EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Lisandros nació en Fenicia pero lleva veinte años viviendo en el puerto de Atenas. Arrienda un taller donde fabrica ánforas para exportar aceite. Contrata trabajadores libres y esclavos. No pidió permiso a nadie para abrir el negocio. Nadie le exige informes mensuales. Si un socio comercial le incumple un contrato, existe un tribunal que resuelve el conflicto en pocas semanas, sin importar que él sea extranjero. Lisandros no es ciudadano ateniense —nunca lo será, porque es meteco, es decir, extranjero residente— pero en la Atenas del siglo IV antes de Cristo puede comprar propiedades, prestar dinero con interés, exportar a cualquier puerto del Mediterráneo y defender sus derechos ante un jurado seleccionado por sorteo. Vive, en términos económicos, en uno de los entornos más libres que ha conocido la historia. Y esto no es una metáfora.
En 2011, los economistas Andreas Bergh y Carl Hampus Lyttkens, de la Universidad de Lund, en Suecia publicaron un estudio que todavía desafía muchas ideas convencionales sobre la libertad económica. Tomaron el índice de libertad económica del Fraser Institute —el mismo que hoy clasifica a más de 160 países— y lo aplicaron, componente por componente, a la Atenas clásica del siglo IV a.C. Tras revisar fuentes históricas, comparar instituciones y calibrar cada variable con países modernos de referencia, llegaron a una conclusión sorprendente: Atenas habría obtenido 8.9 puntos sobre 10. En el año utilizado para la comparación, Singapur registró 8.75 y Hong Kong 9.02. La Atenas clásica habría quedado entre ambos, por encima de casi todos los países contemporáneos.
Los propios autores reconocen los límites del ejercicio. Ese puntaje aplica principalmente a los ciudadanos varones. Los esclavos, que superaban en número a los hombres libres, carecían de derechos civiles. Las mujeres estaban excluidas de la vida pública. Si se incorporara a toda la población la calificación descendería significativamente. Allí aparece una de las enseñanzas más interesantes del estudio. Atenas obtuvo 10.0 en tamaño de gobierno. Alcanzó 9.6 en estabilidad monetaria y libertad de comercio y 9.1 en regulación de crédito, trabajo y negocios. Su peor resultado fue el sistema legal y los derechos de propiedad, donde obtuvo apenas 6.0 puntos debido a la esclavitud y a la exclusión jurídica de gran parte de la población. La lección es sencilla: los mercados florecen cuando existen reglas predecibles, apertura comercial y gobiernos limitados. Pero incluso una sociedad extraordinariamente libre para su época encuentra límites cuando el Estado de derecho no alcanza a todos.
Guatemala no es una Atenas sin democracia. Es una Roma sin Imperio. El Índice de Libertad Económica 2026 de Heritage asigna a Guatemala 63.5 puntos sobre 100, ubicándola como una economía moderadamente libre y en la posición 72 entre 176 países. El Fraser Institute, utilizando una metodología distinta, le otorga 7.59 puntos sobre 10, situándola entre las economías relativamente más libres de América Latina. A primera vista, el resultado parece alentador, pero en el detalle la realidad observable es distinta. Heritage otorga a Guatemala 91.3 puntos en carga fiscal, 94.3 en gasto público y 95.9 en salud fiscal. Cifras propias de un país con baja presión tributaria y un Estado relativamente reducido. En derechos de propiedad obtiene apenas 39.1 puntos. En efectividad judicial, 26.1. En integridad gubernamental, 25.2. Fiscalmente contenido. Institucionalmente roto.
Pero aún hay más en el detalle. Según diversas mediciones, el tamaño del Estado guatemalteco representa alrededor del 12 % del PIB, uno de los porcentajes más bajos de América Latina. Ese dato contribuye a que Guatemala aparezca razonablemente bien posicionada en varios índices internacionales de libertad económica. Pero las cifras del empleo formal cuentan una historia distinta. De los 1.8 millones de trabajadores formales registrados en Guatemala, cerca de 396 mil trabajan para el sector público. Más que cualquier sector privado individual. Más que el comercio, la manufactura o la construcción, y eso sin considerar los que están bajo contrato. Casi uno de cada cuatro empleados formales depende directamente del Estado.
