EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: ¿Por qué nadie confía en Guatemala? El pecado serial de invalidar la seguridad jurídica
Sócrates decía —según Platón en su diálogo con Céfalo— que cumplir la palabra es un principio fundador de la justicia y de la convivencia: «La esencia de la justicia consiste en que cada uno cumpla lo prometido y devuelva lo que recibió». Aristóteles lo confirma en su Ética Nicomaquea (340 a.C.): «la justicia legal debe seguirse una vez aprobadas las leyes; quien las transgrede sufre daño y deshonra social». Y Friedrich Hayek lo resumió en Derecho, legislación y libertad (1979): «Respetar los contratos —cumplir la palabra dada— es fundamental para el Estado de derecho y la evolución de una sociedad libre».
Guatemala ha olvidado esa lección elemental. Desde la colonia hasta nuestros días, nuestra historia económica es un catálogo de rupturas de confianza. Gobiernos que cambian las reglas, contratos declarados inválidos, propiedades confiscadas, deudas incumplidas y promesas rotas. No es casualidad que el mundo nos vea como un socio poco confiable: lo hemos cultivado con siglos de malas decisiones.
Ahora mismo, el presidente Arévalo está rompiendo el récord de litigios internacionales, pero sobre todo continúa una larga tradición de mancillar el honor de Guatemala frente al mundo. En apenas un año, su gobierno ya acumuló una sentencia internacional por USD 64.5 millones en contra en el caso de Energía y Renovación Holding; enfrenta una demanda potencial de USD 100 millones de Mayaníquel, y la decisión de no renovar el contrato petrolero con Perenco —una empresa con capitales franceses y británicos— fue una temeridad diplomática. Ofender a Francia y al Reino Unido con una cancelación improvisada para beneficiar con un contrato oscuro de emergencia a una empresa mexicana es, en diplomacia, equivalente a un insulto directo a dos aliados históricos.
Este presente no es un hecho aislado. Es la prolongación de un patrón histórico. Como explicó Murdo MacLeod al estudiar la economía colonial del Reino de Guatemala: «Si el patriotismo y el temor a la ley sugerían al empresario centroamericano que no debía contrabandear, ¿por qué lo hacía? La respuesta era la desesperación. (…) Para 1680, era evidente para cualquier comerciante ambicioso que el comercio directo con mercados extranjeros era la única vía para alcanzar prosperidad relativa y recompensa por su esfuerzo». Desde hace siglos, la falta de certeza jurídica ha empujado al conflicto y a las demandas, a los inversionistas internacionales a recurrir al CIADI, el tribunal del Banco Mundial, porque aquí no existe certeza de que se respete lo firmado.
Esta práctica viene de lejos. Ya en 1767, la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III confiscó colegios, haciendas y conventos. La advertencia: en estas tierras, la propiedad podía evaporarse por decreto. Un siglo más tarde, en 1871, los liberales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios aplicaron las leyes de «manos muertas»: expropiaron bienes eclesiásticos y comunales. Para la Santa Sede y para el mundo católico europeo, Guatemala quedó marcada como un lugar de inseguridad para la propiedad.
La deuda inglesa de 1825, emitida por la Federación Centroamericana, fue incumplida durante décadas. Rafael Carrera la reconoció parcialmente, Estrada Cabrera intentó renegociarla, y solo Jorge Ubico la pagó más de un siglo después. Para los británicos, Guatemala fue durante más de cien años sinónimo de incumplimiento.
En 1920, Carlos Herrera y Luna, fundador del Ingenio Pantaleón, llegó a la presidencia tras la caída de Estrada Cabrera. Como empresario serio, intentó revocar contratos lesivos con la United Fruit Company. La respuesta fue un golpe de Estado que lo derrocó y entronizó al general José María Orellana, quien respondió a los intereses de la frutera estadounidense. Guatemala aprendió entonces una lección equivocada: los caudillos obedecen al poder económico externo, no a la ley. Poco después, en 1941, con Jorge Ubico, el Estado confiscó las propiedades de alemanes en la Verapaz, San Marcos y otros departamentos. Bastaba con tener la nacionalidad equivocada para perder propiedades, inversiones, trabajo y el legado de generaciones. Alemania nunca ha olvidado aquella afrenta.
