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La factura ideológica: España, el ejemplo de cómo volver a las candelas

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Dr. Ramiro Bolaños |
05 de mayo, 2025

El 28 de abril de 2025, cincuenta millones de personas en España y Portugal se quedaron sin electricidad. Un fallo en una planta solar, en un sistema sin suficiente respaldo técnico, provocó un colapso total que paralizó la península Ibérica. Ocho personas murieron. Cientos quedaron atrapados en ascensores. Los trenes de alta velocidad se detuvieron en zonas rurales y los hospitales recurrieron a sistemas improvisados de emergencia. El daño económico superó los mil millones de euros. Apenas unas semanas antes, el gobierno socialista de Pedro Sánchez había anunciado el cierre de todas las plantas nucleares entre 2027 y 2035, asegurando que no habría apagones. Hoy, el 83 % de los españoles cree que estos se repetirán, y casi el 60 % considera que el gobierno informó adecuadamente durante la crisis. La ideología no debe reemplazar la ingeniería.

En Guatemala sabemos lo que es vivir a oscuras. El 19 de enero de 1982, en pleno conflicto armado, una bomba destruyó la planta del INDE en Santa Cruz del Quiché. Veintiuno de los veintidós departamentos del país quedaron sin electricidad. Los sabotajes se intensificaron durante ese año: se cortaron líneas, se tumbaron postes, se atentó contra plantas. Los grupos guerrilleros justificaban estos ataques como una forma de debilitar al Ejército, pero el resultado fue devastador: millones quedaron sin servicios básicos. Los apagones constantes y la falta de inversión marcaron los años ochenta y principios de los noventa. En 1991, cuando el embalse de Chixoy no alcanzó su capacidad, el país se paralizó. El colapso fue tal que se instalaron barcazas generadoras flotantes en Puerto Quetzal para aumentar la oferta energética. Las maquilas recurrieron a generadores diésel y los hospitales operaban entre sombras. Recuerdo las candelas a mano para poder cenar o hacer las tareas escolares. La modernidad pendía de un hilo.

La transformación comenzó en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú, con la firma de la paz y la aprobación de la Ley General de Electricidad. Esta reforma transformó el modelo: se privatizó la generación y la distribución, se creó el Mercado Mayorista de Electricidad, y se estableció la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) como regulador independiente. El CNEE, compuesto por un delegado del Ejecutivo, uno del sector académico y uno de las asociaciones empresariales, ha sido clave en garantizar reglas claras, tarifas competitivas y estabilidad técnica. Es, de hecho, un ejemplo de cómo, bajo una legislación transparente, una coordinación entre el sector público, académico y privado puede regir eficientemente un sistema estratégico, basado en criterios técnicos y económicos.

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Desde entonces, más de 10 000 millones de dólares han sido invertidos por el sector privado, diversificando la matriz energética: 48.1 % hidroeléctrica, 27.7 % biomasa, 3.5 % eólica, 2.2 % geotermia, 1.3 % solar y apenas 0.7 % gas natural. Más del 83 % de nuestra energía proviene de fuentes renovables. Pero a pesar de ese carácter renovable, contamos con un sistema técnicamente sólido y estable, con suficiente energía firme que asegura la continuidad del suministro.

¿Cómo pasó Guatemala de los apagones al liderazgo regional? Hoy, somos el mayor exportador neto del Mercado Eléctrico Regional. Entre enero de 2022 y marzo de 2025, exportamos el 37.43 % de toda la electricidad vendida en Centroamérica, principalmente a El Salvador y Honduras. En 2019, exportamos 2.19 mil millones de kWh, el 16 % de nuestra producción. En 2024, generamos 13,117 GWh y licitamos 399 MW adicionales en la PEG-4-2022.

Guatemala tiene un sistema eléctrico competitivo, abierto y sólido, pero no es invulnerable. Basta una mala decisión, una reforma con fines políticos, una concesión al populismo, para volver a los apagones, al racionamiento y al aislamiento.

Y lo más innovador: hoy, cualquier ciudadano o pequeña empresa puede conectarse a la red. Desde paneles solares en hogares que aprovechan una irradiación de 5.3 kWh/m²/día, hasta plantas que generan electricidad con metano de basureros. Proyectos como Carbon Trade, que alimenta a 600 hogares con biogás, son una muestra de cómo la apertura fortaleció el sistema eléctrico.

Todo eso puede cambiar si cometemos el mismo error que España: ideologizar la energía. España decidió cerrar sus plantas nucleares no por razones técnicas, sino simbólicas, asociadas al franquismo. Hoy sufre las consecuencias.

