El concepto de “nomocracia” es un ideal poco difundido. Es notable que incluso entre académicos y figuras políticas, el significado de este término es ampliamente desconocido. Esta situación abarca a diversas corrientes ideológicas, incluyendo liberales clásicos, libertarios, anarcocapitalistas, conservadores con valores cristianos, socialistas, socialdemócratas, comunistas y anarquistas. Este desconocimiento es aún más pronunciado entre el público en general.
Algunas personas que abogan por la defensa de las libertades individuales identifican al sistema democrático como el modelo de gobierno ideal. Al analizar los potenciales excesos asociados a la soberanía popular, distinguen entre democracia liberal y democracia antiliberal. La primera es conceptualizada como una democracia limitada, en la cual la autoridad última no reside plenamente en la ciudadanía, sino que se encuentra restringida por el marco legal. Sin embargo, esto plantea un dilema lógico: la autoridad suprema debe estar atribuida, de manera excluyente, a las personas o a la ley. Si la titularidad corresponde a la ley, entonces la ciudadanía carece de dicha prerrogativa, mientras que si son las personas quienes detentan esa autoridad, pueden modificar la ley en función de la voluntad mayoritaria o de grupos minoritarios favorecidos por circunstancias particulares del proceso de decisión colectiva.
El sistema funciona, en esencia, así: Imagina que se propone una ley absurda según la cual a todo el mundo le quitarían $10; de ese dinero, la mitad se destruiría y el resto se repartiría al grupo “B”, que representa solo el 5% de la población. Podrías pensar que la mayoría, es decir, el grupo “A”, rechazaría esta propuesta, y solo el grupo “B” la apoyaría porque sale beneficiado. Este es el concepto habitual sobre cómo opera la democracia.
Sin embargo, participar en el proceso democrático implica ciertos costos, tanto económicos como de tiempo, relacionados con informarse acerca de la propuesta y acudir a votar. Supongamos que estos costos suman $20 por persona. Frente a este escenario, ¿quién estaría dispuesto a ir a votar? El grupo “B” sí lo haría porque, aun pagando los $20, obtendría un beneficio mayor. Por el contrario, el grupo “A” preferiría no votar, ya que el costo de hacerlo sería superior al perjuicio de la ley aprobada. Así, esta ley absurda terminaría siendo aprobada sin oposición, únicamente con los votos del grupo “B”.
¿Beneficia esto realmente a la sociedad? Claramente, no. Se trata de una mala ley. Situaciones similares ocurren frecuentemente, como por ejemplo con las leyes que favorecen a ciertas industrias.
De esta manera, la así llamada “democracia liberal” pasa a ser igual de despótica que la “democracia antiliberal”.
Las asociaciones políticas surgen del deseo de cooperar mediante la división del trabajo y el intercambio de bienes y servicios, y se forman por personas que buscan actuar según su propio criterio. Por ello, se basan en el principio ético de tratarse mutuamente como fines en sí mismos, no simplemente como medios para otros fines. Este valor moral es conocido como “derechos individuales”, los cuales habilitan a cada persona a tomar decisiones sobre su vida y sus propiedades para prosperar y llevar una existencia plena. Los miembros de estas asociaciones deben respetar esta libertad entre sí. Para defenderse de quienes intenten transgredir estos derechos, establecen reglas generales y abstractas, aplicables a todos, además de crear un gobierno con instituciones como juzgados, fiscalías, cuerpos policiales y ejército para hacer cumplir dichas normas. Asimismo, redactan una constitución o contrato social que delimita el poder gubernamental, asegurando que no se vulneren los derechos ciudadanos. Esta forma de organización política constitucional y contractual es lo que se denomina “Estado de Derecho”.
El Estado de Derecho se caracteriza por un modelo de orden político denominado "nomocracia", donde la autoridad suprema reside en normas generales, abstractas e impersonales, en lugar de en individuos. En este contexto, el ejercicio del poder se encuentra limitado y sujeto a reglas que se aplican de manera uniforme a toda la ciudadanía, incluyendo a quienes gobiernan.
Las principales características incluyen: el Estado de Derecho, donde las leyes prevalecen sobre cualquier interés individual; la limitación del poder gubernamental para evitar acciones arbitrarias; la creación de normas generales y abstractas en lugar de leyes para casos específicos; la previsibilidad jurídica que permite a los ciudadanos anticipar las consecuencias legales de sus actos; y la igualdad ante la ley, asegurando que ninguna persona esté por encima de las reglas.
El concepto de nomocracia se encuentra en pensadores como Friedrich Hayek, quien defiende el “rule of law”, así como en Michael Oakeshott, que diferencia la nomocracia de la teleocracia (gobierno dirigido a fines concretos). Además, la tradición liberal clásica —desde Locke hasta Mises— hace hincapié en limitar el poder mediante reglas generales.
En honor a la claridad y evitar confusiones, ya es hora de usar los términos correctos y llamar a las cosas por lo que son.
