EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La acción
La noticia de la semana pasada fue el arresto del viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco. Se le acusa de ser responsable de varios delitos cometidos en octubre del 2023, que, mediante bloqueos, extorsiones y coacción, perjudicaron a la mayoría de los guatemaltecos causándoles pérdidas millonarias; quiebras de sus negocios; problemas judiciales al no poder llegar a sus citas en los juzgados; impidieron la libertad de operar sus empresas, y además ocasionaron la imposibilidad de trasladarse libremente de un lugar a otro, con el grave desenlace de la muerte de algunos necesitados de atención hospitalaria urgente.
La reacción
No se hizo esperar la reacción de la comunidad socialista organizada. Fue inmediata. Los líderes de los 48 Cantones amenazaron al pueblo de Guatemala con nuevos bloqueos si no se liberaba enseguida a Pacheco. Como suelen hacer, colectivizan la pasión de un individuo de su interés. Rápido concluyen que el arresto del delincuente es una persecución política contra los pueblos indígenas. Es a los pueblos indígenas a quienes se les pretende vedar su derecho a manifestar pacíficamente, alegan.
Volker Türk, el abogado austriaco, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no tardó en condenar el arresto del viceministro calificando de “preocupante” el “uso indebido del derecho penal en Guatemala para detener líderes indígenas”, destacando que “participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no debe ser sancionado”.
También el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presidido por Helen Mack, con la colaboración de la directora del Programa para Centroamérica y México, Claudia Paz y Paz, y Washington Office on Latin America (WOLA), presidida por Carolina Jiménez Sandoval, con la colaboración de la directora para Centroamérica Ana María Méndez Dardón, demandaron el “cese inmediato de la criminalización contra los líderes indígenas por parte de la Fiscalía”.
El presidente Arévalo se apresuró a condenar y calificar el arresto de Pacheco como un acto de criminalización contra los pueblos indígenas que lideraron la resistencia democrática de octubre del 2023. Luego, enfatizó que la captura del viceministro es un golpe artero, taimado, contra el pueblo de Guatemala. Nuevamente, solicitó a los diputados del Congreso de la República modificar la Ley del Ministerio Público para poder deshacerse de la fiscal general.
Los diputados independientes, que antes pertenecieran al Partido Semilla, manifestaron en el congreso que su prioridad es reformar la Ley Orgánica del MP para poder escapar de la persecución legal por los supuestos delitos cometidos.
La decencia
La decencia y la honestidad nos obligan a no falsear los hechos. Todos los dirigentes de los 48 Cantones, Türk, CEJIL, WOLA, el presidente de la República y los diputados oficialistas han decidido omitir en sus declaraciones que el bloqueo de caminos, calles y carreteras constituye una violación a los derechos de los ciudadanos; una violencia contra el derecho de libertad de locomoción de los individuos; un impedimento al libre ejercicio de comerciar sus productos de los negociantes, y un forzamiento a detener la producción de bienes y servicios, obligando a cerrar fábricas, restaurantes y negocios, ya sea directa o indirectamente por el desabastecimiento de materias primas que se pudrieron en los camiones estancados en las carreteras.
Los hechos muestran que ni los de los 48 Cantones ni Türk de la ONU ni CEJIL ni WOLA ni los diputados oficialistas, ni el presidente tienen ni el más mínimo interés en defender, y no digamos proteger, los derechos de los guatemaltecos. Su interés es político.
Su inmoral omisión pretende falsear los hechos al calificarlos de manifestaciones pacíficas para poder, así, victimizar a los victimarios.
Y no pueden convencernos de que ignoran que bloquear carreteras y calles constituye un delito y una violación del derecho de los demás. El mismísimo ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray, lo enfatizó en una conferencia de prensa donde aclaró que el derecho a manifestar no implica bloquear. Y que los bloqueos afectan a los ciudadanos impidiéndoles cumplir con sus compromisos, y la mercancía perecedera se pierde. Así que no pueden alegar ignorancia.
Un principio moral, una ley legítima, debe ser universal. Una ley justa es aquella que la mayoría requiere que una minoría siga y también está dispuesta a cumplir.
