EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cada gobierno tiene la posibilidad de hacer cosas trascendentales, aunque repetidamente enfrentan el reto de componer lo que los anteriores dejaron chueco a la vez que tratan de redirigir esfuerzos en la dirección que consideran correcta. Pero será por esta prueba de liderazgo que podrán ser reconocidos los gobernantes, porque donde hubo obstáculos fueron capaces de proponer soluciones, en lugar de alegar inconvenientes.
Si hay un problema raíz que carcome la capacidad productiva del país, es la desvencijada infraestructura sobre la cual se construye el desarrollo de Guatemala. Y si hay una causa que origina la pobreza en cada una de sus múltiples dimensiones, esa es la carencia de vías para movilizar personas, mercancías, ideas y capitales. No obstante, constantemente me desilusiona constatar que tenemos en Guatemala una retahíla de funcionarios que les preocupa más regalar dinero que devolverlo, y que, teniendo la posibilidad de transformar el ecosistema de inversión en infraestructura, prefieren voltear a ver a otro lado.
En enero de 2025 entró en vigencia la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la cual tiene en su origen el deseo de desmantelar el statu quo que domina la forma de contratar, construir y dar mantenimiento a los caminos y carreteras en Guatemala. El primer paso lo dio el Congreso al aprobar la ley, y el segundo paso fue la disposición de las entidades a conformar el Directorio de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Uno a uno, se han cumplido casi todos los hitos que la ley estipula en tiempo y en forma, contando incluso con el nombramiento de una profesional de altísimos quilates como Gerente de la DIPP, la licenciada Claudia Cáceres.
Sin embargo, parece que no todos quieren colaborar. La Ley establece en su artículo 105 la obligatoriedad del Ministerio de Finanzas Públicas de adecuar la normativa, procesos y sistemas para que la DIPP funcione con todas las capacidades que la Ley le otorga, y las cuales están descritas en los artículos 6 y 7 de la misma ley. Estos artículos pretenden hacer las cosas diferentes, con estándares modernos y de vanguardia; porque para seguir con las cosas tal y como están, lo mejor es no embarcarse en retos tan complejos como este.
Sin los recursos y sin la institucionalidad necesaria para mejorar la infraestructura del país, cualquier parafernalia o discurso termina siendo tan solo un conato de fiasco. Lo repito nuevamente: muchos lo están haciendo bien, pero el MINFIN es el único que le está fallando a los guatemaltecos.
Dicha obligatoriedad del MINFIN tenía un plazo de 30 días contados a partir de la aprobación de la Ley, pero pasaron las semanas y los meses y nadie quiere hacerse responsable. Y si hablamos de responsabilidad, no está de más recordar que en el artículo 114 también se obliga al MINFIN a proveer los recursos esenciales al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios, tanto para la parte operativa (Q10 millones), como para la parte de inversión (Q20 millones). Estos recursos provendrían de los saldos de caja de recursos del tesoro, y debieron ser transferidos a más tardar el 14 de abril de 2025. Oh, sorpresa, eso tampoco sucedió.
Y para no dejar escapar nada, el artículo 95 (en el cual tuvo una fuerte incidencia el Gobierno para definir su redacción final) establece la obligación del MINFIN de constituir garantías para cubrir las obligaciones del Estado ante la terminación anticipada de contratos que contengan anomalías e impidan que la DIPP invierta en los tramos viales priorizados en el artículo 87 de la Ley. Esto debió suceder a más tardar 60 días después de que la Ley entró en vigencia.
Escribo esta columna como un llamado a la integridad del Ministerio de Finanzas Públicas. Para que el país avance, se necesita de personas comprometidas con el cumplimiento de sus deberes, que no solo conozcan la ley y las normativas vigentes, sino que tengan la capacidad de innovar, crear e identificar alternativas para hacer que las cosas caminen. No se vale que el resultado de la inacción sea mantener las cosas funcionando como hasta ahora, porque todo indica que la preferencia es por ser cómplices del pasado, en lugar de ser constructores del futuro.
Y como punto final, sería deseable demostrar coherencia con el tal anhelado grado de inversión que se quiere alcanzar como país. Sin los recursos y sin la institucionalidad necesaria para mejorar la infraestructura del país, cualquier parafernalia o discurso termina siendo tan solo un conato de fiasco. Lo repito nuevamente: muchos lo están haciendo bien, pero el MINFIN es el único que le está fallando a los guatemaltecos.