El concepto de “nomocracia” es un ideal poco difundido. Es notable que incluso entre académicos y figuras políticas, el significado de este término es ampliamente desconocido. Esta situación abarca a diversas corrientes ideológicas, incluyendo liberales clásicos, libertarios, anarcocapitalistas, conservadores con valores cristianos, socialistas, socialdemócratas, comunistas y anarquistas. Este desconocimiento es aún más pronunciado entre el público en general.
Algunas personas que abogan por la defensa de las libertades individuales identifican al sistema democrático como el modelo de gobierno ideal. Al analizar los potenciales excesos asociados a la soberanía popular, distinguen entre democracia liberal y democracia antiliberal. La primera es conceptualizada como una democracia limitada, en la cual la autoridad última no reside plenamente en la ciudadanía, sino que se encuentra restringida por el marco legal. Sin embargo, esto plantea un dilema lógico: la autoridad suprema debe estar atribuida, de manera excluyente, a las personas o a la ley. Si la titularidad corresponde a la ley, entonces la ciudadanía carece de dicha prerrogativa, mientras que si son las personas quienes detentan esa autoridad, pueden modificar la ley en función de la voluntad mayoritaria o de grupos minoritarios favorecidos por circunstancias particulares del proceso de decisión colectiva.
El sistema funciona, en esencia, así: Imagina que se propone una ley absurda según la cual a todo el mundo le quitarían $10; de ese dinero, la mitad se destruiría y el resto se repartiría al grupo “B”, que representa solo el 5% de la población. Podrías pensar que la mayoría, es decir, el grupo “A”, rechazaría esta propuesta, y solo el grupo “B” la apoyaría porque sale beneficiado. Este es el concepto habitual sobre cómo opera la democracia.
Sin embargo, participar en el proceso democrático implica ciertos costos, tanto económicos como de tiempo, relacionados con informarse acerca de la propuesta y acudir a votar. Supongamos que estos costos suman $20 por persona. Frente a este escenario, ¿quién estaría dispuesto a ir a votar? El grupo “B” sí lo haría porque, aun pagando los $20, obtendría un beneficio mayor. Por el contrario, el grupo “A” preferiría no votar, ya que el costo de hacerlo sería superior al perjuicio de la ley aprobada. Así, esta ley absurda terminaría siendo aprobada sin oposición, únicamente con los votos del grupo “B”.
¿Beneficia esto realmente a la sociedad? Claramente, no. Se trata de una mala ley. Situaciones similares ocurren frecuentemente, como por ejemplo con las leyes que favorecen a ciertas industrias.
De esta manera, la así llamada “democracia liberal” pasa a ser igual de despótica que la “democracia antiliberal”.
Las asociaciones políticas surgen del deseo de cooperar mediante la división del trabajo y el intercambio de bienes y servicios, y se forman por personas que buscan actuar según su propio criterio. Por ello, se basan en el principio ético de tratarse mutuamente como fines en sí mismos, no simplemente como medios para otros fines. Este valor moral es conocido como “derechos individuales”, los cuales habilitan a cada persona a tomar decisiones sobre su vida y sus propiedades para prosperar y llevar una existencia plena. Los miembros de estas asociaciones deben respetar esta libertad entre sí. Para defenderse de quienes intenten transgredir estos derechos, establecen reglas generales y abstractas, aplicables a todos, además de crear un gobierno con instituciones como juzgados, fiscalías, cuerpos policiales y ejército para hacer cumplir dichas normas. Asimismo, redactan una constitución o contrato social que delimita el poder gubernamental, asegurando que no se vulneren los derechos ciudadanos. Esta forma de organización política constitucional y contractual es lo que se denomina “Estado de Derecho”.
El Estado de Derecho se caracteriza por un modelo de orden político denominado "nomocracia", donde la autoridad suprema reside en normas generales, abstractas e impersonales, en lugar de en individuos. En este contexto, el ejercicio del poder se encuentra limitado y sujeto a reglas que se aplican de manera uniforme a toda la ciudadanía, incluyendo a quienes gobiernan.
Las principales características incluyen: el Estado de Derecho, donde las leyes prevalecen sobre cualquier interés individual; la limitación del poder gubernamental para evitar acciones arbitrarias; la creación de normas generales y abstractas en lugar de leyes para casos específicos; la previsibilidad jurídica que permite a los ciudadanos anticipar las consecuencias legales de sus actos; y la igualdad ante la ley, asegurando que ninguna persona esté por encima de las reglas.
El concepto de nomocracia se encuentra en pensadores como Friedrich Hayek, quien defiende el “rule of law”, así como en Michael Oakeshott, que diferencia la nomocracia de la teleocracia (gobierno dirigido a fines concretos). Además, la tradición liberal clásica —desde Locke hasta Mises— hace hincapié en limitar el poder mediante reglas generales.
En honor a la claridad y evitar confusiones, ya es hora de usar los términos correctos y llamar a las cosas por lo que son.
