EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En 2011, el primer ministro etíope Meles Zenawi llamó a Beijing con una propuesta simple: denme cuatro mil millones de dólares, construyo un ferrocarril de 756 kilómetros y les pago con las exportaciones que ese ferrocarril haga posibles. En 2016, cinco años después, el tren fue inaugurado e inició operaciones en 2018. Etiopía —sin salida al mar, con guerra civil reciente, con corrupción estructural— se convirtió en el hub manufacturero del África oriental. Las compañía suecas H&M e IKEA y PVH (Van Heusen) entraron a sus parques industriales. En 2024 recibió más de cuatro mil millones de dólares en inversión extranjera directa.
En 2002, el rey Mohammed VI de Marruecos anunció que su país construiría el mayor puerto del Mediterráneo en un lugar llamado Tánger Med. No había nada. Solo acantilados y visión. En 2007 atracaron los primeros barcos. En 2026, veinticuatro años después del anuncio, Tánger Med aspira a mover nueve millones de contenedores al año y es el puerto más grande de África y del Mediterráneo. Renault construyó una planta de 400,000 vehículos. Stellantis –que incluye marcas como Fiat, Peugeot y Dodge– otra. Las exportaciones manufactureras de Marruecos crecieron trescientos por ciento. El rey sostuvo la misma estrategia durante cuatro gobiernos distintos.
En 1996, el presidente costarricense José María Figueres se enteró de que Intel buscaba ubicación en América Latina. Tomó un avión, fue personalmente a Santa Clara, California, y junto con su equipo y las agencias de inversión, presentó a los ejecutivos de la empresa el talento de los ingenieros costarricenses, las garantías de electricidad estable y el régimen de zonas francas con amplias exenciones fiscales. Intel eligió Costa Rica. Hoy, la apuesta por semiconductores y, sobre todo, por dispositivos médicos, explica más del 40 por ciento de las exportaciones del país. Todo se consolidó cuando un presidente convirtió una visita a Intel en el inicio de una estrategia de largo plazo.
Guatemala recibió US$1,848 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024. Menos que Etiopía. Menos que Uganda. Menos que el Congo.
Cuando uno menciona esa cifra, suelen aparecer las explicaciones habituales. La corrupción. La inseguridad. El mercado pequeño. La institucionalidad frágil. Son obstáculos reales y nadie lo niega. Pero los datos del Banco Mundial los dejan sin argumento. La República Democrática de El Congo —que tiene guerra civil activa y figura entre los países más corruptos del planeta— recibió US$2,915 millones. Uganda, con niveles de corrupción superiores a los nuestros según Transparencia Internacional, recibió US$3,257 millones. Mozambique, con treinta y cuatro millones de personas en pobreza extrema, recibió US$3,508 millones. Si la corrupción, la inseguridad y el mercado pequeño fueran las causas reales, el Congo no recibiría 50% más que Guatemala.
La pregunta correcta no es qué nos impide recibir inversión. Es qué tienen ellos que nosotros no tenemos. La diferencia es una propuesta de valor concreta. Congo tiene el cobalto que el mundo necesita para fabricar baterías eléctricas. Mozambique tiene gas natural descubierto en 2010 por Total y la multinacional energética italiana ENI. Uganda tiene petróleo en el lago Alberto. Etiopía construyó parques industriales con electricidad subsidiada y acceso libre al mercado estadounidense sin reciprocidad. Namibia está construyendo la narrativa de ser el primer exportador de hidrógeno verde de África para Europa. Cada uno de esos países, por muy pobre o inestable que sea, tiene algo concreto que ofrecer. Guatemala tiene buen clima y gente trabajadora, sin empaque. Los guatemaltecos somos probablemente de los pueblos más amables, acogedores y trabajadores del mundo, pero no hemos sabido convertir ese oro humano en una imagen de sofisticación, confiabilidad y capacidad empresarial global.
