EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El pasado 19 de mayo, la Audiencia Nacional española dio un paso inédito: imputó formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra.
Por primera vez en la democracia española, un exjefe de Gobierno se sentará en el banquillo como presunto líder de una trama de corrupción. No se trata de un hecho aislado ni de una “persecución política”, como ya clama la izquierda. Es la punta visible de un entramado sistémico que lleva años devorando al PSOE desde dentro. Los hechos judiciales, las conexiones venezolanas, los pagos a las empresas de sus hijas [de Zapatero] y la protección activa de la dictadura de Maduro demuestran que no hablamos de coincidencias, sino de una estructura criminal pura y dura.
El epicentro actual es el rescate de EUR 53M, concedido en 2021, por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, una compañía de capital venezolano con pérdidas millonarias y vínculos directos con el chavismo.
El respetado juez José Luis Calama señala a Zapatero como el “líder de una estructura estable y jerarquizada” que ejerció influencias para obtener ese dinero público. Según el auto judicial, Zapatero y su entorno habrían percibido cerca de EUR 2M en comisiones irregulares. Una de las sociedades instrumentales, Análisis Relevante, canalizó pagos millonarios al expresidente y a What The Fav, la agencia de comunicación fundada y administrada por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El juez detalla transferencias de más de EUR 240 000 a la empresa de las hijas y cientos de miles más a cuentas personales de Zapatero, con “adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos” que no se explican con sus supuestos honorarios de consultoría. Registros de la UDEF en el despacho de Zapatero en Ferraz y en las oficinas de las hijas confirman que la trama usaba estas sociedades como último eslabón para blanquear los fondos.
No es casualidad que Plus Ultra tenga como accionistas a empresarios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Zapatero no solo mediaba políticamente con el régimen chavista desde 2016: actuaba como su principal valedor en Europa. Viajes fuera de agenda, vuelos en aviones del régimen y reuniones clandestinas con los hermanos Rodríguez forman parte de su currículum. Mientras los venezolanos se hundían en la miseria, Zapatero legitimaba elecciones fraudulentas, silenciaba a la oposición y facilitaba el lavado de capitales procedentes de PDVSA y los CLAP. El juez Calama menciona explícitamente su intervención directa en operaciones internacionales de oro, petróleo, acciones y divisas. La información clave para la imputación provino precisamente de Estados Unidos: la Homeland Security Investigations (HSI) entregó el volcado del móvil del expropietario venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas. Fuentes judiciales y periodísticas apuntan a que la DEA y el Tesoro estadounidense llevan tiempo rastreando flujos de dinero sucio desde Caracas hacia el entorno de Zapatero. No es mediación humanitaria: es protección activa de una dictadura narcotraficante a cambio de comisiones.
Este caso no cae del cielo. Es el capítulo más reciente de una larga saga de corrupción que ha convertido al PSOE en una verdadera estructura criminal. Recordemos el escándalo de los ERE en Andalucía: condenas masivas a dirigentes socialistas por el desvío de más de EUR 1500M en subvenciones ficticias.
En la era Sánchez, la lista se multiplica: el caso Koldo-Ábalos, con comisiones millonarias en contratos de mascarillas durante la pandemia; el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, imputados por organización criminal y blanqueo. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, será juzgado por tráfico de influencias tras colocarse en un puesto público sin apenas trabajar. Su esposa, Begoña Gómez, enfrenta juicio por malversación, tráfico de influencias y corrupción privada en relación con contratos públicos y actividades en la universidad. Y el propio fiscal general del Estado nombrado por Sánchez, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Supremo por revelación de secretos y prevaricación. Cuadros enteros del partido —alcaldes, consejeros, secretarios de organización— han pasado por prisión o están procesados. No son manzanas podridas. Es el árbol entero.
La izquierda, fiel a su manual, ya se victimiza. “Persecución judicial”, “lawfare”, “guerra sucia de la derecha”. Zapatero ha declarado que su actividad siempre ha sido legal y que colaborará con la Justicia. Sánchez sale en su defensa llamándolo “aliado clave”. El mismo Sánchez que, cuando los escándalos salpican a su familia y a su partido, acusa a los jueces de “golpismo” y amenaza con reformas que debiliten el poder judicial. Es el clásico mecanismo: cuando los hechos los descubren, se convierten en víctimas. La imputación de Zapatero no es selectiva; es el resultado lógico de años de impunidad consentida.
Lo que revela este caso es una estructura criminal perfectamente engrasada: expresidentes que usan su influencia para cobrar comisiones de dictaduras y empresas amigas; familias que colocan a hijos y cónyuges en circuitos de blanqueo; un partido que convierte las instituciones en cortijos para repartir prebendas. No es “simple coincidencia” de hechos aislados. Es un modelo de captura del Estado por parte de una red socialista que ha gobernado España como si fuera su finca particular. Mientras millones de españoles sufrieron la crisis, la pandemia y la inflación, ellos cobraban mordidas, rescataban aerolíneas fantasmas y protegían a tiranos que dejan a su pueblo en la miseria.
La imputación de Zapatero es un punto de inflexión. Demuestra que la Justicia, pese a las presiones, sigue funcionando. Pero también obliga a una reflexión profunda: el PSOE —y la sociedad española— no pueden seguir negando la evidencia. Una organización que acumula condenas, imputaciones y escándalos en cadena no puede presentarse como guardiana de la ética. Por el contrario, es el vivo ejemplo de lo que urge extirpar del quehacer público.
