EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Desde mediados de julio de 2025, el conflicto en Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño dejó de verse como un desacuerdo administrativo y pasó a ser revelado como una disputa de poder abierta por el futuro de las elecciones. El punto de quiebre fue la paralización del CNE por falta de quórum en las decisiones sobre la contratación y operación del TREP, debido a una estrategia de Marlon Ochoa, consejero de Libre, para presionar al pleno a adoptar decisiones bajo un calendario cada vez más ajustado. El bloqueo político del CNE ha operado en una táctica conjunta entre Johel Zelaya, el fiscal general, y Ochoa para configurar el proceso electoral a su disposición.
Persecución política: desinformación y presión
El 22 de octubre, Ochoa presentó ante el Ministerio Público de Honduras una memoria USB con 24 audios, que según él evidencian una conspiración para alterar el proceso electoral en la cual estaría involucrada Cossette López, consejera del Partido Nacional de Honduras.
El episodio de los audios y su rápida judicialización revela un mecanismo de desinformación y presión política empleado por Ochoa y Libre contra Cossette López – y, por tanto, contra la oposición – para reajustar la correlación de fuerzas dentro del CNE. Anteriormente, se intentó presionar a Ana Paola Hall, la consejera del Partido Liberal, a través de amenazas cuyo origen no ha sido especificado aún.
El patrón es reconocible. Primero, se filtra o se impulsa la difusión de material no verificado – supuestas conversaciones que la vinculan con militares y con un diputado opositor –. Segundo, se sobredimensiona el tipo penal por el cual se le perseguiría, al sugerir que no se trata solo de una irregularidad administrativa, sino de delitos de alto rango, incluyendo traición a la patria y asociación para alterar el orden electoral. Tercero, se inserta todo ello en la hiperactividad del Ministerio Público como apoyo judicial a Ochoa, de modo que la única salida para la consejera sería dimitar o apartarse. Esto permitiría a Libre elegir a través del Congreso un consejero aliado del oficialismo y manejar la infraestructura electoral.
Esta presión desinformativa pretende convertir la sospecha en un hecho político y trasladarlo hacia presión instituciona. Si López resiste, incurre en la probabilidad de imputación de cargos severos. Sin embargo, si dimite, Ochoa lograría recomponer el pleno y despejar el camino para las decisiones sobre el TREP, contratos sensibles y fiscalización del proceso. Evidentemente, este acontecimiento es un clásico uso instrumental de la desinformación como arma de sustitución institucional.
Batalla psicológica contra los árbitros institucionales
La presión sobre los árbitros institucionales – específicamente el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) – constituye el otro eje del conflicto, pues refleja cómo la pugna entre consejeros del CNE se ha desplazado al órgano encargado de resolver sus disputas. Recientemente, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, denunció públicamente que su vivienda amaneció rodeada por órganos represores del Estado. Esto demuestra la inclinación del oficialismo por emprender batallas psicológicas que combinan vigilancia constante, desinformación y posibilidad de persecución judicial.
Este clima de intimidación institucional sitúa al TJE como un nuevo campo de batalla, donde los intentos de controlar o desacreditar a los jueces buscan condicionar la futura resolución de recusaciones, apelaciones y controversias derivadas del caso Ochoa-López. La presión sobre el tribunal, en consecuencia, erosiona su capacidad arbitral y coloca en riesgo la neutralidad estructural del sistema electoral hondureño.
La recta final
La escalada de tensiones dentro del sistema electoral hondureño ocurre en un momento de máxima sensibilidad política, cuando el país entra en la recta final de la carrera electoral y los actores buscan asegurarse posiciones de control institucional. El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, interpuso recientemente un recurso de amparo contra el Ministerio Público, denunciando una injerencia directa sobre la autonomía judicial del tribunal y acusando al fiscal general de exceder sus competencias al intervenir en asuntos electorales.
Este gesto no solo marca una defensa jurídica del TJE, sino también una declaración política frente al uso del MP como instrumento de presión. En paralelo, la oposición consolida una ventaja en los sondeos y se percibe con mejores perspectivas de triunfo, lo que amplifica la tensión: mientras el oficialismo intenta mantener el control del aparato electoral mediante denuncias y deslegitimaciones, los bloques opositores perciben en cada maniobra una amenaza al proceso democrático.