Parte de lo que falta es seguridad jurídica real y sostenida. El inversor no teme a los impuestos altos. Los puede calcular y decidir si acepta o no. Eso solo nos hace menos competitivos. Pero lo que un inversor no puede calcular es firmar un contrato hoy y que mañana una corte lo suspenda, o que el ministerio cambie la metodología tarifaria a mitad del partido. Guatemala lleva tres arbitrajes internacionales perdidos ante el CIADI —los casos de EEGSA, de Railroad Development Corporation y otros— que circulan en los comités de inversión de las multinacionales como señales de alerta. La mina Escobal, una de las mayores reservas de plata del mundo, lleva siete años paralizada. La mina Marlin fue cerrada anticipadamente. Esa historia la conoce cualquier analista de riesgo político en Londres, Nueva York o Tokio. Bolivia tiene litio suficiente para abastecer al mundo entero y no puede desarrollarlo porque nadie confía en sus reglas. Ecuador perdió una década de inversión petrolera por el mismo motivo. El riesgo jurídico tiene precio, y Guatemala lo cobra caro, aun sin saberlo.
La minería ilustra algo más profundo. República Dominicana exporta cientos de millones de dólares en oro cada año gracias a la mina Pueblo Viejo. Panamá atrajo más de diez mil millones de dólares con Cobre Panamá, la mayor inversión privada de su historia. Ambos países entendieron que los recursos naturales solo generan prosperidad cuando existe una fórmula clara entre inversión, comunidades y Estado. Panamá terminó enfrentando una crisis política que culminó con el cierre de la mina, pero incluso ese caso deja una enseñanza para Guatemala: la incertidumbre jurídica tiene costos enormes. El capital puede tolerar impuestos altos, conflictos sociales e incluso ciclos políticos difíciles. Lo que no tolera es no saber si las reglas seguirán siendo las mismas mañana.
Pero el diferencial más importante —y el menos discutido— no es la corrupción ni la minería. Es el impuesto sobre la renta. Guatemala cobra un veinticinco por ciento de ISR más un cinco por ciento sobre dividendos, lo que representa una carga efectiva cercana al veintinueve por ciento. Costa Rica, Panamá y República Dominicana resuelven parcialmente el problema creando zonas francas: enclaves donde el inversor extranjero paga cero impuestos mientras el resto de la economía sigue con tasas altas. Es una solución a medias que genera crecimiento, pero de un tipo específico y acotado. Las zonas francas dominicanas, panameñas y costarricenses impulsan el PIB per cápita a ritmos de tres o cuatro por ciento anual.
La razón es sencilla. El capital no compara países únicamente por sus recursos. También compara reglas. Los países que lograron acelerar su crecimiento por encima de ese tres o cuatro por ciento anual no apostaron únicamente por zonas francas. Bulgaria y Kosovo establecieron tasas corporativas del 10%. Irlanda construyó durante décadas una de las estrategias de atracción de inversión más exitosas del mundo alrededor de un ISR de 12.5%. Estonia eliminó el impuesto sobre las utilidades reinvertidas, gravando únicamente las distribuidas. En lugar de crear excepciones, hicieron competitiva toda la economía. Cuando el incentivo alcanza a todos, el capital no se concentra en un enclave; transforma al país completo.