Con Romeo Lucas García (1980), la planta papelera CELGUSA en Zacapa colapsó apenas días después de inaugurada. España nunca recuperó su inversión; pero en 2001, con Alfonso Portillo, Guatemala reconoció una deuda de más de US$500 millones. Pocos años después, en 2006, el gobierno de Óscar Berger declaró lesivo el contrato de Ferrovías con la estadounidense RDC. En 2012, una sentencia internacional obligó a pagar USD 11.3 millones. La señal fue inequívoca: los contratos podían ser invalidados según la conveniencia política. En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, la Mina Marlin, operada por Montana Exploradora (Goldcorp, Canadá), fue suspendida por medidas cautelares de la CIDH. No hubo compensación monetaria, pero sí titulares globales. Guatemala era un país donde ni las inversiones mineras tenían certeza.
Solo con virtud, y con la fuerza de cumplir lo prometido, los países cambian su destino. Guatemala no será la excepción si nos decidimos a honrar nuestra palabra.
En 2016, la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), adjudicada de forma corrupta durante Otto Pérez Molina a la catalana TCB, fue declarada nula por el gobierno de Jimmy Morales. La holandesa APM Terminals, que había adquirido la operación, pagó USD 43.2 millones de reparaciones civil al Estado. El dinero entró a las arcas, pero la reputación internacional quedó dañada.
Con Jimmy Morales, en 2016 surgió el caso Exmingua, la minera de «La Puya». La estadounidense Kappes, Cassiday & Associates reclama USD 350.5 millones por suspensión de licencias. Alejandro Giammattei generó otra bomba: el arbitraje de Grupo Energía Bogotá/TRECSA, con un reclamo de USD 403 millones por incumplimientos en la red de transmisión. Además, en 2020, durante su gobierno, estalló una disputa tarifaria con TECO Energy, accionista estadounidense de EEGSA, la cual derivó en otra condena internacional: US$26.8 millones. La CNEE, nuestro regulador eléctrico, quedó exhibida como un organismo incapaz de generar previsibilidad. Y bajo el mismo Giammattei apareció Mayaníquel, con intención de reclamar USD 100 millones, que quién sabe cómo enfrentará el gobierno de Bernardo Arévalo. Para muestra un botón, en junio de 2025, Guatemala fue condenada en el caso Energía y Renovación Holding a pagar USD 64.5 millones. Y meses después, con Perenco, el gobierno de Arévalo no solo canceló un contrato clave, sino que dañó relaciones con Francia y el Reino Unido al improvisar con adjudicaciones de emergencia a una empresa mexicana.
El saldo es demoledor. Solo en sentencias firmes, Guatemala ha perdido más de USD 114 millones en valor actual. En reclamos en curso, enfrenta más de USD 1,000 millones. Si sumamos CELGUSA, el costo histórico supera los USD 1,600 millones.
Pero el dinero es solo una parte. El verdadero costo es la reputación. Guatemala tiene el menor porcentaje de inversión extranjera directa con respecto al PIB en toda América Latina: Mientras Panamá ha alcanzado el 10 %, Nicaragua supera el 6 %, Costa Rica el 5 % y República Dominicana llega al 4 %, Guatemala apenas ronda el 1.6 %. Y no es por falta de oportunidades, sino por exceso de desconfianza.
Nuestra historia lo explica: desde la expulsión de los jesuitas hasta el contrato petrolero de Perenco, hemos hecho del incumplimiento una política de Estado. Hemos confiscado, anulado, renegociado e incumplido. Y cada vez, el mundo ha tomado nota.
Y aquí surge la pregunta que no podemos evadir: si Guatemala fuera una persona, con este historial de incumplimientos, demandas y fraudes, ¿usted le confiaría su dinero? ¿Invertiría en su negocio? Piénselo. Así nos ve el mundo.
Este es el muro invisible que bloquea nuestro desarrollo. Un muro más alto que cualquier frontera, más pesado que cualquier deuda. Y solo lo podemos derribar si recuperamos la virtud elemental de cumplir lo prometido.
En los próximos artículos veremos el contraste. Así como Guatemala ha roto una y otra vez la confianza, la historia nos ofrece ejemplos de hombres y mujeres que la construyeron. Desde Terentilio Arsa en la Roma republicana hasta George Washington, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Javier Milei, descubriremos en una serie de tres artículos a unos 35 héroes históricos de la confianza. Y entenderemos que solo con virtud, y con la fuerza de cumplir lo prometido, los países cambian su destino. Guatemala no será la excepción si nos decidimos a honrar nuestra palabra.
