EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El reloj no se detiene. Mientras Guatemala posterga los debates, el sistema financiero internacional avanza hacia estándares que no esperan rezagados. La disyuntiva es brutal en su simplicidad: modernizar ahora el marco contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, o aceptar un aislamiento que costará millones en oportunidades perdidas. La iniciativa de ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, representa la actualización estructural que el país necesita para proteger su economía, su reputación y el bienestar de millones de hogares que dependen del crédito, del comercio exterior y de las remesas.
El andamiaje vigente, anclado en el Decreto 67-2001 y la Resolución JM-191-2001, fue pionero en su momento. Dos décadas más tarde opera como un marco rígido frente a amenazas rápidas y transnacionales. Persisten umbrales fijos y controles pensados para una realidad bancaria de papel, mientras proliferan estructuras societarias complejas, criptoactivos y operadores que fragmentan operaciones en múltiples jurisdicciones. El resultado es predecible: cumplimiento formal, sí; eficacia sustantiva, no siempre.
La iniciativa de ley impulsa el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), estándar hoy dominante. El EBR es simple en su lógica: priorizar recursos donde el riesgo es mayor, y no tratar todas las operaciones por igual. Un sistema anclado en reglas rígidas exige revisar a todos con el mismo lente; un sistema basado en riesgo permite distinguir: una transferencia de una empresa consolidada no merece el mismo escrutinio que movimientos de entidades fantasma con vínculos en paraísos fiscales.
Mejorar la identificación del beneficiario final; y fortalecer la debida diligencia intensiva en clientes, productos, canales y zonas geográficas más expuestas. En la práctica, se trata de pasar del cumplir por cumplir a gestionar el riesgo. Es también una buena noticia para los sujetos obligados: controles más inteligentes significan menos fricción para el cliente de bajo riesgo y más foco donde realmente se necesita.
El tiempo es implacable. La adopción normativa en 2025 y la implementación verificable antes de 2027 marcan la diferencia entre permanecer como plaza confiable o ingresar a listas de seguimiento reforzado. La lista gris implica costos tangibles: mayor escrutinio en operaciones internacionales, encarecimiento de transacciones, dilaciones en pagos a proveedores, y mayores exigencias para sostener relaciones de corresponsalía bancaria. En un país donde las remesas superan el 20 % del PIB —más de USD 20MM anuales—, cada punto porcentual de fricción adicional significa millones menos en los bolsillos de familias guatemaltecas.
Tampoco se trata solo del sector financiero. Comercio, construcción, agroindustria, fintechs, economías digitales y exportadores ven condicionado su acceso a crédito y mercados cuando la jurisdicción de origen eleva su riesgo percibido. El capital internacional exige primas más altas, y los proyectos se posponen o se redimensionan. El daño es invisible hasta que se vuelve irreversible: menos inversión, menor productividad, empleo formal postergado.
La contratación pública es el talón de Aquiles del sistema. Colusión, sobreprecios, facturación falsa y redes de intermediarios que blanquean recursos: el catálogo de irregularidades es extenso y costoso.
Incorporar a los contratistas del Estado como sujetos obligados —con debida diligencia, monitoreo y reporte— no criminaliza a quien compite limpiamente; más bien nivela la cancha, protege al proveedor cumplido y refuerza la integridad del gasto público. La trazabilidad de flujos en cadenas de suministro asociadas a compras públicas es hoy un estándar razonable: evita que recursos ilícitos subsidien ofertas artificialmente bajas y devuelvan al erario bienes y servicios de mala calidad.
Otro pilar es la transparencia de la propiedad real. Sin identificar al beneficiario final, la supervisión queda a ciegas. La experiencia regional muestra que las estructuras en cascada, fideicomisos opacos o empresas de papel suelen operar como vehículos para disimular el origen de fondos. Un registro útil, verificable y accesible a autoridades competentes reduce ese riesgo y otorga confianza a inversionistas y contrapartes internacionales. La Iniciativa 6593 avanza en esa dirección y coloca incentivos para que las empresas cumplan sin paralizar la actividad.
La modernización no termina con la aprobación. Supone tecnología(monitorización transaccional, analítica, machine learning aplicable a tipologías específicas), datos de calidad (interoperabilidad, actualización oportuna, cruces con fuentes confiables) y talento (equipos de cumplimiento y supervisión con perfil analítico y conocimiento sectorial). Cada quetzal invertido en estos tres frentes previene múltiples quetzales en sanciones, pérdidas de relaciones de negocio y litigios.
