EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Como un elemento de cultura general, pedigüeñería es la única palabra en el español que reúne en sí misma los cuatro firuletes característicos que se emplean en la escritura del idioma: la diéresis, la virgulilla, la tilde y el punto sobre la letra i. Sin embargo, el haber escogido este título para la columna va un poco más allá de la curiosidad lingüística.
Reuniendo y contrastando varias fuentes, la definición que más me gusta de pedigüeñería se lee a continuación: la cualidad o estado de ser pedigüeño, es decir, alguien que pide con frecuencia y a veces de forma insistente o molesta. En esencia, describe la actitud o el comportamiento de una persona que tiende a solicitar cosas de manera reiterada y, potencialmente, inoportuna.
Y este grupo de ideas es el que quiero usar de referencia para reflexionar respecto de la presentación que hizo el Ministerio de Finanzas Públicas sobre los techos presupuestarios definitivos para el ejercicio fiscal 2026. El monto que se solicitará que sea aprobado por el Congreso de la República asciende a los casi 161,800 millones de quetzales, o el equivalente al 16 % del PIB proyectado.
He leído diversas opiniones respecto de si es una solicitud desmedida o incluso inconsistente con la capacidad de ejecución del presupuesto, y se toma como referencia el porcentaje de ejecución a junio, el cual asciende a 40.57 %, cuando lo esperado sería alrededor de 50 %. No obstante, el punto sobre el que quiero hacer énfasis va un poco más allá, y se centra en la actitud de pedir más fondos sin un sustento suficiente, más que la vaga afirmación de una mayor presencia del Estado en aquellos temas donde hay rezagos.
Ser pedigüeño es pasar de 117,020 millones que estaban vigentes en agosto 2024 a 161,800 millones para ser aprobados a más tardar el 30 de noviembre de 2025.
Es momento de redirigir la mirada a los recursos de los que se tiene una disponibilidad asegurada, revisar nuevamente si existen gastos innecesarios de los cuales es posible prescindir, y, finalmente, mostrar con el ejemplo la necesidad de ser austeros cuando los tiempos de crisis así lo requieren.
Este cambio representa un incremento de 44,759 millones en menos de un año, lo que significa un Gobierno que es 38.3 % más grande… y con muy pocos resultados.
Pocos se habrán dado cuenta, pero el Gobierno actual no solamente solicitó una ampliación de 14,152 millones en 2024, la cual entró en vigencia en septiembre. El presupuesto aprobado para 2025 era 17,311 millones más grande, y quedó aprobado en noviembre. Dos meses después, en enero 2025, ya se había autorizado una ampliación más de 1,100 millones, y en marzo 2025 se replicó el ejercicio, ampliando el presupuesto en 5,210 millones más. Es por eso que digo que el incremento solicitado para 2026 no es solamente de 6,943 millones, sino que es una cifra 6.5 veces mayor.
Ahora bien, no quiero que me malentiendan, es más, diría que soy de los principales proponentes de la idea de rehacer el presupuesto desde sus bases, existiendo la posibilidad de cuestionar algunas asignaciones y replantear las magnitudes y condicionantes de otras. Y no solamente con el objetivo de rescatar los planteamientos de los Acuerdos de Paz sobre el compromiso de financiar prioritariamente la nutrición, la salud, la educación, y la vivienda, sino con el interés de elevar de categoría el gasto que se hace en seguridad, justicia e infraestructura (vial, portuaria y aeroportuaria).
Pero con la misma contundencia que planteo redefinir la asignación del presupuesto, también hago hincapié en que estamos de frente a un Gobierno que no ha titubeado en pedir más dinero, aunque carece de autocrítica para reconocer la incapacidad de ejecución en la mayor parte de sus unidades ejecutoras (de 291 unidades ejecutoras analizadas, 244 tienen una ejecución menor al valor promedio reportado por el Gobierno al cierre de junio).
Es comprensible la tentación de querer cubrir en un día la brecha que se ha horadado durante décadas, pero eso no implica caer en la irresponsabilidad de requerir más presupuesto a una economía que está haciendo abatida por condiciones internas y externas sumamente difíciles y complicadas. Es momento de redirigir la mirada a los recursos de los que se tiene una disponibilidad asegurada, revisar nuevamente si existen gastos innecesarios de los cuales es posible prescindir, y, finalmente, mostrar con el ejemplo la necesidad de ser austeros cuando los tiempos de crisis así lo requieren.
