EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE:
Honduras celebra elecciones generales este domingo 30 de noviembre, en una jornada única en la que se renovarán los principales órganos del Estado. La contienda definirá la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la representación ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y las 298 corporaciones municipales. El proceso se organiza bajo un esquema de una sola vuelta presidencial, donde el aspirante más votado obtiene la victoria sin obligación de alcanzar mayoría absoluta. La fórmula presidencial incluye a la persona titular y a tres designados presidenciales –figura análoga a la vicepresidencia –, que asumirán el 27 de enero de 2026 para un período de cuatro años.
En el ámbito legislativo, los ciudadanos elegirán a 128 diputados propietarios y 128 suplentes que integrarán el Congreso Nacional. Los escaños se distribuyen en 18 circunscripciones departamentales mediante un sistema de representación proporcional de lista abierta, que permite al elector seleccionar candidatos dentro del mismo partido. A nivel regional, Honduras también nombrará a 20 diputados propietarios y 20 suplentes al PARLACEN, igualmente bajo un mecanismo proporcional.
A escala local, la elección abarca las 298 alcaldías del país, cada una encabezada por un binomio de alcalde y vicealcalde, además de un número variable de regidores que conforman las corporaciones municipales. Estas se integran en función del peso relativo de cada planilla partidaria en el municipio, manteniendo un criterio proporcional que refleja la fragmentación local del voto.
El proceso está administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la logística, el padrón, los materiales y los resultados preliminares. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) resolverá impugnaciones y controversias en última instancia. Más de 6.5M de hondureños están habilitados para votar, incluyendo una diáspora creciente en los Estados Unidos que participa exclusivamente en la categoría presidencial. La elección definirá la arquitectura política del período 2026–2030 en un contexto de fuerte polarización y escrutinio internacional.
Escenarios posibles
Victoria de Salvador Nasralla
Una victoria de Salvador Nasralla abriría un escenario de gobernabilidad condicionada. Llegaría a Casa Presidencial con un mandato de cambio frente a Libre y al Partido Nacional, pero con una base partidaria débil y un Congreso previsiblemente altamente fragmentado, lo que obligaría a construir coaliciones ad hoc con liberales tradicionales, nacionalistas y fuerzas minoritarias. En términos de legitimidad, su capital principal sería la narrativa anticorrupción y su historial en declive como opositor al bipartidismo, pero enfrentaría un doble desafío: gestionar las expectativas de una ciudadanía fatigada y contener la resistencia de élites políticas y económicas que lo ven como un actor imprevisible. Nasralla entraría al poder con un número elevado de jugadores veto, una disciplina partidaria baja – pues su partido responde a otras élites – y un alto riesgo de conflicto Ejecutivo–Legislativo, especialmente en reformas fiscales, reordenamiento del sector energético y políticas de seguridad. Sin una coalición programática mínima, el gobierno Nasralla podría derivar en parálisis decisoria y creciente dependencia del decreto.
Victoria de Rixi Moncada
Una victoria de Rixi Moncada bajo acusaciones generalizadas de fraude abriría un escenario de legitimidad erosionada desde el primer día. La oposición – con Nasralla y el Partido Nacional al frente – tendería a desconocer el resultado, activando recursos ante el TJE, movilización callejera y presión internacional. En términos de gobernabilidad, el nuevo Ejecutivo enfrentaría un Congreso hostil o, en el mejor caso, poco cooperativo, con incentivos para bloquear nombramientos clave, reformas fiscales y acuerdos internacionales. Moncada entraría al poder con un déficit de legitimidad de origen, altos niveles de polarización y un aumento de los actores veto informales – movimientos sociales, gremios y élites económicas –. La narrativa de fraude podría cristalizarse en una crisis de reconocimiento del gobierno, con riesgo de parálisis institucional, escalada represiva en la gestión de protestas y dependencia creciente de decretos y medidas excepcionales para mantener el control político.
Victoria de Nasry “Tito” Asfura
Una victoria de Nasry Asfura configuraría un escenario de restauración conservadora con énfasis en gestión técnica y reconstrucción de alianzas tradicionales. Su principal activo sería la gobernabilidad negociada: el Partido Nacional conserva estructuras territoriales fuertes y capacidad de articulación en el Congreso, lo que permitiría construir una coalición mínima estable con liberales tradicionales y otros sectores minoritarios. Sin embargo, enfrentaría un serio déficit de legitimidad social, debido al desgaste del nacionalismo tras el período Hernández y a la desconfianza acumulada en sectores urbanos y jóvenes. Asfura entraría al poder con una disciplina partidaria alta, un Ejecutivo moderadamente fuerte y un riesgo medio de contestación social, especialmente si impulsa ajustes fiscales, reformas en seguridad o proyectos de infraestructura con costos distributivos. El punto de inflexión externo vendría de la estrategia de Washington: la posibilidad de que Donald Trump indulte a Juan Orlando Hernández podría reactivar segmentos del electorado que ven en el antiguo orden una fuente de estabilidad, alterando los incentivos electorales y fortaleciendo el voto por Asfura como vehículo de retorno al statu quo previo.
