EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Demonología del Sector Privado Organizado Guatemalteco (I)
¿Cuántos empresarios se necesitan para corromper una institución del gobierno?
¿Cuántos empresarios se necesitan para corromper una institución del gobierno?
Existen tres respuestas posibles. Hoy, exploraré una de ellas.
¿Se necesita de un solo empresario para corromper al gobierno?
La primera respuesta posible, dada implícita y explícitamente por periodistas y politólogos nacionales, es: uno. Con un miembro del sector privado organizado dentro de una institución pública es suficiente para abrir la puerta a los tentáculos malignos que llevarán a que las instituciones de gobierno tomen decisiones en perjuicio de los guatemaltecos.
Pero, ¿es cierto? El problema con esta respuesta empieza cuando se quiere comprender cuál es el mecanismo a través del cual opera dicha corrupción.
El caso del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) es ilustrativo. En el Consejo Directivo, el sector privado tiene una de seis sillas. No tiene poder de veto. En comparación, el Gobierno puede, por sí solo, controlar lo que ocurre en el INDE, ya que tiene tres de las seis sillas. La única votación que importa es la primera: ¿quién tendrá el puesto del Presidente, el cual tiene voto doble frente a empates? La situación es sencilla para el Gobierno, pues solo necesita sumar un voto adicional, ya sea de los sindicatos o de los alcaldes del país. De allí en adelante, el Gobierno puede votar en bloque durante los siguientes dos años sin que el resto de los miembros del Consejo sean relevantes. Siendo así la situación, resulta confuso creer que el sector privado tiene un control especial en dicha junta directiva.
Si no es el mecanismo el control de la votación, otro posible mecanismo es el flujo de información privilegiada: se conocen ciertas decisiones de antemano y eso le permite al sector privado el tomar decisiones para su beneficio y en contra del sector público y la población. Pero, si es así, ¿por qué los escándalos que se vuelven relevantes alrededor del INDE, como cualquiera puede ver revisando viejas noticias, suele relacionarse con funcionarios públicos, nombrados por el Presidente? Tal vez la razón es que la información que genera el INDE, en un mercado con tanta competencia, ya no es tan relevante ni suficiente para dar una ventaja decisiva. Por ejemplo, si sé el precio que ofertará el INDE, ¿realmente me garantiza eso ganar la licitación o solo le ganaré al INDE frente a muchos otros oferentes? En todo caso, debe considerarse que, dado el control del Ejecutivo sobre el Consejo Directivo, es más fácil que el Ejecutivo pueda controlar la Gerencia y las mismas Juntas de Licitación. Y, que, en todo caso, el problema es más bien de la adquisición de servicios para el INDE que su participación en el mercado eléctrico.
Parece entonces que el problema de instituciones como el INDE no es la presencia del sector privado. El problema es, claramente, más complejo. Y, si no lo tenemos bien diagnosticado, lo único que ocurre es que se proponen respuestas populistas para un problema que no se va a lograr resolver.
¿Por qué entonces es que no todos los guatemaltecos tenemos acceso a energía eléctrica barata? Hay muchos retos, pero podría señalar algunos:
- El Congreso le asignó una responsabilidad que fácilmente le ha consumido más de GTQ 2,000 millones en pagos en el subsidio de la tarifa eléctrica. Para que INDE pueda invertir en incrementar el acceso eléctrico a toda la población, el Gobierno Central, por decisión del Congreso, debe absorber el costo de dicho subsidio.
- Las empresas municipales de energía le deben al INDE más de GTQ 1,000 millones. Esto se concentra en menos de diez municipios, pero dado que el INDE no puede simplemente cortarles la luz, porque afrontaría demandas por atentar contra los derechos humanos de la población afectada, está obligado a seguir dándoles electricidad, aún con una deuda que muchas veces se sigue acumulando. Para que INDE pueda invertir en incrementar el acceso eléctrico a toda la población, el Ministerio de Finanzas Públicas y el INDE deben proceder a que recursos que no son parte del situado constitucional de dichas municipalidades, como el IVA-PAZ, sea parte de un fondo de amortización que permita un pago de dicha deuda.