Mientras tanto, el presupuesto nacional pasó de Q87 mil millones en 2019 a casi Q164 mil millones en 2026. En apenas siete años, el Estado agregó más de Q76 mil millones de gasto anual. La pregunta es inevitable: ¿qué obra transformadora de escala nacional puede señalarse como resultado de semejante expansión? El Estado guatemalteco no es pequeño. Es fiscalmente contenido en proporción al PIB y políticamente sobredimensionado como mecanismo de dependencia, contratación y clientelismo. Por eso Guatemala obtiene buenas calificaciones si se mide el Estado comparado con el PIB, pero resultados desastrosos si evaluamos sus servicios a la población guatemalteca.
El perfil resultante recuerda a una Atenas en la que incorporáramos a esclavos y mujeres dentro de la medición: áreas fiscales relativamente fuertes y un sistema legal profundamente débil. La diferencia es que en Atenas esa exclusión era explícita y tenía un nombre. En Guatemala es implícita y se llama impunidad. La historia ofrece un espejo todavía menos atractivo que el ateniense. La Roma republicana tardía, durante los siglos II y I antes de Cristo, poseía algunos de los mercados más extensos del mundo conocido. El denario circulaba desde Britania hasta Egipto. Comerciantes romanos financiaban operaciones en todo el Mediterráneo. El comercio de grano, aceite, metales y otros bienes generó fortunas gigantescas. Si el Fraser Institute la calificara, Roma habría obtenido puntuaciones extraordinarias en apertura comercial, estabilidad monetaria y tamaño de gobierno. Sobre el papel habría parecido un paraíso económico. Pero también fue la época de Lucio Cornelio Sila, el general que marchó sobre Roma, se proclamó dictador y publicó listas de enemigos políticos cuyos bienes podían ser confiscados y cuyas vidas podían ser eliminadas con impunidad. Fue la época en que los contratos dependían cada vez más de la cercanía con el poder del Estado. Fue la época en que las instituciones seguían existiendo formalmente, pero dejaban de funcionar de manera imparcial. Mercados grandes. Instituciones rotas. Un final predecible.
Roma demuestra que los mercados pueden crecer durante algún tiempo incluso cuando el Estado de derecho empieza a deteriorarse. Pero también demuestra que no pueden hacerlo para siempre. En el año 27 antes de Cristo, el agotamiento institucional de la República se convirtió en el argumento que justificó el fin de la República y el inicio del Imperio con Augusto. El gobierno de un todo poderoso. Los mercados libres no destruyeron la República. Simplemente no pudieron salvarla.
El diagnóstico común sostiene que el principal problema del país es la captura del Estado por parte del gran capital. Pero esa explicación no encaja bien con los hechos. Los grupos empresariales que supuestamente tienen el control pagan impuestos específicos al cemento, a las bebidas alcohólicas, a las gaseosas y enfrentan regulaciones que ningún grupo con poder absoluto habría aceptado. La captura institucional parece provenir de otro lugar. De la convergencia entre crimen organizado, narcotráfico, política clientelar y contratismo rentista. Esa coalición no vive de competir. Vive de extraer recursos del presupuesto, del tráfico de influencias, del contrabando y de la incertidumbre jurídica.
Por eso la discusión central debiera ser si Guatemala tendrá algún día un Estado capaz de hacer cumplir las reglas de manera predecible. Atenas demuestra que los mercados pueden prosperar con gobiernos pequeños. Roma demuestra que no pueden prosperar sin reglas. Guatemala aprendió la primera lección, pero olvidó la segunda. Los países que hoy encabezan los índices de libertad económica han entendido precisamente eso. Singapur construyó uno de los sistemas anticorrupción más rigurosos del mundo. Irlanda utilizó las reglas europeas como un mecanismo externo de credibilidad para atraer inversión. Suiza desarrolló instituciones descentralizadas que obligan a todos a rendir cuentas ante los ciudadanos. Incluso Atenas, con todas sus limitaciones, utilizaba jurados seleccionados por sorteo que hacían extraordinariamente difícil comprar una sentencia. En todos los casos aparece la misma constante. Las reglas también aplican a quienes ostentan el poder.
