EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala cerró junio con una agenda política llena de titulares y la promesa de reformas estructurales que, sobre el papel, suenan bien. Empecemos por la escena internacional, que esta vez se pintó con brochazos geopolíticos. La firma de cartas de intención entre el presidente Bernardo Arévalo y su homólogo de Taiwán, William Lai, podría abrirle a Guatemala una puerta en el competitivo mundo de los semiconductores. Un país como el nuestro, con brechas digitales enormes y una matriz productiva aún demasiado concentrada, necesita diversificar su economía si no quiere quedarse rezagado en la carrera tecnológica global. La pregunta es si tenemos la capacidad de absorber tecnología, adaptarla y, sobre todo, retener talento y no solo ver pasar las inversiones como visitantes de paso.
De la mano de Taiwán, se suma Estados Unidos, con quien se firmó un acuerdo para reforzar la seguridad aeroportuaria. Se habla de acceso a tecnología avanzada, equipamiento especializado y capacitación para el personal guatemalteco. Bienvenido sea todo lo que implique elevar los estándares de seguridad en terminales aéreas y transporte, lo necesitamos no solo por razones de protección, sino porque puede mover el turismo.
La discusión sobre la nueva Ley de Aguas ilustra muy bien el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. El Ministerio de Ambiente abrió el diálogo con el sector privado para consensuar una ley moderna y técnicamente viable. El sector privado, por su parte, advirtió sobre el peligro de que esta ley se convierta en un arma política, y exige garantías de seguridad jurídica, responsabilidades compartidas y una normativa que incentive, y no los asfixie.
En el Congreso, algunas iniciativas relevantes se discutieron, desde marcos regulatorios para la competencia hasta ajustes en infraestructura crítica, pero el listado de leyes en trámite empieza a parecer un menú de restaurante: mucho para escoger, poco para servir. Por ejemplo, la tan anunciada Ley de Competencia, sigue a medias porque el Congreso no ha completado la elección de su directorio. Mientras no se instale plenamente la Superintendencia de Competencia, la intención se queda solo en eso: una intención.
Al mismo tiempo, surgen nuevas propuestas para modernizar el sistema portuario, atender la crisis de aguas residuales o reforzar la lucha contra las extorsiones. Los titulares se acumulan, pero lo que no se ve es una hoja de ruta clara sobre cómo se van a implementar, quién las va a financiar y cómo se va a fiscalizar su ejecución. En un país donde cada gobierno hereda obras inconclusas y marcos legales incompletos, esto no es un detalle menor.
Entonces, ¿Qué podemos aprender de este junio? Que Guatemala está, una vez más, frente a un espejo donde se reflejan sus enormes desafíos estructurales: inseguridad jurídica, falta de continuidad institucional, dependencia de la voluntad política de turno y una débil cultura de rendición de cuentas. Pero también hay una oportunidad: la de demostrar que el país puede generar consensos técnicos y políticos que se traduzcan en políticas públicas sostenibles y no en decretos de temporada.
Para que estos acuerdos internacionales y leyes prometidas tengan impacto, se necesita más que firmas y fotos. Requiere capacidad técnica para ejecutarlos, coordinación entre instituciones, seguimiento real y ciudadanía y medios de comunicación vigilantes. Y los actores políticos, si realmente quieren hacer historia, tendrán que entender que la legitimidad no se construye solo con votos, sino con resultados.
¿Seremos capaces de pasar del papel a la acción? Ojalá que sí. Porque esta vez, la urgencia de modernizarse, de proteger los recursos y de atraer inversión no es solo una apuesta de coyuntura: es una condición para no quedar atrapados en la retórica mientras el resto del mundo avanza.
Guatemala cerró junio con una agenda política llena de titulares y la promesa de reformas estructurales que, sobre el papel, suenan bien. Empecemos por la escena internacional, que esta vez se pintó con brochazos geopolíticos. La firma de cartas de intención entre el presidente Bernardo Arévalo y su homólogo de Taiwán, William Lai, podría abrirle a Guatemala una puerta en el competitivo mundo de los semiconductores. Un país como el nuestro, con brechas digitales enormes y una matriz productiva aún demasiado concentrada, necesita diversificar su economía si no quiere quedarse rezagado en la carrera tecnológica global. La pregunta es si tenemos la capacidad de absorber tecnología, adaptarla y, sobre todo, retener talento y no solo ver pasar las inversiones como visitantes de paso.
De la mano de Taiwán, se suma Estados Unidos, con quien se firmó un acuerdo para reforzar la seguridad aeroportuaria. Se habla de acceso a tecnología avanzada, equipamiento especializado y capacitación para el personal guatemalteco. Bienvenido sea todo lo que implique elevar los estándares de seguridad en terminales aéreas y transporte, lo necesitamos no solo por razones de protección, sino porque puede mover el turismo.
La discusión sobre la nueva Ley de Aguas ilustra muy bien el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. El Ministerio de Ambiente abrió el diálogo con el sector privado para consensuar una ley moderna y técnicamente viable. El sector privado, por su parte, advirtió sobre el peligro de que esta ley se convierta en un arma política, y exige garantías de seguridad jurídica, responsabilidades compartidas y una normativa que incentive, y no los asfixie.
En el Congreso, algunas iniciativas relevantes se discutieron, desde marcos regulatorios para la competencia hasta ajustes en infraestructura crítica, pero el listado de leyes en trámite empieza a parecer un menú de restaurante: mucho para escoger, poco para servir. Por ejemplo, la tan anunciada Ley de Competencia, sigue a medias porque el Congreso no ha completado la elección de su directorio. Mientras no se instale plenamente la Superintendencia de Competencia, la intención se queda solo en eso: una intención.
Al mismo tiempo, surgen nuevas propuestas para modernizar el sistema portuario, atender la crisis de aguas residuales o reforzar la lucha contra las extorsiones. Los titulares se acumulan, pero lo que no se ve es una hoja de ruta clara sobre cómo se van a implementar, quién las va a financiar y cómo se va a fiscalizar su ejecución. En un país donde cada gobierno hereda obras inconclusas y marcos legales incompletos, esto no es un detalle menor.
Entonces, ¿Qué podemos aprender de este junio? Que Guatemala está, una vez más, frente a un espejo donde se reflejan sus enormes desafíos estructurales: inseguridad jurídica, falta de continuidad institucional, dependencia de la voluntad política de turno y una débil cultura de rendición de cuentas. Pero también hay una oportunidad: la de demostrar que el país puede generar consensos técnicos y políticos que se traduzcan en políticas públicas sostenibles y no en decretos de temporada.
Para que estos acuerdos internacionales y leyes prometidas tengan impacto, se necesita más que firmas y fotos. Requiere capacidad técnica para ejecutarlos, coordinación entre instituciones, seguimiento real y ciudadanía y medios de comunicación vigilantes. Y los actores políticos, si realmente quieren hacer historia, tendrán que entender que la legitimidad no se construye solo con votos, sino con resultados.
¿Seremos capaces de pasar del papel a la acción? Ojalá que sí. Porque esta vez, la urgencia de modernizarse, de proteger los recursos y de atraer inversión no es solo una apuesta de coyuntura: es una condición para no quedar atrapados en la retórica mientras el resto del mundo avanza.