Si Guatemala decidiera tener una estrategia, las anclas están a la vista. La agroindustria de valor agregado: somos relevantes mundialmente en cardamomo, café, azúcar y banano, pero exportamos commodities cuando el mundo paga prima por productos con trazabilidad y huella verificable. La manufactura de precisión en zonas francas competitivas: elegir dos o tres sectores —dispositivos médicos, agroinsumos, electrónica básica— y construir incentivos que igualen o superen a los dominicanos, con reglas estables por quince años mínimo. El hub logístico biocéanico: somos el único país centroamericano con costas en ambos océanos a menos de trescientos kilómetros entre sí, y nadie ha explotado eso. La minería responsable con participación estatal, siguiendo el modelo de Pueblo Viejo. La pesca y acuicultura de exportación en litorales sin desarrollar. El turismo de alto valor, no de volumen, apostando por la experiencia cultural, volcánica y de biodiversidad que ningún vecino puede replicar. Y quizá el ancla más subestimada de todas sea la energía. Resulta difícil entender que Guatemala continúe importando parte de la electricidad que consume. En un mundo donde la energía se ha convertido en uno de los factores decisivos para atraer inversión, producir y competir, esa contradicción debería hacernos reflexionar. Las industrias del siglo XXI buscan electricidad abundante, confiable y competitiva con la misma intensidad con que antes buscaban puertos, ferrocarriles o materias primas. Islandia transformó su geografía y sus volcanes en una ventaja económica. Guatemala aún no ha decidido hacer de la energía una estrategia nacional. Y cuando un país convierte una ventaja en estrategia, deja de perseguir la inversión y comienza a atraerla.
La inversión extranjera no llega de manera uniforme. Llega en oleadas de cinco a ocho años que transforman economías enteras y luego se estabiliza hasta el siguiente ciclo. Vietnam tuvo su oleada transformadora a finales de los noventa y otra a inicios de los dos mil diez. Marruecos entre 2007 y 2015. Irlanda entre 1990 y 1998. Esas ventanas no se abren dos veces para el mismo destino en la misma generación. Guatemala ha dejado pasar al menos dos: la del período post-CAFTA entre 2006 y 2010, y la del rebote post-pandemia entre 2021 y 2023. La siguiente se abrirá. El capital global busca permanentemente su próximo destino: un país estable, con energía barata, entre dos océanos, con una propuesta clara. Esa descripción nos queda como un traje a la medida.
Guatemala enfrenta en 2027 una elección presidencial. Hay aquí una oportunidad que ningún candidato serio debería desaprovechar. El que llegue con una estrategia de país en la mano —no con promesas genéricas de crecimiento, sino con una propuesta concreta de qué es Guatemala para el inversor global, qué anclas va a desarrollar, qué reglas va a garantizar y por cuánto tiempo— ese candidato no solo se diferenciará del resto. Podría inaugurar el ciclo de inversión que el país lleva décadas esperando. Zenawi tenía un ferrocarril. Mohammed VI tenía un puerto. Figueres tenía un avión y una propuesta. La pregunta para 2027 es quién tiene el equivalente guatemalteco.
Lo que falta no es geografía, talento o potencial. Lo que falta es lo que tenían esos tres líderes: una apuesta clara, sostenida más allá de un período de gobierno, respaldada por reglas que no cambian con cada elección. Mientras eso no ocurra, seguiremos observando cómo Etiopía, Uganda o el Congo convierten sus recursos en estrategia, su estrategia en inversión y su inversión en prosperidad, mientras nosotros seguimos heredando potencial a la siguiente generación en lugar de transformarlo en riqueza y oportunidades.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Banco Mundial. Foreign Direct Investment, net inflows (BoP, current US$). Washington, D.C.: World Bank Data, 2024. https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024. Berlín: Transparency International, 2025.
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Casos ARB/06/03 (EEGSA/Iberdrola) y ARB/07/23 (Railroad Development Corporation vs. Guatemala). Washington, D.C.: CIADI/Banco Mundial.
Barrick Gold Corporation. Pueblo Viejo Mine: Overview and Sustainability Report 2023. Toronto: Barrick Gold, 2024.
Agence Française de Développement (AFD). Tanger Med: A Case Study in Port-Led Development. París: AFD, 2021.
Ethiopian Railway Corporation. Addis Ababa–Djibouti Railway: Project Completion Report. Addis Abeba: ERC, 2017.
CINDE / Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. How Costa Rica Attracted Intel: A Landmark in FDI Strategy. San José: CINDE, 2015.
Banco Mundial. Business Ready (B-Ready) Report 2024. Washington, D.C.: World Bank, 2024.
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database, abril 2025. Washington, D.C.: FMI, 2025.
