EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Es importante confrontemos la evidencia: hasta el 28 de agosto de 2025, los Consejos Departamentales de Desarrollo —Codedes— ejecutaron apenas el 22.68 % del presupuesto asignado, equivalente a GTQ 2777 millones de los más de GTQ 12 246 millones aprobados para el año 2025. Este dato no es anécdota, es una realidad y nos revela una disonancia alarmante entre los recursos que el Estado aprueba en el papel y aquello que realmente se materializa en mejoras tangibles para la población guatemalteca, especialmente en zonas rurales. La lógica se tuerce en el aire. ¿De qué sirve planificar más si la capacidad de ejecución sigue estancada?
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, admitió que parte del rezago se debe a que se ha duplicado la asignación para los Codedes entre 2024 y 2025. La gestión pública, particularmente a nivel municipal, sufre de una capacidad limitada, técnica, administrativa y operativa, para absorber esos montos tan elevados en tiempos tan cortos.
La pregunta del millón: ¿Es un problema técnico o político?
La analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales —ICEFI—, Lilian Roxana Sierra, coincide en que muchas municipalidades carecen de personal técnicamente capacitado y de procesos claros para avanzar expedientes y licitaciones. Pero no es el único factor: Sierra advierte que la asignación de fondos está permeada por intervenciones políticas, donde “El señor o la señora (voy a evitar títulos)”, por ejemplo, decide el destino de millones en lugar de seguir criterios técnicos y comunitarios. Ambos factores, técnico y político, se combinan en un ciclo perenne: Más dinero sin reforma institucional ni meritocracia en la ejecución.
¿Qué dijimos en 2024? Una sola vez mejoró, ahora es peor
La tendencia no se limita al 2025, en el 2024 la ejecución de los Codedes cerró en apenas 52.19 %, el peor desempeño desde 2015, cuando comúnmente se alcanzaba hasta el 90 %. Es decir: el problema no es nuevo, ha escalado. Y aquí radica otra contradicción: empeoramos a pesar de que el discurso gubernamental habla de más inversión pública (del 2.2 % del PIB en 2023 pasó al 3.8 % en 2025).
¿Se puede hacer algo para el 2026?
Con la aprobación del Congreso y la presentación del proyecto de presupuesto para 2026 en juego, el tema se vuelve más importante. El Gobierno ha proyectado un presupuesto general de GTQ 161 mil millones, un aumento significativo respecto al 2025. En esa estructura, los Codedes recibirían una nueva asignación de Q4,300 millones en fondos ordinarios, pero sigue siendo una cifra limitada frente al histórico incremento del 2025.
Algunas “voces” proponen utilizar de forma ordenada los fondos no ejecutados del año anterior, incluso incorporándolos como recursos extraordinarios dentro del Presupuesto 2026, siempre respetando el marco legal para evitar impugnaciones. Sin embargo, esta opción solo sería viable si existen mecanismos claros de seguimiento, transparencia y capacidad técnica fortalecida.
En febrero del 2025, el Ministerio de Finanzas lanzó el Tablero de Ejecución del Presupuesto de las Transferencias a los Codedes, con datos abiertos, filtros por municipio, costo, tipo de proyecto, origen de los recursos y nivel de ejecución. Es una herramienta valiosa, necesaria, pero insuficiente. Facilita visibilidad, pero no cambia el hecho de que en muchos municipios los proyectos ni siquiera se inician ante la inercia administrativa o las barreras políticas.
En pleno 2025, cuando la planificación del año siguiente ya está en las etapas finales, queda una pregunta imposible de ignorar: ¿Para quién es realmente el presupuesto? No hay motivos para aplaudir cifras y montos crecientes si los resultados no alcanzan a quienes ardientemente los esperan: familias rurales sin agua, comunidades sin caminos, escuelas sin infraestructura básica... realmente es muy lamentable para Guatemala.
