EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los informes de Contraloría tienen luces y sombras; conviene tomarse el tiempo para revisarlos y pensar cómo podemos mejorar dicho órgano de control y, asimismo, cómo mejorar a las instituciones bajo su fiscalización.
Un excelente ejemplo de trabajo de la Contraloría que debiéramos discutir a mayor profundidad, es el análisis del programa de vacunación del Ministerio de Salud durante el 2024-2025 que arroja una serie
La auditoría analizó la muestra de varias Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) y concluyó que no se está alcanzando la meta del 86% de cobertura de vacunación establecida por el propio MSPAS para las dosis de Pentavalente, Sarampión y Neumococo. En varias regiones prioritarias, las coberturas por tipo de vacuna (como el Sarampión) cayeron a niveles sumamente bajos, entre el 55% y 66% en 2024 y desplomándose hasta un 38% en el primer semestre de 2025, cuando la meta programada era de un 86%.
El análisis financiero, no es tan sencillo. A pesar de la baja efectividad en el 2024, la ejecución financiera alcanzó el 98%. Pero este número dice menos de lo que uno creería considerando que se había reducido el presupuesto asignado en un 12%. Aquí, hay varios puntos para discutir. Dada la importancia de esta meta ¿por qué se decide reducir el presupuesto de vacunación? Si había problemas de ejecución, ¿por qué no se desplegó un equipo de alto nivel el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de la Presidencia no desplegaron un equipo multidisciplinario para acompañar la compra de vacunas?
El análisis operativo, tampoco es tan sencillo. Los problemas van desde la interrupción de los servicios de vacunación en Izabal por parte de un sindicato, el SNTSG, hasta los problemas de vehículos viejos en mal estado e insuficiente personal de enfermería. Claro, difícilmente eso justifica la caída en la cobertura del 2025, pero sí muestra las debilidades de los mandos medios en el sector salud.
Ahora bien, no necesariamente considero que este informe sea todo lo que necesitamos. El énfasis en hallazgos que luego se traducen en multas no nos ha llevado a nada desde que la aprobación de la nueva Ley en el 2002. Y, tal vez ese es el problema: terminamos la discusión en las multas en lugar de pensar en cómo arreglamos el problema de manera estructural. En Estados Unidos, su Contraloría, la GAO, no establece multas. Lo que hace es plantear una discusión profunda respecto a los problemas y busca comprender las mejores prácticas nacionales e internacionales, para plantear recomendaciones y un plan de mejora. Por ejemplo, valdría la pena dedicar menos tiempo a plantear hallazgos y más tiempo a discutir si un programa de vacunas para menores de 5 años, haciendo la comparación internacional (gasto operativo e inversión), ¿requeriría los Q.525 millones que originalmente se planificaron en el 2024, los Q.449 que se ejecutaron finalmente, o, quizás, el monto presupuestado para el 2025 de Q.660 millones? ¿Cómo es posible que en 6 meses, en el 2025, sólo se haya podido ejecutar 10% del programa de vacunación? ¿Existe algún reto para emplear el Contrato Abierto, dado lo estandarizado que debiera ser la adquisición para el tipo de necesidades, y donde debiera ser relativamente fácil poder exponer sobreprecios? La idea sería identificar el problema estructural de ejecución, especialmente cuando el problema trasciende a dos administraciones. ¿Es el problema de que los mandos medios a cargo del programa no tiene preparación en finanzas públicas y métodos de adquisición? ¿O es un problema relacionado con la polarización de la última década de la forma de hacer gobierno, en donde hay demasiado miedo de realizar compras y aceptar la responsabilidad porque va a implicar hallazgos y denuncias penales? ¿Será que es porque subejecutar resulta ser menos riesgoso que realizar bien las adquisiciones de vacunas? Etcétera, etcétera, etcétera.
Por otro lado, hay sombras en algunos informe que me llamaron la atención:
- Un conserje con una multa de Q.7 mil quetzales porque no pude atender la audiencia, por videollamada, que la agendó la Contraloría. Fácilmente puede uno imaginarse el reto que tendrá el conserje, especialmente en el interior del país, para tener el aparato con la conectividad adecuada para resolver su situación y, haber presentado sus pruebas de descargo en archivo Word.
- Q. 8 millones de un adelanto que un contratista no devolvió tras la rescisión del contrato, pero que, en lugar de regresar al Estado, para construir la infraestructura faltante, se irán a engrosar los ingresos privativos de Contraloría.
Revisar los informes de Contraloría resulta ser un ejercicio valioso para comprender mejor parte de las debilidades sistémicas del funcionamiento público. Como se ve arriba, hay muchas mejoras que se pueden plantear.
