La trampa del Estado de Calamidad
El Estado de Calamidad, así como otros estados de excepción contemplados en la Ley de Orden Público, son preceptos legales que se deben tomar con pinzas quirúrgicas y analizar tomando en cuenta todas las posibles consecuencias.
La aprobación de un Estado de Calamidad, debido a la llegada del huracán Beryl al territorio nacional, es inminente. A pesar de que en legislaturas pasadas el actual partido oficialista ha criticado y se ha opuesto a la aprobación de este tipo de estado de excepción, se esperaría que estos apoyaran la medida solicitada por el presidente.
No obstante, así como lo han demostrado las administraciones anteriores, la aprobación de un Estado de Calamidad, pese a que es una necesidad en determinados casos, también es una pendiente muy resbaladiza y, como les ha pasado a otros mandatarios, podría ser la previa de la caída en picada del gobierno de Arévalo.
El efecto trinquete
El Estado de Calamidad, así como otros estados de excepción contemplados en la Ley de Orden Público, son preceptos legales que se deben tomar con pinzas quirúrgicas y analizar tomando en cuenta todas las posibles consecuencias. Esto se debe a que esta declaratoria faculta al presidente a concentrar más funciones sobre una sola entidad, permite que se puedan suspender determinadas garantías constitucionales e incluso reduce los controles para los procesos de gasto público. En pocas palabras, esto significa que este estado abre la posibilidad a una mayor discrecionalidad en la dirección política.
Evidentemente, no habría ningún problema si estas disposiciones fueran temporales, de manera que solo tuvieran vigencia durante el período de la emergencia. Sin embargo, como la historia nos ha enseñado y administraciones anteriores han confirmado, una vez el Estado aumenta sus funciones y tiene una mayor capacidad para incidir directamente en el ámbito de lo privado, este se acomoda y nunca regresa a su “estado natural”. Esta situación se conoce como el efecto trinquete, ya que, así como la herramienta mecánica impide el movimiento hacia atrás, un estado de calamidad favorece el incremento del poder gubernamental de manera inexorable mediante políticas y normativas para responder a la crisis sin que exista la posibilidad de retroceder a niveles anteriores.
Es necesario que, así como cuestionaron todas las acciones de gobiernos pasados durante los estados de emergencia y fiscalizaron cada movimiento anómalo dentro de la administración pública, también lo hagan con los miembros de su equipo. De otra forma, caerían en el juego de la doble moral.
Por lo tanto, es necesario que el presidente Arévalo y sus aliados se comprometan a no abusar de los poderes que les concede este estado de emergencia, de forma que estos no perduren más allá de su propósito y se conviertan en el recurso natural de poder. Para ello, todas las medidas deben ir acompañadas con todos los contrapesos y procesos de supervisión necesarios.
Sin caer en la doble moral
En ocasiones anteriores el ahora partido oficialista ha sido muy crítico con la aprobación de estados de calamidad porque, en palabras de uno de sus miembros, estos “no solucionan la incapacidad”. Sin embargo, ahora que les toca a ellos timonear el barco parece que han modificado su posición, lo cual no solo confunde a sus electores, sino que también sugiere que lo intereses tienen un peso mayor que los ideales en la balanza de la moral.
Consecuentemente, es necesario que, así como cuestionaron todas las acciones de gobiernos pasados durante los estados de emergencia y fiscalizaron cada movimiento anómalo dentro de la administración pública, también lo hagan con los miembros de su equipo. De otra forma, caerían en el juego de la doble moral.
Las crisis por fenómenos naturales son uno de los mayores retos para cualquier gobierno, dado que no solo pone a prueba la capacidad de ejecución y toma de decisiones, sino que también pone al límite la moralidad de los gobernantes, quienes descubren cuán maleable pude ser el poder y cómo puede beneficiarse pasando desapercibido.
La trampa del Estado de Calamidad
El Estado de Calamidad, así como otros estados de excepción contemplados en la Ley de Orden Público, son preceptos legales que se deben tomar con pinzas quirúrgicas y analizar tomando en cuenta todas las posibles consecuencias.
La aprobación de un Estado de Calamidad, debido a la llegada del huracán Beryl al territorio nacional, es inminente. A pesar de que en legislaturas pasadas el actual partido oficialista ha criticado y se ha opuesto a la aprobación de este tipo de estado de excepción, se esperaría que estos apoyaran la medida solicitada por el presidente.
No obstante, así como lo han demostrado las administraciones anteriores, la aprobación de un Estado de Calamidad, pese a que es una necesidad en determinados casos, también es una pendiente muy resbaladiza y, como les ha pasado a otros mandatarios, podría ser la previa de la caída en picada del gobierno de Arévalo.
El efecto trinquete
El Estado de Calamidad, así como otros estados de excepción contemplados en la Ley de Orden Público, son preceptos legales que se deben tomar con pinzas quirúrgicas y analizar tomando en cuenta todas las posibles consecuencias. Esto se debe a que esta declaratoria faculta al presidente a concentrar más funciones sobre una sola entidad, permite que se puedan suspender determinadas garantías constitucionales e incluso reduce los controles para los procesos de gasto público. En pocas palabras, esto significa que este estado abre la posibilidad a una mayor discrecionalidad en la dirección política.
Evidentemente, no habría ningún problema si estas disposiciones fueran temporales, de manera que solo tuvieran vigencia durante el período de la emergencia. Sin embargo, como la historia nos ha enseñado y administraciones anteriores han confirmado, una vez el Estado aumenta sus funciones y tiene una mayor capacidad para incidir directamente en el ámbito de lo privado, este se acomoda y nunca regresa a su “estado natural”. Esta situación se conoce como el efecto trinquete, ya que, así como la herramienta mecánica impide el movimiento hacia atrás, un estado de calamidad favorece el incremento del poder gubernamental de manera inexorable mediante políticas y normativas para responder a la crisis sin que exista la posibilidad de retroceder a niveles anteriores.
Es necesario que, así como cuestionaron todas las acciones de gobiernos pasados durante los estados de emergencia y fiscalizaron cada movimiento anómalo dentro de la administración pública, también lo hagan con los miembros de su equipo. De otra forma, caerían en el juego de la doble moral.
Por lo tanto, es necesario que el presidente Arévalo y sus aliados se comprometan a no abusar de los poderes que les concede este estado de emergencia, de forma que estos no perduren más allá de su propósito y se conviertan en el recurso natural de poder. Para ello, todas las medidas deben ir acompañadas con todos los contrapesos y procesos de supervisión necesarios.
Sin caer en la doble moral
En ocasiones anteriores el ahora partido oficialista ha sido muy crítico con la aprobación de estados de calamidad porque, en palabras de uno de sus miembros, estos “no solucionan la incapacidad”. Sin embargo, ahora que les toca a ellos timonear el barco parece que han modificado su posición, lo cual no solo confunde a sus electores, sino que también sugiere que lo intereses tienen un peso mayor que los ideales en la balanza de la moral.
Consecuentemente, es necesario que, así como cuestionaron todas las acciones de gobiernos pasados durante los estados de emergencia y fiscalizaron cada movimiento anómalo dentro de la administración pública, también lo hagan con los miembros de su equipo. De otra forma, caerían en el juego de la doble moral.
Las crisis por fenómenos naturales son uno de los mayores retos para cualquier gobierno, dado que no solo pone a prueba la capacidad de ejecución y toma de decisiones, sino que también pone al límite la moralidad de los gobernantes, quienes descubren cuán maleable pude ser el poder y cómo puede beneficiarse pasando desapercibido.