EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Imagina un país donde cada familia aporta más de 5,000 dólares al año al gobierno, solo para recibir carreteras rotas, escuelas estancadas y hospitales desabastecidos. Eso es Guatemala en 2025.
Con un presupuesto de 148 000 millones de quetzales (unos 19,200 millones de dólares), el Estado destina entre un 65 % y 70 % a gastos corrientes —salarios, contratos, funcionamiento—, dejando apenas migajas para inversión real. De ese gasto, 3120 millones van al renglón 029, contratos temporales que, lejos de fortalecer servicios públicos, muchas veces sirven para pagar favores políticos.
Mientras tanto, casi el 80 % de los líderes de opinión, según el Diagnóstico de Percepciones de Diestra, cree que el país avanza por el rumbo equivocado. Y no es difícil entender por qué: con una esperanza de vida de apenas 69 años y un promedio de escolaridad de 5.7 años —niveles comparables a los de Togo, Angola o Haití—, Guatemala se estanca en los niveles más bajos de desarrollo humano, no solo de América Latina, sino del mundo.
Aunque el Estado representa apenas el 15.8 % del PIB —muy por debajo del promedio regional de 29.7 %—, su ineficiencia es alarmante. De los 148 000 millones presupuestados en 2025, unos 104 000 millones se consumen en funcionamiento. Cada habitante aporta, en promedio, 1090 dólares al año para sostener un aparato estatal que no mejora carreteras ni transforma aeropuertos ni reduce la desnutrición, ni fortalece la seguridad.
El aumento del presupuesto entre 2023 y 2025 —de 124 a 148 000 millones— solo ha profundizado el déficit fiscal, elevando la deuda pública que nuestros hijos pagarán en inflación, mayores impuestos o menor crecimiento.
El renglón 029 es un ejemplo sangrante: solo en Salud, representa el 20-25 % del gasto en personal, pero muchas plazas son administrativas, no médicas. Con esos fondos podrían financiarse 6,000 nuevos puestos de salud, llevando atención médica a comunidades olvidadas.
En Educación, donde se gastarán 22,000 millones de quetzales en 2025, el 70-75 % se destina a salarios, pero los estudiantes apenas alcanzan 5.7 años de escolaridad. Somos los últimos en América Latina, empatados con Haití, que gasta solo 51 dólares anuales por estudiante, mientras Guatemala triplica esa cifra sin obtener mejores resultados. Ser más ineficiente que Haití no es fácil, pero lo estamos logrando.
El Banco Mundial advertía desde 2017 que la corrupción (22.8 %), la inestabilidad política (21.2 %) y la informalidad (17.4 %) son los principales obstáculos para las empresas. Obtener un permiso puede tomar hasta 93 días; los gerentes dedican casi el 10 % de su tiempo a trámites inútiles. La burocracia no solo retrasa; la asfixia.
El último Diagnóstico de Percepciones de Diestra confirma el hartazgo: 76 % cree que Guatemala va mal, y un 57.6 % dice «definitivamente no» al rumbo actual. Solo el 1.5 % mantiene optimismo sin reservas. El informe identifica siete crisis críticas: ingobernabilidad, inseguridad, estancamiento económico, infraestructura colapsada, salud y educación deficientes, y corrupción. Sin cambios de fondo, el descontento abrirá la puerta al populismo o a la inestabilidad.
Y lejos de corregir el rumbo, las decisiones actuales agravan el problema.
Guatemala exporta apenas el 17 % de su PIB, frente a economías como Singapur o Corea del Sur, donde las exportaciones superan el 50 %. Pero mientras el mundo entra en guerras comerciales, aquí se decretan aumentos de salario mínimo del 10 % sin medir las consecuencias: castigando la rentabilidad de exportadores, empresas agrícolas y de servicios. ¿Y qué pasará este año si repetimos el error de incrementar el salario mínimo otro 10 %? Subiríamos del cuarto al segundo lugar en América Latina, por encima de Uruguay y Chile, teniendo el último en educación, y cuidado, que el gobierno de Bukele acaba de decretar 12 % más de salario mínimo en El Salvador.
Como advirtió Nassim Taleb, los sistemas fracasan cuando los líderes no enfrentan las consecuencias de sus errores. ¿Tendremos el coraje de rescatar a Guatemala antes de que sea demasiado tarde?
