EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala no puede volver a tropezar con la misma piedra: por qué reingresar a la lista gris del GAFI sería un error histórico
Guatemala está ante una decisión de Estado. Si la Iniciativa 6593 —ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo— no se aprueba y, sobre todo, no se implementa con resultados verificables antes de que arranque 2027, el país corre un riesgo alto de regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ello no es un tecnicismo: es una amenaza directa al bolsillo de las familias, a la competitividad de nuestras empresas y a la credibilidad internacional que tanto cuesta construir y que tan fácilmente se pierde. GAFILAT iniciará la próxima evaluación en febrero de 2027, con requerimientos documentales desde 2026; sin ley moderna y sin evidencias de efectividad, la puerta de la lista gris se abre de par en par.
No basta con tener ley: hoy se mide la efectividad
El paradigma cambió. La Quinta Ronda de Evaluaciones no se conforma con el cumplimiento técnico; exigirá pruebas de que el sistema produce investigaciones, enjuiciamientos, decomisos, supervisión basada en riesgos y transparencia del beneficiario final. Es decir, resultados. La Iniciativa 6593, con enfoque basado en riesgos y obligaciones claras para identificar al beneficiario final, da el marco que el país necesita; posponerla nos deja anclados en una legislación de hace más de dos décadas, insuficiente para las tipologías modernas de la criminalidad organizada nacional y transnacional.
La factura macroeconómica de la lista gris
Quien piense que la lista gris solo es reputacional desconoce la evidencia. Según un análisis del FMI de 2021, el ingreso a la lista gris provoca una reducción promedio del 7.6 % del PIB en inflows de capital totales, con una caída específica del 3 % en IED y del 2.9% en flujos de portafolio. Además, un estudio de 2016 basado en datos SWIFT confirma una disminución de hasta el 10 % en pagos transfronterizos. Estos efectos se traducen en menor crecimiento económico, con correlaciones negativas en el PIB observadas en fases históricas de listados (por ejemplo, reducciones inmediatas y con rezagos de 1-2 años en el crecimiento del PIB durante 2008-2015).
Para Guatemala el golpe sería doble. Aspiramos al grado de inversión; sin una ley ALD/CFT moderna y eficaz, las primas de riesgo suben y el financiamiento —público y privado— se encarece. Así lo han advertido evaluaciones recientes: demorar la reforma complica la senda al grado de inversión y reduce la IED, del orden del 2 % del PIB en economías con debilidades en esta materia.
Corresponsalía bancaria, derisking y el costo de mover dinero
Entrar a la lista gris activa diligencia debida reforzada (EDD) por parte de bancos en Estados Unidos y Europa. En EE. UU., la Sección 312 del USA PATRIOT Act obliga a aplicar EDD estricta a corresponsales extranjeros en jurisdicciones de mayor riesgo. El resultado práctico tiene dos caras:
- Encarecimiento operativo (más comisiones, más papeles, más tiempo).
- Riesgo de derisking (restricciones o cierre de relaciones de corresponsalía).
Quien exporta lo sabe: las cartas de crédito se vuelven más caras, con más colaterales y demoras; algunos bancos reducen su apetito para confirmar operaciones provenientes del país listado. Esto no es teoría; está documentado por los reguladores y por la Cámara de Comercio Internacional.
El golpe más sensible: las remesas
Las remesas son hoy el 20 % del PIB y sostienen a cientos de miles de hogares. Si los operadores de remesas pierden cuentas de corresponsalía o pagan comisiones más altas, el costo se traslada a la familia receptora: tarifas mayores, más requisitos y, en el peor de los casos, interrupciones. Es exactamente lo que ocurre cuando hay derisking en países listados.
Comercio exterior: fricción, tiempos y competitividad
Para exportadores e importadores, la lista gris significa más fricción en cada documento: facturas, contratos, evidencia logística, trazabilidad del beneficiario final, revisiones adicionales de cumplimiento. Las L/Cs piden confirmación de bancos de primera línea con tarifas más altas; en open account aumentan las verificaciones. Todo ello resta competitividad, especialmente a la PYME que opera con márgenes estrechos.
La experiencia que no debemos repetir
En 2001, Guatemala ya vivió el aislamiento: ingresó al listado precursor (NCCT) por deficiencias graves —criminalización limitada, ausencia de UIF operativa y barreras del secreto bancario—; la presión internacional condicionó desembolsos y obligó a aprobar de urgencia el Decreto 67-2001 para normalizar la relación con el sistema financiero global. Los costos entonces fueron inmediatos: transacciones más caras, caída de confianza e impacto en remesas.
