EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Desde que la Unión Europea anunció su nuevo sistema de retorno para inmigrantes sin derecho a permanecer en el territorio europeo, el debate parece haberse reducido a dos posiciones. Están quienes celebran que Europa finalmente esté recuperando el control de sus fronteras. Por otro lado, quienes denuncian una política inhumana y una máquina de deportaciones masivas. A mí me parece que ambas posturas simplifican demasiado un tema bastante más complejo.
Lo primero que tenemos que reconocer es algo que la mayoría de veces se pierde en la discusión pública: ningún Estado está obligado a permitir que cualquier persona permanezca indefinidamente en su territorio. Las fronteras existen, las leyes migratorias existen y los gobiernos tienen derecho a hacerlas cumplir. Defender esto no debería ser controversial. Tampoco debería confundirse con hostilidad hacia los migrantes.
Independientemente de las razones que llevan a una persona a migrar, y de lo difícil que pueda resultar hacerlo por las vías legales, una estancia irregular sigue siendo una estancia irregular. Comprender por qué alguien tomó esa decisión no elimina el hecho de que el Estado deja de tener certeza sobre quién ha ingresado, bajo qué condiciones permanece en el país o si cumple con las normas que se exigen al resto de personas. Precisamente por eso las políticas migratorias no pueden construirse únicamente sobre las circunstancias individuales de cada caso, sino también sobre la necesidad de mantener reglas claras y mecanismos efectivos para hacerlas cumplir.
Precisamente por eso me parece razonable que Europa quiera mejorar la efectividad de sus retornos. Sin embargo, cuanto más poder reclama un Estado para hacer cumplir la ley, mayor es su responsabilidad de explicar cómo piensa utilizarlo.
Y aquí es donde empiezan mis dudas.
La nueva normativa contempla períodos de detención más largos (30 meses máximo), medidas de vigilancia electrónica, registros de viviendas y dispositivos electrónicos, e incluso la posibilidad de trasladar a determinadas personas a centros de retorno ubicados en terceros países. La mayoría de estas medidas incluyen referencias a autorizaciones judiciales o administrativas y al respeto de los derechos fundamentales. El problema es que todavía existen demasiadas preguntas sin responder.
La más importante tiene que ver con los llamados centros de retorno. El Parlamento Europeo ha explicado que podrán ubicarse fuera de la UE y que solo podrán funcionar en países que respeten los derechos humanos y el principio de no devolución. Pero todavía no está claro quién supervisará esos centros, quién responderá ante posibles abusos, qué tribunales serán competentes o cómo podrá una persona defender sus derechos una vez que ya no se encuentre en territorio europeo.
Y esa no es una preocupación menor. Cuando una política amplía significativamente las facultades del Estado, las garantías y los mecanismos de rendición de cuentas no pueden
quedar en segundo plano. Por eso creo que el debate no debería centrarse en si Europa tiene o no derecho a deportar. Lo tiene. La verdadera pregunta es si las nuevas herramientas que está construyendo cuentan con las garantías necesarias para evitar arbitrariedades y abusos.
La fortaleza de un Estado no se mide únicamente por su capacidad para expulsar a quienes incumplen la ley. También se mide por su capacidad para hacerlo respetando las reglas que justifican su autoridad. Europa tiene derecho a exigir el cumplimiento de sus normas migratorias. Lo que todavía debe demostrar es que puede hacerlo sin debilitar los principios que dice defender.
No es el derecho a deportar lo que está en debate
Desde que la Unión Europea anunció su nuevo sistema de retorno para inmigrantes sin derecho a permanecer en el territorio europeo, el debate parece haberse reducido a dos posiciones. Están quienes celebran que Europa finalmente esté recuperando el control de sus fronteras. Por otro lado, quienes denuncian una política inhumana y una máquina de deportaciones masivas. A mí me parece que ambas posturas simplifican demasiado un tema bastante más complejo.
Lo primero que tenemos que reconocer es algo que la mayoría de veces se pierde en la discusión pública: ningún Estado está obligado a permitir que cualquier persona permanezca indefinidamente en su territorio. Las fronteras existen, las leyes migratorias existen y los gobiernos tienen derecho a hacerlas cumplir. Defender esto no debería ser controversial. Tampoco debería confundirse con hostilidad hacia los migrantes.
Independientemente de las razones que llevan a una persona a migrar, y de lo difícil que pueda resultar hacerlo por las vías legales, una estancia irregular sigue siendo una estancia irregular. Comprender por qué alguien tomó esa decisión no elimina el hecho de que el Estado deja de tener certeza sobre quién ha ingresado, bajo qué condiciones permanece en el país o si cumple con las normas que se exigen al resto de personas. Precisamente por eso las políticas migratorias no pueden construirse únicamente sobre las circunstancias individuales de cada caso, sino también sobre la necesidad de mantener reglas claras y mecanismos efectivos para hacerlas cumplir.
Precisamente por eso me parece razonable que Europa quiera mejorar la efectividad de sus retornos. Sin embargo, cuanto más poder reclama un Estado para hacer cumplir la ley, mayor es su responsabilidad de explicar cómo piensa utilizarlo.
Y aquí es donde empiezan mis dudas.
La nueva normativa contempla períodos de detención más largos (30 meses máximo), medidas de vigilancia electrónica, registros de viviendas y dispositivos electrónicos, e incluso la posibilidad de trasladar a determinadas personas a centros de retorno ubicados en terceros países. La mayoría de estas medidas incluyen referencias a autorizaciones judiciales o administrativas y al respeto de los derechos fundamentales. El problema es que todavía existen demasiadas preguntas sin responder.
La más importante tiene que ver con los llamados centros de retorno. El Parlamento Europeo ha explicado que podrán ubicarse fuera de la UE y que solo podrán funcionar en países que respeten los derechos humanos y el principio de no devolución. Pero todavía no está claro quién supervisará esos centros, quién responderá ante posibles abusos, qué tribunales serán competentes o cómo podrá una persona defender sus derechos una vez que ya no se encuentre en territorio europeo.
Y esa no es una preocupación menor. Cuando una política amplía significativamente las facultades del Estado, las garantías y los mecanismos de rendición de cuentas no pueden
quedar en segundo plano. Por eso creo que el debate no debería centrarse en si Europa tiene o no derecho a deportar. Lo tiene. La verdadera pregunta es si las nuevas herramientas que está construyendo cuentan con las garantías necesarias para evitar arbitrariedades y abusos.
La fortaleza de un Estado no se mide únicamente por su capacidad para expulsar a quienes incumplen la ley. También se mide por su capacidad para hacerlo respetando las reglas que justifican su autoridad. Europa tiene derecho a exigir el cumplimiento de sus normas migratorias. Lo que todavía debe demostrar es que puede hacerlo sin debilitar los principios que dice defender.