Un punto central es la proporcionalidad: el cumplimiento debe ser escalable para micro, pequeñas y medianas empresas. El EBR permite diseñar obligaciones diferenciadas y acompañamientos técnicos que eviten sobrecargar al pequeño proveedor sin sacrificar estándares. Manuales simplificados, plantillas de evaluación y módulos de capacitación sectoriales pueden marcar la diferencia.
Algunos argumentan que modernizar “es caro”. Lo es. Pero el costo de no actuares superior y más difícil de revertir. La salida de corresponsales, por ejemplo, no se corrige de un día para otro: requiere demostrar avances sostenidos, revalidar controles y reconstruir confianza. Igualmente, una prima de riesgo país elevada encarece el financiamiento soberano y privado, afectando la inversión en infraestructura, vivienda y capital de trabajo. En términos simples: la inacción es un impuesto invisible que pagan hogares y empresas.
Además, la informalidad encuentra terreno fértil cuando el sistema formal se vuelve lento, caro o impredecible. Un régimen LA/FT eficaz, proporcional y claro incentiva la formalización: reduce la arbitrariedad, acota oportunidades de corrupción y mejora la calidad del servicio financiero.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de modernizar. La pregunta es si podemos darnos el lujo de no hacerlo. La respuesta la conocen las familias que dependen de remesas, los empresarios que necesitan crédito y el Estado que requiere financiamiento.
La Iniciativa 6593 envía una señal de previsibilidad. Define estándares, clarifica roles, delimita sanciones y acota discrecionalidades. Para el sector privado, esa certeza es tan valiosa como el texto mismo. Permite planificar inversiones en cumplimiento, priorizar procesos críticos y negociar con contrapartes internacionales desde una posición de mayor credibilidad. Para el supervisor, lo esencial es contar con facultades claras y recursos suficientes para ejercerlas con independencia técnica.
Para maximizar el impacto positivo, conviene articular una hoja de ruta con responsabilidades y plazos:
- Reglamentación temprana y participativa. Elaborar reglamentos con consulta técnica multisectorial, priorizando definiciones operativas de matrices de riesgo, beneficiario final, debida diligencia reforzada y reportes.
- Guías y tipologías sectoriales. Publicar guías por industria (financiera, construcción, comercio exterior, fintech, proveedores del Estado) con ejemplos prácticos, listas de indicadores de alerta y buenas prácticas.
- Capacitación masiva y diferenciada. Programas obligatorios y modulares, con contenidos adaptados al tamaño de la entidad. El objetivo es elevar las capacidades sin ahogar a las MIPYMES.
- Interoperabilidad y datos. Hay que asegurar que las plataformas de reporte y verificación dialoguen entre sí y con bases de datos relevantes; evitar duplicidades que encarezcan el cumplimiento.
- Supervisión basada en riesgo. Inspecciones y sanciones proporcionales, con métricas de desempeño público-privadas que fomenten la mejora continua.
- Transparencia y rendición de cuentas. Informes periódicos de avances en implementación, con indicadores verificables que la comunidad internacional pueda auditar.
Modernizar el régimen LA/FT no debería fracturar agendas políticas legítimamente diversas. Es un interés nacional que protege a consumidores, empresas y al propio Estado. A diferencia de otras reformas, sus beneficios —menor riesgo, mayor crédito, mejor reputación— se reparten ampliamente; y sus costos son manejables si se planifican con proporcionalidad y apoyo técnico. La experiencia de países vecinos demuestra que el tránsito es factible y redituable cuando existe convicción y conducción técnica.
La alternativa a la modernización es clara: aislamiento creciente, costos financieros al alza y estigmatización como jurisdicción riesgosa. En cambio, adoptar la Iniciativa 6593 y ejecutarla con seriedad coloca a Guatemala en la senda de la transparencia y la competitividad. No se trata de complacer a observadores externos; se trata de proteger el ahorro de las familias, el esfuerzo de los emprendedores y la capacidad del Estado para financiar servicios públicos en condiciones razonables.
El reloj no espera. Mientras otros países de la región ya implementan estos estándares, Guatemala consume tiempo valioso postergando los debates. Cada mes sin avances es un mes más cerca del aislamiento financiero.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de modernizar. La pregunta es si podemos darnos el lujo de no hacerlo. La respuesta la conocen las familias que dependen de remesas, los empresarios que necesitan crédito y el Estado que requiere financiamiento.
La modernización no es una opción. Es supervivencia económica.
