EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha llegado a su fin. Evidentemente, desde los comicios electorales, se sabía que esta administración iba a estar marcada por la incertidumbre, la volatilidad, las fracturas y la coyuntura política. Es más, de confirmarse la cancelación del partido Movimiento Semilla, sería la primera vez en la historia que la agrupación política oficialista desaparece mientras hacen gobierno. Por lo tanto, no debería de extrañar que el primer ciclo político en manos de Arévalo fuera de difícil arranque. Sin embargo, al observar la percepción ciudadana, los resultados políticos y las victorias de gobierno, se puede concluir que entre el Ejecutivo y el Legislativo el marcador no está empatado.
Tomando en cuenta la baja ejecución de las entidades vinculadas al Ejecutivo, la falta de agilidad política y la inestabilidad de los cargos, es evidente que el órgano encabezado por el presidente perdió la partida. Después de un año, el presidente Arévalo no ha encontrado suelo firme desde el cual avanzar en su agenda de gobierno y cumplir en todas sus promesas de campaña. Asimismo, encerrado en el discurso de la anticorrupción, las carteras del Ejecutivo han gastado más recursos y tiempo en recriminar acciones pasadas y culpar a funcionarios anteriores, que en dejar su propio legado plasmado en acciones en beneficio de la población. En cambio, el Legislativo, debido a que ha conseguido conciliar la hiperfragmentación a lo interno del hemiciclo, ha conseguido un margen de maniobra bastante amplio para aprobar una agenda robusta; no obstante, la falta de experiencia ha demostrado que la cantidad no es símbolo de calidad.
Más bulto normativo, una señal de inexperiencia e ineficiencia
Las fuentes oficiales del gobierno celebran la actividad que ha tenido el Congreso y califican como positivo que este año se han emitido 36 decretos, frente a 18 del año pasado, lo cual representa un incremento del 100 %. Además, la mayor parte de ellos, 20, se aprobaron en el Segundo Período de Sesiones Ordinarias.
Ahora bien, a pesar de que a primera vista estos datos podrían representar un alto grado de eficiencia en la producción legislativa, en realidad, pone en evidencia dos debilidades de la X Legislatura: la falta de conocimiento normativo y la falta de agilidad política.
En el corto plazo, estos errores se han transformado en réditos políticos; sin embargo, a la larga, tendrá consecuencias negativas sobre el gasto público, la ejecución de los recursos y, por ende, sobre la población que debe pagar la factura.
En primer lugar, partiendo de la premisa de que las leyes deben ser generales y abstractas, una mayor carga legislativa es un reflejo de la falta de conocimiento del marco normativo, el cual ya cuenta con las premisas necesarias para garantizar la actividad mínima del Estado y preservar la autonomía de los ciudadanos. De lo contrario, más leyes únicamente abren más espacios para la discrecionalidad y la intromisión en la vida privada.
En segundo lugar, el hecho de que la mayor parte de los decretos se hayan aprobado en la segunda mitad del período legislativo sugiere que la estrategia del oficialismo cambió en el segundo tiempo. Es decir, a pesar de que el oficialismo inició el año fortalecido y con amplias capas de apoyo, su hermetismo generó desencanto en los otros legisladores y fortaleció a la oposición. Como consecuencia, los primeros meses en el Congreso estuvieron marcados por el estancamiento. No obstante, ante la falta de agilidad política por parte del oficialismo, ellos tuvieron que decidir entre abandonar su agenda o retomar las prácticas del pasado que tanto criticaron. Evidentemente, la segunda opción fue la elegida.
Además, hay que tomar en cuenta que, debido a la prisa con la que se quería aprobar los decretos, a fin de cumplir con las metas establecidas, muchos errores se cometieron, como lo refleja la aprobación del Presupuesto 2025, la Ley Marco para la Integración del Sector Primario y Agropecuario, entre otras. En el corto plazo, estos errores se han transformado en réditos políticos; sin embargo, a la larga, tendrá consecuencias negativas sobre el gasto público, la ejecución de los recursos y, por ende, sobre la población que debe pagar la factura.
Así, pues, es evidente que, en vez de apuntarle a la cantidad, la prioridad debería de ser la calidad. De lo contrario, únicamente se crea mayor ineficiencia estatal, confusión normativa y discrecionalidad en el ejercicio público.