Además, con otro aumento de 18 % en el presupuesto para 2026, el gasto público pronto superará el total de nuestras exportaciones. ¿Y qué recibiremos a cambio? Más burocracia, menos competitividad y un mercado laboral estrangulado.
No es cierto que el Estado guatemalteco sea pequeño.
Según el informe del Ministerio de Economía, la administración pública es el mayor empleador formal del país, 35 % por encima del sector comercio, y ocupa el tercer lugar en salarios más altos. ¿Y los resultados? ¿Dónde están?
En Estados Unidos, Elon Musk lidera el Department of Government Efficiency (DOGE), con el objetivo de ahorrar 200 000 millones de dólares anuales, reduciendo burocracia y gasto innecesarios. En lugar de expandir el Estado, buscan optimizarlo. Esa mentalidad disruptiva es precisamente lo que Guatemala necesita con urgencia.
¿Qué pasaría si adoptáramos un presupuesto base cero, donde cada partida de gasto debe justificarse desde cero?
¿Qué pasaría si impulsáramos una verdadera transformación digital, no solo digitalizando formularios, sino automatizando procesos, eliminando burocracia y exponiendo la corrupción?
¿Qué pasaría si profesionalizáramos el servicio público, contratando por mérito y premiando resultados como en Singapur?
¿Qué pasaría si auditáramos todos los contratos 029, eliminando plazas fantasmas y redirigiendo recursos a servicios reales?
Un DOGE guatemalteco no es un sueño: es una urgencia inaplazable.
Un proyecto que reduzca el gasto en funcionamiento en por lo menos un 30 % en cinco años liberaría recursos para infraestructura, salud, seguridad y educación —lo que de verdad importa.
De lo contrario, la estabilidad macroeconómica de Guatemala —su último pilar— colapsará bajo el peso de la deuda, la ineficiencia y el desencanto. Como advirtió Nassim Taleb, los sistemas fracasan cuando los líderes no enfrentan las consecuencias de sus errores.
¿Tendremos el coraje de rescatar a Guatemala antes de que sea demasiado tarde?
La deuda del fracaso: ¿Quién rescata a Guatemala de su propio gobierno?
Imagina un país donde cada familia aporta más de 5,000 dólares al año al gobierno, solo para recibir carreteras rotas, escuelas estancadas y hospitales desabastecidos. Eso es Guatemala en 2025.
Con un presupuesto de 148 000 millones de quetzales (unos 19,200 millones de dólares), el Estado destina entre un 65 % y 70 % a gastos corrientes —salarios, contratos, funcionamiento—, dejando apenas migajas para inversión real. De ese gasto, 3120 millones van al renglón 029, contratos temporales que, lejos de fortalecer servicios públicos, muchas veces sirven para pagar favores políticos.
Mientras tanto, casi el 80 % de los líderes de opinión, según el Diagnóstico de Percepciones de Diestra, cree que el país avanza por el rumbo equivocado. Y no es difícil entender por qué: con una esperanza de vida de apenas 69 años y un promedio de escolaridad de 5.7 años —niveles comparables a los de Togo, Angola o Haití—, Guatemala se estanca en los niveles más bajos de desarrollo humano, no solo de América Latina, sino del mundo.
Aunque el Estado representa apenas el 15.8 % del PIB —muy por debajo del promedio regional de 29.7 %—, su ineficiencia es alarmante. De los 148 000 millones presupuestados en 2025, unos 104 000 millones se consumen en funcionamiento. Cada habitante aporta, en promedio, 1090 dólares al año para sostener un aparato estatal que no mejora carreteras ni transforma aeropuertos ni reduce la desnutrición, ni fortalece la seguridad.
El aumento del presupuesto entre 2023 y 2025 —de 124 a 148 000 millones— solo ha profundizado el déficit fiscal, elevando la deuda pública que nuestros hijos pagarán en inflación, mayores impuestos o menor crecimiento.
El renglón 029 es un ejemplo sangrante: solo en Salud, representa el 20-25 % del gasto en personal, pero muchas plazas son administrativas, no médicas. Con esos fondos podrían financiarse 6,000 nuevos puestos de salud, llevando atención médica a comunidades olvidadas.