Aprendimos a la fuerza. No tiene sentido volver a esa situación.
Las lecciones de la región y otras
Salir de la lista gris toma años. Panamá necesitó más de cuatro, y solo tras aprobar leyes, crear un registro de beneficiarios finales y superar una visita in situ recuperó la normalidad; Jamaica y Barbados siguieron trayectorias similares.
El derisking derivado de la lista gris aumenta los costos operativos y causa demoras en transacciones, lo que eleva las tarifas de remesas y reduce su flujo eficiente. Por instancia, en Mauricio (listado en 2020 y removido en 2021), la diligencia debida reforzada generó retrasos en pagos internacionales, afectando el comercio y las transferencias familiares. En contextos africanos similares, como en países subsaharianos en la lista gris, se observan mayores comisiones por transacciones, escasez de divisas extranjeras y remesas más lentas, exacerbando la pobreza y la desigualdad. Un estudio de 2024 indica que estos efectos incluyen dificultad en transacciones financieras internacionales, con impactos negativos en la inclusión financiera y el acceso a servicios básicos.
En Pakistán, las pérdidas acumuladas durante su listado (2018-2022) alcanzaron decenas de miles de millones de dólares, agravadas por condicionalidades en paquetes de ayuda del FMI.
Países como Filipinas demuestran que reformas efectivas restauran flujos y reducen costos rápidamente.
¿Qué implica aprobar la Iniciativa 6593?
No se trata de un cambio cosmético. La propuesta migra a un enfoque basado en riesgos, amplía sujetos obligados, exige identificar al beneficiario final, fortalece la supervisión y alinea al país con los estándares del GAFI. También supone inversión en tecnología, capacitación y procesos en bancos y demás entidades, pero ese costo es ínfimo comparado con el costo país de la inacción.
Además, una ley moderna y su aplicación efectiva fortalecen la relación con los corresponsales, disminuyen la probabilidad de derisking y envían una señal inequívoca a calificadoras, inversionistas y organismos multilaterales. Es el tipo de decisión que se refleja en el costo del crédito soberano y empresarial, y en la llegada de proyectos reales.
Cronograma realista y responsabilidad compartida
El tiempo apremia. Para llegar a la evaluación de 2027 con resultados, Guatemala debe:
- Aprobar la ley en 2025;
- Reglamentarla y ponerla en operación en 2026;
- Mostrar resultados medibles (investigaciones, condenas, decomisos, supervisión efectiva) antes de la visita de pares. Retrasar la aprobación hasta 2026 prácticamente imposibilita demostrar efectividad a tiempo.
La tarea no es solo del Congreso de la República. Autoridades supervisoras, Ministerio Público, organismos de seguridad, sujetos obligados financieros y no financieros, y la comunidad empresarial deben remar en la misma dirección. La banca ya advierte que, sin reformas, habrá encarecimiento del crédito, complicaciones para remesas y riesgo real en corresponsalías.
Un llamado a la prudencia responsable
Una visión conservadora de la política pública no es inmovilismo: es prudencia con sentido de responsabilidad. Aprobar la Iniciativa 6593 —bien hecha, con seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto al debido proceso— no es ceder ante presiones externas; es proteger el ahorro de las familias, la posibilidad de emprender y la reputación de Guatemala. Y es, también, honrar nuestra experiencia histórica: cuando en 2001 reaccionamos, salimos del aislamiento; cuando dudamos, perdimos tiempo y dinero.
La alternativa es conocida:
| Área Afectada | Efecto Cuantitativo | Ejemplo |
| Flujos de Capital | Caída del 7.6 % del PIB | Pakistán: Miles de millones perdidos |
| Remesas | Aumento en tarifas y demoras | Mauricio: Retrasos en pagos |
| IED | Reducción del 3 % | Sudáfrica: Hasta 3 % PIB perdido |
Guatemala merece otra cosa. Aprobar ya una ley moderna y demostrar su aplicación efectiva no es capricho tecnocrático: es una decisión patriótica para evitar que el país, sus empresas y sus hogares paguen una cuenta innecesaria. No volvamos a tropezar con la misma piedra; el momento de actuar es ahora.