¿Presupuesto elevado, resultados escasos?
Es importante confrontemos la evidencia: hasta el 28 de agosto de 2025, los Consejos Departamentales de Desarrollo —Codedes— ejecutaron apenas el 22.68 % del presupuesto asignado, equivalente a GTQ 2777 millones de los más de GTQ 12 246 millones aprobados para el año 2025. Este dato no es anécdota, es una realidad y nos revela una disonancia alarmante entre los recursos que el Estado aprueba en el papel y aquello que realmente se materializa en mejoras tangibles para la población guatemalteca, especialmente en zonas rurales. La lógica se tuerce en el aire. ¿De qué sirve planificar más si la capacidad de ejecución sigue estancada?
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, admitió que parte del rezago se debe a que se ha duplicado la asignación para los Codedes entre 2024 y 2025. La gestión pública, particularmente a nivel municipal, sufre de una capacidad limitada, técnica, administrativa y operativa, para absorber esos montos tan elevados en tiempos tan cortos.
La pregunta del millón: ¿Es un problema técnico o político?
La analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales —ICEFI—, Lilian Roxana Sierra, coincide en que muchas municipalidades carecen de personal técnicamente capacitado y de procesos claros para avanzar expedientes y licitaciones. Pero no es el único factor: Sierra advierte que la asignación de fondos está permeada por intervenciones políticas, donde “El señor o la señora (voy a evitar títulos)”, por ejemplo, decide el destino de millones en lugar de seguir criterios técnicos y comunitarios. Ambos factores, técnico y político, se combinan en un ciclo perenne: Más dinero sin reforma institucional ni meritocracia en la ejecución.
¿Qué dijimos en 2024? Una sola vez mejoró, ahora es peor
La tendencia no se limita al 2025, en el 2024 la ejecución de los Codedes cerró en apenas 52.19 %, el peor desempeño desde 2015, cuando comúnmente se alcanzaba hasta el 90 %. Es decir: el problema no es nuevo, ha escalado. Y aquí radica otra contradicción: empeoramos a pesar de que el discurso gubernamental habla de más inversión pública (del 2.2 % del PIB en 2023 pasó al 3.8 % en 2025).
¿Se puede hacer algo para el 2026?
Con la aprobación del Congreso y la presentación del proyecto de presupuesto para 2026 en juego, el tema se vuelve más importante. El Gobierno ha proyectado un presupuesto general de GTQ 161 mil millones, un aumento significativo respecto al 2025. En esa estructura, los Codedes recibirían una nueva asignación de Q4,300 millones en fondos ordinarios, pero sigue siendo una cifra limitada frente al histórico incremento del 2025.
Algunas “voces” proponen utilizar de forma ordenada los fondos no ejecutados del año anterior, incluso incorporándolos como recursos extraordinarios dentro del Presupuesto 2026, siempre respetando el marco legal para evitar impugnaciones. Sin embargo, esta opción solo sería viable si existen mecanismos claros de seguimiento, transparencia y capacidad técnica fortalecida.
En febrero del 2025, el Ministerio de Finanzas lanzó el Tablero de Ejecución del Presupuesto de las Transferencias a los Codedes, con datos abiertos, filtros por municipio, costo, tipo de proyecto, origen de los recursos y nivel de ejecución. Es una herramienta valiosa, necesaria, pero insuficiente. Facilita visibilidad, pero no cambia el hecho de que en muchos municipios los proyectos ni siquiera se inician ante la inercia administrativa o las barreras políticas.
En pleno 2025, cuando la planificación del año siguiente ya está en las etapas finales, queda una pregunta imposible de ignorar: ¿Para quién es realmente el presupuesto? No hay motivos para aplaudir cifras y montos crecientes si los resultados no alcanzan a quienes ardientemente los esperan: familias rurales sin agua, comunidades sin caminos, escuelas sin infraestructura básica... realmente es muy lamentable para Guatemala.