Desde mediados de julio de 2025, el conflicto en Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño dejó de verse como un desacuerdo administrativo y pasó a ser revelado como una disputa de poder abierta por el futuro de las elecciones. El punto de quiebre fue la paralización del CNE por falta de quórum en las decisiones sobre la contratación y operación del TREP, debido a una estrategia de Marlon Ochoa, consejero de Libre, para presionar al pleno a adoptar decisiones bajo un calendario cada vez más ajustado. El bloqueo político del CNE ha operado en una táctica conjunta entre Johel Zelaya, el fiscal general, y Ochoa para configurar el proceso electoral a su disposición.
Persecución política: desinformación y presión
El 22 de octubre, Ochoa presentó ante el Ministerio Público de Honduras una memoria USB con 24 audios, que según él evidencian una conspiración para alterar el proceso electoral en la cual estaría involucrada Cossette López, consejera del Partido Nacional de Honduras.
El episodio de los audios y su rápida judicialización revela un mecanismo de desinformación y presión política empleado por Ochoa y Libre contra Cossette López – y, por tanto, contra la oposición – para reajustar la correlación de fuerzas dentro del CNE. Anteriormente, se intentó presionar a Ana Paola Hall, la consejera del Partido Liberal, a través de amenazas cuyo origen no ha sido especificado aún.
El patrón es reconocible. Primero, se filtra o se impulsa la difusión de material no verificado – supuestas conversaciones que la vinculan con militares y con un diputado opositor –. Segundo, se sobredimensiona el tipo penal por el cual se le perseguiría, al sugerir que no se trata solo de una irregularidad administrativa, sino de delitos de alto rango, incluyendo traición a la patria y asociación para alterar el orden electoral. Tercero, se inserta todo ello en la hiperactividad del Ministerio Público como apoyo judicial a Ochoa, de modo que la única salida para la consejera sería dimitar o apartarse. Esto permitiría a Libre elegir a través del Congreso un consejero aliado del oficialismo y manejar la infraestructura electoral.
Esta presión desinformativa pretende convertir la sospecha en un hecho político y trasladarlo hacia presión instituciona. Si López resiste, incurre en la probabilidad de imputación de cargos severos. Sin embargo, si dimite, Ochoa lograría recomponer el pleno y despejar el camino para las decisiones sobre el TREP, contratos sensibles y fiscalización del proceso. Evidentemente, este acontecimiento es un clásico uso instrumental de la desinformación como arma de sustitución institucional.
Batalla psicológica contra los árbitros institucionales
La presión sobre los árbitros institucionales – específicamente el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) – constituye el otro eje del conflicto, pues refleja cómo la pugna entre consejeros del CNE se ha desplazado al órgano encargado de resolver sus disputas. Recientemente, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, denunció públicamente que su vivienda amaneció rodeada por órganos represores del Estado. Esto demuestra la inclinación del oficialismo por emprender batallas psicológicas que combinan vigilancia constante, desinformación y posibilidad de persecución judicial.
Este clima de intimidación institucional sitúa al TJE como un nuevo campo de batalla, donde los intentos de controlar o desacreditar a los jueces buscan condicionar la futura resolución de recusaciones, apelaciones y controversias derivadas del caso Ochoa-López. La presión sobre el tribunal, en consecuencia, erosiona su capacidad arbitral y coloca en riesgo la neutralidad estructural del sistema electoral hondureño.
La recta final
La escalada de tensiones dentro del sistema electoral hondureño ocurre en un momento de máxima sensibilidad política, cuando el país entra en la recta final de la carrera electoral y los actores buscan asegurarse posiciones de control institucional. El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, interpuso recientemente un recurso de amparo contra el Ministerio Público, denunciando una injerencia directa sobre la autonomía judicial del tribunal y acusando al fiscal general de exceder sus competencias al intervenir en asuntos electorales.
Este gesto no solo marca una defensa jurídica del TJE, sino también una declaración política frente al uso del MP como instrumento de presión. En paralelo, la oposición consolida una ventaja en los sondeos y se percibe con mejores perspectivas de triunfo, lo que amplifica la tensión: mientras el oficialismo intenta mantener el control del aparato electoral mediante denuncias y deslegitimaciones, los bloques opositores perciben en cada maniobra una amenaza al proceso democrático.