Guatemala no puede volver a tropezar con la misma piedra: por qué reingresar a la lista gris del GAFI sería un error histórico
Guatemala está ante una decisión de Estado. Si la Iniciativa 6593 —ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo— no se aprueba y, sobre todo, no se implementa con resultados verificables antes de que arranque 2027, el país corre un riesgo alto de regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ello no es un tecnicismo: es una amenaza directa al bolsillo de las familias, a la competitividad de nuestras empresas y a la credibilidad internacional que tanto cuesta construir y que tan fácilmente se pierde. GAFILAT iniciará la próxima evaluación en febrero de 2027, con requerimientos documentales desde 2026; sin ley moderna y sin evidencias de efectividad, la puerta de la lista gris se abre de par en par.
No basta con tener ley: hoy se mide la efectividad
El paradigma cambió. La Quinta Ronda de Evaluaciones no se conforma con el cumplimiento técnico; exigirá pruebas de que el sistema produce investigaciones, enjuiciamientos, decomisos, supervisión basada en riesgos y transparencia del beneficiario final. Es decir, resultados. La Iniciativa 6593, con enfoque basado en riesgos y obligaciones claras para identificar al beneficiario final, da el marco que el país necesita; posponerla nos deja anclados en una legislación de hace más de dos décadas, insuficiente para las tipologías modernas de la criminalidad organizada nacional y transnacional.
La factura macroeconómica de la lista gris
Quien piense que la lista gris solo es reputacional desconoce la evidencia. Según un análisis del FMI de 2021, el ingreso a la lista gris provoca una reducción promedio del 7.6 % del PIB en inflows de capital totales, con una caída específica del 3 % en IED y del 2.9% en flujos de portafolio. Además, un estudio de 2016 basado en datos SWIFT confirma una disminución de hasta el 10 % en pagos transfronterizos. Estos efectos se traducen en menor crecimiento económico, con correlaciones negativas en el PIB observadas en fases históricas de listados (por ejemplo, reducciones inmediatas y con rezagos de 1-2 años en el crecimiento del PIB durante 2008-2015).
Para Guatemala el golpe sería doble. Aspiramos al grado de inversión; sin una ley ALD/CFT moderna y eficaz, las primas de riesgo suben y el financiamiento —público y privado— se encarece. Así lo han advertido evaluaciones recientes: demorar la reforma complica la senda al grado de inversión y reduce la IED, del orden del 2 % del PIB en economías con debilidades en esta materia.
Corresponsalía bancaria, derisking y el costo de mover dinero
Entrar a la lista gris activa diligencia debida reforzada (EDD) por parte de bancos en Estados Unidos y Europa. En EE. UU., la Sección 312 del USA PATRIOT Act obliga a aplicar EDD estricta a corresponsales extranjeros en jurisdicciones de mayor riesgo. El resultado práctico tiene dos caras:
- Encarecimiento operativo (más comisiones, más papeles, más tiempo).
- Riesgo de derisking (restricciones o cierre de relaciones de corresponsalía).
Quien exporta lo sabe: las cartas de crédito se vuelven más caras, con más colaterales y demoras; algunos bancos reducen su apetito para confirmar operaciones provenientes del país listado. Esto no es teoría; está documentado por los reguladores y por la Cámara de Comercio Internacional.
El golpe más sensible: las remesas
Las remesas son hoy el 20 % del PIB y sostienen a cientos de miles de hogares. Si los operadores de remesas pierden cuentas de corresponsalía o pagan comisiones más altas, el costo se traslada a la familia receptora: tarifas mayores, más requisitos y, en el peor de los casos, interrupciones. Es exactamente lo que ocurre cuando hay derisking en países listados.
Comercio exterior: fricción, tiempos y competitividad
Para exportadores e importadores, la lista gris significa más fricción en cada documento: facturas, contratos, evidencia logística, trazabilidad del beneficiario final, revisiones adicionales de cumplimiento. Las L/Cs piden confirmación de bancos de primera línea con tarifas más altas; en open account aumentan las verificaciones. Todo ello resta competitividad, especialmente a la PYME que opera con márgenes estrechos.
La experiencia que no debemos repetir
En 2001, Guatemala ya vivió el aislamiento: ingresó al listado precursor (NCCT) por deficiencias graves —criminalización limitada, ausencia de UIF operativa y barreras del secreto bancario—; la presión internacional condicionó desembolsos y obligó a aprobar de urgencia el Decreto 67-2001 para normalizar la relación con el sistema financiero global. Los costos entonces fueron inmediatos: transacciones más caras, caída de confianza e impacto en remesas.