El trilema energético —garantizar el suministro, reducir emisiones y mantener precios accesibles— no se resuelve con discursos. Requiere técnica, inversión privada y sentido común. Nosotros ya aprendimos la lección, pero hay señales de alerta. Nuestro propio sistema estatal de infraestructura está al borde del colapso. En su columna «Instrucciones para no llorar en invierno», el doctor Lisardo Bolaños advierte que, debido a la inacción de CONRED y del Ministerio de Finanzas, desde enero de 2025 no se han firmado contratos de mantenimiento vial preventivo. Con la llegada de las lluvias, podríamos quedar aislados de Centroamérica, como ya ocurrió en el kilómetro 44 de la carretera Palín–Escuintla. La falta de previsión pública amenaza nuestra conectividad y, por ende, nuestra seguridad económica y social.

Frente a esta realidad, vale la pena observar casos como el de la VAS, la Vía Alterna del Sur: una red de autopistas urbanas desarrollada íntegramente por el sector privado. Conecta puntos estratégicos como la zona 12, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Carretera a El Salvador, reduce los tiempos de traslado en un 30 %, opera con peajes electrónicos y mantiene una infraestructura moderna, segura y eficiente. ¿Qué pasaría si el sistema de transporte nacional fuera manejado por el sector privado, asegurando vías gratuitas para la mayoría, pero también una red premium de pago para quienes lo prefieran? Para quienes se lo pregunten, esto no significa que se privatice todo el acceso: significa que el usuario elige si quiere rapidez y modernidad a cambio de un pago voluntario. El ejemplo del contrato privado con Marnos —reemplazado por el Estado en la carretera Palín–Escuintla— nos muestra cómo podemos, solitos, dispararnos en el pie por prejuicio ideológico. ¿Queremos eficiencia y buen servicio que mejore nuestras condiciones de vida o queremos burocracia que destaca por su incapacidad e ineficiencia?

Guatemala tiene un sistema eléctrico competitivo, abierto y sólido, pero no es invulnerable. Basta una mala decisión, una reforma con fines políticos, una concesión al populismo, para volver a los apagones, al racionamiento y al aislamiento. La historia nos lo ha enseñado con crudeza. El apagón español no es una anécdota: es una advertencia. No dejemos que la factura ideológica apague el progreso que tanto nos costó construir. Que no nos regresen a las candelas.

La factura ideológica: España, el ejemplo de cómo volver a las candelas

Dr. Ramiro BolañosDr. Ramiro Bolaños
Dr. Ramiro Bolaños |
05 de mayo, 2025
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El 28 de abril de 2025, cincuenta millones de personas en España y Portugal se quedaron sin electricidad. Un fallo en una planta solar, en un sistema sin suficiente respaldo técnico, provocó un colapso total que paralizó la península Ibérica. Ocho personas murieron. Cientos quedaron atrapados en ascensores. Los trenes de alta velocidad se detuvieron en zonas rurales y los hospitales recurrieron a sistemas improvisados de emergencia. El daño económico superó los mil millones de euros. Apenas unas semanas antes, el gobierno socialista de Pedro Sánchez había anunciado el cierre de todas las plantas nucleares entre 2027 y 2035, asegurando que no habría apagones. Hoy, el 83 % de los españoles cree que estos se repetirán, y casi el 60 % considera que el gobierno informó adecuadamente durante la crisis. La ideología no debe reemplazar la ingeniería.

En Guatemala sabemos lo que es vivir a oscuras. El 19 de enero de 1982, en pleno conflicto armado, una bomba destruyó la planta del INDE en Santa Cruz del Quiché. Veintiuno de los veintidós departamentos del país quedaron sin electricidad. Los sabotajes se intensificaron durante ese año: se cortaron líneas, se tumbaron postes, se atentó contra plantas. Los grupos guerrilleros justificaban estos ataques como una forma de debilitar al Ejército, pero el resultado fue devastador: millones quedaron sin servicios básicos. Los apagones constantes y la falta de inversión marcaron los años ochenta y principios de los noventa. En 1991, cuando el embalse de Chixoy no alcanzó su capacidad, el país se paralizó. El colapso fue tal que se instalaron barcazas generadoras flotantes en Puerto Quetzal para aumentar la oferta energética. Las maquilas recurrieron a generadores diésel y los hospitales operaban entre sombras. Recuerdo las candelas a mano para poder cenar o hacer las tareas escolares. La modernidad pendía de un hilo.