Si un grupo, suficientemente numeroso, decidiera manifestar en contra de los 48 Cantones por no estar de acuerdo con su pretensión de representar al pueblo en la defensa de sus intereses político, ¿considerarían los de los 48 Cantones justo y legítimo que este grupo de ciudadanos de la capital bloquearan todos los accesos a Totonicapán, cercando la ciudad por varios meses? ¿Calificarían de legítimo derecho de manifestación, el sitio, el bloqueo, el aislamiento, la incomunicación, la encerrona? O, ¿considerarían que el asedio es un hostigamiento, un acto de guerra, una violación del derecho de los ciudadanos de Totonicapán?
Y, ¿por qué Türk, CEJIL, WOLA, que se autocalifican de defensores de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los que bloquearon caminos, carreteras y calles violaban los derechos de millones de ciudadanos guatemaltecos? ¿Es que acaso están afirmando que unos tienen más derechos que otros?
Y, ¿por qué el presidente de la república amaña los hechos buscando crear una confrontación entre ciudadanos al afirmar que la persecución penal es contra el pueblo indígena y el pueblo de Guatemala cuando es solo contra individuos específicos identificados por delinquir?
Y, ¿por qué los diputados oficialistas tergiversan la realidad, pretendiendo convencernos de que la prioridad debe ser la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público? ¿No es acaso prioritario para el pueblo que renuncien al incremento desmedido a sus sueldos, que después de obtener el presupuesto más alto de la historia de Guatemala financiado por nuestros impuestos, atiendan las carreteras, las calles, los puertos, la seguridad, el tomógrafo y las barreras de importación?
Los hechos muestran que ni los de los 48 Cantones ni Türk de la ONU ni CEJIL ni WOLA ni los diputados oficialistas, ni el presidente tienen ni el más mínimo interés en defender, y no digamos proteger, los derechos de los guatemaltecos. Su interés es político. Es avanzar con su agenda, sin importar que para ello haya que mentir descaradamente y violar los derechos de los guatemaltecos.
Pero no existe tal cosa como el derecho a violar el derecho de los demás. Eso es una contradicción en términos. ¿Por qué pretenden estos socialistas tener privilegios especiales, que los exima, que los exonere, que los dispense de los crímenes que cometen contra los demás? ¿Consideran que están por encima de la ley? ¿Acaso se creen intocables?
La acción
La noticia de la semana pasada fue el arresto del viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco. Se le acusa de ser responsable de varios delitos cometidos en octubre del 2023, que, mediante bloqueos, extorsiones y coacción, perjudicaron a la mayoría de los guatemaltecos causándoles pérdidas millonarias; quiebras de sus negocios; problemas judiciales al no poder llegar a sus citas en los juzgados; impidieron la libertad de operar sus empresas, y además ocasionaron la imposibilidad de trasladarse libremente de un lugar a otro, con el grave desenlace de la muerte de algunos necesitados de atención hospitalaria urgente.
La reacción
No se hizo esperar la reacción de la comunidad socialista organizada. Fue inmediata. Los líderes de los 48 Cantones amenazaron al pueblo de Guatemala con nuevos bloqueos si no se liberaba enseguida a Pacheco. Como suelen hacer, colectivizan la pasión de un individuo de su interés. Rápido concluyen que el arresto del delincuente es una persecución política contra los pueblos indígenas. Es a los pueblos indígenas a quienes se les pretende vedar su derecho a manifestar pacíficamente, alegan.
Volker Türk, el abogado austriaco, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no tardó en condenar el arresto del viceministro calificando de “preocupante” el “uso indebido del derecho penal en Guatemala para detener líderes indígenas”, destacando que “participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no debe ser sancionado”.
También el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presidido por Helen Mack, con la colaboración de la directora del Programa para Centroamérica y México, Claudia Paz y Paz, y Washington Office on Latin America (WOLA), presidida por Carolina Jiménez Sandoval, con la colaboración de la directora para Centroamérica Ana María Méndez Dardón, demandaron el “cese inmediato de la criminalización contra los líderes indígenas por parte de la Fiscalía”.
El presidente Arévalo se apresuró a condenar y calificar el arresto de Pacheco como un acto de criminalización contra los pueblos indígenas que lideraron la resistencia democrática de octubre del 2023. Luego, enfatizó que la captura del viceministro es un golpe artero, taimado, contra el pueblo de Guatemala. Nuevamente, solicitó a los diputados del Congreso de la República modificar la Ley del Ministerio Público para poder deshacerse de la fiscal general.
