En Guatemala, la vida no vale nada

Las palabras del cantautor mexicano, José Alfredo Jiménez, resuenan con una tristeza amarga en la realidad guatemalteca de hoy. “En Guatemala, la vida no vale nada” pareciera ser el eco de las resoluciones judiciales recientes, de la inacción del gobierno ante el incremento de violencia y de una sociedad que, adormecida por la rutina del infortunio, parece haberse resignado al olvido de sus más altos valores: la vida, la familia y la libertad.

Mientras los discursos oficiales se llenan de promesas vacías, de excusas y de falsas narrativas, la realidad de miles de guatemaltecos se hunde en un panorama desolador. La gestión gubernamental en materia de salud no es solo deficiente, es criminalmente negligente. Los hospitales están colapsados, los insumos médicos son mercancías de lujo y el acceso a una atención digna se convierte en un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. La infraestructura sanitaria está deteriorada, las ambulancias no llegan a tiempo por el tráfico, por el mal estado de las carreteras o simplemente porque no hay suficientes vehículos.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que debería ser un baluarte de la seguridad social, es un laberinto burocrático donde la esperanza de atención se diluye en trámites interminables. Quienes dependen de él reciben un servicio indigno, retrasos injustificados, citas urgentes con meses de diferencia y un trato que denigra la dignidad humana. ¿Es acaso está la justicia social que tanto se pregona desde el gobierno central y sus figuras afines?

Es momento de recordar que Guatemala no está condenada a este destino si sus ciudadanos deciden despertar y exigir lo que les pertenece: un país donde la vida sí tenga valor, un país donde la vida sea prioridad.

A esta tragedia se suma el elevado costo de la vida, que se trató de maquillar con un incremento en el salario mínimo, sin justificación técnica, sin análisis del efecto directo que tendría en el costo de vida.  Los gastos de transporte para los alimentos básicos suben de precio sin control, el transporte público es una ruleta rusa para sus usuarios y la educación privada se vuelve la única opción para quienes buscamos una mejor oportunidad para nuestros hijos. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde está el dinero del presupuesto más alto en la historia de Guatemala? Mientras tanto, los responsables de administrar los recursos del país continúan con su espectáculo de impunidad, repartiendo cargos y prebendas como si la nación fuera su botín personal.

Como abogado litigante, lo que más me indigna, es la indiferencia con la que la vida humana es tratada en los tribunales de justicia. Las resoluciones judiciales de las últimas semanas han enviado un mensaje claro: la vida de los guatemaltecos no vale nada. Resoluciones que favorecen a criminales confesos, que desprotegen a los más vulnerables y que parecen escritas por una mano ajena al sentido de justicia que debería regir las bases de la sociedad. ¿Cómo puede un país avanzar si la misma justicia se ha vuelto ciega no solo ante la ley, sino ante la moral, la ética y el sentido común?

Como sociedad, hemos permitido que la ineficiencia, la corrupción y la falta de voluntad política nos lleven al borde del abismo.  No podemos aceptar que la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, sea una simple estadística en un informe gubernamental que nadie leerá. Es momento de exigir respeto por la vida, la familia y la libertad. Es momento de recordar que Guatemala no está condenada a este destino si sus ciudadanos deciden despertar y exigir lo que les pertenece: un país donde la vida sí tenga valor, un país donde la vida sea prioridad.