- La larga sombra del fantasma de la politología nacional: Chixoy. La oposición radical contra la construcción de nuevos proyectos de generación eléctrica de gran capacidad es un obstáculo serio para que el INDE pueda ser un actor más importante en el mercado de generación eléctrica. Para que el INDE pueda invertir en incrementar el acceso eléctrico a toda la población, el Ejecutivo debe generar un impulso agresivo para la construcción de más hidroeléctricas y más geotérmicas, entre otras fuentes de energía.
- La población está diseminada a lo largo del territorio con bajos niveles de densidad. Esto hace costoso llevar energía eléctrica y, al mismo tiempo, hace difícil que el esfuerzo sea sostenible, pues son poblaciones de bajos ingresos. Tal es el reto que vale la pena preguntarse si no sería más barato para los contribuyentes el subsidiar vivienda en áreas más urbanizadas para estas familias y así poder proveerles de mejor manera servicios públicos de mayor calidad.
- Yo agregaría un elemento adicional: las empresas públicas guatemaltecas tienen la desventaja de tener que cumplir con mucha de la normativa cual si fueran una institución no empresarial del sector público. Esto los hace cumplir normativa que las vuelve lentas e ineficientes y con una estructura de cuentadancia que no promueve decisiones empresariales riesgosas por el miedo a multas desorbitantes y la prisión. Por hacer una reducción al absurdo, ¿creen ustedes que la empresa pública que realizó la gigantesca hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China habría podido realizar su trabajo si tuviera que cumplir con nuestra Ley de Contrataciones de Guatemala, nuestra Ley de la Contraloría y nuestra Ley de Servicio Público?
Si el INDE no logra los resultados deseados es porque se le ha drenado de recursos importantes; se ha demonizado el realizar las grandes inversiones que se requieren para cumplir su objetivo, su labor es costosa y complicada; su tarea se ve obstaculizada por normativa que la vuelve ineficiente y le quita competitividad, y porque existen retos importantes para el nombramiento de funcionarios públicos probos y de gran capacidad técnica. Con este tipo de explicaciones, parece entonces que el problema de instituciones como el INDE no es la presencia del sector privado. El problema es, claramente, más complejo. Y, si no lo tenemos bien diagnosticado, lo único que ocurre es que se proponen respuestas populistas para un problema que no se va a lograr resolver.
La Demonología del Sector Privado Organizado Guatemalteco (I)
¿Cuántos empresarios se necesitan para corromper una institución del gobierno?
¿Cuántos empresarios se necesitan para corromper una institución del gobierno?
Existen tres respuestas posibles. Hoy, exploraré una de ellas.
¿Se necesita de un solo empresario para corromper al gobierno?
La primera respuesta posible, dada implícita y explícitamente por periodistas y politólogos nacionales, es: uno. Con un miembro del sector privado organizado dentro de una institución pública es suficiente para abrir la puerta a los tentáculos malignos que llevarán a que las instituciones de gobierno tomen decisiones en perjuicio de los guatemaltecos.
Pero, ¿es cierto? El problema con esta respuesta empieza cuando se quiere comprender cuál es el mecanismo a través del cual opera dicha corrupción.
El caso del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) es ilustrativo. En el Consejo Directivo, el sector privado tiene una de seis sillas. No tiene poder de veto. En comparación, el Gobierno puede, por sí solo, controlar lo que ocurre en el INDE, ya que tiene tres de las seis sillas. La única votación que importa es la primera: ¿quién tendrá el puesto del Presidente, el cual tiene voto doble frente a empates? La situación es sencilla para el Gobierno, pues solo necesita sumar un voto adicional, ya sea de los sindicatos o de los alcaldes del país. De allí en adelante, el Gobierno puede votar en bloque durante los siguientes dos años sin que el resto de los miembros del Consejo sean relevantes. Siendo así la situación, resulta confuso creer que el sector privado tiene un control especial en dicha junta directiva.
Si no es el mecanismo el control de la votación, otro posible mecanismo es el flujo de información privilegiada: se conocen ciertas decisiones de antemano y eso le permite al sector privado el tomar decisiones para su beneficio y en contra del sector público y la población. Pero, si es así, ¿por qué los escándalos que se vuelven relevantes alrededor del INDE, como cualquiera puede ver revisando viejas noticias, suele relacionarse con funcionarios públicos, nombrados por el Presidente? Tal vez la razón es que la información que genera el INDE, en un mercado con tanta competencia, ya no es tan relevante ni suficiente para dar una ventaja decisiva. Por ejemplo, si sé el precio que ofertará el INDE, ¿realmente me garantiza eso ganar la licitación o solo le ganaré al INDE frente a muchos otros oferentes? En todo caso, debe considerarse que, dado el control del Ejecutivo sobre el Consejo Directivo, es más fácil que el Ejecutivo pueda controlar la Gerencia y las mismas Juntas de Licitación. Y, que, en todo caso, el problema es más bien de la adquisición de servicios para el INDE que su participación en el mercado eléctrico.