¿Por qué el MINFIN no quiere mejores carreteras?
Cada gobierno tiene la posibilidad de hacer cosas trascendentales, aunque repetidamente enfrentan el reto de componer lo que los anteriores dejaron chueco a la vez que tratan de redirigir esfuerzos en la dirección que consideran correcta. Pero será por esta prueba de liderazgo que podrán ser reconocidos los gobernantes, porque donde hubo obstáculos fueron capaces de proponer soluciones, en lugar de alegar inconvenientes.
Si hay un problema raíz que carcome la capacidad productiva del país, es la desvencijada infraestructura sobre la cual se construye el desarrollo de Guatemala. Y si hay una causa que origina la pobreza en cada una de sus múltiples dimensiones, esa es la carencia de vías para movilizar personas, mercancías, ideas y capitales. No obstante, constantemente me desilusiona constatar que tenemos en Guatemala una retahíla de funcionarios que les preocupa más regalar dinero que devolverlo, y que, teniendo la posibilidad de transformar el ecosistema de inversión en infraestructura, prefieren voltear a ver a otro lado.
En enero de 2025 entró en vigencia la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la cual tiene en su origen el deseo de desmantelar el statu quo que domina la forma de contratar, construir y dar mantenimiento a los caminos y carreteras en Guatemala. El primer paso lo dio el Congreso al aprobar la ley, y el segundo paso fue la disposición de las entidades a conformar el Directorio de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Uno a uno, se han cumplido casi todos los hitos que la ley estipula en tiempo y en forma, contando incluso con el nombramiento de una profesional de altísimos quilates como Gerente de la DIPP, la licenciada Claudia Cáceres.
Sin embargo, parece que no todos quieren colaborar. La Ley establece en su artículo 105 la obligatoriedad del Ministerio de Finanzas Públicas de adecuar la normativa, procesos y sistemas para que la DIPP funcione con todas las capacidades que la Ley le otorga, y las cuales están descritas en los artículos 6 y 7 de la misma ley. Estos artículos pretenden hacer las cosas diferentes, con estándares modernos y de vanguardia; porque para seguir con las cosas tal y como están, lo mejor es no embarcarse en retos tan complejos como este.
Sin los recursos y sin la institucionalidad necesaria para mejorar la infraestructura del país, cualquier parafernalia o discurso termina siendo tan solo un conato de fiasco. Lo repito nuevamente: muchos lo están haciendo bien, pero el MINFIN es el único que le está fallando a los guatemaltecos.
Dicha obligatoriedad del MINFIN tenía un plazo de 30 días contados a partir de la aprobación de la Ley, pero pasaron las semanas y los meses y nadie quiere hacerse responsable. Y si hablamos de responsabilidad, no está de más recordar que en el artículo 114 también se obliga al MINFIN a proveer los recursos esenciales al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios, tanto para la parte operativa (Q10 millones), como para la parte de inversión (Q20 millones). Estos recursos provendrían de los saldos de caja de recursos del tesoro, y debieron ser transferidos a más tardar el 14 de abril de 2025. Oh, sorpresa, eso tampoco sucedió.
Y para no dejar escapar nada, el artículo 95 (en el cual tuvo una fuerte incidencia el Gobierno para definir su redacción final) establece la obligación del MINFIN de constituir garantías para cubrir las obligaciones del Estado ante la terminación anticipada de contratos que contengan anomalías e impidan que la DIPP invierta en los tramos viales priorizados en el artículo 87 de la Ley. Esto debió suceder a más tardar 60 días después de que la Ley entró en vigencia.
Escribo esta columna como un llamado a la integridad del Ministerio de Finanzas Públicas. Para que el país avance, se necesita de personas comprometidas con el cumplimiento de sus deberes, que no solo conozcan la ley y las normativas vigentes, sino que tengan la capacidad de innovar, crear e identificar alternativas para hacer que las cosas caminen. No se vale que el resultado de la inacción sea mantener las cosas funcionando como hasta ahora, porque todo indica que la preferencia es por ser cómplices del pasado, en lugar de ser constructores del futuro.
Y como punto final, sería deseable demostrar coherencia con el tal anhelado grado de inversión que se quiere alcanzar como país. Sin los recursos y sin la institucionalidad necesaria para mejorar la infraestructura del país, cualquier parafernalia o discurso termina siendo tan solo un conato de fiasco. Lo repito nuevamente: muchos lo están haciendo bien, pero el MINFIN es el único que le está fallando a los guatemaltecos.
