Francis Fukuyama en su libro Orden y decadencia de la política (2014) define tres condiciones que constituyen el orden político: El Estado, el principio de legalidad y los mecanismos de responsabilidad. Explica que el Estado es una organización jerárquica y centralizada que ostenta el monopolio de la fuerza legítima en un territorio determinado, impersonal; el principio de legalidad son normas de comportamiento que reflejan consenso social y que vincula a los actores políticos; y la responsabilidad significa que el gobierno es sensible a los interese comunes.
Las instituciones del Estado concentran poder y permiten a la comunidad hacer uso de ese poder para imponer el cumplimiento de las leyes, mantener la paz, la seguridad y proporcionar bienes públicos. En tanto, el principio de legalidad y mecanismos de responsabilidad generan un contrapeso ya que limitan el poder del Estado y aseguran se utilice de manera controlada y consensuada, recalca Fukuyama.
Estos principios son clave para un Estado moderno funcional, son el reflejo de la experiencia y la madurez de la dinámica política. Pero ¿cómo traducimos este abstracto a la institucionalidad pública? ¿cómo comprendemos el orden político en nuestro contexto guatemalteco?
Para aterrizar el abstracto del orden político es necesario reconocer el importante rol que juega la burocracia en la actividad administrativa del Estado. Este conjunto de individuos, funcionarios, regidos por normas y leyes son los que mantienen el aparato estatal funcionando. Son ellos quienes ejercen el poder legítimo para el cumplimiento de las leyes, para regular y operar “en beneficio común”. Estos seres humanos, ciudadanos igual que el resto, enfrentan una realidad dual pues deben ejercer su función y a la vez padecerla. Pasan de sus oficinas, sometidos al cumplimiento de normativas de hace más de 30 años que saben recitar de memoria, a dos horas (mínimas) de tránsito camino al supermercado a comprar comida para la semana (comida que ellos mismos autorizaron producir) a un costo elevado pensando en que la cotidianidad se volvió una tragedia.
Estas normas desactualizadas ya no son reflejo del principio de legalidad, son normas que no responden a la realidad y mucho menos a un consenso social. Con una sociedad incapaz de llegar a acuerdos comunes para solucionar problemas estructurales que permita actualizar leyes como la de Contrataciones del Estado de 1992, Servicio Civil de 1998, de la Contraloría General de Cuentas 2002, Código de Salud de 1997 es difícil pensar que el Estado y su aparato burocrático responderán a las necesidades genuinas de los ciudadanos.
Burocracia y normas obsoletas: el rostro del orden político debilitado en Guatemala
El Estado ha perdido el sentido de responsabilidad en intereses comunes limitando a que los órganos de gobierno se actualicen y maduren para definir un orden político que perita consolidar un Estado moderno. Entonces el burócrata podrá recitar la normativa de memoria y pretenderá aplicarla al pie de la letra por que esa es su función, sin ver que desatiende la realidad.
Un claro ejemplo de ello es el dictamen que debe emitir el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala -IDAHE- en licencias de construcción, un Acuerdo Gubernativo de 1946 que pretende guardar el patrimonio cultural… creado cuando la ciudad de Guatemala aún no contaba con un sistema de distribución por zonas. Claramente la demanda en vivienda o infraestructura dentro de la ciudad no dimensionaba atender a más de tres millones de personas. Hoy en día, es prioridad atender esa realidad, claro, sin descuidar el patrimonio.
Entonces ¿qué sucede en Guatemala? Sucede que las tres condiciones, según Fukuyama, actúan de manera aislada provocando que el Estado gobierne perdido de la realidad, que la ausencia de consenso social debilite el principio de legalidad y se pierda el sentido de responsabilidad del funcionario. Por tanto, tenemos un orden político débil, lo cual se refleja en autoridad poco reconocida, reglas inestables, instituciones semifuncionales y débil capacidad de gobierno, traducido en débiles instituciones políticas.
¿Qué podemos hacer ante esta catastrófica realidad para fortalecer nuestro orden político? Primero que nada, partir de reconocer y hablar de lo que nos molesta. Han pasado más de 10 años desde que la infraestructura vial se convirtió en un dolor generalizado, fue hasta que la molestia sonó a lo unísono que comenzamos a ver luces de cambio. Promover la industrialización como catalizador de cambio social. La industrialización nos ha demostrado en un sinfín de países que incrementa la clase media, por ende, la masa crítica transformadora y exigente. Actualizar legislación y normativa de impacto social (Ley de Educación Nacional y Código de Salud) y a la actividad económica. Consecuentemente, sin darnos cuenta, con cada acción las instituciones se fortalecerán atendiendo necesidades reales y actuales.
Por último, tomar consciencia y comprender que el orden político es un proceso de ajuste constante no estático.
