenida. Reducir el riesgo sísmico es un proceso permanente que debe formar parte de las decisiones sobre cómo habitamos, construimos y desarrollamos nuestro territorio.
Esto tampoco significa que debamos dejar de fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Los terremotos pueden ocurrir sin previo aviso y necesitamos instituciones preparadas para actuar. Sin embargo, una respuesta eficiente no sustituye la responsabilidad de reducir las condiciones de vulnerabilidad que hemos acumulado con el tiempo.
El dilema no debería ser prevenir o reaccionar. Necesitamos ambas capacidades, pero debemos reconocer que invertir antes de un desastre puede evitar pérdidas humanas, económicas y materiales mucho mayores. La prevención no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una inversión en seguridad, continuidad de los servicios y desarrollo del país.
Guatemala no necesita esperar al próximo terremoto para recordar que es un país sísmico. Necesita convertir ese conocimiento en una prioridad permanente. Porque cuando ocurra una emergencia, la capacidad de respuesta puede marcar la diferencia en la supervivencia, el rescate y la recuperación. Pero las decisiones que tomamos antes son las que pueden cambiar sus consecuencias devastadoras.