Los informes de Contraloría tienen luces y sombras; conviene tomarse el tiempo para revisarlos y pensar cómo podemos mejorar dicho órgano de control y, asimismo, cómo mejorar a las instituciones bajo su fiscalización.
Un excelente ejemplo de trabajo de la Contraloría que debiéramos discutir a mayor profundidad, es el análisis del programa de vacunación del Ministerio de Salud durante el 2024-2025 que arroja una serie
La auditoría analizó la muestra de varias Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) y concluyó que no se está alcanzando la meta del 86% de cobertura de vacunación establecida por el propio MSPAS para las dosis de Pentavalente, Sarampión y Neumococo. En varias regiones prioritarias, las coberturas por tipo de vacuna (como el Sarampión) cayeron a niveles sumamente bajos, entre el 55% y 66% en 2024 y desplomándose hasta un 38% en el primer semestre de 2025, cuando la meta programada era de un 86%.
El análisis financiero, no es tan sencillo. A pesar de la baja efectividad en el 2024, la ejecución financiera alcanzó el 98%. Pero este número dice menos de lo que uno creería considerando que se había reducido el presupuesto asignado en un 12%. Aquí, hay varios puntos para discutir. Dada la importancia de esta meta ¿por qué se decide reducir el presupuesto de vacunación? Si había problemas de ejecución, ¿por qué no se desplegó un equipo de alto nivel el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de la Presidencia no desplegaron un equipo multidisciplinario para acompañar la compra de vacunas?
El análisis operativo, tampoco es tan sencillo. Los problemas van desde la interrupción de los servicios de vacunación en Izabal por parte de un sindicato, el SNTSG, hasta los problemas de vehículos viejos en mal estado e insuficiente personal de enfermería. Claro, difícilmente eso justifica la caída en la cobertura del 2025, pero sí muestra las debilidades de los mandos medios en el sector salud.
Ahora bien, no necesariamente considero que este informe sea todo lo que necesitamos. El énfasis en hallazgos que luego se traducen en multas no nos ha llevado a nada desde que la aprobación de la nueva Ley en el 2002. Y, tal vez ese es el problema: terminamos la discusión en las multas en lugar de pensar en cómo arreglamos el problema de manera estructural. En Estados Unidos, su Contraloría, la GAO, no establece multas. Lo que hace es plantear una discusión profunda respecto a los problemas y busca comprender las mejores prácticas nacionales e internacionales, para plantear recomendaciones y un plan de mejora. Por ejemplo, valdría la pena dedicar menos tiempo a plantear hallazgos y más tiempo a discutir si un programa de vacunas para menores de 5 años, haciendo la comparación internacional (gasto operativo e inversión), ¿requeriría los Q.525 millones que originalmente se planificaron en el 2024, los Q.449 que se ejecutaron finalmente, o, quizás, el monto presupuestado para el 2025 de Q.660 millones? ¿Cómo es posible que en 6 meses, en el 2025, sólo se haya podido ejecutar 10% del programa de vacunación? ¿Existe algún reto para emplear el Contrato Abierto, dado lo estandarizado que debiera ser la adquisición para el tipo de necesidades, y donde debiera ser relativamente fácil poder exponer sobreprecios? La idea sería identificar el problema estructural de ejecución, especialmente cuando el problema trasciende a dos administraciones. ¿Es el problema de que los mandos medios a cargo del programa no tiene preparación en finanzas públicas y métodos de adquisición? ¿O es un problema relacionado con la polarización de la última década de la forma de hacer gobierno, en donde hay demasiado miedo de realizar compras y aceptar la responsabilidad porque va a implicar hallazgos y denuncias penales? ¿Será que es porque subejecutar resulta ser menos riesgoso que realizar bien las adquisiciones de vacunas? Etcétera, etcétera, etcétera.
Por otro lado, hay sombras en algunos informe que me llamaron la atención:
- Un conserje con una multa de Q.7 mil quetzales porque no pude atender la audiencia, por videollamada, que la agendó la Contraloría. Fácilmente puede uno imaginarse el reto que tendrá el conserje, especialmente en el interior del país, para tener el aparato con la conectividad adecuada para resolver su situación y, haber presentado sus pruebas de descargo en archivo Word.
- Q. 8 millones de un adelanto que un contratista no devolvió tras la rescisión del contrato, pero que, en lugar de regresar al Estado, para construir la infraestructura faltante, se irán a engrosar los ingresos privativos de Contraloría.
Revisar los informes de Contraloría resulta ser un ejercicio valioso para comprender mejor parte de las debilidades sistémicas del funcionamiento público. Como se ve arriba, hay muchas mejoras que se pueden plantear.
