EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Como era de esperarse, la sesión plenaria del 7 de octubre estuvo plagada de vaivenes políticos, señalamientos, votaciones y, nuevamente, errores de cálculo por parte del oficialismo. Esto se debe a que, pese a que no estaba incluido en la agenda del día, la oposición estaba preparada para dar la lucha por el Decreto 7-2025, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Así pues, tras una serie de evidentes disputas políticas, la oposición, con 86 votos favorables, consiguió aprobar la norma que, no solo reduce la transparencia y los controles para la ejecución de fondos públicos, sino que también premia la mediocridad del trabajo, o falta de él, de los Consejos de Desarrollo Departamentales (CODEDE).
Esta discusión cobra mayor relevancia, dado que, de acuerdo con la publicación del Diario Oficial del lunes 6 de octubre, el presidente, Bernardo Arévalo, habría vetado la iniciativa, ya que se consideraba que esta contenía inconstitucionalidades, al violar el principio de anualidad presupuestaria y favorecer la discrecionalidad en el gasto público. No obstante, tras el torrente de argumentos tecnicistas, los legisladores de oposición manifestaron que, el acuerdo gubernativo, al no incluir la fecha de emisión, cobraría vigencia fuera de plazo, por lo que ya no tendría validez. Ahora bien, independientemente del contenido de la norma, que ya de por sí es altamente cuestionable, este juego político demuestra cómo, la falta de sagacidad por parte del Ejecutivo y los errores en la forma, han permitido que la política estire y deforme la ley a su favor.
El imperio de la ley que se desvanece
Dentro de un régimen democrático y de Estado de derecho, el imperio de la ley es fundamental para el mantenimiento de la estabilidad institucional. Sin embargo, como lo deja claro el ejemplo de la ley que favorece a los CODEDE, Guatemala se encuentra en un contexto en donde las disputas políticas están sustituyendo el impero de la ley por el imperio de la voluntad de los legisladores, en detrimento del Estado de derecho. Esto se debe a que, quienes están redactando las leyes, en vez de pensar en la aplicabilidad y rectitud de las normas, lo están haciendo con miras a capturar el poder y, por ende, aumentar su margen de beneficios en el largo plazo.
De continuar con esta pasividad, el Ejecutivo no es el único que sentirá las consecuencias en su decreciente popularidad, sino que el país también se insertará en un ciclo de crisis
De esta manera, no solo se está alimentando el enjambre jurídico que dificulta el control legal sobre la política, sino que también favorece la incertidumbre en la aplicabilidad de la ley, lo cual premia la discrecionalidad.
En este sentido, esta situación se ha visto potenciada por el excesivo tecnicismo que han adoptado los legisladores, como ágiles negociadores y buenos políticos, frente a un grupo de abogados que, bajo un aparente velo de ignorancia, se han blindado en la interpretación positiva de la ley. De esta manera, las lagunas legales, que debieran ser la excepción, se han convertido en la norma, permitiendo así una aplicación selectiva de la ley a los casos que son de interés para la mayoría política.
En este juego de poder, uno de los grandes responsables de esta derrota del oficialismo es el propio presidente Arévalo y su grupo de asesores. La razón de esto es que, de acuerdo con los plazos de ley, el Ejecutivo tenía 15 días hábiles, de los cuales tomó 14, para actuar sobre la norma y decidir si proceder con el veto o no. Consecuentemente, esta excesiva cautela dio el suficiente tiempo para que la oposición maquinara la estrategia política ideal para tumbar cualquier acción del gobierno. En otras palabras, el presidente y su equipo le otorgaron en bandeja de plata una victoria más a la oposición.
Ahora bien, esta excesiva maleabilidad de los tiempos legales y el contenido de la norma sienta un precedente peligroso, especialmente si se toma en cuenta que la aprobación de este Decreto podría tener repercusiones sobre otras leyes, particularmente el proyecto del presupuesto. De continuar con esta pasividad, el Ejecutivo no es el único que sentirá las consecuencias en su decreciente popularidad, sino que el país también se insertará en un ciclo de crisis, ante la falta de acción del gobierno.