No es cantidad, es calidad
El primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha llegado a su fin. Evidentemente, desde los comicios electorales, se sabía que esta administración iba a estar marcada por la incertidumbre, la volatilidad, las fracturas y la coyuntura política. Es más, de confirmarse la cancelación del partido Movimiento Semilla, sería la primera vez en la historia que la agrupación política oficialista desaparece mientras hacen gobierno. Por lo tanto, no debería de extrañar que el primer ciclo político en manos de Arévalo fuera de difícil arranque. Sin embargo, al observar la percepción ciudadana, los resultados políticos y las victorias de gobierno, se puede concluir que entre el Ejecutivo y el Legislativo el marcador no está empatado.
Tomando en cuenta la baja ejecución de las entidades vinculadas al Ejecutivo, la falta de agilidad política y la inestabilidad de los cargos, es evidente que el órgano encabezado por el presidente perdió la partida. Después de un año, el presidente Arévalo no ha encontrado suelo firme desde el cual avanzar en su agenda de gobierno y cumplir en todas sus promesas de campaña. Asimismo, encerrado en el discurso de la anticorrupción, las carteras del Ejecutivo han gastado más recursos y tiempo en recriminar acciones pasadas y culpar a funcionarios anteriores, que en dejar su propio legado plasmado en acciones en beneficio de la población. En cambio, el Legislativo, debido a que ha conseguido conciliar la hiperfragmentación a lo interno del hemiciclo, ha conseguido un margen de maniobra bastante amplio para aprobar una agenda robusta; no obstante, la falta de experiencia ha demostrado que la cantidad no es símbolo de calidad.
Más bulto normativo, una señal de inexperiencia e ineficiencia
Las fuentes oficiales del gobierno celebran la actividad que ha tenido el Congreso y califican como positivo que este año se han emitido 36 decretos, frente a 18 del año pasado, lo cual representa un incremento del 100 %. Además, la mayor parte de ellos, 20, se aprobaron en el Segundo Período de Sesiones Ordinarias.
Ahora bien, a pesar de que a primera vista estos datos podrían representar un alto grado de eficiencia en la producción legislativa, en realidad, pone en evidencia dos debilidades de la X Legislatura: la falta de conocimiento normativo y la falta de agilidad política.
En el corto plazo, estos errores se han transformado en réditos políticos; sin embargo, a la larga, tendrá consecuencias negativas sobre el gasto público, la ejecución de los recursos y, por ende, sobre la población que debe pagar la factura.
En primer lugar, partiendo de la premisa de que las leyes deben ser generales y abstractas, una mayor carga legislativa es un reflejo de la falta de conocimiento del marco normativo, el cual ya cuenta con las premisas necesarias para garantizar la actividad mínima del Estado y preservar la autonomía de los ciudadanos. De lo contrario, más leyes únicamente abren más espacios para la discrecionalidad y la intromisión en la vida privada.
En segundo lugar, el hecho de que la mayor parte de los decretos se hayan aprobado en la segunda mitad del período legislativo sugiere que la estrategia del oficialismo cambió en el segundo tiempo. Es decir, a pesar de que el oficialismo inició el año fortalecido y con amplias capas de apoyo, su hermetismo generó desencanto en los otros legisladores y fortaleció a la oposición. Como consecuencia, los primeros meses en el Congreso estuvieron marcados por el estancamiento. No obstante, ante la falta de agilidad política por parte del oficialismo, ellos tuvieron que decidir entre abandonar su agenda o retomar las prácticas del pasado que tanto criticaron. Evidentemente, la segunda opción fue la elegida.
Además, hay que tomar en cuenta que, debido a la prisa con la que se quería aprobar los decretos, a fin de cumplir con las metas establecidas, muchos errores se cometieron, como lo refleja la aprobación del Presupuesto 2025, la Ley Marco para la Integración del Sector Primario y Agropecuario, entre otras. En el corto plazo, estos errores se han transformado en réditos políticos; sin embargo, a la larga, tendrá consecuencias negativas sobre el gasto público, la ejecución de los recursos y, por ende, sobre la población que debe pagar la factura.
Así, pues, es evidente que, en vez de apuntarle a la cantidad, la prioridad debería de ser la calidad. De lo contrario, únicamente se crea mayor ineficiencia estatal, confusión normativa y discrecionalidad en el ejercicio público.
