No es cuánto, sino dónde: tres claves sobre la AMPLIACIÓN presupuestaria
El enfoque debe estar en la calidad del gasto, en vez de “gastar por gastar”, de manera que los recursos de los contribuyentes se inviertan siguiendo una visión a largo plazo y enfocada en el bienestar de la población.
La suspensión provisional otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y la re-aprobación de la AMPLIACIÓN presupuestaria solicitada por el Organismo Ejecutivo, nuevamente, abre el debate sobre esta iniciativa. La lección más importante de este fallo es que no solo el contenido de la medida importa, sino que también la forma en la que se aprueba, dado que los reclamos de los diputados se centraron en las irregularidades en el proceso de aprobación.
No obstante, esto no significa que la discusión de fondo se deba dejar de lado, especialmente cuando la aprobación del presupuesto 2025 se encuentra en el horizonte cercano de los legisladores. Así pues, a fin de evitar otro revés en las próximas negociaciones, el oficialismo debería tomar esta situación como un aprendizaje y reflexionar sobre los elementos que fallaron en su propuesta.
Tres lagunas que empantanaron la “victoria” del oficialismo
La cifra de la ampliación presupuestaria, Q14 mil millones, se dice rápido, sin embargo, cuando se analiza el detalle, particularmente la distribución de los recursos, surgen dudas no solo sobre la necesidad de esta ampliación, sino que también de la capacidad de gestión y la intención detrás de la medida.
Como primer punto, es importante resaltar el rol tan crucial que juega el lenguaje en la redacción de este tipo de iniciativas, ya que este podría ser el elemento que anticipe el éxito o el fracaso de la medida. En primer lugar, en términos lingüísticos, lo que esta iniciativa propone no es un reajuste, sino una AMPLIACIÓN presupuestaria, dado que la intención no es modificar la distribución de los recursos, sino que aumentar el saldo del que dispone el gobierno. Adicionalmente, una primera lectura de la iniciativa evidencia cuán ambigua es la terminología empleada en la redacción, ya que únicamente habla sobre la distribución de los recursos en términos generales, como “salud”, “educación” e infraestructura”. Al no hacer explícito el desglose de los rubros en los que se van a invertir los recursos, se abre la puerta a la discrecionalidad en una futura asignación. Por lo tanto, en aras de la transparencia, especialmente si se trata del uso de los recursos de los contribuyentes, es esencial que los funcionarios utilicen la terminología correcta y especifiquen el destino del dinero.
Más que una “victoria” política, la resolución de la Corte y la re-aprobación de la ampliación se debe ver como una oportunidad para que el oficialismo afine los detalles en su propuesta para el presupuesto, de forma que, cuando presente la iniciativa para el 2025 esta esté redactada con base en criterios técnicos y no intereses políticos.
Un segundo punto de interés se enfoca en el cómo, no el cuánto. En enero de 2024, los ministerios ya contaban con Q. 48,342,609,626 y, hasta el momento, estos han devengado Q. 35,225,155,993, en conjunto. Sin embargo, en términos cualitativos, estos recursos no se han transformado en cambios sustanciales en las condiciones del país; es más, algunos incluso argumentarían que “estamos peor que hace ocho meses”. Consecuentemente, merece la pena cuestionar si el problema realmente está en la falta de recursos o en la distribución de los mismos.
El hecho de que las funciones del Estado y, por ende, también los recursos estén concentrados en las entidades del gobierno central, introduce un elemento de rigidez que inhibe a la administración de poder emplear los recursos de manera eficiente y eficaz. Por lo tanto, se deberían invertir más esfuerzos en la desconcentración de las funciones estatales, de manera que el gasto público no solo responda a las necesidades más inmediatas de la población, sino que también exista mayor flexibilidad en la asignación presupuestaria.
Por último, las autoridades competentes han justificado la ampliación bajo el argumento de que existe una mayor recaudación tributaria. Sin embargo, la lógica de a “mayor contribución, mayor presupuesto” es incorrecta. El enfoque debe estar en la calidad del gasto, en vez de “gastar por gastar”, de manera que los recursos de los contribuyentes se inviertan siguiendo una visión a largo plazo y enfocada en el bienestar de la población.
Más que una “victoria” política, la resolución de la Corte y la re-aprobación de la ampliación se debe ver como una oportunidad para que el oficialismo afine los detalles en su propuesta para el presupuesto, de forma que, cuando presente la iniciativa para el 2025 esta esté redactada con base en criterios técnicos y no intereses políticos.