Para Guatemala eso implica tres tareas concretas. Primero, convertir la reforma judicial en una prioridad nacional y no en una promesa electoral más. Ningún país construye prosperidad sostenida con una efectividad judicial de apenas 26 puntos sobre 100. Segundo, aprovechar mecanismos externos de credibilidad —CAFTA, acuerdos de inversión y arbitrajes internacionales— mientras las instituciones nacionales recuperan capacidad y confianza. Tercero, construir una coalición explícita entre sectores productivos formales, la ciudadanía y aliados internacionales para enfrentar la captura criminal y clientelar del Estado. No porque las empresas sean virtuosas por naturaleza. Sino porque en un país donde las reglas se cumplen, todos los actores productivos tienen más que ganar que perder.
Lisandros, el comerciante fenicio del puerto de Atenas, no necesitaba vivir en una ciudad perfecta. Necesitaba que el contrato que firmaba hoy tuviera el mismo valor mañana. Que si alguien incumplía su palabra existiera una institución capaz de hacerla valer. Que las reglas fueran previsibles. Esa certeza fue el verdadero fundamento de la prosperidad ateniense.
Guatemala ya tiene muchas de las condiciones que otros países envidiarían. Tiene ubicación estratégica, acceso preferencial al mercado más grande del mundo y una diáspora conectada con los principales centros económicos internacionales. Lo que todavía le falta es algo que Atenas había descubierto hace dos mil cuatrocientos años. Que los contratos valgan más que las conexiones. Que las reglas valgan más que las mordidas. Y que la prosperidad comienza el día en que la justicia deja de tener dueño.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Bergh, Andreas, y Carl Hampus Lyttkens. "Measuring Institutional Quality in Ancient Athens." Working Paper 2011:10. Department of Economics, Lund University, 2011. EconStor, hdl.handle.net/10419/260000.
Gwartney, James, Robert Lawson, y Seth Norton. Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report. Fraser Institute, 2008. freetheworld.com.
Heritage Foundation. Index of Economic Freedom 2026. Heritage Foundation, 2026. heritage.org/index.
Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO). Informe Económico Semanal, Edición XIX, Año VII. Dirección de Análisis Económico, 4 de mayo de 2026. mineco.gob.gt.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Datos de afiliados cotizantes, febrero 2026. Citados en MINECO, Informe Económico Semanal, Edición XIX.
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (MINFIN). Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicios fiscales 2019 y 2026. minfin.gob.gt.
Menos libres que Atenas
Lisandros nació en Fenicia pero lleva veinte años viviendo en el puerto de Atenas. Arrienda un taller donde fabrica ánforas para exportar aceite. Contrata trabajadores libres y esclavos. No pidió permiso a nadie para abrir el negocio. Nadie le exige informes mensuales. Si un socio comercial le incumple un contrato, existe un tribunal que resuelve el conflicto en pocas semanas, sin importar que él sea extranjero. Lisandros no es ciudadano ateniense —nunca lo será, porque es meteco, es decir, extranjero residente— pero en la Atenas del siglo IV antes de Cristo puede comprar propiedades, prestar dinero con interés, exportar a cualquier puerto del Mediterráneo y defender sus derechos ante un jurado seleccionado por sorteo. Vive, en términos económicos, en uno de los entornos más libres que ha conocido la historia. Y esto no es una metáfora.
En 2011, los economistas Andreas Bergh y Carl Hampus Lyttkens, de la Universidad de Lund, en Suecia publicaron un estudio que todavía desafía muchas ideas convencionales sobre la libertad económica. Tomaron el índice de libertad económica del Fraser Institute —el mismo que hoy clasifica a más de 160 países— y lo aplicaron, componente por componente, a la Atenas clásica del siglo IV a.C. Tras revisar fuentes históricas, comparar instituciones y calibrar cada variable con países modernos de referencia, llegaron a una conclusión sorprendente: Atenas habría obtenido 8.9 puntos sobre 10. En el año utilizado para la comparación, Singapur registró 8.75 y Hong Kong 9.02. La Atenas clásica habría quedado entre ambos, por encima de casi todos los países contemporáneos.
Los propios autores reconocen los límites del ejercicio. Ese puntaje aplica principalmente a los ciudadanos varones. Los esclavos, que superaban en número a los hombres libres, carecían de derechos civiles. Las mujeres estaban excluidas de la vida pública. Si se incorporara a toda la población la calificación descendería significativamente. Allí aparece una de las enseñanzas más interesantes del estudio. Atenas obtuvo 10.0 en tamaño de gobierno. Alcanzó 9.6 en estabilidad monetaria y libertad de comercio y 9.1 en regulación de crédito, trabajo y negocios. Su peor resultado fue el sistema legal y los derechos de propiedad, donde obtuvo apenas 6.0 puntos debido a la esclavitud y a la exclusión jurídica de gran parte de la población. La lección es sencilla: los mercados florecen cuando existen reglas predecibles, apertura comercial y gobiernos limitados. Pero incluso una sociedad extraordinariamente libre para su época encuentra límites cuando el Estado de derecho no alcanza a todos.
