EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El día de ayer, tuvo lugar un desayuno durante el cual disertó el actual ministro de Energía y Minas, ingeniero Víctor Hugo Ventura, organizado por Energy & Infraestructure Analysis Center —EIA—, dirigido por la incansable Carmen Urízar, que permanece atenta a lo que sucede en el sector energético en general y en el subsector eléctrico en particular, generando espacios de discusión que permiten tomarle el pulso a esa importantísima actividad productiva y económica del país; sin la cual, prácticamente no se movería nada en la Guatemala actual.
La presentación del ministro giró principalmente alrededor del subsector eléctrico, durante la cual explicó los esfuerzos del Ministerio que dirige en obtener un préstamo por USD 120 millones para destinarlos en electrificación rural, calificándola justamente de una deuda social que Guatemala tiene pendiente para una población. Ronda los 2,000,000 de habitantes que no tienen acceso a este servicio en la actualidad. Explicó los rubros de inversión y la infraestructura que se tiene planificada desarrollar para llevar energía eléctrica al menos a un mínimo de 40 000 usuarios (viviendas), priorizando los rincones olvidados de los departamentos de Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché e Izabal. El esfuerzo implica también que el Instituto Nacional de Electrificación —INDE—, una de las más importantes instituciones del Estado por su trascendencia social y económica en el interior del país, modifique sus programas de inversión y su programa multianual para el apoyo a la expansión de la electrificación para lograr ese objetivo.
El plan incluye echar mano de diversas modalidades como extensiones de redes existentes, sistemas aislados, miniredes y construcción de nuevas líneas y subestaciones para apoyar estos proyectos de electrificación social y paliar lo que calificó de rezagos en infraestructura de transmisión y transformación. Advirtió también que se está trabajando en la estructuración de un segundo financiamiento (más deuda) para lograr la meta del actual gobierno, que es la universalización del acceso a la electricidad, que ha calculado en un costo de por lo menos USD 900 millones.
Al escucharlo exponer sus puntos, no puede uno dejar de preguntarse por qué si se aprobó una ampliación presupuestaria sustantiva el año pasado y para el presente año se cuenta con el presupuesto de ingresos y egresos más alto de la historia, que ronda los GTQ 148 000 M por qué se eligió contraer deuda para financiar un proyecto que de sobra se sabe debe de ser prioritario para el país.
En tanto sigamos apegados a los viejos esquemas de financiamiento externo, endeudando a las futuras generaciones para lograr magros resultados, nunca veremos alcanzar las metas que la sociedad de este país se merece, porque la energía eléctrica no solo es un servicio, es también calidad de vida.
Sobre todo cuando el presidente Arévalo anunció en los primeros meses del año pasado que una de las metas de su gobierno era entregarle al siguiente una Guatemala 100 % electrificada.
Por la parsimonia con que el señor ministro explicó sus puntos y la impronta de lentitud que caracteriza a la totalidad del Gobierno de la República es evidente que la meta no se va a lograr para el final del gobierno, sobre todo considerando que el 2024 se les escurrió entre los dedos sin mayores resultados. Si son 400 000 viviendas las que quedan pendientes de electrificar en el país y se tiene planificado que con el préstamo adquirido se va a llegar a 40 000 viviendas, es más que obvio que la línea de meta que se trazó el gobierno quedó demasiado lejos y el tiempo sigue corriendo mientras sueñan.
Recordemos que hace unos 10 años, el índice de cobertura eléctrica se calculaba en el 92 % y luego hubo que ajustarlo a niveles más reales, fijándosele en 87 %. Eso quiere decir que, con la curva demográfica en ascenso constante que vive Guatemala, según ha explicado el Instituto Nacional de Estadística, muy probablemente cuando alcancemos a esos 40 000 usuarios el índice haya retrocedido otro tanto. Los esquemas clásicos de electrificación rural han quedado superados y habrá que echar mano de otros esquemas más ajustados a nuestra realidad en constante cambio y, sobre todo, considerando que las capacidades del Estado de ejecutar obra también van en franco retroceso. Esos esquemas existen, fueron definidos hace unos cinco años e implican un esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y del Estado para poder saldar esa “deuda social” que tenemos con tantos guatemaltecos.
En tanto sigamos apegados a los viejos esquemas de financiamiento externo, endeudando a las futuras generaciones para lograr magros resultados, nunca veremos alcanzar las metas que la sociedad de este país se merece, porque la energía eléctrica no solo es un servicio, es también calidad de vida. Para lograr cambios hay que pensar distinto y actuar distinto, y no abrazarnos a mecanismos que ralentizan el desarrollo del país y lo comprometen a largo plazo.