Parece entonces que el problema de instituciones como el INDE no es la presencia del sector privado. El problema es, claramente, más complejo. Y, si no lo tenemos bien diagnosticado, lo único que ocurre es que se proponen respuestas populistas para un problema que no se va a lograr resolver.
¿Por qué entonces es que no todos los guatemaltecos tenemos acceso a energía eléctrica barata? Hay muchos retos, pero podría señalar algunos:
- El Congreso le asignó una responsabilidad que fácilmente le ha consumido más de GTQ 2,000 millones en pagos en el subsidio de la tarifa eléctrica. Para que INDE pueda invertir en incrementar el acceso eléctrico a toda la población, el Gobierno Central, por decisión del Congreso, debe absorber el costo de dicho subsidio.
- Las empresas municipales de energía le deben al INDE más de GTQ 1,000 millones. Esto se concentra en menos de diez municipios, pero dado que el INDE no puede simplemente cortarles la luz, porque afrontaría demandas por atentar contra los derechos humanos de la población afectada, está obligado a seguir dándoles electricidad, aún con una deuda que muchas veces se sigue acumulando. Para que INDE pueda invertir en incrementar el acceso eléctrico a toda la población, el Ministerio de Finanzas Públicas y el INDE deben proceder a que recursos que no son parte del situado constitucional de dichas municipalidades, como el IVA-PAZ, sea parte de un fondo de amortización que permita un pago de dicha deuda.
- La larga sombra del fantasma de la politología nacional: Chixoy. La oposición radical contra la construcción de nuevos proyectos de generación eléctrica de gran capacidad es un obstáculo serio para que el INDE pueda ser un actor más importante en el mercado de generación eléctrica. Para que el INDE pueda invertir en incrementar el acceso eléctrico a toda la población, el Ejecutivo debe generar un impulso agresivo para la construcción de más hidroeléctricas y más geotérmicas, entre otras fuentes de energía.
- La población está diseminada a lo largo del territorio con bajos niveles de densidad. Esto hace costoso llevar energía eléctrica y, al mismo tiempo, hace difícil que el esfuerzo sea sostenible, pues son poblaciones de bajos ingresos. Tal es el reto que vale la pena preguntarse si no sería más barato para los contribuyentes el subsidiar vivienda en áreas más urbanizadas para estas familias y así poder proveerles de mejor manera servicios públicos de mayor calidad.
- Yo agregaría un elemento adicional: las empresas públicas guatemaltecas tienen la desventaja de tener que cumplir con mucha de la normativa cual si fueran una institución no empresarial del sector público. Esto los hace cumplir normativa que las vuelve lentas e ineficientes y con una estructura de cuentadancia que no promueve decisiones empresariales riesgosas por el miedo a multas desorbitantes y la prisión. Por hacer una reducción al absurdo, ¿creen ustedes que la empresa pública que realizó la gigantesca hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China habría podido realizar su trabajo si tuviera que cumplir con nuestra Ley de Contrataciones de Guatemala, nuestra Ley de la Contraloría y nuestra Ley de Servicio Público?
Si el INDE no logra los resultados deseados es porque se le ha drenado de recursos importantes; se ha demonizado el realizar las grandes inversiones que se requieren para cumplir su objetivo, su labor es costosa y complicada; su tarea se ve obstaculizada por normativa que la vuelve ineficiente y le quita competitividad, y porque existen retos importantes para el nombramiento de funcionarios públicos probos y de gran capacidad técnica. Con este tipo de explicaciones, parece entonces que el problema de instituciones como el INDE no es la presencia del sector privado. El problema es, claramente, más complejo. Y, si no lo tenemos bien diagnosticado, lo único que ocurre es que se proponen respuestas populistas para un problema que no se va a lograr resolver.