Guatemala: mucho potencial, poco empaque.
En 2011, el primer ministro etíope Meles Zenawi llamó a Beijing con una propuesta simple: denme cuatro mil millones de dólares, construyo un ferrocarril de 756 kilómetros y les pago con las exportaciones que ese ferrocarril haga posibles. En 2016, cinco años después, el tren fue inaugurado e inició operaciones en 2018. Etiopía —sin salida al mar, con guerra civil reciente, con corrupción estructural— se convirtió en el hub manufacturero del África oriental. Las compañía suecas H&M e IKEA y PVH (Van Heusen) entraron a sus parques industriales. En 2024 recibió más de cuatro mil millones de dólares en inversión extranjera directa.
En 2002, el rey Mohammed VI de Marruecos anunció que su país construiría el mayor puerto del Mediterráneo en un lugar llamado Tánger Med. No había nada. Solo acantilados y visión. En 2007 atracaron los primeros barcos. En 2026, veinticuatro años después del anuncio, Tánger Med aspira a mover nueve millones de contenedores al año y es el puerto más grande de África y del Mediterráneo. Renault construyó una planta de 400,000 vehículos. Stellantis –que incluye marcas como Fiat, Peugeot y Dodge– otra. Las exportaciones manufactureras de Marruecos crecieron trescientos por ciento. El rey sostuvo la misma estrategia durante cuatro gobiernos distintos.
En 1996, el presidente costarricense José María Figueres se enteró de que Intel buscaba ubicación en América Latina. Tomó un avión, fue personalmente a Santa Clara, California, y junto con su equipo y las agencias de inversión, presentó a los ejecutivos de la empresa el talento de los ingenieros costarricenses, las garantías de electricidad estable y el régimen de zonas francas con amplias exenciones fiscales. Intel eligió Costa Rica. Hoy, la apuesta por semiconductores y, sobre todo, por dispositivos médicos, explica más del 40 por ciento de las exportaciones del país. Todo se consolidó cuando un presidente convirtió una visita a Intel en el inicio de una estrategia de largo plazo.
Guatemala recibió US$1,848 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024. Menos que Etiopía. Menos que Uganda. Menos que el Congo.
Cuando uno menciona esa cifra, suelen aparecer las explicaciones habituales. La corrupción. La inseguridad. El mercado pequeño. La institucionalidad frágil. Son obstáculos reales y nadie lo niega. Pero los datos del Banco Mundial los dejan sin argumento. La República Democrática de El Congo —que tiene guerra civil activa y figura entre los países más corruptos del planeta— recibió US$2,915 millones. Uganda, con niveles de corrupción superiores a los nuestros según Transparencia Internacional, recibió US$3,257 millones. Mozambique, con treinta y cuatro millones de personas en pobreza extrema, recibió US$3,508 millones. Si la corrupción, la inseguridad y el mercado pequeño fueran las causas reales, el Congo no recibiría 50% más que Guatemala.
La pregunta correcta no es qué nos impide recibir inversión. Es qué tienen ellos que nosotros no tenemos. La diferencia es una propuesta de valor concreta. Congo tiene el cobalto que el mundo necesita para fabricar baterías eléctricas. Mozambique tiene gas natural descubierto en 2010 por Total y la multinacional energética italiana ENI. Uganda tiene petróleo en el lago Alberto. Etiopía construyó parques industriales con electricidad subsidiada y acceso libre al mercado estadounidense sin reciprocidad. Namibia está construyendo la narrativa de ser el primer exportador de hidrógeno verde de África para Europa. Cada uno de esos países, por muy pobre o inestable que sea, tiene algo concreto que ofrecer. Guatemala tiene buen clima y gente trabajadora, sin empaque. Los guatemaltecos somos probablemente de los pueblos más amables, acogedores y trabajadores del mundo, pero no hemos sabido convertir ese oro humano en una imagen de sofisticación, confiabilidad y capacidad empresarial global.