Francis Fukuyama en su libro Orden y decadencia de la política (2014) define tres condiciones que constituyen el orden político: El Estado, el principio de legalidad y los mecanismos de responsabilidad. Explica que el Estado es una organización jerárquica y centralizada que ostenta el monopolio de la fuerza legítima en un territorio determinado, impersonal; el principio de legalidad son normas de comportamiento que reflejan consenso social y que vincula a los actores políticos; y la responsabilidad significa que el gobierno es sensible a los interese comunes.
Las instituciones del Estado concentran poder y permiten a la comunidad hacer uso de ese poder para imponer el cumplimiento de las leyes, mantener la paz, la seguridad y proporcionar bienes públicos. En tanto, el principio de legalidad y mecanismos de responsabilidad generan un contrapeso ya que limitan el poder del Estado y aseguran se utilice de manera controlada y consensuada, recalca Fukuyama.
Estos principios son clave para un Estado moderno funcional, son el reflejo de la experiencia y la madurez de la dinámica política. Pero ¿cómo traducimos este abstracto a la institucionalidad pública? ¿cómo comprendemos el orden político en nuestro contexto guatemalteco?
Para aterrizar el abstracto del orden político es necesario reconocer el importante rol que juega la burocracia en la actividad administrativa del Estado. Este conjunto de individuos, funcionarios, regidos por normas y leyes son los que mantienen el aparato estatal funcionando. Son ellos quienes ejercen el poder legítimo para el cumplimiento de las leyes, para regular y operar “en beneficio común”. Estos seres humanos, ciudadanos igual que el resto, enfrentan una realidad dual pues deben ejercer su función y a la vez padecerla. Pasan de sus oficinas, sometidos al cumplimiento de normativas de hace más de 30 años que saben recitar de memoria, a dos horas (mínimas) de tránsito camino al supermercado a comprar comida para la semana (comida que ellos mismos autorizaron producir) a un costo elevado pensando en que la cotidianidad se volvió una tragedia.
Estas normas desactualizadas ya no son reflejo del principio de legalidad, son normas que no responden a la realidad y mucho menos a un consenso social. Con una sociedad incapaz de llegar a acuerdos comunes para solucionar problemas estructurales que permita actualizar leyes como la de Contrataciones del Estado de 1992, Servicio Civil de 1998, de la Contraloría General de Cuentas 2002, Código de Salud de 1997 es difícil pensar que el Estado y su aparato burocrático responderán a las necesidades genuinas de los ciudadanos.
Burocracia y normas obsoletas: el rostro del orden político debilitado en Guatemala
El Estado ha perdido el sentido de responsabilidad en intereses comunes limitando a que los órganos de gobierno se actualicen y maduren para definir un orden político que perita consolidar un Estado moderno. Entonces el burócrata podrá recitar la normativa de memoria y pretenderá aplicarla al pie de la letra por que esa es su función, sin ver que desatiende la realidad.
Un claro ejemplo de ello es el dictamen que debe emitir el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala -IDAHE- en licencias de construcción, un Acuerdo Gubernativo de 1946 que pretende guardar el patrimonio cultural… creado cuando la ciudad de Guatemala aún no contaba con un sistema de distribución por zonas. Claramente la demanda en vivienda o infraestructura dentro de la ciudad no dimensionaba atender a más de tres millones de personas. Hoy en día, es prioridad atender esa realidad, claro, sin descuidar el patrimonio.
Entonces ¿qué sucede en Guatemala? Sucede que las tres condiciones, según Fukuyama, actúan de manera aislada provocando que el Estado gobierne perdido de la realidad, que la ausencia de consenso social debilite el principio de legalidad y se pierda el sentido de responsabilidad del funcionario. Por tanto, tenemos un orden político débil, lo cual se refleja en autoridad poco reconocida, reglas inestables, instituciones semifuncionales y débil capacidad de gobierno, traducido en débiles instituciones políticas.
¿Qué podemos hacer ante esta catastrófica realidad para fortalecer nuestro orden político? Primero que nada, partir de reconocer y hablar de lo que nos molesta. Han pasado más de 10 años desde que la infraestructura vial se convirtió en un dolor generalizado, fue hasta que la molestia sonó a lo unísono que comenzamos a ver luces de cambio. Promover la industrialización como catalizador de cambio social. La industrialización nos ha demostrado en un sinfín de países que incrementa la clase media, por ende, la masa crítica transformadora y exigente. Actualizar legislación y normativa de impacto social (Ley de Educación Nacional y Código de Salud) y a la actividad económica. Consecuentemente, sin darnos cuenta, con cada acción las instituciones se fortalecerán atendiendo necesidades reales y actuales.
Por último, tomar consciencia y comprender que el orden político es un proceso de ajuste constante no estático.