La transformación comenzó en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú, con la firma de la paz y la aprobación de la Ley General de Electricidad. Esta reforma transformó el modelo: se privatizó la generación y la distribución, se creó el Mercado Mayorista de Electricidad, y se estableció la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) como regulador independiente. El CNEE, compuesto por un delegado del Ejecutivo, uno del sector académico y uno de las asociaciones empresariales, ha sido clave en garantizar reglas claras, tarifas competitivas y estabilidad técnica. Es, de hecho, un ejemplo de cómo, bajo una legislación transparente, una coordinación entre el sector público, académico y privado puede regir eficientemente un sistema estratégico, basado en criterios técnicos y económicos.

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Desde entonces, más de 10 000 millones de dólares han sido invertidos por el sector privado, diversificando la matriz energética: 48.1 % hidroeléctrica, 27.7 % biomasa, 3.5 % eólica, 2.2 % geotermia, 1.3 % solar y apenas 0.7 % gas natural. Más del 83 % de nuestra energía proviene de fuentes renovables. Pero a pesar de ese carácter renovable, contamos con un sistema técnicamente sólido y estable, con suficiente energía firme que asegura la continuidad del suministro.

¿Cómo pasó Guatemala de los apagones al liderazgo regional? Hoy, somos el mayor exportador neto del Mercado Eléctrico Regional. Entre enero de 2022 y marzo de 2025, exportamos el 37.43 % de toda la electricidad vendida en Centroamérica, principalmente a El Salvador y Honduras. En 2019, exportamos 2.19 mil millones de kWh, el 16 % de nuestra producción. En 2024, generamos 13,117 GWh y licitamos 399 MW adicionales en la PEG-4-2022.

Guatemala tiene un sistema eléctrico competitivo, abierto y sólido, pero no es invulnerable. Basta una mala decisión, una reforma con fines políticos, una concesión al populismo, para volver a los apagones, al racionamiento y al aislamiento.

Y lo más innovador: hoy, cualquier ciudadano o pequeña empresa puede conectarse a la red. Desde paneles solares en hogares que aprovechan una irradiación de 5.3 kWh/m²/día, hasta plantas que generan electricidad con metano de basureros. Proyectos como Carbon Trade, que alimenta a 600 hogares con biogás, son una muestra de cómo la apertura fortaleció el sistema eléctrico.

Todo eso puede cambiar si cometemos el mismo error que España: ideologizar la energía. España decidió cerrar sus plantas nucleares no por razones técnicas, sino simbólicas, asociadas al franquismo. Hoy sufre las consecuencias.

El trilema energético —garantizar el suministro, reducir emisiones y mantener precios accesibles— no se resuelve con discursos. Requiere técnica, inversión privada y sentido común. Nosotros ya aprendimos la lección, pero hay señales de alerta. Nuestro propio sistema estatal de infraestructura está al borde del colapso. En su columna «Instrucciones para no llorar en invierno», el doctor Lisardo Bolaños advierte que, debido a la inacción de CONRED y del Ministerio de Finanzas, desde enero de 2025 no se han firmado contratos de mantenimiento vial preventivo. Con la llegada de las lluvias, podríamos quedar aislados de Centroamérica, como ya ocurrió en el kilómetro 44 de la carretera Palín–Escuintla. La falta de previsión pública amenaza nuestra conectividad y, por ende, nuestra seguridad económica y social.

Frente a esta realidad, vale la pena observar casos como el de la VAS, la Vía Alterna del Sur: una red de autopistas urbanas desarrollada íntegramente por el sector privado. Conecta puntos estratégicos como la zona 12, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Carretera a El Salvador, reduce los tiempos de traslado en un 30 %, opera con peajes electrónicos y mantiene una infraestructura moderna, segura y eficiente. ¿Qué pasaría si el sistema de transporte nacional fuera manejado por el sector privado, asegurando vías gratuitas para la mayoría, pero también una red premium de pago para quienes lo prefieran? Para quienes se lo pregunten, esto no significa que se privatice todo el acceso: significa que el usuario elige si quiere rapidez y modernidad a cambio de un pago voluntario. El ejemplo del contrato privado con Marnos —reemplazado por el Estado en la carretera Palín–Escuintla— nos muestra cómo podemos, solitos, dispararnos en el pie por prejuicio ideológico. ¿Queremos eficiencia y buen servicio que mejore nuestras condiciones de vida o queremos burocracia que destaca por su incapacidad e ineficiencia?

Guatemala tiene un sistema eléctrico competitivo, abierto y sólido, pero no es invulnerable. Basta una mala decisión, una reforma con fines políticos, una concesión al populismo, para volver a los apagones, al racionamiento y al aislamiento. La historia nos lo ha enseñado con crudeza. El apagón español no es una anécdota: es una advertencia. No dejemos que la factura ideológica apague el progreso que tanto nos costó construir. Que no nos regresen a las candelas.

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