En Educación, donde se gastarán 22,000 millones de quetzales en 2025, el 70-75 % se destina a salarios, pero los estudiantes apenas alcanzan 5.7 años de escolaridad. Somos los últimos en América Latina, empatados con Haití, que gasta solo 51 dólares anuales por estudiante, mientras Guatemala triplica esa cifra sin obtener mejores resultados. Ser más ineficiente que Haití no es fácil, pero lo estamos logrando.
El Banco Mundial advertía desde 2017 que la corrupción (22.8 %), la inestabilidad política (21.2 %) y la informalidad (17.4 %) son los principales obstáculos para las empresas. Obtener un permiso puede tomar hasta 93 días; los gerentes dedican casi el 10 % de su tiempo a trámites inútiles. La burocracia no solo retrasa; la asfixia.
El último Diagnóstico de Percepciones de Diestra confirma el hartazgo: 76 % cree que Guatemala va mal, y un 57.6 % dice «definitivamente no» al rumbo actual. Solo el 1.5 % mantiene optimismo sin reservas. El informe identifica siete crisis críticas: ingobernabilidad, inseguridad, estancamiento económico, infraestructura colapsada, salud y educación deficientes, y corrupción. Sin cambios de fondo, el descontento abrirá la puerta al populismo o a la inestabilidad.
Y lejos de corregir el rumbo, las decisiones actuales agravan el problema.
Guatemala exporta apenas el 17 % de su PIB, frente a economías como Singapur o Corea del Sur, donde las exportaciones superan el 50 %. Pero mientras el mundo entra en guerras comerciales, aquí se decretan aumentos de salario mínimo del 10 % sin medir las consecuencias: castigando la rentabilidad de exportadores, empresas agrícolas y de servicios. ¿Y qué pasará este año si repetimos el error de incrementar el salario mínimo otro 10 %? Subiríamos del cuarto al segundo lugar en América Latina, por encima de Uruguay y Chile, teniendo el último en educación, y cuidado, que el gobierno de Bukele acaba de decretar 12 % más de salario mínimo en El Salvador.
Como advirtió Nassim Taleb, los sistemas fracasan cuando los líderes no enfrentan las consecuencias de sus errores. ¿Tendremos el coraje de rescatar a Guatemala antes de que sea demasiado tarde?
Además, con otro aumento de 18 % en el presupuesto para 2026, el gasto público pronto superará el total de nuestras exportaciones. ¿Y qué recibiremos a cambio? Más burocracia, menos competitividad y un mercado laboral estrangulado.
No es cierto que el Estado guatemalteco sea pequeño.
Según el informe del Ministerio de Economía, la administración pública es el mayor empleador formal del país, 35 % por encima del sector comercio, y ocupa el tercer lugar en salarios más altos. ¿Y los resultados? ¿Dónde están?
En Estados Unidos, Elon Musk lidera el Department of Government Efficiency (DOGE), con el objetivo de ahorrar 200 000 millones de dólares anuales, reduciendo burocracia y gasto innecesarios. En lugar de expandir el Estado, buscan optimizarlo. Esa mentalidad disruptiva es precisamente lo que Guatemala necesita con urgencia.
¿Qué pasaría si adoptáramos un presupuesto base cero, donde cada partida de gasto debe justificarse desde cero?
¿Qué pasaría si impulsáramos una verdadera transformación digital, no solo digitalizando formularios, sino automatizando procesos, eliminando burocracia y exponiendo la corrupción?
¿Qué pasaría si profesionalizáramos el servicio público, contratando por mérito y premiando resultados como en Singapur?
¿Qué pasaría si auditáramos todos los contratos 029, eliminando plazas fantasmas y redirigiendo recursos a servicios reales?
Un DOGE guatemalteco no es un sueño: es una urgencia inaplazable.
Un proyecto que reduzca el gasto en funcionamiento en por lo menos un 30 % en cinco años liberaría recursos para infraestructura, salud, seguridad y educación —lo que de verdad importa.
De lo contrario, la estabilidad macroeconómica de Guatemala —su último pilar— colapsará bajo el peso de la deuda, la ineficiencia y el desencanto. Como advirtió Nassim Taleb, los sistemas fracasan cuando los líderes no enfrentan las consecuencias de sus errores.
¿Tendremos el coraje de rescatar a Guatemala antes de que sea demasiado tarde?
