EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Constitución Política de la República de Guatemala: una respetable señora de 39 años (I)
El proceso de retorno a la democracia surgió insospechadamente en el seno del Ejército de Guatemala, que veía con preocupación que sus principales cuadros superiores estaban más ocupados en menesteres de política que en apoyar a sus subalternos para ganar la lucha que enfrentaba al Estado con las guerrillas en ese momento.
Sumergidos en el día a día, los guatemaltecos parecemos olvidar las verdaderas fechas dignas de celebrar. El 30 de mayo de 1985 se promulgaba una nueva Constitución Política para la República de Guatemala, luego de varios años de intentos por conducir al país por la senda democrática. Nuestra Carta Magna fue producto final de un proceso, iniciado el 23 de marzo de 1982, que fue secuestrado temporalmente por el general Efraín Ríos Montt, quien pretendía cobrarse en ese golpe de suerte los cuatro años de la presidencia que él denunciaba le habían robado en un fraude electoral de 1974, en el que siendo candidato a la presidencia del partido Democracia Cristiana de Guatemala se le atribuyó el triunfo electoral a su principal contrincante, general Eugenio Kjell Laugerud.
El proceso de retorno a la democracia surgió insospechadamente en el seno del Ejército de Guatemala, que veía con preocupación que sus principales cuadros superiores estaban más ocupados en menesteres de política que en apoyar a sus subalternos para ganar la lucha que enfrentaba al Estado con las guerrillas en ese momento. La mejor prueba fue el fraude electoral de 1982, en el que se proclamó ganador al candidato oficial, general Aníbal Guevara, luego de una torpe intromisión militar en el lugar en el que se computaban los votos. A ojos vistas se hizo urgente un proceso para desvincular al ejército del poder político.
Al respecto de este plan de transición han escrito varios autores como Jennifer Schirmer, quien escribió un bien documentado libro «El proyecto político de los militares»; Héctor Rosada Granados, «Soldados en el poder: proyecto militar en Guatemala (1944-1990)», y más recientemente Roberto Ardón, quien trata el tema en su libro «Triunviratos: La controversial historia de las Juntas de Gobierno desde la caída de Ubico hasta nuestros días». Este último autor resume el clima de descontento que imperaba dentro de las filas de la tropa guatemalteca:
«El conflicto armado arreciaba, el aislamiento internacional del gobierno era evidente, la estrategia militar estaba completamente desfasada y pérdidas considerables de oficiales en el campo de batalla se acumulaban. En esto último había incluso la percepción de que quienes libraban la guerra, cada vez con menos recursos, pero exponiendo su vida, eran los oficiales jóvenes. Que los altos mandos no se enteraban, no se exponían, libraban una guerra desde sus despachos sin ocuparse de las carencias de insumo de la oficialidad y de la tropa. De seguir este curso de acción la guerra podría perderse…»
El proceso de retorno a la democracia surgió insospechadamente en el seno del Ejército de Guatemala, que veía con preocupación que sus principales cuadros superiores estaban más ocupados en menesteres de política que en apoyar a sus subalternos para ganar la lucha que enfrentaba al Estado con las guerrillas en ese momento.
Para evitar ese fatal desenlace fue tomando forma una idea radical: relevar del gobierno a la alta jerarquía militar para imponer un plan de retorno a la democracia, que terminara con las distracciones políticas de los cuadros del ejército y les permitiera concentrarse en lo que sabían y debían hacer: combatir a una insurgencia que amenazaba con tomar el poder. Así se fraguó el golpe del 23 de marzo de 1982, al que se invitó al general Ríos Montt a asumir la Jefatura de Estado temporalmente, acompañado por una Junta Militar integrada por el coronel Francisco Gordillo y el general Horacio Maldonado Schaad, quienes fueron despachados rápidamente por Ríos Montt antes, disolviendo la junta el 9 de julio de 1982, asumiendo el poder unipersonalmente.
En el plan original, el general Ríos Montt debía convocar a elecciones dentro de un período de 100 días a más tardar de la jefatura de facto. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el general empezó a posponer la convocatoria argumentando mil razones, lo que fue preocupando a otros cuadros militares que se temían que, de permanecer el general a la cabeza del gobierno, las condiciones que habían inspirado el golpe de marzo se irían agudizando, pues en esencia solo se había salido del general Lucas García para caer en otro general igualmente nocivo para la conducción de operaciones militares que derrotaran de forma definitiva a las guerrillas que operaban en el interior del país.
