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La CSJ: la joya de la corona en la lucha contra la corrupción

Pese a los esfuerzos invertidos en la promesa de ponerle fin a la corrupción, lo único que se podría esperar son actos aislados y enterradas en discursos, en donde las palabras tienen mayor peso que las acciones.

Foto por Johan Ordóñez / AFP
Marimaite Rayo |
10 de octubre, 2024

La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suponía ser para muchos una oportunidad, no solo para sanear la justicia en el país, sino que también podría haber sido el arma secreta del presidente Arévalo en su “cruzada contra la corrupción y la recuperación de la democracia”. No obstante, una mala lectura de la situación llevó a sus soldados del Congreso, o sea al partido oficialista, a meterse en la cama y comprometerse “con los mismos de siempre”, lo cual no solo hizo que el mandatario perdiera una oportunidad de oro, sino que también sacó a relucir los verdaderos colores de los diputados oficialistas. Consecuentemente, la elección de las Cortes, más que un mecanismo para recuperar su independencia y eficiencia se convirtió en una subasta entre qué grupo político se llevaba el pedazo más grande de pastel y quién controlaba el mayor número de magistrados. Esta acción sugiere una malinterpretación de lo que la CSJ debiera ser, ya que esta, independientemente de la tendencia ideológica de los magistrados, debiera de ser el árbitro entre los diferentes poderes del Estado, a fin de resguardar el balance constitucional.

Desde la campaña, el lema insignia, tanto de Arévalo, como de su equipo de trabajo y simpatizantes ha sido la lucha contra la corrupción. Por ello, todas las dependencias han invertido una alta cantidad de recursos para crear instancias encargadas de la fiscalización de la ética en los actos de gobierno. Es más, a fin de cumplir su promesa de gobierno, se robustecieron las competencias y se aumentaron las prerrogativas de la Comisión Nacional contra la Corrupción, de manera que esta asumiera el liderazgo en esta cruzada. No obstante, cegado por la agenda ideológica y de partido, Arévalo hizo un cálculo equivocado, dado que, más que las acciones de estas instancias administrativas, la verdadera joya de la corona en la lucha contra la corrupción es la CSJ. Por lo tanto, la defensa de su independencia era crucial y su partido, al alinearse con el Pacto de siempre, terminó de sepultar esta promesa.

Precedente, contundencia y legitimidad

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En un régimen democrático ideal, las Altas Cortes debieran ser las encargadas de promover la fiscalización horizontal, la cual se entiende como el ejercicio de arbitraje en las disputas entre las ramas de gobierno. Es decir, la Corte interviene cuando existen acciones que alteran el balance constitucional a favor de uno de los poderes. Consecuentemente, la corrupción, al ser un abuso de poder, recursos y autoridad a fin de obtener un beneficio personal, en detrimento del interés común, se convierte en una fuente de ventaja para aquel que lo ejerza. En gran escala, la corrupción es un mecanismo que modifica los contrapesos de poder al garantizar ventajas para algunos funcionarios. Por ello, como guardián del balance de poder, la CSJ es quien debería de tener la última palabra en esta “lucha contra la corrupción” a fin de garantizar el reajuste de los contrapesos constitucionales.

En el momento en el que los soldados de Arévalo, y el resto de los diputados, decidieron participar del reparto de la Corte como si fuera un pastel de cumpleaños, ellos comprometieron esta autonomía y el mandatario perdió la joya en su cruzada contra la corrupción.

Dentro del aparato del Estado existen dos tipos de fiscalización horizontal, una que se enfoca en el balance de poderes y que está a cargo de las Altas Cortes del país y otra que hace referencia al patrullaje dentro de la administración pública. Ahora bien, tanto la teoría como la práctica evidencian cómo la primera garantiza mayores beneficios en la lucha contra la corrupción, debido a su capacidad para generar precedentes, la contundencia en sus acciones y la legitimidad de la que goza.