Lo mismo de siempre, siempre
El día de ayer, tuvo lugar un desayuno durante el cual disertó el actual ministro de Energía y Minas, ingeniero Víctor Hugo Ventura, organizado por Energy & Infraestructure Analysis Center —EIA—, dirigido por la incansable Carmen Urízar, que permanece atenta a lo que sucede en el sector energético en general y en el subsector eléctrico en particular, generando espacios de discusión que permiten tomarle el pulso a esa importantísima actividad productiva y económica del país; sin la cual, prácticamente no se movería nada en la Guatemala actual.
La presentación del ministro giró principalmente alrededor del subsector eléctrico, durante la cual explicó los esfuerzos del Ministerio que dirige en obtener un préstamo por USD 120 millones para destinarlos en electrificación rural, calificándola justamente de una deuda social que Guatemala tiene pendiente para una población. Ronda los 2,000,000 de habitantes que no tienen acceso a este servicio en la actualidad. Explicó los rubros de inversión y la infraestructura que se tiene planificada desarrollar para llevar energía eléctrica al menos a un mínimo de 40 000 usuarios (viviendas), priorizando los rincones olvidados de los departamentos de Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché e Izabal. El esfuerzo implica también que el Instituto Nacional de Electrificación —INDE—, una de las más importantes instituciones del Estado por su trascendencia social y económica en el interior del país, modifique sus programas de inversión y su programa multianual para el apoyo a la expansión de la electrificación para lograr ese objetivo.
El plan incluye echar mano de diversas modalidades como extensiones de redes existentes, sistemas aislados, miniredes y construcción de nuevas líneas y subestaciones para apoyar estos proyectos de electrificación social y paliar lo que calificó de rezagos en infraestructura de transmisión y transformación. Advirtió también que se está trabajando en la estructuración de un segundo financiamiento (más deuda) para lograr la meta del actual gobierno, que es la universalización del acceso a la electricidad, que ha calculado en un costo de por lo menos USD 900 millones.
Al escucharlo exponer sus puntos, no puede uno dejar de preguntarse por qué si se aprobó una ampliación presupuestaria sustantiva el año pasado y para el presente año se cuenta con el presupuesto de ingresos y egresos más alto de la historia, que ronda los GTQ 148 000 M por qué se eligió contraer deuda para financiar un proyecto que de sobra se sabe debe de ser prioritario para el país.
En tanto sigamos apegados a los viejos esquemas de financiamiento externo, endeudando a las futuras generaciones para lograr magros resultados, nunca veremos alcanzar las metas que la sociedad de este país se merece, porque la energía eléctrica no solo es un servicio, es también calidad de vida.
Sobre todo cuando el presidente Arévalo anunció en los primeros meses del año pasado que una de las metas de su gobierno era entregarle al siguiente una Guatemala 100 % electrificada.
Por la parsimonia con que el señor ministro explicó sus puntos y la impronta de lentitud que caracteriza a la totalidad del Gobierno de la República es evidente que la meta no se va a lograr para el final del gobierno, sobre todo considerando que el 2024 se les escurrió entre los dedos sin mayores resultados. Si son 400 000 viviendas las que quedan pendientes de electrificar en el país y se tiene planificado que con el préstamo adquirido se va a llegar a 40 000 viviendas, es más que obvio que la línea de meta que se trazó el gobierno quedó demasiado lejos y el tiempo sigue corriendo mientras sueñan.
Recordemos que hace unos 10 años, el índice de cobertura eléctrica se calculaba en el 92 % y luego hubo que ajustarlo a niveles más reales, fijándosele en 87 %. Eso quiere decir que, con la curva demográfica en ascenso constante que vive Guatemala, según ha explicado el Instituto Nacional de Estadística, muy probablemente cuando alcancemos a esos 40 000 usuarios el índice haya retrocedido otro tanto. Los esquemas clásicos de electrificación rural han quedado superados y habrá que echar mano de otros esquemas más ajustados a nuestra realidad en constante cambio y, sobre todo, considerando que las capacidades del Estado de ejecutar obra también van en franco retroceso. Esos esquemas existen, fueron definidos hace unos cinco años e implican un esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y del Estado para poder saldar esa “deuda social” que tenemos con tantos guatemaltecos.
En tanto sigamos apegados a los viejos esquemas de financiamiento externo, endeudando a las futuras generaciones para lograr magros resultados, nunca veremos alcanzar las metas que la sociedad de este país se merece, porque la energía eléctrica no solo es un servicio, es también calidad de vida. Para lograr cambios hay que pensar distinto y actuar distinto, y no abrazarnos a mecanismos que ralentizan el desarrollo del país y lo comprometen a largo plazo.