Parte de lo que falta es seguridad jurídica real y sostenida. El inversor no teme a los impuestos altos. Los puede calcular y decidir si acepta o no. Eso solo nos hace menos competitivos. Pero lo que un inversor no puede calcular es firmar un contrato hoy y que mañana una corte lo suspenda, o que el ministerio cambie la metodología tarifaria a mitad del partido. Guatemala lleva tres arbitrajes internacionales perdidos ante el CIADI —los casos de EEGSA, de Railroad Development Corporation y otros— que circulan en los comités de inversión de las multinacionales como señales de alerta. La mina Escobal, una de las mayores reservas de plata del mundo, lleva siete años paralizada. La mina Marlin fue cerrada anticipadamente. Esa historia la conoce cualquier analista de riesgo político en Londres, Nueva York o Tokio. Bolivia tiene litio suficiente para abastecer al mundo entero y no puede desarrollarlo porque nadie confía en sus reglas. Ecuador perdió una década de inversión petrolera por el mismo motivo. El riesgo jurídico tiene precio, y Guatemala lo cobra caro, aun sin saberlo.
La minería ilustra algo más profundo. República Dominicana exporta cientos de millones de dólares en oro cada año gracias a la mina Pueblo Viejo. Panamá atrajo más de diez mil millones de dólares con Cobre Panamá, la mayor inversión privada de su historia. Ambos países entendieron que los recursos naturales solo generan prosperidad cuando existe una fórmula clara entre inversión, comunidades y Estado. Panamá terminó enfrentando una crisis política que culminó con el cierre de la mina, pero incluso ese caso deja una enseñanza para Guatemala: la incertidumbre jurídica tiene costos enormes. El capital puede tolerar impuestos altos, conflictos sociales e incluso ciclos políticos difíciles. Lo que no tolera es no saber si las reglas seguirán siendo las mismas mañana.
Pero el diferencial más importante —y el menos discutido— no es la corrupción ni la minería. Es el impuesto sobre la renta. Guatemala cobra un veinticinco por ciento de ISR más un cinco por ciento sobre dividendos, lo que representa una carga efectiva cercana al veintinueve por ciento. Costa Rica, Panamá y República Dominicana resuelven parcialmente el problema creando zonas francas: enclaves donde el inversor extranjero paga cero impuestos mientras el resto de la economía sigue con tasas altas. Es una solución a medias que genera crecimiento, pero de un tipo específico y acotado. Las zonas francas dominicanas, panameñas y costarricenses impulsan el PIB per cápita a ritmos de tres o cuatro por ciento anual.
La razón es sencilla. El capital no compara países únicamente por sus recursos. También compara reglas. Los países que lograron acelerar su crecimiento por encima de ese tres o cuatro por ciento anual no apostaron únicamente por zonas francas. Bulgaria y Kosovo establecieron tasas corporativas del 10%. Irlanda construyó durante décadas una de las estrategias de atracción de inversión más exitosas del mundo alrededor de un ISR de 12.5%. Estonia eliminó el impuesto sobre las utilidades reinvertidas, gravando únicamente las distribuidas. En lugar de crear excepciones, hicieron competitiva toda la economía. Cuando el incentivo alcanza a todos, el capital no se concentra en un enclave; transforma al país completo.
