EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Escapismo Presidencial
Así pues, esta situación confirma que del dicho al hecho hay un gran trecho, ya que las palabras, si no vienen acompañadas de acciones, están vacías de contenido.
Actualmente, en Guatemala uno de los temas más importantes, a nivel institucional, es la elección de magistrados y jueces para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones. Tal y como se ha señalado a lo largo de todo el espectro político, oficialismo, oposición y ciudadanía, esta elección puede ser determinante para el curso político e institucional del país por los próximos cinco años, por lo menos. Es más, este es un proceso que no solo condiciona la estabilidad del sistema judicial y su relación con los ciudadanos, sino que también la de las esferas de la alta política. Consecuentemente, se esperaría que, así como todos los ojos de la población están sobre el proceso, evaluando cada movimiento de los comisionados y ahora los diputados, lo mismo sucediera desde los altos mandos del poder.
No obstante, como el presente viaje del presidente Arévalo lo demuestra, es más fácil observar el proceso a la distancia y, en vez de vivir la tensión del destino de la democracia de primera mano, es menos costo hablar de ella desde la comodidad de una silla en el extranjero. Es decir, si el mandatario realmente estuviera preocupado por la recuperación de la democracia en el país, como lo sugiere en todos sus discursos, él debiera ser el primero en la línea de fiscalización en la elección de Cortes, en vez de delegar esa función en sus aliados de la comunidad internacional y la sociedad civil.
Así pues, en un ejercicio de escapismo, el presidente, nuevamente, es el gran ausente en un proceso que podría “hacer o romper” su mandato.
Un proceso sin traducción
Cuando hablamos de instituciones no solo nos referimos a edificios, leyes y reglamentos, aquellas que consideramos instituciones formales, sino que también debemos incluir costumbres sociales y tradiciones que moldean el comportamiento de los individuos. Como consecuencia, en todo proceso que se deriva de la vida en democracia, en este caso la elección de Cortes, estos dos tipos de instituciones se mezclan para formar procedimientos que, a fin de cumplir con sus objetivos, transmiten el espíritu nacional y los hacen únicos para cada país. Por ende, por más que se sigan los procedimientos establecidos en ley, que son generales y abstractos, únicamente se podrán entender a fondo si primero se entiende la cultura de un país.
En pocas palabras, son procesos que no tienen traducción.
Por lo tanto, el escapismo y la delegación de funciones del mandatario, a fin de evadir responsabilidades, no puede continuar. De lo contrario, a largo plazo, su gestión podría resultar en un fracaso y, como sería de esperarse, los ciudadanos y las instituciones serán quienes deberán pagar la factura.
Derivado de esta reflexión, podríamos decir que, aunque la observación internacional es crucial en el ejercicio de fiscalización, en realidad, únicamente los guatemaltecos, que entendemos el folkore que rodea los procesos, tenemos la capacidad para diseccionar hasta el más mínimo detalle de los sucesos. Por lo tanto, la participación de los observadores extranjeros se limita a evaluar si los diferentes actores cumplen con el checklist formal sobre el cumplimiento de procesos. Consecuentemente, por más que el mandatario justifique su ausencia en el proceso, delegando la responsabilidad de fiscalización en sus aliados internacionales, esta función es limitada, ya que hay detalles que escapan la formalidad y que son cruciales para entender las dinámicas de poder en el país.
Del dicho al hecho hay gran trecho
No cabe duda de que el presidente Arévalo llegó al poder bajo la promesa de la defensa de la democracia y el resurgimiento del país en la nueva primavera, especialmente después de que su mandato se viera en peligro por acciones anómalas en el proceso de elección. Derivado de esa promesa, a lo largo de este primer año de gobierno, esa lucha por la democracia en contra de las “fuerzas corruptas” que la amenazan, se ha convertido en uno de los pilares de su gestión, o al menos eso parece desde el punto de vista narrativo. Sin embargo, aunque sus palabras aboguen por la democracia, sus acciones dicen otra cosa.
La independencia judicial y la confianza en la justicia representan unas de las piedras angulares del régimen democrático, por lo que su recuperación mediante la elección de magistrados es fundamental en esa “cruzada democrática” que tanto defiende el oficialismo. No obstante, partiendo de las acciones del presidente, parece que otros temas han ganado prioridad en su agenda, particularmente aquellos que se pueden abordar desde la comodidad del palacio de cristal. Es decir, parece que el mandatario ha apostado por hablar de democracia desde un podio, en vez de defenderla de frente y sin intermediarios.
Así pues, esta situación confirma que del dicho al hecho hay un gran trecho, ya que las palabras, si no vienen acompañadas de acciones, están vacías de contenido.
Las situaciones más importantes que afronta el país requieren de un líder presente, dado que no se van a resolver en las salas de reuniones y en las mesas de trabajo. Por lo tanto, el escapismo y la delegación de funciones del mandatario, a fin de evadir responsabilidades, no puede continuar. De lo contrario, a largo plazo, su gestión podría resultar en un fracaso y, como sería de esperarse, los ciudadanos y las instituciones serán quienes deberán pagar la factura.
