EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El 22 de junio de 2025, el expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ordenó un bombardeo contra tres instalaciones nucleares en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán. La operación, denominada por el Pentágono como “Midnight Hammer”, marcó una escalada dramática en el conflicto de Medio Oriente.
¿Hay precedentes históricos comparables? Sí, Estados Unidos tiene un largo historial de intervenciones militares sin el aval de la ONU ni del Congreso:
Ronald Reagan (1986): Bombardeó Libia tras un atentado terrorista en Berlín. Fue condenado internacionalmente.
Bill Clinton (1998): Ordenó ataques en Sudán y Afganistán en respuesta a atentados de Al-Qaeda, sin consulta al Congreso.
George W. Bush (2003): Inició la guerra en Irak sin autorización explícita del Consejo de Seguridad, bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca se hallaron.
Barack Obama (2011 y 2014): Bombardeó Libia y luego Siria sin aprobación legislativa, invocando amenazas globales como ISIS.
Todos estos casos tienen algo en común: acciones unilaterales justificadas como defensa preventiva o humanitaria, al margen del derecho internacional. Sin embargo, el caso de Trump en 2025 marca una diferencia clave.
Más allá del debate jurídico, el verdadero riesgo es que el orden global se transforme en un sistema donde el más fuerte impone las reglas, debilitando las normas que durante décadas han contenido los conflictos.
Trump ordenó un ataque directo y coordinado con Israel contra un Estado soberano con instalaciones nucleares en desarrollo activo. Además, lo hizo en un momento de alta tensión regional, sin respaldo de aliados europeos, con fuerte oposición interna en el Congreso y sin ofrecer una justificación jurídica sólida. Esto convierte la acción no solo en ilegal bajo el derecho internacional, sino en potencialmente desestabilizadora para todo el sistema de seguridad global.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la acción militar de Trump fue claramente incompatible con los principios de la Carta de la ONU, particularmente con el Artículo 2.4, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Solo dos excepciones permiten la intervención armada: una resolución explícita del Consejo de Seguridad o el derecho inherente a la autodefensa individual o colectiva conforme al Artículo 51, siempre y cuando haya ocurrido un “Ataque armado”.
En el plano interno de EE. UU., la situación es más compleja. Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Donald Trump, como comandante en jefe, justificó el ataque en nombre de la protección estratégica de los Estados Unidos y sus aliados. Esta postura ha sido sostenida por múltiples presidentes desde la Guerra Fría, incluyendo intervenciones en Siria, Libia, Irak y más recientemente Afganistán.
Más allá de la legalidad, este ataque tiene implicaciones estratégicas profundas. Irán ha prometido represalias, y la región ha entrado en una fase de tensión sin precedentes. Rusia y China condenaron la operación y han convocado sesiones extraordinarias en foros multilaterales. Turquía e India solicitaron contención, mientras que Europa permanece dividida entre la condena moral y el cálculo geoestratégico.
Este tipo de acciones debilitan el sistema multilateral de seguridad colectiva, basado en la ONU, y refuerzan la tendencia a una geopolítica de poder sin reglas, donde los países actúan según sus propios intereses sin atender al consenso internacional. Para países como Guatemala y otros actores medianos o pequeños, este tipo de precedentes erosionan el sistema que protege su soberanía frente a potencias militares.
Desde el punto de vista interno estadounidense, fue legalmente ambiguo pero políticamente controversial. Más allá del debate jurídico, el verdadero riesgo es que el orden global se transforme en un sistema donde el más fuerte impone las reglas, debilitando las normas que durante décadas han contenido los conflictos. El mundo no solo necesita evaluar la legalidad de estos actos, sino también replantear el equilibrio entre poder y derecho en el escenario internacional.
El 22 de junio de 2025, el expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ordenó un bombardeo contra tres instalaciones nucleares en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán. La operación, denominada por el Pentágono como “Midnight Hammer”, marcó una escalada dramática en el conflicto de Medio Oriente.
¿Hay precedentes históricos comparables? Sí, Estados Unidos tiene un largo historial de intervenciones militares sin el aval de la ONU ni del Congreso:
Ronald Reagan (1986): Bombardeó Libia tras un atentado terrorista en Berlín. Fue condenado internacionalmente.
Bill Clinton (1998): Ordenó ataques en Sudán y Afganistán en respuesta a atentados de Al-Qaeda, sin consulta al Congreso.
George W. Bush (2003): Inició la guerra en Irak sin autorización explícita del Consejo de Seguridad, bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca se hallaron.
Barack Obama (2011 y 2014): Bombardeó Libia y luego Siria sin aprobación legislativa, invocando amenazas globales como ISIS.
Todos estos casos tienen algo en común: acciones unilaterales justificadas como defensa preventiva o humanitaria, al margen del derecho internacional. Sin embargo, el caso de Trump en 2025 marca una diferencia clave.
Más allá del debate jurídico, el verdadero riesgo es que el orden global se transforme en un sistema donde el más fuerte impone las reglas, debilitando las normas que durante décadas han contenido los conflictos.
Trump ordenó un ataque directo y coordinado con Israel contra un Estado soberano con instalaciones nucleares en desarrollo activo. Además, lo hizo en un momento de alta tensión regional, sin respaldo de aliados europeos, con fuerte oposición interna en el Congreso y sin ofrecer una justificación jurídica sólida. Esto convierte la acción no solo en ilegal bajo el derecho internacional, sino en potencialmente desestabilizadora para todo el sistema de seguridad global.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la acción militar de Trump fue claramente incompatible con los principios de la Carta de la ONU, particularmente con el Artículo 2.4, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Solo dos excepciones permiten la intervención armada: una resolución explícita del Consejo de Seguridad o el derecho inherente a la autodefensa individual o colectiva conforme al Artículo 51, siempre y cuando haya ocurrido un “Ataque armado”.
En el plano interno de EE. UU., la situación es más compleja. Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Donald Trump, como comandante en jefe, justificó el ataque en nombre de la protección estratégica de los Estados Unidos y sus aliados. Esta postura ha sido sostenida por múltiples presidentes desde la Guerra Fría, incluyendo intervenciones en Siria, Libia, Irak y más recientemente Afganistán.
Más allá de la legalidad, este ataque tiene implicaciones estratégicas profundas. Irán ha prometido represalias, y la región ha entrado en una fase de tensión sin precedentes. Rusia y China condenaron la operación y han convocado sesiones extraordinarias en foros multilaterales. Turquía e India solicitaron contención, mientras que Europa permanece dividida entre la condena moral y el cálculo geoestratégico.
Este tipo de acciones debilitan el sistema multilateral de seguridad colectiva, basado en la ONU, y refuerzan la tendencia a una geopolítica de poder sin reglas, donde los países actúan según sus propios intereses sin atender al consenso internacional. Para países como Guatemala y otros actores medianos o pequeños, este tipo de precedentes erosionan el sistema que protege su soberanía frente a potencias militares.
Desde el punto de vista interno estadounidense, fue legalmente ambiguo pero políticamente controversial. Más allá del debate jurídico, el verdadero riesgo es que el orden global se transforme en un sistema donde el más fuerte impone las reglas, debilitando las normas que durante décadas han contenido los conflictos. El mundo no solo necesita evaluar la legalidad de estos actos, sino también replantear el equilibrio entre poder y derecho en el escenario internacional.