La ley guatemalteca, ese hule que nunca deja de ceder
Como era de esperarse, la sesión plenaria del 7 de octubre estuvo plagada de vaivenes políticos, señalamientos, votaciones y, nuevamente, errores de cálculo por parte del oficialismo. Esto se debe a que, pese a que no estaba incluido en la agenda del día, la oposición estaba preparada para dar la lucha por el Decreto 7-2025, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Así pues, tras una serie de evidentes disputas políticas, la oposición, con 86 votos favorables, consiguió aprobar la norma que, no solo reduce la transparencia y los controles para la ejecución de fondos públicos, sino que también premia la mediocridad del trabajo, o falta de él, de los Consejos de Desarrollo Departamentales (CODEDE).
Esta discusión cobra mayor relevancia, dado que, de acuerdo con la publicación del Diario Oficial del lunes 6 de octubre, el presidente, Bernardo Arévalo, habría vetado la iniciativa, ya que se consideraba que esta contenía inconstitucionalidades, al violar el principio de anualidad presupuestaria y favorecer la discrecionalidad en el gasto público. No obstante, tras el torrente de argumentos tecnicistas, los legisladores de oposición manifestaron que, el acuerdo gubernativo, al no incluir la fecha de emisión, cobraría vigencia fuera de plazo, por lo que ya no tendría validez. Ahora bien, independientemente del contenido de la norma, que ya de por sí es altamente cuestionable, este juego político demuestra cómo, la falta de sagacidad por parte del Ejecutivo y los errores en la forma, han permitido que la política estire y deforme la ley a su favor.
El imperio de la ley que se desvanece
Dentro de un régimen democrático y de Estado de derecho, el imperio de la ley es fundamental para el mantenimiento de la estabilidad institucional. Sin embargo, como lo deja claro el ejemplo de la ley que favorece a los CODEDE, Guatemala se encuentra en un contexto en donde las disputas políticas están sustituyendo el impero de la ley por el imperio de la voluntad de los legisladores, en detrimento del Estado de derecho. Esto se debe a que, quienes están redactando las leyes, en vez de pensar en la aplicabilidad y rectitud de las normas, lo están haciendo con miras a capturar el poder y, por ende, aumentar su margen de beneficios en el largo plazo.
De continuar con esta pasividad, el Ejecutivo no es el único que sentirá las consecuencias en su decreciente popularidad, sino que el país también se insertará en un ciclo de crisis
De esta manera, no solo se está alimentando el enjambre jurídico que dificulta el control legal sobre la política, sino que también favorece la incertidumbre en la aplicabilidad de la ley, lo cual premia la discrecionalidad.
En este sentido, esta situación se ha visto potenciada por el excesivo tecnicismo que han adoptado los legisladores, como ágiles negociadores y buenos políticos, frente a un grupo de abogados que, bajo un aparente velo de ignorancia, se han blindado en la interpretación positiva de la ley. De esta manera, las lagunas legales, que debieran ser la excepción, se han convertido en la norma, permitiendo así una aplicación selectiva de la ley a los casos que son de interés para la mayoría política.
En este juego de poder, uno de los grandes responsables de esta derrota del oficialismo es el propio presidente Arévalo y su grupo de asesores. La razón de esto es que, de acuerdo con los plazos de ley, el Ejecutivo tenía 15 días hábiles, de los cuales tomó 14, para actuar sobre la norma y decidir si proceder con el veto o no. Consecuentemente, esta excesiva cautela dio el suficiente tiempo para que la oposición maquinara la estrategia política ideal para tumbar cualquier acción del gobierno. En otras palabras, el presidente y su equipo le otorgaron en bandeja de plata una victoria más a la oposición.
Ahora bien, esta excesiva maleabilidad de los tiempos legales y el contenido de la norma sienta un precedente peligroso, especialmente si se toma en cuenta que la aprobación de este Decreto podría tener repercusiones sobre otras leyes, particularmente el proyecto del presupuesto. De continuar con esta pasividad, el Ejecutivo no es el único que sentirá las consecuencias en su decreciente popularidad, sino que el país también se insertará en un ciclo de crisis, ante la falta de acción del gobierno.