Guatemala no es una Atenas sin democracia. Es una Roma sin Imperio. El Índice de Libertad Económica 2026 de Heritage asigna a Guatemala 63.5 puntos sobre 100, ubicándola como una economía moderadamente libre y en la posición 72 entre 176 países. El Fraser Institute, utilizando una metodología distinta, le otorga 7.59 puntos sobre 10, situándola entre las economías relativamente más libres de América Latina. A primera vista, el resultado parece alentador, pero en el detalle la realidad observable es distinta. Heritage otorga a Guatemala 91.3 puntos en carga fiscal, 94.3 en gasto público y 95.9 en salud fiscal. Cifras propias de un país con baja presión tributaria y un Estado relativamente reducido. En derechos de propiedad obtiene apenas 39.1 puntos. En efectividad judicial, 26.1. En integridad gubernamental, 25.2. Fiscalmente contenido. Institucionalmente roto.
Pero aún hay más en el detalle. Según diversas mediciones, el tamaño del Estado guatemalteco representa alrededor del 12 % del PIB, uno de los porcentajes más bajos de América Latina. Ese dato contribuye a que Guatemala aparezca razonablemente bien posicionada en varios índices internacionales de libertad económica. Pero las cifras del empleo formal cuentan una historia distinta. De los 1.8 millones de trabajadores formales registrados en Guatemala, cerca de 396 mil trabajan para el sector público. Más que cualquier sector privado individual. Más que el comercio, la manufactura o la construcción, y eso sin considerar los que están bajo contrato. Casi uno de cada cuatro empleados formales depende directamente del Estado.
Mientras tanto, el presupuesto nacional pasó de Q87 mil millones en 2019 a casi Q164 mil millones en 2026. En apenas siete años, el Estado agregó más de Q76 mil millones de gasto anual. La pregunta es inevitable: ¿qué obra transformadora de escala nacional puede señalarse como resultado de semejante expansión? El Estado guatemalteco no es pequeño. Es fiscalmente contenido en proporción al PIB y políticamente sobredimensionado como mecanismo de dependencia, contratación y clientelismo. Por eso Guatemala obtiene buenas calificaciones si se mide el Estado comparado con el PIB, pero resultados desastrosos si evaluamos sus servicios a la población guatemalteca.
El perfil resultante recuerda a una Atenas en la que incorporáramos a esclavos y mujeres dentro de la medición: áreas fiscales relativamente fuertes y un sistema legal profundamente débil. La diferencia es que en Atenas esa exclusión era explícita y tenía un nombre. En Guatemala es implícita y se llama impunidad. La historia ofrece un espejo todavía menos atractivo que el ateniense. La Roma republicana tardía, durante los siglos II y I antes de Cristo, poseía algunos de los mercados más extensos del mundo conocido. El denario circulaba desde Britania hasta Egipto. Comerciantes romanos financiaban operaciones en todo el Mediterráneo. El comercio de grano, aceite, metales y otros bienes generó fortunas gigantescas. Si el Fraser Institute la calificara, Roma habría obtenido puntuaciones extraordinarias en apertura comercial, estabilidad monetaria y tamaño de gobierno. Sobre el papel habría parecido un paraíso económico. Pero también fue la época de Lucio Cornelio Sila, el general que marchó sobre Roma, se proclamó dictador y publicó listas de enemigos políticos cuyos bienes podían ser confiscados y cuyas vidas podían ser eliminadas con impunidad. Fue la época en que los contratos dependían cada vez más de la cercanía con el poder del Estado. Fue la época en que las instituciones seguían existiendo formalmente, pero dejaban de funcionar de manera imparcial. Mercados grandes. Instituciones rotas. Un final predecible.