¿Por qué nadie confía en Guatemala? El pecado serial de invalidar la seguridad jurídica
Sócrates decía —según Platón en su diálogo con Céfalo— que cumplir la palabra es un principio fundador de la justicia y de la convivencia: «La esencia de la justicia consiste en que cada uno cumpla lo prometido y devuelva lo que recibió». Aristóteles lo confirma en su Ética Nicomaquea (340 a.C.): «la justicia legal debe seguirse una vez aprobadas las leyes; quien las transgrede sufre daño y deshonra social». Y Friedrich Hayek lo resumió en Derecho, legislación y libertad (1979): «Respetar los contratos —cumplir la palabra dada— es fundamental para el Estado de derecho y la evolución de una sociedad libre».
Guatemala ha olvidado esa lección elemental. Desde la colonia hasta nuestros días, nuestra historia económica es un catálogo de rupturas de confianza. Gobiernos que cambian las reglas, contratos declarados inválidos, propiedades confiscadas, deudas incumplidas y promesas rotas. No es casualidad que el mundo nos vea como un socio poco confiable: lo hemos cultivado con siglos de malas decisiones.
Ahora mismo, el presidente Arévalo está rompiendo el récord de litigios internacionales, pero sobre todo continúa una larga tradición de mancillar el honor de Guatemala frente al mundo. En apenas un año, su gobierno ya acumuló una sentencia internacional por USD 64.5 millones en contra en el caso de Energía y Renovación Holding; enfrenta una demanda potencial de USD 100 millones de Mayaníquel, y la decisión de no renovar el contrato petrolero con Perenco —una empresa con capitales franceses y británicos— fue una temeridad diplomática. Ofender a Francia y al Reino Unido con una cancelación improvisada para beneficiar con un contrato oscuro de emergencia a una empresa mexicana es, en diplomacia, equivalente a un insulto directo a dos aliados históricos.
Este presente no es un hecho aislado. Es la prolongación de un patrón histórico. Como explicó Murdo MacLeod al estudiar la economía colonial del Reino de Guatemala: «Si el patriotismo y el temor a la ley sugerían al empresario centroamericano que no debía contrabandear, ¿por qué lo hacía? La respuesta era la desesperación. (…) Para 1680, era evidente para cualquier comerciante ambicioso que el comercio directo con mercados extranjeros era la única vía para alcanzar prosperidad relativa y recompensa por su esfuerzo». Desde hace siglos, la falta de certeza jurídica ha empujado al conflicto y a las demandas, a los inversionistas internacionales a recurrir al CIADI, el tribunal del Banco Mundial, porque aquí no existe certeza de que se respete lo firmado.
Esta práctica viene de lejos. Ya en 1767, la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III confiscó colegios, haciendas y conventos. La advertencia: en estas tierras, la propiedad podía evaporarse por decreto. Un siglo más tarde, en 1871, los liberales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios aplicaron las leyes de «manos muertas»: expropiaron bienes eclesiásticos y comunales. Para la Santa Sede y para el mundo católico europeo, Guatemala quedó marcada como un lugar de inseguridad para la propiedad.
La deuda inglesa de 1825, emitida por la Federación Centroamericana, fue incumplida durante décadas. Rafael Carrera la reconoció parcialmente, Estrada Cabrera intentó renegociarla, y solo Jorge Ubico la pagó más de un siglo después. Para los británicos, Guatemala fue durante más de cien años sinónimo de incumplimiento.
En 1920, Carlos Herrera y Luna, fundador del Ingenio Pantaleón, llegó a la presidencia tras la caída de Estrada Cabrera. Como empresario serio, intentó revocar contratos lesivos con la United Fruit Company. La respuesta fue un golpe de Estado que lo derrocó y entronizó al general José María Orellana, quien respondió a los intereses de la frutera estadounidense. Guatemala aprendió entonces una lección equivocada: los caudillos obedecen al poder económico externo, no a la ley. Poco después, en 1941, con Jorge Ubico, el Estado confiscó las propiedades de alemanes en la Verapaz, San Marcos y otros departamentos. Bastaba con tener la nacionalidad equivocada para perder propiedades, inversiones, trabajo y el legado de generaciones. Alemania nunca ha olvidado aquella afrenta.