La Constitución Política de la República de Guatemala: una respetable señora de 39 años (I)
El proceso de retorno a la democracia surgió insospechadamente en el seno del Ejército de Guatemala, que veía con preocupación que sus principales cuadros superiores estaban más ocupados en menesteres de política que en apoyar a sus subalternos para ganar la lucha que enfrentaba al Estado con las guerrillas en ese momento.
Sumergidos en el día a día, los guatemaltecos parecemos olvidar las verdaderas fechas dignas de celebrar. El 30 de mayo de 1985 se promulgaba una nueva Constitución Política para la República de Guatemala, luego de varios años de intentos por conducir al país por la senda democrática. Nuestra Carta Magna fue producto final de un proceso, iniciado el 23 de marzo de 1982, que fue secuestrado temporalmente por el general Efraín Ríos Montt, quien pretendía cobrarse en ese golpe de suerte los cuatro años de la presidencia que él denunciaba le habían robado en un fraude electoral de 1974, en el que siendo candidato a la presidencia del partido Democracia Cristiana de Guatemala se le atribuyó el triunfo electoral a su principal contrincante, general Eugenio Kjell Laugerud.
El proceso de retorno a la democracia surgió insospechadamente en el seno del Ejército de Guatemala, que veía con preocupación que sus principales cuadros superiores estaban más ocupados en menesteres de política que en apoyar a sus subalternos para ganar la lucha que enfrentaba al Estado con las guerrillas en ese momento. La mejor prueba fue el fraude electoral de 1982, en el que se proclamó ganador al candidato oficial, general Aníbal Guevara, luego de una torpe intromisión militar en el lugar en el que se computaban los votos. A ojos vistas se hizo urgente un proceso para desvincular al ejército del poder político.
Al respecto de este plan de transición han escrito varios autores como Jennifer Schirmer, quien escribió un bien documentado libro «El proyecto político de los militares»; Héctor Rosada Granados, «Soldados en el poder: proyecto militar en Guatemala (1944-1990)», y más recientemente Roberto Ardón, quien trata el tema en su libro «Triunviratos: La controversial historia de las Juntas de Gobierno desde la caída de Ubico hasta nuestros días». Este último autor resume el clima de descontento que imperaba dentro de las filas de la tropa guatemalteca:
«El conflicto armado arreciaba, el aislamiento internacional del gobierno era evidente, la estrategia militar estaba completamente desfasada y pérdidas considerables de oficiales en el campo de batalla se acumulaban. En esto último había incluso la percepción de que quienes libraban la guerra, cada vez con menos recursos, pero exponiendo su vida, eran los oficiales jóvenes. Que los altos mandos no se enteraban, no se exponían, libraban una guerra desde sus despachos sin ocuparse de las carencias de insumo de la oficialidad y de la tropa. De seguir este curso de acción la guerra podría perderse…»
El proceso de retorno a la democracia surgió insospechadamente en el seno del Ejército de Guatemala, que veía con preocupación que sus principales cuadros superiores estaban más ocupados en menesteres de política que en apoyar a sus subalternos para ganar la lucha que enfrentaba al Estado con las guerrillas en ese momento.
Para evitar ese fatal desenlace fue tomando forma una idea radical: relevar del gobierno a la alta jerarquía militar para imponer un plan de retorno a la democracia, que terminara con las distracciones políticas de los cuadros del ejército y les permitiera concentrarse en lo que sabían y debían hacer: combatir a una insurgencia que amenazaba con tomar el poder. Así se fraguó el golpe del 23 de marzo de 1982, al que se invitó al general Ríos Montt a asumir la Jefatura de Estado temporalmente, acompañado por una Junta Militar integrada por el coronel Francisco Gordillo y el general Horacio Maldonado Schaad, quienes fueron despachados rápidamente por Ríos Montt antes, disolviendo la junta el 9 de julio de 1982, asumiendo el poder unipersonalmente.
En el plan original, el general Ríos Montt debía convocar a elecciones dentro de un período de 100 días a más tardar de la jefatura de facto. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el general empezó a posponer la convocatoria argumentando mil razones, lo que fue preocupando a otros cuadros militares que se temían que, de permanecer el general a la cabeza del gobierno, las condiciones que habían inspirado el golpe de marzo se irían agudizando, pues en esencia solo se había salido del general Lucas García para caer en otro general igualmente nocivo para la conducción de operaciones militares que derrotaran de forma definitiva a las guerrillas que operaban en el interior del país.
