EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Después de la destitución del gobernador de Bocas del Toro, las constantes lluvias y el descontento social inundaron las calles de ingobernabilidad. Panamá, uno de los hubs logísticos más importantes del mundo, fue presionado en sus válvulas empresariales las últimas semanas.
Los sindicatos bananeros y educativos tomaron de rehén las calles de los centros productivos de la Ciudad de Panamá en protesta a una reforma a la Caja de Seguridad Social (CSS). En el trasfondo, la tensión crece entre las exigencias de Washington, el capital estadounidense y las promesas de sostenibilidad y protección laboral del Estado panameño.
La reforma a la CSS aparenta ser un intento de modernización del sistema de seguridad social, como una urgencia técnica, impulsada por el bajo rendimiento de los fondos públicos. No obstante, la ciudadanía intuye otra cosa: la reforma responde más a intereses financieros perversos que al bienestar social. Ahora bien, esto sucede en medio de una de las peores cosechas en años. Changuinola, corazón bananero del país, se sumerge en una crisis económica difícil de escapar.
Uno de los jugadores más golpeados por la crisis sociopolítica ha sido Chiquita, gigante histórico de la región, que contabilizó pérdidas de más de USD 75M tras semanas de inactividad. Sus trabajadores no se han presentado a los campos ni a las empacadoras, por lo que despidió a más de 5 000 empleados. Y, sin embargo, la otra cara de la moneda es aún más amarga. La Cooperativa Bananera del Atlántico, único competidor local en pie, se tambalea en la orilla de la quiebra.
En la mira de EE. UU.
La coyuntura internacional no da tregua. Con el regreso de Trump a la escena, Panamá ha vuelto a figurar en los mapas estratégicos de la administración en Washington. Debido a que el canal de Suez se ha vuelto muy riesgoso por la amenaza hutí, la vía interoceánica panameña reaparece como arteria prioritaria en la contención geopolítica hacia China.
La saturación de los puertos del Caribe y el Golfo ha convertido a Panamá en un nodo portuario irremplazable. Los bloqueos son un lujo peligroso para el gobierno. Panamá, hub logístico del continente, no puede permitirse hacer la vista gorda a su propia relevancia. Últimamente, se han llegado a acuerdos, pero no sin costo. Las protestas concluyeron con el cierre temporal de operaciones de Chiquita, un régimen especial negociado a contrarreloj para salvar lo que queda del sector bananero y, finalmente, el levantamiento de los bloqueos que paralizan al país.
La animosidad creciente hacia el Tío Sam, alimentada por décadas de escepticismo frente a las corporaciones extranjeras, como lo evidenció el caso de la mina, se mezcla ahora con la urgencia de liberar los tramos logísticos necesarios para el comercio mundial. Los barcos siguen entrando y las autopistas se han vuelto a llenar de contenedores. Sin embargo, en el nuevo ajedrez de rutas marítimas, el país parece ser peón de los intereses de los sindicatos.
Después de la destitución del gobernador de Bocas del Toro, las constantes lluvias y el descontento social inundaron las calles de ingobernabilidad. Panamá, uno de los hubs logísticos más importantes del mundo, fue presionado en sus válvulas empresariales las últimas semanas.
Los sindicatos bananeros y educativos tomaron de rehén las calles de los centros productivos de la Ciudad de Panamá en protesta a una reforma a la Caja de Seguridad Social (CSS). En el trasfondo, la tensión crece entre las exigencias de Washington, el capital estadounidense y las promesas de sostenibilidad y protección laboral del Estado panameño.
La reforma a la CSS aparenta ser un intento de modernización del sistema de seguridad social, como una urgencia técnica, impulsada por el bajo rendimiento de los fondos públicos. No obstante, la ciudadanía intuye otra cosa: la reforma responde más a intereses financieros perversos que al bienestar social. Ahora bien, esto sucede en medio de una de las peores cosechas en años. Changuinola, corazón bananero del país, se sumerge en una crisis económica difícil de escapar.
Uno de los jugadores más golpeados por la crisis sociopolítica ha sido Chiquita, gigante histórico de la región, que contabilizó pérdidas de más de USD 75M tras semanas de inactividad. Sus trabajadores no se han presentado a los campos ni a las empacadoras, por lo que despidió a más de 5 000 empleados. Y, sin embargo, la otra cara de la moneda es aún más amarga. La Cooperativa Bananera del Atlántico, único competidor local en pie, se tambalea en la orilla de la quiebra.
En la mira de EE. UU.
La coyuntura internacional no da tregua. Con el regreso de Trump a la escena, Panamá ha vuelto a figurar en los mapas estratégicos de la administración en Washington. Debido a que el canal de Suez se ha vuelto muy riesgoso por la amenaza hutí, la vía interoceánica panameña reaparece como arteria prioritaria en la contención geopolítica hacia China.
La saturación de los puertos del Caribe y el Golfo ha convertido a Panamá en un nodo portuario irremplazable. Los bloqueos son un lujo peligroso para el gobierno. Panamá, hub logístico del continente, no puede permitirse hacer la vista gorda a su propia relevancia. Últimamente, se han llegado a acuerdos, pero no sin costo. Las protestas concluyeron con el cierre temporal de operaciones de Chiquita, un régimen especial negociado a contrarreloj para salvar lo que queda del sector bananero y, finalmente, el levantamiento de los bloqueos que paralizan al país.
La animosidad creciente hacia el Tío Sam, alimentada por décadas de escepticismo frente a las corporaciones extranjeras, como lo evidenció el caso de la mina, se mezcla ahora con la urgencia de liberar los tramos logísticos necesarios para el comercio mundial. Los barcos siguen entrando y las autopistas se han vuelto a llenar de contenedores. Sin embargo, en el nuevo ajedrez de rutas marítimas, el país parece ser peón de los intereses de los sindicatos.