Con Romeo Lucas García (1980), la planta papelera CELGUSA en Zacapa colapsó apenas días después de inaugurada. España nunca recuperó su inversión; pero en 2001, con Alfonso Portillo, Guatemala reconoció una deuda de más de US$500 millones. Pocos años después, en 2006, el gobierno de Óscar Berger declaró lesivo el contrato de Ferrovías con la estadounidense RDC. En 2012, una sentencia internacional obligó a pagar USD 11.3 millones. La señal fue inequívoca: los contratos podían ser invalidados según la conveniencia política. En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, la Mina Marlin, operada por Montana Exploradora (Goldcorp, Canadá), fue suspendida por medidas cautelares de la CIDH. No hubo compensación monetaria, pero sí titulares globales. Guatemala era un país donde ni las inversiones mineras tenían certeza.
Solo con virtud, y con la fuerza de cumplir lo prometido, los países cambian su destino. Guatemala no será la excepción si nos decidimos a honrar nuestra palabra.
En 2016, la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), adjudicada de forma corrupta durante Otto Pérez Molina a la catalana TCB, fue declarada nula por el gobierno de Jimmy Morales. La holandesa APM Terminals, que había adquirido la operación, pagó USD 43.2 millones de reparaciones civil al Estado. El dinero entró a las arcas, pero la reputación internacional quedó dañada.
Con Jimmy Morales, en 2016 surgió el caso Exmingua, la minera de «La Puya». La estadounidense Kappes, Cassiday & Associates reclama USD 350.5 millones por suspensión de licencias. Alejandro Giammattei generó otra bomba: el arbitraje de Grupo Energía Bogotá/TRECSA, con un reclamo de USD 403 millones por incumplimientos en la red de transmisión. Además, en 2020, durante su gobierno, estalló una disputa tarifaria con TECO Energy, accionista estadounidense de EEGSA, la cual derivó en otra condena internacional: US$26.8 millones. La CNEE, nuestro regulador eléctrico, quedó exhibida como un organismo incapaz de generar previsibilidad. Y bajo el mismo Giammattei apareció Mayaníquel, con intención de reclamar USD 100 millones, que quién sabe cómo enfrentará el gobierno de Bernardo Arévalo. Para muestra un botón, en junio de 2025, Guatemala fue condenada en el caso Energía y Renovación Holding a pagar USD 64.5 millones. Y meses después, con Perenco, el gobierno de Arévalo no solo canceló un contrato clave, sino que dañó relaciones con Francia y el Reino Unido al improvisar con adjudicaciones de emergencia a una empresa mexicana.
El saldo es demoledor. Solo en sentencias firmes, Guatemala ha perdido más de USD 114 millones en valor actual. En reclamos en curso, enfrenta más de USD 1,000 millones. Si sumamos CELGUSA, el costo histórico supera los USD 1,600 millones.
Pero el dinero es solo una parte. El verdadero costo es la reputación. Guatemala tiene el menor porcentaje de inversión extranjera directa con respecto al PIB en toda América Latina: Mientras Panamá ha alcanzado el 10 %, Nicaragua supera el 6 %, Costa Rica el 5 % y República Dominicana llega al 4 %, Guatemala apenas ronda el 1.6 %. Y no es por falta de oportunidades, sino por exceso de desconfianza.
Nuestra historia lo explica: desde la expulsión de los jesuitas hasta el contrato petrolero de Perenco, hemos hecho del incumplimiento una política de Estado. Hemos confiscado, anulado, renegociado e incumplido. Y cada vez, el mundo ha tomado nota.
Y aquí surge la pregunta que no podemos evadir: si Guatemala fuera una persona, con este historial de incumplimientos, demandas y fraudes, ¿usted le confiaría su dinero? ¿Invertiría en su negocio? Piénselo. Así nos ve el mundo.
Este es el muro invisible que bloquea nuestro desarrollo. Un muro más alto que cualquier frontera, más pesado que cualquier deuda. Y solo lo podemos derribar si recuperamos la virtud elemental de cumplir lo prometido.
En los próximos artículos veremos el contraste. Así como Guatemala ha roto una y otra vez la confianza, la historia nos ofrece ejemplos de hombres y mujeres que la construyeron. Desde Terentilio Arsa en la Roma republicana hasta George Washington, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Javier Milei, descubriremos en una serie de tres artículos a unos 35 héroes históricos de la confianza. Y entenderemos que solo con virtud, y con la fuerza de cumplir lo prometido, los países cambian su destino. Guatemala no será la excepción si nos decidimos a honrar nuestra palabra.