Escapismo Presidencial
Así pues, esta situación confirma que del dicho al hecho hay un gran trecho, ya que las palabras, si no vienen acompañadas de acciones, están vacías de contenido.
Actualmente, en Guatemala uno de los temas más importantes, a nivel institucional, es la elección de magistrados y jueces para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones. Tal y como se ha señalado a lo largo de todo el espectro político, oficialismo, oposición y ciudadanía, esta elección puede ser determinante para el curso político e institucional del país por los próximos cinco años, por lo menos. Es más, este es un proceso que no solo condiciona la estabilidad del sistema judicial y su relación con los ciudadanos, sino que también la de las esferas de la alta política. Consecuentemente, se esperaría que, así como todos los ojos de la población están sobre el proceso, evaluando cada movimiento de los comisionados y ahora los diputados, lo mismo sucediera desde los altos mandos del poder.
No obstante, como el presente viaje del presidente Arévalo lo demuestra, es más fácil observar el proceso a la distancia y, en vez de vivir la tensión del destino de la democracia de primera mano, es menos costo hablar de ella desde la comodidad de una silla en el extranjero. Es decir, si el mandatario realmente estuviera preocupado por la recuperación de la democracia en el país, como lo sugiere en todos sus discursos, él debiera ser el primero en la línea de fiscalización en la elección de Cortes, en vez de delegar esa función en sus aliados de la comunidad internacional y la sociedad civil.
Así pues, en un ejercicio de escapismo, el presidente, nuevamente, es el gran ausente en un proceso que podría “hacer o romper” su mandato.
Un proceso sin traducción
Cuando hablamos de instituciones no solo nos referimos a edificios, leyes y reglamentos, aquellas que consideramos instituciones formales, sino que también debemos incluir costumbres sociales y tradiciones que moldean el comportamiento de los individuos. Como consecuencia, en todo proceso que se deriva de la vida en democracia, en este caso la elección de Cortes, estos dos tipos de instituciones se mezclan para formar procedimientos que, a fin de cumplir con sus objetivos, transmiten el espíritu nacional y los hacen únicos para cada país. Por ende, por más que se sigan los procedimientos establecidos en ley, que son generales y abstractos, únicamente se podrán entender a fondo si primero se entiende la cultura de un país.
En pocas palabras, son procesos que no tienen traducción.
Por lo tanto, el escapismo y la delegación de funciones del mandatario, a fin de evadir responsabilidades, no puede continuar. De lo contrario, a largo plazo, su gestión podría resultar en un fracaso y, como sería de esperarse, los ciudadanos y las instituciones serán quienes deberán pagar la factura.
Derivado de esta reflexión, podríamos decir que, aunque la observación internacional es crucial en el ejercicio de fiscalización, en realidad, únicamente los guatemaltecos, que entendemos el folkore que rodea los procesos, tenemos la capacidad para diseccionar hasta el más mínimo detalle de los sucesos. Por lo tanto, la participación de los observadores extranjeros se limita a evaluar si los diferentes actores cumplen con el checklist formal sobre el cumplimiento de procesos. Consecuentemente, por más que el mandatario justifique su ausencia en el proceso, delegando la responsabilidad de fiscalización en sus aliados internacionales, esta función es limitada, ya que hay detalles que escapan la formalidad y que son cruciales para entender las dinámicas de poder en el país.
Del dicho al hecho hay gran trecho
No cabe duda de que el presidente Arévalo llegó al poder bajo la promesa de la defensa de la democracia y el resurgimiento del país en la nueva primavera, especialmente después de que su mandato se viera en peligro por acciones anómalas en el proceso de elección. Derivado de esa promesa, a lo largo de este primer año de gobierno, esa lucha por la democracia en contra de las “fuerzas corruptas” que la amenazan, se ha convertido en uno de los pilares de su gestión, o al menos eso parece desde el punto de vista narrativo. Sin embargo, aunque sus palabras aboguen por la democracia, sus acciones dicen otra cosa.
La independencia judicial y la confianza en la justicia representan unas de las piedras angulares del régimen democrático, por lo que su recuperación mediante la elección de magistrados es fundamental en esa “cruzada democrática” que tanto defiende el oficialismo. No obstante, partiendo de las acciones del presidente, parece que otros temas han ganado prioridad en su agenda, particularmente aquellos que se pueden abordar desde la comodidad del palacio de cristal. Es decir, parece que el mandatario ha apostado por hablar de democracia desde un podio, en vez de defenderla de frente y sin intermediarios.
Así pues, esta situación confirma que del dicho al hecho hay un gran trecho, ya que las palabras, si no vienen acompañadas de acciones, están vacías de contenido.
Las situaciones más importantes que afronta el país requieren de un líder presente, dado que no se van a resolver en las salas de reuniones y en las mesas de trabajo. Por lo tanto, el escapismo y la delegación de funciones del mandatario, a fin de evadir responsabilidades, no puede continuar. De lo contrario, a largo plazo, su gestión podría resultar en un fracaso y, como sería de esperarse, los ciudadanos y las instituciones serán quienes deberán pagar la factura.