En primer lugar, mientras que los actos administrativos de fiscalización tienden a estar dirigidos hacia personas particulares, mediante señalamientos de corrupción, los fallos de la Corte, más que hacia personas, están dirigidos hacia grandes actos. Como consecuencia, la Corte no solo sienta un precedente para resoluciones futuras, sino que también reduce el riesgo de una reacción feroz por parte de los señalados, dado que en este segundo caso no es su reputación la que se pone en juego, como en los actos administrativos, sino que es la institucionalidad como tal. En segundo lugar, mientras que las agencias administrativas deben crear un escenario que involucra una multiplicidad de investigaciones, actores y decisiones judiciales, a fin de construir un caso lo suficientemente sólido sobre el cual basar sus acusaciones, la Corte, por su superioridad institucional, tiene la capacidad de intervenir una sola vez de forma contundente, lo cual reduce el riesgo de cometer errores y favorece la creación de estrategias más calculadas. Por último, debido a la naturaleza de la corrupción, el patrullaje administrativo requiere que se aplique una cuasi-improvisación en la resolución de los casos, lo cual se puede evitar en la acción de las Cortes. Esto se debe a que, las Cortes, al emplear procedimientos estandarizados, producen resoluciones que gozan de mayor legitimidad.

Ahora bien, para que en Guatemala la CSJ pueda cumplir con estas funciones su independencia es fundamental, dado que, únicamente si esta falla amparada en la neutralidad, será capaz de funcionar como un instrumento contra la corrupción. Por ello, en el momento en el que los soldados de Arévalo, y el resto de los diputados, decidieron participar del reparto de la Corte como si fuera un pastel de cumpleaños, ellos comprometieron esta autonomía y el mandatario perdió la joya en su cruzada contra la corrupción. Así pues, pese a los esfuerzos invertidos en la promesa de ponerle fin a la corrupción, lo único que se podría esperar son actos aislados y enterradas en discursos, en donde las palabras tienen mayor peso que las acciones.

La CSJ: la joya de la corona en la lucha contra la corrupción

Pese a los esfuerzos invertidos en la promesa de ponerle fin a la corrupción, lo único que se podría esperar son actos aislados y enterradas en discursos, en donde las palabras tienen mayor peso que las acciones.

Marimaite RayoMarimaite Rayo
Marimaite Rayo |
10 de octubre, 2024
Foto por Johan Ordóñez / AFP Foto por Johan Ordóñez / AFP
Foto por Johan Ordóñez / AFP

La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suponía ser para muchos una oportunidad, no solo para sanear la justicia en el país, sino que también podría haber sido el arma secreta del presidente Arévalo en su “cruzada contra la corrupción y la recuperación de la democracia”. No obstante, una mala lectura de la situación llevó a sus soldados del Congreso, o sea al partido oficialista, a meterse en la cama y comprometerse “con los mismos de siempre”, lo cual no solo hizo que el mandatario perdiera una oportunidad de oro, sino que también sacó a relucir los verdaderos colores de los diputados oficialistas. Consecuentemente, la elección de las Cortes, más que un mecanismo para recuperar su independencia y eficiencia se convirtió en una subasta entre qué grupo político se llevaba el pedazo más grande de pastel y quién controlaba el mayor número de magistrados. Esta acción sugiere una malinterpretación de lo que la CSJ debiera ser, ya que esta, independientemente de la tendencia ideológica de los magistrados, debiera de ser el árbitro entre los diferentes poderes del Estado, a fin de resguardar el balance constitucional.

Desde la campaña, el lema insignia, tanto de Arévalo, como de su equipo de trabajo y simpatizantes ha sido la lucha contra la corrupción. Por ello, todas las dependencias han invertido una alta cantidad de recursos para crear instancias encargadas de la fiscalización de la ética en los actos de gobierno. Es más, a fin de cumplir su promesa de gobierno, se robustecieron las competencias y se aumentaron las prerrogativas de la Comisión Nacional contra la Corrupción, de manera que esta asumiera el liderazgo en esta cruzada. No obstante, cegado por la agenda ideológica y de partido, Arévalo hizo un cálculo equivocado, dado que, más que las acciones de estas instancias administrativas, la verdadera joya de la corona en la lucha contra la corrupción es la CSJ. Por lo tanto, la defensa de su independencia era crucial y su partido, al alinearse con el Pacto de siempre, terminó de sepultar esta promesa.