Los diputados independientes, que antes pertenecieran al Partido Semilla, manifestaron en el congreso que su prioridad es reformar la Ley Orgánica del MP para poder escapar de la persecución legal por los supuestos delitos cometidos.
La decencia
La decencia y la honestidad nos obligan a no falsear los hechos. Todos los dirigentes de los 48 Cantones, Türk, CEJIL, WOLA, el presidente de la República y los diputados oficialistas han decidido omitir en sus declaraciones que el bloqueo de caminos, calles y carreteras constituye una violación a los derechos de los ciudadanos; una violencia contra el derecho de libertad de locomoción de los individuos; un impedimento al libre ejercicio de comerciar sus productos de los negociantes, y un forzamiento a detener la producción de bienes y servicios, obligando a cerrar fábricas, restaurantes y negocios, ya sea directa o indirectamente por el desabastecimiento de materias primas que se pudrieron en los camiones estancados en las carreteras.
Los hechos muestran que ni los de los 48 Cantones ni Türk de la ONU ni CEJIL ni WOLA ni los diputados oficialistas, ni el presidente tienen ni el más mínimo interés en defender, y no digamos proteger, los derechos de los guatemaltecos. Su interés es político.
Su inmoral omisión pretende falsear los hechos al calificarlos de manifestaciones pacíficas para poder, así, victimizar a los victimarios.
Y no pueden convencernos de que ignoran que bloquear carreteras y calles constituye un delito y una violación del derecho de los demás. El mismísimo ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray, lo enfatizó en una conferencia de prensa donde aclaró que el derecho a manifestar no implica bloquear. Y que los bloqueos afectan a los ciudadanos impidiéndoles cumplir con sus compromisos, y la mercancía perecedera se pierde. Así que no pueden alegar ignorancia.
Un principio moral, una ley legítima, debe ser universal. Una ley justa es aquella que la mayoría requiere que una minoría siga y también está dispuesta a cumplir.
Si un grupo, suficientemente numeroso, decidiera manifestar en contra de los 48 Cantones por no estar de acuerdo con su pretensión de representar al pueblo en la defensa de sus intereses político, ¿considerarían los de los 48 Cantones justo y legítimo que este grupo de ciudadanos de la capital bloquearan todos los accesos a Totonicapán, cercando la ciudad por varios meses? ¿Calificarían de legítimo derecho de manifestación, el sitio, el bloqueo, el aislamiento, la incomunicación, la encerrona? O, ¿considerarían que el asedio es un hostigamiento, un acto de guerra, una violación del derecho de los ciudadanos de Totonicapán?
Y, ¿por qué Türk, CEJIL, WOLA, que se autocalifican de defensores de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los que bloquearon caminos, carreteras y calles violaban los derechos de millones de ciudadanos guatemaltecos? ¿Es que acaso están afirmando que unos tienen más derechos que otros?
Y, ¿por qué el presidente de la república amaña los hechos buscando crear una confrontación entre ciudadanos al afirmar que la persecución penal es contra el pueblo indígena y el pueblo de Guatemala cuando es solo contra individuos específicos identificados por delinquir?
Y, ¿por qué los diputados oficialistas tergiversan la realidad, pretendiendo convencernos de que la prioridad debe ser la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público? ¿No es acaso prioritario para el pueblo que renuncien al incremento desmedido a sus sueldos, que después de obtener el presupuesto más alto de la historia de Guatemala financiado por nuestros impuestos, atiendan las carreteras, las calles, los puertos, la seguridad, el tomógrafo y las barreras de importación?
Los hechos muestran que ni los de los 48 Cantones ni Türk de la ONU ni CEJIL ni WOLA ni los diputados oficialistas, ni el presidente tienen ni el más mínimo interés en defender, y no digamos proteger, los derechos de los guatemaltecos. Su interés es político. Es avanzar con su agenda, sin importar que para ello haya que mentir descaradamente y violar los derechos de los guatemaltecos.
Pero no existe tal cosa como el derecho a violar el derecho de los demás. Eso es una contradicción en términos. ¿Por qué pretenden estos socialistas tener privilegios especiales, que los exima, que los exonere, que los dispense de los crímenes que cometen contra los demás? ¿Consideran que están por encima de la ley? ¿Acaso se creen intocables?