No es cuánto, sino dónde: tres claves sobre la AMPLIACIÓN presupuestaria
El enfoque debe estar en la calidad del gasto, en vez de “gastar por gastar”, de manera que los recursos de los contribuyentes se inviertan siguiendo una visión a largo plazo y enfocada en el bienestar de la población.
La suspensión provisional otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y la re-aprobación de la AMPLIACIÓN presupuestaria solicitada por el Organismo Ejecutivo, nuevamente, abre el debate sobre esta iniciativa. La lección más importante de este fallo es que no solo el contenido de la medida importa, sino que también la forma en la que se aprueba, dado que los reclamos de los diputados se centraron en las irregularidades en el proceso de aprobación.
No obstante, esto no significa que la discusión de fondo se deba dejar de lado, especialmente cuando la aprobación del presupuesto 2025 se encuentra en el horizonte cercano de los legisladores. Así pues, a fin de evitar otro revés en las próximas negociaciones, el oficialismo debería tomar esta situación como un aprendizaje y reflexionar sobre los elementos que fallaron en su propuesta.
Tres lagunas que empantanaron la “victoria” del oficialismo
La cifra de la ampliación presupuestaria, Q14 mil millones, se dice rápido, sin embargo, cuando se analiza el detalle, particularmente la distribución de los recursos, surgen dudas no solo sobre la necesidad de esta ampliación, sino que también de la capacidad de gestión y la intención detrás de la medida.
Como primer punto, es importante resaltar el rol tan crucial que juega el lenguaje en la redacción de este tipo de iniciativas, ya que este podría ser el elemento que anticipe el éxito o el fracaso de la medida. En primer lugar, en términos lingüísticos, lo que esta iniciativa propone no es un reajuste, sino una AMPLIACIÓN presupuestaria, dado que la intención no es modificar la distribución de los recursos, sino que aumentar el saldo del que dispone el gobierno. Adicionalmente, una primera lectura de la iniciativa evidencia cuán ambigua es la terminología empleada en la redacción, ya que únicamente habla sobre la distribución de los recursos en términos generales, como “salud”, “educación” e infraestructura”. Al no hacer explícito el desglose de los rubros en los que se van a invertir los recursos, se abre la puerta a la discrecionalidad en una futura asignación. Por lo tanto, en aras de la transparencia, especialmente si se trata del uso de los recursos de los contribuyentes, es esencial que los funcionarios utilicen la terminología correcta y especifiquen el destino del dinero.
Más que una “victoria” política, la resolución de la Corte y la re-aprobación de la ampliación se debe ver como una oportunidad para que el oficialismo afine los detalles en su propuesta para el presupuesto, de forma que, cuando presente la iniciativa para el 2025 esta esté redactada con base en criterios técnicos y no intereses políticos.
Un segundo punto de interés se enfoca en el cómo, no el cuánto. En enero de 2024, los ministerios ya contaban con Q. 48,342,609,626 y, hasta el momento, estos han devengado Q. 35,225,155,993, en conjunto. Sin embargo, en términos cualitativos, estos recursos no se han transformado en cambios sustanciales en las condiciones del país; es más, algunos incluso argumentarían que “estamos peor que hace ocho meses”. Consecuentemente, merece la pena cuestionar si el problema realmente está en la falta de recursos o en la distribución de los mismos.
El hecho de que las funciones del Estado y, por ende, también los recursos estén concentrados en las entidades del gobierno central, introduce un elemento de rigidez que inhibe a la administración de poder emplear los recursos de manera eficiente y eficaz. Por lo tanto, se deberían invertir más esfuerzos en la desconcentración de las funciones estatales, de manera que el gasto público no solo responda a las necesidades más inmediatas de la población, sino que también exista mayor flexibilidad en la asignación presupuestaria.
Por último, las autoridades competentes han justificado la ampliación bajo el argumento de que existe una mayor recaudación tributaria. Sin embargo, la lógica de a “mayor contribución, mayor presupuesto” es incorrecta. El enfoque debe estar en la calidad del gasto, en vez de “gastar por gastar”, de manera que los recursos de los contribuyentes se inviertan siguiendo una visión a largo plazo y enfocada en el bienestar de la población.
Más que una “victoria” política, la resolución de la Corte y la re-aprobación de la ampliación se debe ver como una oportunidad para que el oficialismo afine los detalles en su propuesta para el presupuesto, de forma que, cuando presente la iniciativa para el 2025 esta esté redactada con base en criterios técnicos y no intereses políticos.