Precedente, contundencia y legitimidad

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En un régimen democrático ideal, las Altas Cortes debieran ser las encargadas de promover la fiscalización horizontal, la cual se entiende como el ejercicio de arbitraje en las disputas entre las ramas de gobierno. Es decir, la Corte interviene cuando existen acciones que alteran el balance constitucional a favor de uno de los poderes. Consecuentemente, la corrupción, al ser un abuso de poder, recursos y autoridad a fin de obtener un beneficio personal, en detrimento del interés común, se convierte en una fuente de ventaja para aquel que lo ejerza. En gran escala, la corrupción es un mecanismo que modifica los contrapesos de poder al garantizar ventajas para algunos funcionarios. Por ello, como guardián del balance de poder, la CSJ es quien debería de tener la última palabra en esta “lucha contra la corrupción” a fin de garantizar el reajuste de los contrapesos constitucionales.

En el momento en el que los soldados de Arévalo, y el resto de los diputados, decidieron participar del reparto de la Corte como si fuera un pastel de cumpleaños, ellos comprometieron esta autonomía y el mandatario perdió la joya en su cruzada contra la corrupción.

Dentro del aparato del Estado existen dos tipos de fiscalización horizontal, una que se enfoca en el balance de poderes y que está a cargo de las Altas Cortes del país y otra que hace referencia al patrullaje dentro de la administración pública. Ahora bien, tanto la teoría como la práctica evidencian cómo la primera garantiza mayores beneficios en la lucha contra la corrupción, debido a su capacidad para generar precedentes, la contundencia en sus acciones y la legitimidad de la que goza.

En primer lugar, mientras que los actos administrativos de fiscalización tienden a estar dirigidos hacia personas particulares, mediante señalamientos de corrupción, los fallos de la Corte, más que hacia personas, están dirigidos hacia grandes actos. Como consecuencia, la Corte no solo sienta un precedente para resoluciones futuras, sino que también reduce el riesgo de una reacción feroz por parte de los señalados, dado que en este segundo caso no es su reputación la que se pone en juego, como en los actos administrativos, sino que es la institucionalidad como tal. En segundo lugar, mientras que las agencias administrativas deben crear un escenario que involucra una multiplicidad de investigaciones, actores y decisiones judiciales, a fin de construir un caso lo suficientemente sólido sobre el cual basar sus acusaciones, la Corte, por su superioridad institucional, tiene la capacidad de intervenir una sola vez de forma contundente, lo cual reduce el riesgo de cometer errores y favorece la creación de estrategias más calculadas. Por último, debido a la naturaleza de la corrupción, el patrullaje administrativo requiere que se aplique una cuasi-improvisación en la resolución de los casos, lo cual se puede evitar en la acción de las Cortes. Esto se debe a que, las Cortes, al emplear procedimientos estandarizados, producen resoluciones que gozan de mayor legitimidad.

Ahora bien, para que en Guatemala la CSJ pueda cumplir con estas funciones su independencia es fundamental, dado que, únicamente si esta falla amparada en la neutralidad, será capaz de funcionar como un instrumento contra la corrupción. Por ello, en el momento en el que los soldados de Arévalo, y el resto de los diputados, decidieron participar del reparto de la Corte como si fuera un pastel de cumpleaños, ellos comprometieron esta autonomía y el mandatario perdió la joya en su cruzada contra la corrupción. Así pues, pese a los esfuerzos invertidos en la promesa de ponerle fin a la corrupción, lo único que se podría esperar son actos aislados y enterradas en discursos, en donde las palabras tienen mayor peso que las acciones.

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