EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Un pasito, por pequeño que sea, es un logro si es en la dirección correcta.
Recientemente, el Ministerio de Comunicaciones hizo pública una lista de 10 proyectos de infraestructura vial que iniciaron el proceso de licitación para la contratación de supervisión y de ejecución. Será la Dirección General de Caminos la encargada de llevar a cabo estos procesos, considerándose proyectos que “buscan mejorar la conectividad, facilitar el transporte y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas”. Con contundencia se argumenta que “la inversión será clave para mejorar la calidad de vida de miles de guatemaltecos en distintas regiones del país”.
Ante semejante acometida, no puedo más que reconocer que hay disposición de avanzar, y de hacerlo con una estrategia apegada a la planificación de largo plazo. Adicionalmente, se ratifica la premisa que durante décadas se ha repetido, pero que cuesta mucho que sea comprendida: la inversión en infraestructura vial es el primer paso para garantizar una mejora significativa en el desarrollo de los ciudadanos.
No obstante, aunque hay una señal esperanzadora, hay que ser claros sobre las posibilidades de avance durante la presente gestión.
El primer punto que señalar es que se anuncia 10 proyectos que suman 269.41 kilómetros de red vial, de los cuales se contempla solamente la construcción de 1.5 kilómetros de un paso a desnivel en Santa Elena Barillas (por cierto, en dicho proyecto existe un contrato vigente sin liquidar, por lo que será necesario identificar cuál será la vía legal para iniciar un nuevo contrato). Los nueve proyectos restantes contemplan actividades de mejoramiento, lo cual puede indicar ampliaciones, limpieza, o alguna inversión adicional en el tramo, lo que implicaría algo más que mantenimiento o reposición de la vía.
Con una meta presidencial de más de 1800 kilómetros nuevos de red vial en el país para el período 2024-2027, este listado de proyectos no es más que una modesta señal de avance en el sentido correcto.
En segundo lugar, no debe escapar al análisis de que para poder hacerse las licitaciones hay que tener estudios previos culminados, o, en caso de que ya existan, estudios actualizados. Este proceso puede requerir tiempo y recursos adicionales, pero es una condición necesaria para poder obtener el número de SNIP previo a iniciar la licitación.
Como tercer punto, quiero hacer énfasis en la alineación de los proyectos con los esquemas gubernamentales de planificación. En este respecto, me genera duda el criterio de priorización, dado que son tramos que no aparecen en los primeros lugares de necesidad según el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032. Será importante aclarar cuáles han sido los criterios empleados para descartar otros proyectos y seleccionar estos.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar la importancia de pensar estratégicamente en corredores logísticos completos; y no solamente en tramos aislados. La rentabilidad de la inversión pública va estrechamente ligada a la capacidad de completar anillos o rutas largas, conllevando una mayor conectividad y productividad. Intervenciones desperdigadas pueden tener impactos significativos para la población beneficiaria, pero carecen de integración con una visión amplia de mejoramiento de toda la red vial.
Insisto, el comunicado emitido el pasado 8 de mayo es un compromiso con la inversión en infraestructura vial, siendo una base sobre la cual se deberá evaluar la gestión de la cartera responsable. Sin embargo, con una meta presidencial de más de 1800 kilómetros nuevos de red vial en el país para el período 2024-2027, este listado de proyectos no es más que una modesta señal de avance en el sentido correcto, lo cual representa un paso pequeñito hacia el destino que todos esperamos alcanzar.
Un pasito, por pequeño que sea, es un logro si es en la dirección correcta.
Recientemente, el Ministerio de Comunicaciones hizo pública una lista de 10 proyectos de infraestructura vial que iniciaron el proceso de licitación para la contratación de supervisión y de ejecución. Será la Dirección General de Caminos la encargada de llevar a cabo estos procesos, considerándose proyectos que “buscan mejorar la conectividad, facilitar el transporte y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas”. Con contundencia se argumenta que “la inversión será clave para mejorar la calidad de vida de miles de guatemaltecos en distintas regiones del país”.
Ante semejante acometida, no puedo más que reconocer que hay disposición de avanzar, y de hacerlo con una estrategia apegada a la planificación de largo plazo. Adicionalmente, se ratifica la premisa que durante décadas se ha repetido, pero que cuesta mucho que sea comprendida: la inversión en infraestructura vial es el primer paso para garantizar una mejora significativa en el desarrollo de los ciudadanos.
No obstante, aunque hay una señal esperanzadora, hay que ser claros sobre las posibilidades de avance durante la presente gestión.
El primer punto que señalar es que se anuncia 10 proyectos que suman 269.41 kilómetros de red vial, de los cuales se contempla solamente la construcción de 1.5 kilómetros de un paso a desnivel en Santa Elena Barillas (por cierto, en dicho proyecto existe un contrato vigente sin liquidar, por lo que será necesario identificar cuál será la vía legal para iniciar un nuevo contrato). Los nueve proyectos restantes contemplan actividades de mejoramiento, lo cual puede indicar ampliaciones, limpieza, o alguna inversión adicional en el tramo, lo que implicaría algo más que mantenimiento o reposición de la vía.
Con una meta presidencial de más de 1800 kilómetros nuevos de red vial en el país para el período 2024-2027, este listado de proyectos no es más que una modesta señal de avance en el sentido correcto.
En segundo lugar, no debe escapar al análisis de que para poder hacerse las licitaciones hay que tener estudios previos culminados, o, en caso de que ya existan, estudios actualizados. Este proceso puede requerir tiempo y recursos adicionales, pero es una condición necesaria para poder obtener el número de SNIP previo a iniciar la licitación.
Como tercer punto, quiero hacer énfasis en la alineación de los proyectos con los esquemas gubernamentales de planificación. En este respecto, me genera duda el criterio de priorización, dado que son tramos que no aparecen en los primeros lugares de necesidad según el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032. Será importante aclarar cuáles han sido los criterios empleados para descartar otros proyectos y seleccionar estos.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar la importancia de pensar estratégicamente en corredores logísticos completos; y no solamente en tramos aislados. La rentabilidad de la inversión pública va estrechamente ligada a la capacidad de completar anillos o rutas largas, conllevando una mayor conectividad y productividad. Intervenciones desperdigadas pueden tener impactos significativos para la población beneficiaria, pero carecen de integración con una visión amplia de mejoramiento de toda la red vial.
Insisto, el comunicado emitido el pasado 8 de mayo es un compromiso con la inversión en infraestructura vial, siendo una base sobre la cual se deberá evaluar la gestión de la cartera responsable. Sin embargo, con una meta presidencial de más de 1800 kilómetros nuevos de red vial en el país para el período 2024-2027, este listado de proyectos no es más que una modesta señal de avance en el sentido correcto, lo cual representa un paso pequeñito hacia el destino que todos esperamos alcanzar.
