EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: No existe reacción más humana que la incomodidad de enfrentarse a los propios errores. Creo que no hay nadie en el mundo que se entusiasme ante los traspiés, sobre todo si son expuestos por una persona ajena. Y eso está bien y es comprensible, siempre y cuando estemos dentro de la esfera de la vida privada y el inconforme sea un particular. Ahora bien, si se trata de una figura pública y sobre todo si se trata de un funcionario, este deberá de ver cómo encaja de la mejor forma la crítica y el señalamiento de sus errores. Esto es así porque todos los actos de autoridad son públicos y, por lo tanto, sujetos al escrutinio público, que, les guste o no a los susodichos, ejerce la prensa.
Es cierto que la prensa es tan variopinta como las personas. Hay algunos que ejercen su profesión con más seriedad que otros; con más responsabilidad que otros; con más respeto que otros, pero en todos los casos recordemos que la Constitución Política de la República garantiza su ejercicio profesional sancionando como derecho inviolable a todo ciudadano la libre emisión del pensamiento. Por supuesto, el derecho viene aparejado de obligaciones, de las que se encarga la Ley de libre emisión del pensamiento, que, previendo que el derecho pueda ser objeto de abuso, establece procedimientos y acciones de protección para exigir que el ciudadano o el periodista sea responsable en su ejercicio.
Ahora bien, resulta preocupante que la primera reacción ante la evidencia de los errores en el funcionariado público sea la molestia y la intolerancia, porque la función pública es eso mismo: pública, en el sentido también de la exposición, y parece que esta exposición es la que se les hace difícil de asumir en ocasiones y, entonces, vienen las malas ideas. Al presidente Bernardo Arévalo le vino la mala idea de convertir a la CODISRA en una especie de oficina de censura, asignándole como nueva función la de monitorear a los medios de comunicación para detectar expresiones y manifestaciones racistas y actuar legalmente en su contra. Los abogados que le asesoran parecen olvidar que, por encima del derecho de sentirse ofendidas algunas personas, existe el derecho de la libre emisión del pensamiento y que si este derecho se restringe (por las razones que sean) deja de ser libre.
En respuesta a la amenaza de censura de la “Ley Mordaza”, los periodistas fundaron el 10 de abril de 1947 la APG, como garantía de defensa del ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Ante los nuevos sueños de censurar a la prensa y al ciudadano en general, resurge la APG en defensa de uno de los pilares de la República y de la Democracia: la libre emisión del pensamiento
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reaccionó de inmediato ante la posibilidad de que desde la CODISRA se les haga censura y promovieron la semana pasada una acción parcial de inconstitucionalidad en contra del artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 189-2024, que le asignaba esta nueva función al elefante blanco referido. De inmediato, la Cámara Guatemalteca de Periodistas (CGP), anunció estar trabajando en una acción similar para oponerse a la pretensión gubernamental de controlar la emisión libre del pensamiento de los guatemaltecos en general y de los periodistas en particular.
Como tenemos prohibido olvidar el pasado, so pena de repetirlo, debo recordar a nuestros lectores que, allá por el año de 1947, el presidente Juan José Arévalo presentó al Congreso de la República un proyecto de “Ley de Emisión del Pensamiento”, que pretendía, según sus propias palabras, que cito de su obra “Despacho Presidencial”: «… el dinámico ministro, antiguo dirigente Social Democrático, me propuso modificar las leyes de la materia a fin de infundir en el periodismo nacional (otrora sumiso, ahora insurrecto) cierto sentido de responsabilidad…» (p. 237), un proyecto de ley que los periodistas de forma inmediata dieron en llamar atinadamente “Ley Mordaza”, oponiéndose a los intentos represivo-didácticos del presidente Arévalo. Sabido tenemos que el padre del presidente actual, en paralelo a su altísima capacidad intelectual y política, sufría de una aguda tendencia a la autocomplacencia y fuertes atisbos de arrogancia, cuya evidencia deja repartida en las páginas de los 5 tomos de sus memorias y que lo hacían poco inclinado a agradecer la crítica de la prensa.
En respuesta a la amenaza de censura de la “Ley Mordaza”, los periodistas fundaron el 10 de abril de 1947 la APG, como garantía de defensa del ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Ante los nuevos sueños de censurar a la prensa y al ciudadano en general, resurge la APG en defensa de uno de los pilares de la República y de la Democracia: la libre emisión del pensamiento, oponiéndose a que la CODISRA, sea instrumentalizada por el gobierno para ejercer de censora de los ciudadanos a los que, en teoría, está llamada a servir y no a callar.
Post scriptum. Ante la evidencia de los errores, la molestia es natural, pero en el caso del presidente Arévalo y sus funcionarios, ¿no sería lo correcto enmendar las incapacidades manifiestas y la tendencia al error continuado, manifestado durante los últimos 10 meses, y rodearse de gente capaz y con conocimiento en vez de tratar de acallar las críticas, raíz de las libertades democráticas? “That is the question”, diría mi admirado William Shakespeare.