Si Guatemala decidiera tener una estrategia, las anclas están a la vista. La agroindustria de valor agregado: somos relevantes mundialmente en cardamomo, café, azúcar y banano, pero exportamos commodities cuando el mundo paga prima por productos con trazabilidad y huella verificable. La manufactura de precisión en zonas francas competitivas: elegir dos o tres sectores —dispositivos médicos, agroinsumos, electrónica básica— y construir incentivos que igualen o superen a los dominicanos, con reglas estables por quince años mínimo. El hub logístico biocéanico: somos el único país centroamericano con costas en ambos océanos a menos de trescientos kilómetros entre sí, y nadie ha explotado eso. La minería responsable con participación estatal, siguiendo el modelo de Pueblo Viejo. La pesca y acuicultura de exportación en litorales sin desarrollar. El turismo de alto valor, no de volumen, apostando por la experiencia cultural, volcánica y de biodiversidad que ningún vecino puede replicar. Y quizá el ancla más subestimada de todas sea la energía. Resulta difícil entender que Guatemala continúe importando parte de la electricidad que consume. En un mundo donde la energía se ha convertido en uno de los factores decisivos para atraer inversión, producir y competir, esa contradicción debería hacernos reflexionar. Las industrias del siglo XXI buscan electricidad abundante, confiable y competitiva con la misma intensidad con que antes buscaban puertos, ferrocarriles o materias primas. Islandia transformó su geografía y sus volcanes en una ventaja económica. Guatemala aún no ha decidido hacer de la energía una estrategia nacional. Y cuando un país convierte una ventaja en estrategia, deja de perseguir la inversión y comienza a atraerla.
La inversión extranjera no llega de manera uniforme. Llega en oleadas de cinco a ocho años que transforman economías enteras y luego se estabiliza hasta el siguiente ciclo. Vietnam tuvo su oleada transformadora a finales de los noventa y otra a inicios de los dos mil diez. Marruecos entre 2007 y 2015. Irlanda entre 1990 y 1998. Esas ventanas no se abren dos veces para el mismo destino en la misma generación. Guatemala ha dejado pasar al menos dos: la del período post-CAFTA entre 2006 y 2010, y la del rebote post-pandemia entre 2021 y 2023. La siguiente se abrirá. El capital global busca permanentemente su próximo destino: un país estable, con energía barata, entre dos océanos, con una propuesta clara. Esa descripción nos queda como un traje a la medida.
Guatemala enfrenta en 2027 una elección presidencial. Hay aquí una oportunidad que ningún candidato serio debería desaprovechar. El que llegue con una estrategia de país en la mano —no con promesas genéricas de crecimiento, sino con una propuesta concreta de qué es Guatemala para el inversor global, qué anclas va a desarrollar, qué reglas va a garantizar y por cuánto tiempo— ese candidato no solo se diferenciará del resto. Podría inaugurar el ciclo de inversión que el país lleva décadas esperando. Zenawi tenía un ferrocarril. Mohammed VI tenía un puerto. Figueres tenía un avión y una propuesta. La pregunta para 2027 es quién tiene el equivalente guatemalteco.
Lo que falta no es geografía, talento o potencial. Lo que falta es lo que tenían esos tres líderes: una apuesta clara, sostenida más allá de un período de gobierno, respaldada por reglas que no cambian con cada elección. Mientras eso no ocurra, seguiremos observando cómo Etiopía, Uganda o el Congo convierten sus recursos en estrategia, su estrategia en inversión y su inversión en prosperidad, mientras nosotros seguimos heredando potencial a la siguiente generación en lugar de transformarlo en riqueza y oportunidades.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Banco Mundial. Foreign Direct Investment, net inflows (BoP, current US$). Washington, D.C.: World Bank Data, 2024. https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024. Berlín: Transparency International, 2025.
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Casos ARB/06/03 (EEGSA/Iberdrola) y ARB/07/23 (Railroad Development Corporation vs. Guatemala). Washington, D.C.: CIADI/Banco Mundial.
Barrick Gold Corporation. Pueblo Viejo Mine: Overview and Sustainability Report 2023. Toronto: Barrick Gold, 2024.
Agence Française de Développement (AFD). Tanger Med: A Case Study in Port-Led Development. París: AFD, 2021.
Ethiopian Railway Corporation. Addis Ababa–Djibouti Railway: Project Completion Report. Addis Abeba: ERC, 2017.
CINDE / Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. How Costa Rica Attracted Intel: A Landmark in FDI Strategy. San José: CINDE, 2015.
Banco Mundial. Business Ready (B-Ready) Report 2024. Washington, D.C.: World Bank, 2024.
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database, abril 2025. Washington, D.C.: FMI, 2025.
