Estaciones de policías dignas y modernas

Mejorar la seguridad del país pasa por mejorar la dignidad con la que tratamos a nuestros policías y el generar confianza en los ciudadanos al momento que necesitan ir a presentar una denuncia. Para lograrlo, es claro que las actuales estaciones de policías requieren ser repensadas, rediseñadas, reconstruidas. Lograrlo, requiere pensar fuera de la caja de herramientas del gobierno, por algo llevamos muchas décadas con un claro declive en la calidad de dichas instalaciones. Es, ante esta situación, que se presenta una oportunidad valiosa: aprovechar la reciente reforma realizada por el Congreso de la República el año pasado, mediante el Decreto 21-2025, para emplear la herramienta de las Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Emplear Alianzas, o APPs, para repensar, rediseñar y reconstruir estaciones de policías no es una idea nueva. Esta semana, en el evento “The U.S. Infrastructure Development Conference”, conocí del proyecto “Garden Grove Civic Center Revitalization Project”, un proyecto de Alianza en el sur de California, que plantea: a) construir una nueva sede central de la policía de la ciudad; b) destruir la antigua estación de policía para construir allí un nuevo parqueo público, y, c) construir un nuevo parque. La primera fase del proyecto empezará a funcionar en septiembre de este año; a la fecha, el proyecto cumplirá con el cronograma y con el presupuesto pactado originalmente. Información del proyecto pueden verla aquí: https://ggcity.org/civic-center

Este modelo es idóneo para Guatemala por cuatro razones fundamentales. Primero, atiende con urgencia la infraestructura policial, dotándola no solo de dormitorios adecuados para los agentes en turno, sino de centros de monitoreo de alto nivel, carceletas seguras y áreas dignas de atención al público. Segundo, al utilizar inmuebles actuales del Estado, el proceso se agiliza al no requerir la adquisición de tierras. Tercero, permite estandarizar planos para generar un "empaquetamiento" de múltiples sedes. Iniciar con un plan piloto de 20 estaciones en la región metropolitana generaría las economías de escala necesarias para atraer a competidores internacionales de primer nivel, creando la experiencia para luego replicar el modelo en otras regiones del país. Por último, permite superar uno de los principales problemas de la administración pública: el mantener instalaciones funcionando; en este caso, el participante privado se encargaría de la funcionalidad de la estación en cuanto a su mantenimiento, equipamiento adecuado (desde las camas en buen estado, los focos de luz, el centro de control con cámaras, computadoras, servidores y software actualizado) hasta el pago de los servicios de agua, luz y telecomunicaciones.

El gran atractivo financiero de este esquema es que el Estado no requiere desembolsar grandes capitales de golpe, sino que puede estructurarlo bajo un esquema de "pago por disponibilidad". Bajo esta modalidad, el sector privado financia y construye, y el Gobierno difiere el pago a lo largo de 20 años como gasto corriente, con la enorme ventaja de que dicho canon mensual condiciona al privado a garantizar el mantenimiento óptimo de las instalaciones durante todo el contrato.

¿Cuáles son las principales acciones que se necesitan ejecutar para avanzar?

1. El MINGOB debe demostrar que el proyecto está alineado con la política de seguridad nacional y definir el alcance inicial (las 20 comisarías prioritarias de la región metropolitana). Con ello, proceder a realizar la solicitud oficial a la ANI.
2. El MINGOB, junto con la ANI, debe avanzar en realizar un análisis inicial de la situación de las estaciones, el estatus de la certeza jurídica de las propiedades, comprender a la comunidad e incluso, evaluar los retos de seguridad en los alrededores y un análisis financiero preliminar. Esto, con un equipo dedicado de MINGOB y Presidencia y con la asesoría de la ANI y la actores como Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, esto no debiera tomar más de (2) dos meses. Para otros proyectos, esta etapa podría llevar a evaluar si se requiere un proceso de precalificación de oferentes o un diálogo competitivo, pero para este caso, es poco probable que se requiera. El acompañamiento del BM y BID es esencial, si queremos generar la confianza para atraer competencia internacional.
3. El siguiente paso, debe ser la realización de los estudios técnicos, legales financieros y de riesgos del proyecto, que permitirán conocer a detalle cómo se verán las estaciones y cómo se estructura el proyecto para que sea exitoso.
4. Se requiere definir claros lineamientos para los trámites que se requieran. Lo más difícil seguramente será cumplir con la Ley para la “Protección” del Patrimonio Cultural de la Nación, dado que muchas de estaciones ya tendrán más de 50 años desde su construcción y, se corre el riesgo de que se considere como patrimonio de la nación cada uno de los ladrillos de estos edificios. Aquí, se requiere compromiso de la Presidencia, del MINGOB  y del Ministerio de Cultura y Deportes, para definir lineamientos claros, procesos ágiles para los trámites a la luz del artículo 1 bis del Decreto 16-2010 reformado. Imaginen qué terrible sería detener la dignificación de los policías del país por “proteger” muros húmedos, enmohecidos y malolientes.
5. Se necesita realizar el análisis de impacto de deuda pública del proyecto. Este, no debiera ser problema dado que el Congreso asignó recursos para este tipo de proyectos a la ANI; sólo necesitamos que el Ministerio de Finanzas Públicas los asigne.
6. Luego, se deberá proceder con la socialización y la licitación. Dicha socialización debe salir a buscar el interés de competencia internacional, lo cual debería ser más fácil si hemos logrado trabajar la estructuración de proyectos de la mano de la banca multilateral.
7. Tras el análisis de las propuestas, tocaría adjudicar el contrato y la firma del contrato.
8. Los pagos por disponibilidad, por parte del Gobierno, no iniciarían hasta la primera estación de policía lleva un trimestre de haber sido inaugurada, mostrando que la misma ofrece los servicios que fueron contratados. Esto hace que el participante privado quiera acelerar la entrega del proyecto y que el mismo sea de calidad.

Paralelo a esto, ANI y la Presidencia de la República deben avanzar en la aprobación de la reforma al reglamento de la Ley. Posteriormente, la ANI debe avanzar en el reglamento del fondo de capital privativo. Estos pasos son esenciales para avanzar, entre otras cosas, en el involucramiento de la banca multilateral en modalidades de contratación novedosas, como la del artículo 37 y 37 ter del Decreto 16-2010 reformado.

Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas debe realizar los aportes que el Decreto21-2025, en su artículo 43, le manda a dicho fondo, ya que las asignaciones a la cuenta de garantías y a la cuenta de contingencias se vuelven esenciales si queremos promover un proyecto con pagos por disponibilidad a 20 años. Junto con ello, el MINFIN debe avanzar en el desarrollo de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria Multianual (CDPM), que permite generar los mecanismos contables para garantizar los pagos futuros a los contratistas; paso esencial, si queremos atraer competencia internacional.

Este es un proyecto concreto que el Ministerio de Gobernación debería solicitar formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con un equipo enfocado y el respaldo de organismos multilaterales, la ANI tiene en sus manos la oportunidad de diseñar, licitar y adjudicar este primer paquete antes de que concluya el actual gobierno. Sería un paso contundente e histórico para dignificar la labor policial, rescatar nuestras instituciones del abandono y, sobre todo, devolverles la tranquilidad y la paz a los ciudadanos.