Los Arévalo y su incomodidad con la prensa
No existe reacción más humana que la incomodidad de enfrentarse a los propios errores. Creo que no hay nadie en el mundo que se entusiasme ante los traspiés, sobre todo si son expuestos por una persona ajena. Y eso está bien y es comprensible, siempre y cuando estemos dentro de la esfera de la vida privada y el inconforme sea un particular. Ahora bien, si se trata de una figura pública y sobre todo si se trata de un funcionario, este deberá de ver cómo encaja de la mejor forma la crítica y el señalamiento de sus errores. Esto es así porque todos los actos de autoridad son públicos y, por lo tanto, sujetos al escrutinio público, que, les guste o no a los susodichos, ejerce la prensa.
Es cierto que la prensa es tan variopinta como las personas. Hay algunos que ejercen su profesión con más seriedad que otros; con más responsabilidad que otros; con más respeto que otros, pero en todos los casos recordemos que la Constitución Política de la República garantiza su ejercicio profesional sancionando como derecho inviolable a todo ciudadano la libre emisión del pensamiento. Por supuesto, el derecho viene aparejado de obligaciones, de las que se encarga la Ley de libre emisión del pensamiento, que, previendo que el derecho pueda ser objeto de abuso, establece procedimientos y acciones de protección para exigir que el ciudadano o el periodista sea responsable en su ejercicio.
Ahora bien, resulta preocupante que la primera reacción ante la evidencia de los errores en el funcionariado público sea la molestia y la intolerancia, porque la función pública es eso mismo: pública, en el sentido también de la exposición, y parece que esta exposición es la que se les hace difícil de asumir en ocasiones y, entonces, vienen las malas ideas. Al presidente Bernardo Arévalo le vino la mala idea de convertir a la CODISRA en una especie de oficina de censura, asignándole como nueva función la de monitorear a los medios de comunicación para detectar expresiones y manifestaciones racistas y actuar legalmente en su contra. Los abogados que le asesoran parecen olvidar que, por encima del derecho de sentirse ofendidas algunas personas, existe el derecho de la libre emisión del pensamiento y que si este derecho se restringe (por las razones que sean) deja de ser libre.
En respuesta a la amenaza de censura de la “Ley Mordaza”, los periodistas fundaron el 10 de abril de 1947 la APG, como garantía de defensa del ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Ante los nuevos sueños de censurar a la prensa y al ciudadano en general, resurge la APG en defensa de uno de los pilares de la República y de la Democracia: la libre emisión del pensamiento
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reaccionó de inmediato ante la posibilidad de que desde la CODISRA se les haga censura y promovieron la semana pasada una acción parcial de inconstitucionalidad en contra del artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 189-2024, que le asignaba esta nueva función al elefante blanco referido. De inmediato, la Cámara Guatemalteca de Periodistas (CGP), anunció estar trabajando en una acción similar para oponerse a la pretensión gubernamental de controlar la emisión libre del pensamiento de los guatemaltecos en general y de los periodistas en particular.
Como tenemos prohibido olvidar el pasado, so pena de repetirlo, debo recordar a nuestros lectores que, allá por el año de 1947, el presidente Juan José Arévalo presentó al Congreso de la República un proyecto de “Ley de Emisión del Pensamiento”, que pretendía, según sus propias palabras, que cito de su obra “Despacho Presidencial”: «… el dinámico ministro, antiguo dirigente Social Democrático, me propuso modificar las leyes de la materia a fin de infundir en el periodismo nacional (otrora sumiso, ahora insurrecto) cierto sentido de responsabilidad…» (p. 237), un proyecto de ley que los periodistas de forma inmediata dieron en llamar atinadamente “Ley Mordaza”, oponiéndose a los intentos represivo-didácticos del presidente Arévalo. Sabido tenemos que el padre del presidente actual, en paralelo a su altísima capacidad intelectual y política, sufría de una aguda tendencia a la autocomplacencia y fuertes atisbos de arrogancia, cuya evidencia deja repartida en las páginas de los 5 tomos de sus memorias y que lo hacían poco inclinado a agradecer la crítica de la prensa.
En respuesta a la amenaza de censura de la “Ley Mordaza”, los periodistas fundaron el 10 de abril de 1947 la APG, como garantía de defensa del ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Ante los nuevos sueños de censurar a la prensa y al ciudadano en general, resurge la APG en defensa de uno de los pilares de la República y de la Democracia: la libre emisión del pensamiento, oponiéndose a que la CODISRA, sea instrumentalizada por el gobierno para ejercer de censora de los ciudadanos a los que, en teoría, está llamada a servir y no a callar.
Post scriptum. Ante la evidencia de los errores, la molestia es natural, pero en el caso del presidente Arévalo y sus funcionarios, ¿no sería lo correcto enmendar las incapacidades manifiestas y la tendencia al error continuado, manifestado durante los últimos 10 meses, y rodearse de gente capaz y con conocimiento en vez de tratar de acallar las críticas, raíz de las libertades democráticas? “That is the question”, diría mi admirado William Shakespeare.