Modernización o aislamiento: la decisión que no puede posponerse
El reloj no se detiene. Mientras Guatemala posterga los debates, el sistema financiero internacional avanza hacia estándares que no esperan rezagados. La disyuntiva es brutal en su simplicidad: modernizar ahora el marco contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, o aceptar un aislamiento que costará millones en oportunidades perdidas. La iniciativa de ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, representa la actualización estructural que el país necesita para proteger su economía, su reputación y el bienestar de millones de hogares que dependen del crédito, del comercio exterior y de las remesas.
El andamiaje vigente, anclado en el Decreto 67-2001 y la Resolución JM-191-2001, fue pionero en su momento. Dos décadas más tarde opera como un marco rígido frente a amenazas rápidas y transnacionales. Persisten umbrales fijos y controles pensados para una realidad bancaria de papel, mientras proliferan estructuras societarias complejas, criptoactivos y operadores que fragmentan operaciones en múltiples jurisdicciones. El resultado es predecible: cumplimiento formal, sí; eficacia sustantiva, no siempre.
La iniciativa de ley impulsa el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), estándar hoy dominante. El EBR es simple en su lógica: priorizar recursos donde el riesgo es mayor, y no tratar todas las operaciones por igual. Un sistema anclado en reglas rígidas exige revisar a todos con el mismo lente; un sistema basado en riesgo permite distinguir: una transferencia de una empresa consolidada no merece el mismo escrutinio que movimientos de entidades fantasma con vínculos en paraísos fiscales.
Mejorar la identificación del beneficiario final; y fortalecer la debida diligencia intensiva en clientes, productos, canales y zonas geográficas más expuestas. En la práctica, se trata de pasar del cumplir por cumplir a gestionar el riesgo. Es también una buena noticia para los sujetos obligados: controles más inteligentes significan menos fricción para el cliente de bajo riesgo y más foco donde realmente se necesita.
El tiempo es implacable. La adopción normativa en 2025 y la implementación verificable antes de 2027 marcan la diferencia entre permanecer como plaza confiable o ingresar a listas de seguimiento reforzado. La lista gris implica costos tangibles: mayor escrutinio en operaciones internacionales, encarecimiento de transacciones, dilaciones en pagos a proveedores, y mayores exigencias para sostener relaciones de corresponsalía bancaria. En un país donde las remesas superan el 20 % del PIB —más de USD 20MM anuales—, cada punto porcentual de fricción adicional significa millones menos en los bolsillos de familias guatemaltecas.
Tampoco se trata solo del sector financiero. Comercio, construcción, agroindustria, fintechs, economías digitales y exportadores ven condicionado su acceso a crédito y mercados cuando la jurisdicción de origen eleva su riesgo percibido. El capital internacional exige primas más altas, y los proyectos se posponen o se redimensionan. El daño es invisible hasta que se vuelve irreversible: menos inversión, menor productividad, empleo formal postergado.
La contratación pública es el talón de Aquiles del sistema. Colusión, sobreprecios, facturación falsa y redes de intermediarios que blanquean recursos: el catálogo de irregularidades es extenso y costoso.
Incorporar a los contratistas del Estado como sujetos obligados —con debida diligencia, monitoreo y reporte— no criminaliza a quien compite limpiamente; más bien nivela la cancha, protege al proveedor cumplido y refuerza la integridad del gasto público. La trazabilidad de flujos en cadenas de suministro asociadas a compras públicas es hoy un estándar razonable: evita que recursos ilícitos subsidien ofertas artificialmente bajas y devuelvan al erario bienes y servicios de mala calidad.
Otro pilar es la transparencia de la propiedad real. Sin identificar al beneficiario final, la supervisión queda a ciegas. La experiencia regional muestra que las estructuras en cascada, fideicomisos opacos o empresas de papel suelen operar como vehículos para disimular el origen de fondos. Un registro útil, verificable y accesible a autoridades competentes reduce ese riesgo y otorga confianza a inversionistas y contrapartes internacionales. La Iniciativa 6593 avanza en esa dirección y coloca incentivos para que las empresas cumplan sin paralizar la actividad.
La modernización no termina con la aprobación. Supone tecnología(monitorización transaccional, analítica, machine learning aplicable a tipologías específicas), datos de calidad (interoperabilidad, actualización oportuna, cruces con fuentes confiables) y talento (equipos de cumplimiento y supervisión con perfil analítico y conocimiento sectorial). Cada quetzal invertido en estos tres frentes previene múltiples quetzales en sanciones, pérdidas de relaciones de negocio y litigios.
