EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La actividad dentro de las comisiones y el hemiciclo del Congreso, pese a ser mínima, ha retomado una iniciativa impulsada en 2020, originalmente, por el entonces presidente, Alejandro Giammattei. Se trata del anteproyecto de ley para tipificar como terrorismo las actividades delictivas de las maras. En términos generales, parece ser la coyuntura ideal para avanzar este tipo de proyectos, tomando en consideración que el gobierno de Estados Unidos ya ha tomado la delantera en este asunto al declarar como grupos terroristas a grupos como la Mara 18. No obstante, en el contexto local, las discusiones parlamentarias revelan que más que una herramienta para combatir estas actividades, parece ser una jugada de poder, lo cual podría traducirse en una politización de la norma.
Entre líneas
El primer aspecto que llama la atención sobre el proceso legislativo son los perfiles de los diputados que han apoyado la iniciativa. En este sentido, las críticas se han centrado en el hecho de que, paradójicamente, la diputada que presentó la iniciativa fue Nadia de León, a quien se le han atribuido vínculos personales con una de las cabecillas del Barrio 18. Por ello, con miras en el próximo proceso electoral, esta jugada se podría interpretar como un esfuerzo por “lavarse la cara” y desvincularse de estos grupos de poder.
Por otro lado, dentro de las comisiones de trabajo, más allá de la discusión del texto, sorprenden los señalamientos que se han hecho desde diferentes bloques legislativos. En este caso, vale la pena rescatar las palabras de la diputada independiente, Andrea Villagrán, quien, en una reunión con la fiscal general, manifestó que le parecía interesante el ímpetu con el que apoyaba esta iniciativa, asumiendo que ya era de su conocimiento que muchos políticos, debido al financiamiento ilícito, gozaban de los beneficios de la presencia de estos grupos en la arena política del país.
La norma no puede estar sujeta a juegos políticos e intereses ocultos. De lo contrario, en vez de fortalecer el andamiaje institucional, únicamente estaría ahondando en sus debilidades.
No cabe duda de que esta es una de las grandes lagunas que “huelen mal” dentro de nuestro sistema de partidos como consecuencia de las altas barreras de entrada que impone la regulación. Sin embargo, el hecho de que este fuera uno de los argumentos planteados por el oficialismo, parece que las palabras están más encaminadas a desprestigiar al oponente, que a justificar la norma.
Finalmente, como se ha demostrado en muchas ocasiones, si las normas no van acompañadas de un andamiaje institucional que las ponga en marcha, la legislación se vuelve inoperante. Así pues, tomando en cuenta que el ente investigador ha sentado un precedente por ser selectivo en sus investigaciones, es evidente que esta iniciativa estaría lejos de ser un instrumento eficaz para combatir las actividades delictivas. En otras palabras, la norma, aunque se apruebe, será inoperante si no existe voluntad y coordinación entre los diferentes elementos institucionales y quedará como un vestigio más en la legislación guatemalteca.
No cabe duda de la necesidad de contar con instrumentos más robustos para combatir a estas agrupaciones que, no solo atemorizan a la población, sino que también desmembran el tejido social de Guatemala. Sin embargo, la norma no puede estar sujeta a juegos políticos e intereses ocultos. De lo contrario, en vez de fortalecer el andamiaje institucional, únicamente estaría ahondando en sus debilidades.
La debilidad institucional ante los juegos de poder
La actividad dentro de las comisiones y el hemiciclo del Congreso, pese a ser mínima, ha retomado una iniciativa impulsada en 2020, originalmente, por el entonces presidente, Alejandro Giammattei. Se trata del anteproyecto de ley para tipificar como terrorismo las actividades delictivas de las maras. En términos generales, parece ser la coyuntura ideal para avanzar este tipo de proyectos, tomando en consideración que el gobierno de Estados Unidos ya ha tomado la delantera en este asunto al declarar como grupos terroristas a grupos como la Mara 18. No obstante, en el contexto local, las discusiones parlamentarias revelan que más que una herramienta para combatir estas actividades, parece ser una jugada de poder, lo cual podría traducirse en una politización de la norma.
Entre líneas
El primer aspecto que llama la atención sobre el proceso legislativo son los perfiles de los diputados que han apoyado la iniciativa. En este sentido, las críticas se han centrado en el hecho de que, paradójicamente, la diputada que presentó la iniciativa fue Nadia de León, a quien se le han atribuido vínculos personales con una de las cabecillas del Barrio 18. Por ello, con miras en el próximo proceso electoral, esta jugada se podría interpretar como un esfuerzo por “lavarse la cara” y desvincularse de estos grupos de poder.
Por otro lado, dentro de las comisiones de trabajo, más allá de la discusión del texto, sorprenden los señalamientos que se han hecho desde diferentes bloques legislativos. En este caso, vale la pena rescatar las palabras de la diputada independiente, Andrea Villagrán, quien, en una reunión con la fiscal general, manifestó que le parecía interesante el ímpetu con el que apoyaba esta iniciativa, asumiendo que ya era de su conocimiento que muchos políticos, debido al financiamiento ilícito, gozaban de los beneficios de la presencia de estos grupos en la arena política del país.
La norma no puede estar sujeta a juegos políticos e intereses ocultos. De lo contrario, en vez de fortalecer el andamiaje institucional, únicamente estaría ahondando en sus debilidades.
No cabe duda de que esta es una de las grandes lagunas que “huelen mal” dentro de nuestro sistema de partidos como consecuencia de las altas barreras de entrada que impone la regulación. Sin embargo, el hecho de que este fuera uno de los argumentos planteados por el oficialismo, parece que las palabras están más encaminadas a desprestigiar al oponente, que a justificar la norma.
Finalmente, como se ha demostrado en muchas ocasiones, si las normas no van acompañadas de un andamiaje institucional que las ponga en marcha, la legislación se vuelve inoperante. Así pues, tomando en cuenta que el ente investigador ha sentado un precedente por ser selectivo en sus investigaciones, es evidente que esta iniciativa estaría lejos de ser un instrumento eficaz para combatir las actividades delictivas. En otras palabras, la norma, aunque se apruebe, será inoperante si no existe voluntad y coordinación entre los diferentes elementos institucionales y quedará como un vestigio más en la legislación guatemalteca.
No cabe duda de la necesidad de contar con instrumentos más robustos para combatir a estas agrupaciones que, no solo atemorizan a la población, sino que también desmembran el tejido social de Guatemala. Sin embargo, la norma no puede estar sujeta a juegos políticos e intereses ocultos. De lo contrario, en vez de fortalecer el andamiaje institucional, únicamente estaría ahondando en sus debilidades.