Como un elemento de cultura general, pedigüeñería es la única palabra en el español que reúne en sí misma los cuatro firuletes característicos que se emplean en la escritura del idioma: la diéresis, la virgulilla, la tilde y el punto sobre la letra i. Sin embargo, el haber escogido este título para la columna va un poco más allá de la curiosidad lingüística.
Reuniendo y contrastando varias fuentes, la definición que más me gusta de pedigüeñería se lee a continuación: la cualidad o estado de ser pedigüeño, es decir, alguien que pide con frecuencia y a veces de forma insistente o molesta. En esencia, describe la actitud o el comportamiento de una persona que tiende a solicitar cosas de manera reiterada y, potencialmente, inoportuna.
Y este grupo de ideas es el que quiero usar de referencia para reflexionar respecto de la presentación que hizo el Ministerio de Finanzas Públicas sobre los techos presupuestarios definitivos para el ejercicio fiscal 2026. El monto que se solicitará que sea aprobado por el Congreso de la República asciende a los casi 161,800 millones de quetzales, o el equivalente al 16 % del PIB proyectado.
He leído diversas opiniones respecto de si es una solicitud desmedida o incluso inconsistente con la capacidad de ejecución del presupuesto, y se toma como referencia el porcentaje de ejecución a junio, el cual asciende a 40.57 %, cuando lo esperado sería alrededor de 50 %. No obstante, el punto sobre el que quiero hacer énfasis va un poco más allá, y se centra en la actitud de pedir más fondos sin un sustento suficiente, más que la vaga afirmación de una mayor presencia del Estado en aquellos temas donde hay rezagos.
Ser pedigüeño es pasar de 117,020 millones que estaban vigentes en agosto 2024 a 161,800 millones para ser aprobados a más tardar el 30 de noviembre de 2025.
Es momento de redirigir la mirada a los recursos de los que se tiene una disponibilidad asegurada, revisar nuevamente si existen gastos innecesarios de los cuales es posible prescindir, y, finalmente, mostrar con el ejemplo la necesidad de ser austeros cuando los tiempos de crisis así lo requieren.
Este cambio representa un incremento de 44,759 millones en menos de un año, lo que significa un Gobierno que es 38.3 % más grande… y con muy pocos resultados.
Pocos se habrán dado cuenta, pero el Gobierno actual no solamente solicitó una ampliación de 14,152 millones en 2024, la cual entró en vigencia en septiembre. El presupuesto aprobado para 2025 era 17,311 millones más grande, y quedó aprobado en noviembre. Dos meses después, en enero 2025, ya se había autorizado una ampliación más de 1,100 millones, y en marzo 2025 se replicó el ejercicio, ampliando el presupuesto en 5,210 millones más. Es por eso que digo que el incremento solicitado para 2026 no es solamente de 6,943 millones, sino que es una cifra 6.5 veces mayor.
Ahora bien, no quiero que me malentiendan, es más, diría que soy de los principales proponentes de la idea de rehacer el presupuesto desde sus bases, existiendo la posibilidad de cuestionar algunas asignaciones y replantear las magnitudes y condicionantes de otras. Y no solamente con el objetivo de rescatar los planteamientos de los Acuerdos de Paz sobre el compromiso de financiar prioritariamente la nutrición, la salud, la educación, y la vivienda, sino con el interés de elevar de categoría el gasto que se hace en seguridad, justicia e infraestructura (vial, portuaria y aeroportuaria).
Pero con la misma contundencia que planteo redefinir la asignación del presupuesto, también hago hincapié en que estamos de frente a un Gobierno que no ha titubeado en pedir más dinero, aunque carece de autocrítica para reconocer la incapacidad de ejecución en la mayor parte de sus unidades ejecutoras (de 291 unidades ejecutoras analizadas, 244 tienen una ejecución menor al valor promedio reportado por el Gobierno al cierre de junio).
Es comprensible la tentación de querer cubrir en un día la brecha que se ha horadado durante décadas, pero eso no implica caer en la irresponsabilidad de requerir más presupuesto a una economía que está haciendo abatida por condiciones internas y externas sumamente difíciles y complicadas. Es momento de redirigir la mirada a los recursos de los que se tiene una disponibilidad asegurada, revisar nuevamente si existen gastos innecesarios de los cuales es posible prescindir, y, finalmente, mostrar con el ejemplo la necesidad de ser austeros cuando los tiempos de crisis así lo requieren.