Un punto central es la proporcionalidad: el cumplimiento debe ser escalable para micro, pequeñas y medianas empresas. El EBR permite diseñar obligaciones diferenciadas y acompañamientos técnicos que eviten sobrecargar al pequeño proveedor sin sacrificar estándares. Manuales simplificados, plantillas de evaluación y módulos de capacitación sectoriales pueden marcar la diferencia.
Algunos argumentan que modernizar “es caro”. Lo es. Pero el costo de no actuares superior y más difícil de revertir. La salida de corresponsales, por ejemplo, no se corrige de un día para otro: requiere demostrar avances sostenidos, revalidar controles y reconstruir confianza. Igualmente, una prima de riesgo país elevada encarece el financiamiento soberano y privado, afectando la inversión en infraestructura, vivienda y capital de trabajo. En términos simples: la inacción es un impuesto invisible que pagan hogares y empresas.
Además, la informalidad encuentra terreno fértil cuando el sistema formal se vuelve lento, caro o impredecible. Un régimen LA/FT eficaz, proporcional y claro incentiva la formalización: reduce la arbitrariedad, acota oportunidades de corrupción y mejora la calidad del servicio financiero.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de modernizar. La pregunta es si podemos darnos el lujo de no hacerlo. La respuesta la conocen las familias que dependen de remesas, los empresarios que necesitan crédito y el Estado que requiere financiamiento.
La Iniciativa 6593 envía una señal de previsibilidad. Define estándares, clarifica roles, delimita sanciones y acota discrecionalidades. Para el sector privado, esa certeza es tan valiosa como el texto mismo. Permite planificar inversiones en cumplimiento, priorizar procesos críticos y negociar con contrapartes internacionales desde una posición de mayor credibilidad. Para el supervisor, lo esencial es contar con facultades claras y recursos suficientes para ejercerlas con independencia técnica.
Para maximizar el impacto positivo, conviene articular una hoja de ruta con responsabilidades y plazos:
- Reglamentación temprana y participativa. Elaborar reglamentos con consulta técnica multisectorial, priorizando definiciones operativas de matrices de riesgo, beneficiario final, debida diligencia reforzada y reportes.
- Guías y tipologías sectoriales. Publicar guías por industria (financiera, construcción, comercio exterior, fintech, proveedores del Estado) con ejemplos prácticos, listas de indicadores de alerta y buenas prácticas.
- Capacitación masiva y diferenciada. Programas obligatorios y modulares, con contenidos adaptados al tamaño de la entidad. El objetivo es elevar las capacidades sin ahogar a las MIPYMES.
- Interoperabilidad y datos. Hay que asegurar que las plataformas de reporte y verificación dialoguen entre sí y con bases de datos relevantes; evitar duplicidades que encarezcan el cumplimiento.
- Supervisión basada en riesgo. Inspecciones y sanciones proporcionales, con métricas de desempeño público-privadas que fomenten la mejora continua.
- Transparencia y rendición de cuentas. Informes periódicos de avances en implementación, con indicadores verificables que la comunidad internacional pueda auditar.
Modernizar el régimen LA/FT no debería fracturar agendas políticas legítimamente diversas. Es un interés nacional que protege a consumidores, empresas y al propio Estado. A diferencia de otras reformas, sus beneficios —menor riesgo, mayor crédito, mejor reputación— se reparten ampliamente; y sus costos son manejables si se planifican con proporcionalidad y apoyo técnico. La experiencia de países vecinos demuestra que el tránsito es factible y redituable cuando existe convicción y conducción técnica.
La alternativa a la modernización es clara: aislamiento creciente, costos financieros al alza y estigmatización como jurisdicción riesgosa. En cambio, adoptar la Iniciativa 6593 y ejecutarla con seriedad coloca a Guatemala en la senda de la transparencia y la competitividad. No se trata de complacer a observadores externos; se trata de proteger el ahorro de las familias, el esfuerzo de los emprendedores y la capacidad del Estado para financiar servicios públicos en condiciones razonables.
El reloj no espera. Mientras otros países de la región ya implementan estos estándares, Guatemala consume tiempo valioso postergando los debates. Cada mes sin avances es un mes más cerca del aislamiento financiero.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de modernizar. La pregunta es si podemos darnos el lujo de no hacerlo. La respuesta la conocen las familias que dependen de remesas, los empresarios que necesitan crédito y el Estado que requiere financiamiento.
La modernización no es una opción. Es supervivencia económica.