El pasado 19 de mayo, la Audiencia Nacional española dio un paso inédito: imputó formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra.
Por primera vez en la democracia española, un exjefe de Gobierno se sentará en el banquillo como presunto líder de una trama de corrupción. No se trata de un hecho aislado ni de una “persecución política”, como ya clama la izquierda. Es la punta visible de un entramado sistémico que lleva años devorando al PSOE desde dentro. Los hechos judiciales, las conexiones venezolanas, los pagos a las empresas de sus hijas [de Zapatero] y la protección activa de la dictadura de Maduro demuestran que no hablamos de coincidencias, sino de una estructura criminal pura y dura.
El epicentro actual es el rescate de EUR 53M, concedido en 2021, por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, una compañía de capital venezolano con pérdidas millonarias y vínculos directos con el chavismo.
El respetado juez José Luis Calama señala a Zapatero como el “líder de una estructura estable y jerarquizada” que ejerció influencias para obtener ese dinero público. Según el auto judicial, Zapatero y su entorno habrían percibido cerca de EUR 2M en comisiones irregulares. Una de las sociedades instrumentales, Análisis Relevante, canalizó pagos millonarios al expresidente y a What The Fav, la agencia de comunicación fundada y administrada por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El juez detalla transferencias de más de EUR 240 000 a la empresa de las hijas y cientos de miles más a cuentas personales de Zapatero, con “adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos” que no se explican con sus supuestos honorarios de consultoría. Registros de la UDEF en el despacho de Zapatero en Ferraz y en las oficinas de las hijas confirman que la trama usaba estas sociedades como último eslabón para blanquear los fondos.
No es casualidad que Plus Ultra tenga como accionistas a empresarios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Zapatero no solo mediaba políticamente con el régimen chavista desde 2016: actuaba como su principal valedor en Europa. Viajes fuera de agenda, vuelos en aviones del régimen y reuniones clandestinas con los hermanos Rodríguez forman parte de su currículum. Mientras los venezolanos se hundían en la miseria, Zapatero legitimaba elecciones fraudulentas, silenciaba a la oposición y facilitaba el lavado de capitales procedentes de PDVSA y los CLAP. El juez Calama menciona explícitamente su intervención directa en operaciones internacionales de oro, petróleo, acciones y divisas. La información clave para la imputación provino precisamente de Estados Unidos: la Homeland Security Investigations (HSI) entregó el volcado del móvil del expropietario venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas. Fuentes judiciales y periodísticas apuntan a que la DEA y el Tesoro estadounidense llevan tiempo rastreando flujos de dinero sucio desde Caracas hacia el entorno de Zapatero. No es mediación humanitaria: es protección activa de una dictadura narcotraficante a cambio de comisiones.
Este caso no cae del cielo. Es el capítulo más reciente de una larga saga de corrupción que ha convertido al PSOE en una verdadera estructura criminal. Recordemos el escándalo de los ERE en Andalucía: condenas masivas a dirigentes socialistas por el desvío de más de EUR 1500M en subvenciones ficticias.
En la era Sánchez, la lista se multiplica: el caso Koldo-Ábalos, con comisiones millonarias en contratos de mascarillas durante la pandemia; el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, imputados por organización criminal y blanqueo. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, será juzgado por tráfico de influencias tras colocarse en un puesto público sin apenas trabajar. Su esposa, Begoña Gómez, enfrenta juicio por malversación, tráfico de influencias y corrupción privada en relación con contratos públicos y actividades en la universidad. Y el propio fiscal general del Estado nombrado por Sánchez, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Supremo por revelación de secretos y prevaricación. Cuadros enteros del partido —alcaldes, consejeros, secretarios de organización— han pasado por prisión o están procesados. No son manzanas podridas. Es el árbol entero.
La izquierda, fiel a su manual, ya se victimiza. “Persecución judicial”, “lawfare”, “guerra sucia de la derecha”. Zapatero ha declarado que su actividad siempre ha sido legal y que colaborará con la Justicia. Sánchez sale en su defensa llamándolo “aliado clave”. El mismo Sánchez que, cuando los escándalos salpican a su familia y a su partido, acusa a los jueces de “golpismo” y amenaza con reformas que debiliten el poder judicial. Es el clásico mecanismo: cuando los hechos los descubren, se convierten en víctimas. La imputación de Zapatero no es selectiva; es el resultado lógico de años de impunidad consentida.
Lo que revela este caso es una estructura criminal perfectamente engrasada: expresidentes que usan su influencia para cobrar comisiones de dictaduras y empresas amigas; familias que colocan a hijos y cónyuges en circuitos de blanqueo; un partido que convierte las instituciones en cortijos para repartir prebendas. No es “simple coincidencia” de hechos aislados. Es un modelo de captura del Estado por parte de una red socialista que ha gobernado España como si fuera su finca particular. Mientras millones de españoles sufrieron la crisis, la pandemia y la inflación, ellos cobraban mordidas, rescataban aerolíneas fantasmas y protegían a tiranos que dejan a su pueblo en la miseria.
La imputación de Zapatero es un punto de inflexión. Demuestra que la Justicia, pese a las presiones, sigue funcionando. Pero también obliga a una reflexión profunda: el PSOE —y la sociedad española— no pueden seguir negando la evidencia. Una organización que acumula condenas, imputaciones y escándalos en cadena no puede presentarse como guardiana de la ética. Por el contrario, es el vivo ejemplo de lo que urge extirpar del quehacer público.