Aprendimos a la fuerza. No tiene sentido volver a esa situación.
Las lecciones de la región y otras
Salir de la lista gris toma años. Panamá necesitó más de cuatro, y solo tras aprobar leyes, crear un registro de beneficiarios finales y superar una visita in situ recuperó la normalidad; Jamaica y Barbados siguieron trayectorias similares.
El derisking derivado de la lista gris aumenta los costos operativos y causa demoras en transacciones, lo que eleva las tarifas de remesas y reduce su flujo eficiente. Por instancia, en Mauricio (listado en 2020 y removido en 2021), la diligencia debida reforzada generó retrasos en pagos internacionales, afectando el comercio y las transferencias familiares. En contextos africanos similares, como en países subsaharianos en la lista gris, se observan mayores comisiones por transacciones, escasez de divisas extranjeras y remesas más lentas, exacerbando la pobreza y la desigualdad. Un estudio de 2024 indica que estos efectos incluyen dificultad en transacciones financieras internacionales, con impactos negativos en la inclusión financiera y el acceso a servicios básicos.
En Pakistán, las pérdidas acumuladas durante su listado (2018-2022) alcanzaron decenas de miles de millones de dólares, agravadas por condicionalidades en paquetes de ayuda del FMI.
Países como Filipinas demuestran que reformas efectivas restauran flujos y reducen costos rápidamente.
¿Qué implica aprobar la Iniciativa 6593?
No se trata de un cambio cosmético. La propuesta migra a un enfoque basado en riesgos, amplía sujetos obligados, exige identificar al beneficiario final, fortalece la supervisión y alinea al país con los estándares del GAFI. También supone inversión en tecnología, capacitación y procesos en bancos y demás entidades, pero ese costo es ínfimo comparado con el costo país de la inacción.
Además, una ley moderna y su aplicación efectiva fortalecen la relación con los corresponsales, disminuyen la probabilidad de derisking y envían una señal inequívoca a calificadoras, inversionistas y organismos multilaterales. Es el tipo de decisión que se refleja en el costo del crédito soberano y empresarial, y en la llegada de proyectos reales.
Cronograma realista y responsabilidad compartida
El tiempo apremia. Para llegar a la evaluación de 2027 con resultados, Guatemala debe:
- Aprobar la ley en 2025;
- Reglamentarla y ponerla en operación en 2026;
- Mostrar resultados medibles (investigaciones, condenas, decomisos, supervisión efectiva) antes de la visita de pares. Retrasar la aprobación hasta 2026 prácticamente imposibilita demostrar efectividad a tiempo.
La tarea no es solo del Congreso de la República. Autoridades supervisoras, Ministerio Público, organismos de seguridad, sujetos obligados financieros y no financieros, y la comunidad empresarial deben remar en la misma dirección. La banca ya advierte que, sin reformas, habrá encarecimiento del crédito, complicaciones para remesas y riesgo real en corresponsalías.
Un llamado a la prudencia responsable
Una visión conservadora de la política pública no es inmovilismo: es prudencia con sentido de responsabilidad. Aprobar la Iniciativa 6593 —bien hecha, con seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto al debido proceso— no es ceder ante presiones externas; es proteger el ahorro de las familias, la posibilidad de emprender y la reputación de Guatemala. Y es, también, honrar nuestra experiencia histórica: cuando en 2001 reaccionamos, salimos del aislamiento; cuando dudamos, perdimos tiempo y dinero.
La alternativa es conocida:
| Área Afectada | Efecto Cuantitativo | Ejemplo |
| Flujos de Capital | Caída del 7.6 % del PIB | Pakistán: Miles de millones perdidos |
| Remesas | Aumento en tarifas y demoras | Mauricio: Retrasos en pagos |
| IED | Reducción del 3 % | Sudáfrica: Hasta 3 % PIB perdido |
Guatemala merece otra cosa. Aprobar ya una ley moderna y demostrar su aplicación efectiva no es capricho tecnocrático: es una decisión patriótica para evitar que el país, sus empresas y sus hogares paguen una cuenta innecesaria. No volvamos a tropezar con la misma piedra; el momento de actuar es ahora.
