EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El posible veto a la ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo ha puesto al presidente, Bernardo Arévalo, entre la espada y la pared. Al mismo tiempo, el creciente peso que está ganando el descontento de la población con la administración, particularmente con el rol del jefe del Ejecutivo, paulatinamente se está transformando en una presión que ya a empezado a calar entre las filas internas del gobierno. La demanda por la necesidad de retomar las riendas del país y ser contundente con las decisiones es evidente. De lo contrario, no solo tendríamos una administración inoperante, sino que también se acrecentaría la brecha en la discrecionalidad de la ejecución de los fondos públicos.
No cabe duda de que sí existe un consenso en cuanto a la falta de análisis técnico de la ley, dado que no solo incluye inconstitucionalidades, sino que también induce incentivos perversos en la estructura de los Consejos de Desarrollo (CODEDES). Asimismo, el oportunismo político que rellena el interlineado de la norma evidencia que, más que beneficiar al avance del país, el único objetivo de esta ley es la promoción de intereses particulares. No obstante, en términos institucionales y de gobernabilidad, el veto del presidente podría tener implicaciones más allá de la norma.
La cuerda floja de un presidencialismo parlamentario
Por un lado, las encuestas de opinión sobre la administración de Arévalo son cada vez más adversas. La popularidad inicial se ha convertido en un desencanto generalizado, incluso entre los cuadros más fieles al presidente. En gran parte, esta dinámica se le atribuye a la ambigüedad en la aplicación de las políticas de gobierno y la falta de contundencia en las decisiones presidenciales. Por ello, dada la impopularidad de la medida adoptada por la oposición, su veto podría ser un punto de inflexión en el rumbo de la administración. En pocas palabras, el presidente podría reafirmar su autoridad y así modificar la mala percepción que actualmente se mantiene sobre su persona.
La decisión del presidente está entre la recuperación de su popularidad y la reafirmación de su autoridad frente al Congreso o el beneplácito a la oposición, pese a los riesgos que presenta la norma.
Ahora bien, debido a las particularidades del sistema político guatemalteco, este veto podría generar una fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo, la cual se traduciría en un estancamiento de la función pública. Esto se debe a que, a diferencia de otros países latinoamericanos, más que un hiperpresidencialismo, en donde las amplias competencias del presidente le permiten tomar decisiones de manera unilateral sin mayor consideración sobre el resto de los poderes, Guatemala sufre de un presidencialismo parlamentario. La razón de esta peculiaridad es que, el Legislativo, en vez de ejercer un contrapeso a la autoridad del presidente, en realidad es quien maneja las riendas de este. Es decir, similar a un sistema parlamentario, sin amplio apoyo del Congreso, el margen de acción del presidente se ve reducido al mínimo.
Así pues, debido a que el oficialismo no cuenta con una mayoría dentro del hemiciclo, incluso con las pocas alianzas que mantiene, el acuerdo con la oposición es crucial para el avance de la administración. Consecuentemente, debido a que el bloque opositor fue quien aprobó la ley, su veto podría sentar un precedente para las manos atadas con las que tendría que caminar para el resto de la Presidencia. Esta situación sería el escenario menos favorable para el oficialismo, tomando en cuenta el papel tan importante que tendrá el Congreso en las elecciones institucionales del próximo año.
De esta manera, desde esta perspectiva, la decisión del presidente está entre la recuperación de su popularidad y la reafirmación de su autoridad frente al Congreso o el beneplácito a la oposición, pese a los riesgos que presenta la norma. En otras palabras, el peso del personalismo podría poner en riesgo el contrapeso de la institucionalidad, lo cual, en el largo plazo, podría llevar a Guatemala en un total estancamiento y un posible entrampamiento entre la irresponsabilidad del gasto público y la falta de transparencia de las decisiones políticas.
Guatemala: un país de más pesos que contrapesos
El posible veto a la ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo ha puesto al presidente, Bernardo Arévalo, entre la espada y la pared. Al mismo tiempo, el creciente peso que está ganando el descontento de la población con la administración, particularmente con el rol del jefe del Ejecutivo, paulatinamente se está transformando en una presión que ya a empezado a calar entre las filas internas del gobierno. La demanda por la necesidad de retomar las riendas del país y ser contundente con las decisiones es evidente. De lo contrario, no solo tendríamos una administración inoperante, sino que también se acrecentaría la brecha en la discrecionalidad de la ejecución de los fondos públicos.
No cabe duda de que sí existe un consenso en cuanto a la falta de análisis técnico de la ley, dado que no solo incluye inconstitucionalidades, sino que también induce incentivos perversos en la estructura de los Consejos de Desarrollo (CODEDES). Asimismo, el oportunismo político que rellena el interlineado de la norma evidencia que, más que beneficiar al avance del país, el único objetivo de esta ley es la promoción de intereses particulares. No obstante, en términos institucionales y de gobernabilidad, el veto del presidente podría tener implicaciones más allá de la norma.
La cuerda floja de un presidencialismo parlamentario
Por un lado, las encuestas de opinión sobre la administración de Arévalo son cada vez más adversas. La popularidad inicial se ha convertido en un desencanto generalizado, incluso entre los cuadros más fieles al presidente. En gran parte, esta dinámica se le atribuye a la ambigüedad en la aplicación de las políticas de gobierno y la falta de contundencia en las decisiones presidenciales. Por ello, dada la impopularidad de la medida adoptada por la oposición, su veto podría ser un punto de inflexión en el rumbo de la administración. En pocas palabras, el presidente podría reafirmar su autoridad y así modificar la mala percepción que actualmente se mantiene sobre su persona.
La decisión del presidente está entre la recuperación de su popularidad y la reafirmación de su autoridad frente al Congreso o el beneplácito a la oposición, pese a los riesgos que presenta la norma.
Ahora bien, debido a las particularidades del sistema político guatemalteco, este veto podría generar una fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo, la cual se traduciría en un estancamiento de la función pública. Esto se debe a que, a diferencia de otros países latinoamericanos, más que un hiperpresidencialismo, en donde las amplias competencias del presidente le permiten tomar decisiones de manera unilateral sin mayor consideración sobre el resto de los poderes, Guatemala sufre de un presidencialismo parlamentario. La razón de esta peculiaridad es que, el Legislativo, en vez de ejercer un contrapeso a la autoridad del presidente, en realidad es quien maneja las riendas de este. Es decir, similar a un sistema parlamentario, sin amplio apoyo del Congreso, el margen de acción del presidente se ve reducido al mínimo.
Así pues, debido a que el oficialismo no cuenta con una mayoría dentro del hemiciclo, incluso con las pocas alianzas que mantiene, el acuerdo con la oposición es crucial para el avance de la administración. Consecuentemente, debido a que el bloque opositor fue quien aprobó la ley, su veto podría sentar un precedente para las manos atadas con las que tendría que caminar para el resto de la Presidencia. Esta situación sería el escenario menos favorable para el oficialismo, tomando en cuenta el papel tan importante que tendrá el Congreso en las elecciones institucionales del próximo año.
De esta manera, desde esta perspectiva, la decisión del presidente está entre la recuperación de su popularidad y la reafirmación de su autoridad frente al Congreso o el beneplácito a la oposición, pese a los riesgos que presenta la norma. En otras palabras, el peso del personalismo podría poner en riesgo el contrapeso de la institucionalidad, lo cual, en el largo plazo, podría llevar a Guatemala en un total estancamiento y un posible entrampamiento entre la irresponsabilidad del gasto público y la falta de transparencia de las decisiones políticas.
