Esta columna la inspiró un amigo y colega que en redes sociales escribió “Somos un gobierno de asesores, conocimiento profundo, pero poca experiencia operando la máquina. Lección más importante: patojos, métanse ya a la cosa pública, hay que aprender cómo funciona”.
Eventos recientes confirman una hipótesis que he sostenido desde el inicio de esta administración, y es que se necesitan muchas nuevas buenas personas para cubrir los puestos clave que tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones, la ejecución del presupuesto, la rendición de cuentas, y el rediseño institucional de un Estado que poco a poco ha ido viendo cómo se escurren entre los dedos las oportunidades de cumplir con lo que la ley les obliga en cuanto a provisión de bienes y servicios públicos. Se necesitan muchos, pero no se tienen. Existen buenos candidatos, pero no quieren. Y Hay quienes quieren, pero no les podrían pagar lo que valen.
El aparato público, dependiendo de la fuente, oscila entre 480 mil y 560 mil funcionarios, sin tomar en cuenta empleados municipales y otros trabajadores de entidades autónomas y descentralizadas. A ojo de buen cubero, fácilmente llegaremos a 850 mil personas que deben aprender sobre administración pública a lo largo de sus carreras, no siendo suficiente el exiguo conocimiento que puedan adquirir en algún centro de formación a nivel medio y superior.
¿Qué pasa con cada cambio de Gobierno? Lastimosamente, muchos tenemos la idea preconcebida que si los resultados de una administración no fueron acordes a lo “esperado”, es necesario cambiar, remover, destituir, y despedir funcionarios… lo más pronto posible. No obstante, bajo esta forma de ver las cosas, cada cuatro años se pierde algo del poco talento con el que se cuenta, y se desecha la inversión de mucho tiempo del Estado en formar personas con conocimiento, habilidades y experiencia en procesos, regulaciones, normativa, gestión, e implementación de proyectos y programas.
Solamente si se dedica atención a este tema se podrá recuperar la institucionalidad pública y llevarla a condiciones similares a las de los países que con admiración encomiamos. Y sólo a través de un compromiso claro con la renovación de la función pública se podrá evitar que sigan siendo titulares de prensa las destituciones y despidos, sin siquiera contar con uno o más candidatos capaces de sustituir a los salientes.
Espero que mi afirmación no induzca a considerar inamovibles de sus puestos a muchos funcionarios que no han cumplido con su función, pero para ello debe haber claros mecanismos de reclutamiento, contratación, promoción, sanción y remoción. Como lo aprendí durante años trabajando con algunos gobiernos en Asia, el servicio civil es la piedra angular para que el Estado funcione, y se necesita de muchos años para llegar a dominar todos los vericuetos que la legislación demanda y aprender a responder a lo que la población exige.
Si yo pudiera pedirle algo al actual Gobierno no sería mayores presupuestos o nuevos programas; ni siquiera es llevar a últimas instancias la consigna de cero tolerancia a la corrupción. Mi petición se centraría en darle fortaleza al servicio civil, creando sistemas que permitan hacer un seguimiento a detalle de la carrera del funcionario público, reconocer adecuadamente el valor que genera a la sociedad y compensarlo de acuerdo con estándares de calidad. Y, con esto, ser capaces de atraer el mejor talento del país a un área profesional que pareciera hemos desprestigiado y aborrecido durante décadas.
Solamente si se dedica atención a este tema se podrá recuperar la institucionalidad pública y llevarla a condiciones similares a las de los países que con admiración encomiamos. Y sólo a través de un compromiso claro con la renovación de la función pública se podrá evitar que sigan siendo titulares de prensa las destituciones y despidos, sin siquiera contar con uno o más candidatos capaces de sustituir a los salientes, candidatos que puedan demostrar que cumplen los requisitos para desempeñar la función acorde a los retos que presenta un país como Guatemala.
Muchos no quieren, otros no pueden, ¿quién se anima?
Esta columna la inspiró un amigo y colega que en redes sociales escribió “Somos un gobierno de asesores, conocimiento profundo, pero poca experiencia operando la máquina. Lección más importante: patojos, métanse ya a la cosa pública, hay que aprender cómo funciona”.
Eventos recientes confirman una hipótesis que he sostenido desde el inicio de esta administración, y es que se necesitan muchas nuevas buenas personas para cubrir los puestos clave que tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones, la ejecución del presupuesto, la rendición de cuentas, y el rediseño institucional de un Estado que poco a poco ha ido viendo cómo se escurren entre los dedos las oportunidades de cumplir con lo que la ley les obliga en cuanto a provisión de bienes y servicios públicos. Se necesitan muchos, pero no se tienen. Existen buenos candidatos, pero no quieren. Y Hay quienes quieren, pero no les podrían pagar lo que valen.
El aparato público, dependiendo de la fuente, oscila entre 480 mil y 560 mil funcionarios, sin tomar en cuenta empleados municipales y otros trabajadores de entidades autónomas y descentralizadas. A ojo de buen cubero, fácilmente llegaremos a 850 mil personas que deben aprender sobre administración pública a lo largo de sus carreras, no siendo suficiente el exiguo conocimiento que puedan adquirir en algún centro de formación a nivel medio y superior.
¿Qué pasa con cada cambio de Gobierno? Lastimosamente, muchos tenemos la idea preconcebida que si los resultados de una administración no fueron acordes a lo “esperado”, es necesario cambiar, remover, destituir, y despedir funcionarios… lo más pronto posible. No obstante, bajo esta forma de ver las cosas, cada cuatro años se pierde algo del poco talento con el que se cuenta, y se desecha la inversión de mucho tiempo del Estado en formar personas con conocimiento, habilidades y experiencia en procesos, regulaciones, normativa, gestión, e implementación de proyectos y programas.
Solamente si se dedica atención a este tema se podrá recuperar la institucionalidad pública y llevarla a condiciones similares a las de los países que con admiración encomiamos. Y sólo a través de un compromiso claro con la renovación de la función pública se podrá evitar que sigan siendo titulares de prensa las destituciones y despidos, sin siquiera contar con uno o más candidatos capaces de sustituir a los salientes.
Espero que mi afirmación no induzca a considerar inamovibles de sus puestos a muchos funcionarios que no han cumplido con su función, pero para ello debe haber claros mecanismos de reclutamiento, contratación, promoción, sanción y remoción. Como lo aprendí durante años trabajando con algunos gobiernos en Asia, el servicio civil es la piedra angular para que el Estado funcione, y se necesita de muchos años para llegar a dominar todos los vericuetos que la legislación demanda y aprender a responder a lo que la población exige.
Si yo pudiera pedirle algo al actual Gobierno no sería mayores presupuestos o nuevos programas; ni siquiera es llevar a últimas instancias la consigna de cero tolerancia a la corrupción. Mi petición se centraría en darle fortaleza al servicio civil, creando sistemas que permitan hacer un seguimiento a detalle de la carrera del funcionario público, reconocer adecuadamente el valor que genera a la sociedad y compensarlo de acuerdo con estándares de calidad. Y, con esto, ser capaces de atraer el mejor talento del país a un área profesional que pareciera hemos desprestigiado y aborrecido durante décadas.
Solamente si se dedica atención a este tema se podrá recuperar la institucionalidad pública y llevarla a condiciones similares a las de los países que con admiración encomiamos. Y sólo a través de un compromiso claro con la renovación de la función pública se podrá evitar que sigan siendo titulares de prensa las destituciones y despidos, sin siquiera contar con uno o más candidatos capaces de sustituir a los salientes, candidatos que puedan demostrar que cumplen los requisitos para desempeñar la función acorde a los retos que presenta un país como Guatemala.