Roma demuestra que los mercados pueden crecer durante algún tiempo incluso cuando el Estado de derecho empieza a deteriorarse. Pero también demuestra que no pueden hacerlo para siempre. En el año 27 antes de Cristo, el agotamiento institucional de la República se convirtió en el argumento que justificó el fin de la República y el inicio del Imperio con Augusto. El gobierno de un todo poderoso. Los mercados libres no destruyeron la República. Simplemente no pudieron salvarla.
El diagnóstico común sostiene que el principal problema del país es la captura del Estado por parte del gran capital. Pero esa explicación no encaja bien con los hechos. Los grupos empresariales que supuestamente tienen el control pagan impuestos específicos al cemento, a las bebidas alcohólicas, a las gaseosas y enfrentan regulaciones que ningún grupo con poder absoluto habría aceptado. La captura institucional parece provenir de otro lugar. De la convergencia entre crimen organizado, narcotráfico, política clientelar y contratismo rentista. Esa coalición no vive de competir. Vive de extraer recursos del presupuesto, del tráfico de influencias, del contrabando y de la incertidumbre jurídica.
Por eso la discusión central debiera ser si Guatemala tendrá algún día un Estado capaz de hacer cumplir las reglas de manera predecible. Atenas demuestra que los mercados pueden prosperar con gobiernos pequeños. Roma demuestra que no pueden prosperar sin reglas. Guatemala aprendió la primera lección, pero olvidó la segunda. Los países que hoy encabezan los índices de libertad económica han entendido precisamente eso. Singapur construyó uno de los sistemas anticorrupción más rigurosos del mundo. Irlanda utilizó las reglas europeas como un mecanismo externo de credibilidad para atraer inversión. Suiza desarrolló instituciones descentralizadas que obligan a todos a rendir cuentas ante los ciudadanos. Incluso Atenas, con todas sus limitaciones, utilizaba jurados seleccionados por sorteo que hacían extraordinariamente difícil comprar una sentencia. En todos los casos aparece la misma constante. Las reglas también aplican a quienes ostentan el poder.
Para Guatemala eso implica tres tareas concretas. Primero, convertir la reforma judicial en una prioridad nacional y no en una promesa electoral más. Ningún país construye prosperidad sostenida con una efectividad judicial de apenas 26 puntos sobre 100. Segundo, aprovechar mecanismos externos de credibilidad —CAFTA, acuerdos de inversión y arbitrajes internacionales— mientras las instituciones nacionales recuperan capacidad y confianza. Tercero, construir una coalición explícita entre sectores productivos formales, la ciudadanía y aliados internacionales para enfrentar la captura criminal y clientelar del Estado. No porque las empresas sean virtuosas por naturaleza. Sino porque en un país donde las reglas se cumplen, todos los actores productivos tienen más que ganar que perder.
Lisandros, el comerciante fenicio del puerto de Atenas, no necesitaba vivir en una ciudad perfecta. Necesitaba que el contrato que firmaba hoy tuviera el mismo valor mañana. Que si alguien incumplía su palabra existiera una institución capaz de hacerla valer. Que las reglas fueran previsibles. Esa certeza fue el verdadero fundamento de la prosperidad ateniense.
Guatemala ya tiene muchas de las condiciones que otros países envidiarían. Tiene ubicación estratégica, acceso preferencial al mercado más grande del mundo y una diáspora conectada con los principales centros económicos internacionales. Lo que todavía le falta es algo que Atenas había descubierto hace dos mil cuatrocientos años. Que los contratos valgan más que las conexiones. Que las reglas valgan más que las mordidas. Y que la prosperidad comienza el día en que la justicia deja de tener dueño.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Bergh, Andreas, y Carl Hampus Lyttkens. "Measuring Institutional Quality in Ancient Athens." Working Paper 2011:10. Department of Economics, Lund University, 2011. EconStor, hdl.handle.net/10419/260000.
Gwartney, James, Robert Lawson, y Seth Norton. Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report. Fraser Institute, 2008. freetheworld.com.
Heritage Foundation. Index of Economic Freedom 2026. Heritage Foundation, 2026. heritage.org/index.
Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO). Informe Económico Semanal, Edición XIX, Año VII. Dirección de Análisis Económico, 4 de mayo de 2026. mineco.gob.gt.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Datos de afiliados cotizantes, febrero 2026. Citados en MINECO, Informe Económico Semanal, Edición XIX.
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (MINFIN). Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicios fiscales 2019 y 2026. minfin.gob.gt.