Honduras celebra elecciones generales este domingo 30 de noviembre, en una jornada única en la que se renovarán los principales órganos del Estado. La contienda definirá la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la representación ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y las 298 corporaciones municipales. El proceso se organiza bajo un esquema de una sola vuelta presidencial, donde el aspirante más votado obtiene la victoria sin obligación de alcanzar mayoría absoluta. La fórmula presidencial incluye a la persona titular y a tres designados presidenciales –figura análoga a la vicepresidencia –, que asumirán el 27 de enero de 2026 para un período de cuatro años.
En el ámbito legislativo, los ciudadanos elegirán a 128 diputados propietarios y 128 suplentes que integrarán el Congreso Nacional. Los escaños se distribuyen en 18 circunscripciones departamentales mediante un sistema de representación proporcional de lista abierta, que permite al elector seleccionar candidatos dentro del mismo partido. A nivel regional, Honduras también nombrará a 20 diputados propietarios y 20 suplentes al PARLACEN, igualmente bajo un mecanismo proporcional.
A escala local, la elección abarca las 298 alcaldías del país, cada una encabezada por un binomio de alcalde y vicealcalde, además de un número variable de regidores que conforman las corporaciones municipales. Estas se integran en función del peso relativo de cada planilla partidaria en el municipio, manteniendo un criterio proporcional que refleja la fragmentación local del voto.
El proceso está administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la logística, el padrón, los materiales y los resultados preliminares. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) resolverá impugnaciones y controversias en última instancia. Más de 6.5M de hondureños están habilitados para votar, incluyendo una diáspora creciente en los Estados Unidos que participa exclusivamente en la categoría presidencial. La elección definirá la arquitectura política del período 2026–2030 en un contexto de fuerte polarización y escrutinio internacional.
Escenarios posibles
Victoria de Salvador Nasralla
Una victoria de Salvador Nasralla abriría un escenario de gobernabilidad condicionada. Llegaría a Casa Presidencial con un mandato de cambio frente a Libre y al Partido Nacional, pero con una base partidaria débil y un Congreso previsiblemente altamente fragmentado, lo que obligaría a construir coaliciones ad hoc con liberales tradicionales, nacionalistas y fuerzas minoritarias. En términos de legitimidad, su capital principal sería la narrativa anticorrupción y su historial en declive como opositor al bipartidismo, pero enfrentaría un doble desafío: gestionar las expectativas de una ciudadanía fatigada y contener la resistencia de élites políticas y económicas que lo ven como un actor imprevisible. Nasralla entraría al poder con un número elevado de jugadores veto, una disciplina partidaria baja – pues su partido responde a otras élites – y un alto riesgo de conflicto Ejecutivo–Legislativo, especialmente en reformas fiscales, reordenamiento del sector energético y políticas de seguridad. Sin una coalición programática mínima, el gobierno Nasralla podría derivar en parálisis decisoria y creciente dependencia del decreto.
Victoria de Rixi Moncada
Una victoria de Rixi Moncada bajo acusaciones generalizadas de fraude abriría un escenario de legitimidad erosionada desde el primer día. La oposición – con Nasralla y el Partido Nacional al frente – tendería a desconocer el resultado, activando recursos ante el TJE, movilización callejera y presión internacional. En términos de gobernabilidad, el nuevo Ejecutivo enfrentaría un Congreso hostil o, en el mejor caso, poco cooperativo, con incentivos para bloquear nombramientos clave, reformas fiscales y acuerdos internacionales. Moncada entraría al poder con un déficit de legitimidad de origen, altos niveles de polarización y un aumento de los actores veto informales – movimientos sociales, gremios y élites económicas –. La narrativa de fraude podría cristalizarse en una crisis de reconocimiento del gobierno, con riesgo de parálisis institucional, escalada represiva en la gestión de protestas y dependencia creciente de decretos y medidas excepcionales para mantener el control político.
Victoria de Nasry “Tito” Asfura
Una victoria de Nasry Asfura configuraría un escenario de restauración conservadora con énfasis en gestión técnica y reconstrucción de alianzas tradicionales. Su principal activo sería la gobernabilidad negociada: el Partido Nacional conserva estructuras territoriales fuertes y capacidad de articulación en el Congreso, lo que permitiría construir una coalición mínima estable con liberales tradicionales y otros sectores minoritarios. Sin embargo, enfrentaría un serio déficit de legitimidad social, debido al desgaste del nacionalismo tras el período Hernández y a la desconfianza acumulada en sectores urbanos y jóvenes. Asfura entraría al poder con una disciplina partidaria alta, un Ejecutivo moderadamente fuerte y un riesgo medio de contestación social, especialmente si impulsa ajustes fiscales, reformas en seguridad o proyectos de infraestructura con costos distributivos. El punto de inflexión externo vendría de la estrategia de Washington: la posibilidad de que Donald Trump indulte a Juan Orlando Hernández podría reactivar segmentos del electorado que ven en el antiguo orden una fuente de estabilidad, alterando los incentivos electorales y fortaleciendo el voto por Asfura como vehículo de retorno al statu quo previo.
