EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En un contexto global donde tanto el autoritarismo de izquierda como de derecha ganan terreno como alternativas atractivas frente a la democracia liberal, es necesario evitar que se generen los instrumentos que facilitarían que ello ocurra en Guatemala.
La reciente iniciativa 6486, que propone la creación del Registro de Beneficiario Final, busca facilitar el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a información detallada sobre las empresas registradas en el país. Aunque la intención declarada es noble—explícitamente: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo—, un análisis profundo revela que esta ley podría convertirse en una herramienta peligrosa que facilite el ascenso del autoritarismo al permitir el acceso indiscriminado a información privada por parte del gobierno.
No entraré aquí a detalles sobre los diversos problemas constitucionales que tiene la iniciativa. Para mí, los problemas son sobre el mantenimiento de una democracia liberal en el país. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los problemas con esta iniciativa?
1. Falta de garantías para la confidencialidad de la información
La iniciativa no establece mecanismos claros para asegurar la confidencialidad de la información recopilada. No se contemplan sanciones significativas para quienes filtren o hagan un uso indebido de los datos, ni se especifica la responsabilidad de la cadena jerárquica en caso de negligencia o malicia. Dado el valor de la información que se recopila, desde el Directorio de la SAT hasta el informático pueden verse tentados a extraer información y lucrar de la misma.
La falta de garantías para la confidencialidad de la información es especialmente preocupante considerando los antecedentes de ciberataques a instituciones gubernamentales, como los sufridos por el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en años recientes. ¿Me van a decir que para el registro de esta Ley van a lograr hacer algo mejor? ¿Por qué?
Esto es más grave aún, especialmente cuando consideramos el problema de negligencia gubernamental. Para los cibercriminales internacionales, este registro les facilita la vida: solo necesitarán acceder al mismo para tener una fuente inagotable de información de las cuentas bancarias e información personal de las empresas pequeñas, medianas y grandes del país. Ese sería el premio mayor para los cibercriminales.
2. Riesgo de uso político de la información
Sin controles adecuados, la información recopilada podría ser utilizada para pavimentar el camino al autoritarismo o para promover un nuevo nivel de cleptocracia. En el primer caso, se usaría la información para perseguir políticamente a opositores o presionar a empresarios y miembros de la sociedad civil. Numerosos países en América Latina enfrentan hoy problemas similares: autoridades que implementan medidas como esta para doblegar a la oposición. En el segundo caso, la información se usa para presionar o extorsionar individuos para que se vuelvan aliados al gobierno de turno a cambio de dar dádivas, las cuales se pueden calcular con la información que generaría esta Ley.
Aunque la iniciativa 6486 se presenta como una herramienta para reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en la práctica podría convertirse en un instrumento que facilite el autoritarismo en Guatemala (...) Es deber del Congreso archivarla y del ciudadano exigirlo con firmeza.
La falta de auditorías externas independientes aumenta la posibilidad de que el Registro de Beneficiarios Finales se convierta en un instrumento de coacción política. Como no existen penas claras al funcionario público tampoco se implementan sistemas de auditoría externa, que no dependan de SAT o del Ministerio de Finanzas Públicas o de la Contraloría para así cuestionar la labor del Registro —hay que recordar que todas estas entidades son fácilmente “capturables” por el Ejecutivo, el mismo que poner al Directorio de la SAT. Esto hace que sea fácil cubrir los errores o las malas intenciones de los mismos miembros del Registro de Beneficiarios Finales y sus autoridades.
3. Penalizaciones desproporcionadas que fomentan el abuso
Los mecanismos de penalización facilitan el penduleo político, el faccionalismo y el tribalismo.
La ley propone penas de hasta seis años de prisión por proporcionar información inexacta o incompleta. Dado que los sistemas gubernamentales a menudo presentan deficiencias en sus formularios y procesos, es fácil que los ciudadanos cometan errores involuntarios. Estoy seguro de que, a usted, querido lector, le han tocado hacer muchos trámites en donde las casillas no son las más adecuadas para poner la información (no hay suficiente espacio o las categorías no son exactamente las más adecuadas, o no se permiten usar caracteres especiales, o simplemente uno comete un error tipográfico, etc.).
Además, la carga de la prueba recae sobre el ciudadano, lo que abre la puerta a posibles manipulaciones de los sistemas y las bases de datos por parte de las autoridades para justificar sanciones. Esto hace que sea muy fácil amenazar con prisión a los enemigos políticos.
Sin mecanismos claros de participación ciudadana y mejora de trámites, como los que debería implementar la SAT en cumplimiento de la Ley Antitrámites, se corre el riesgo de criminalizar a ciudadanos por fallos del propio sistema.
Conclusión
Aunque la iniciativa 6486 se presenta como una herramienta para reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en la práctica podría convertirse en un instrumento que facilite el autoritarismo en Guatemala. La falta de garantías para la confidencialidad y el uso adecuado de la información, sumada a penalizaciones desproporcionadas, representan un riesgo significativo para la democracia y los derechos ciudadanos. Esta iniciativa no solo amenaza la privacidad de la sociedad civil; amenaza los cimientos de nuestra democracia. Es deber del Congreso archivarla y del ciudadano exigirlo con firmeza
El registro que nos lleva a la servidumbre
En un contexto global donde tanto el autoritarismo de izquierda como de derecha ganan terreno como alternativas atractivas frente a la democracia liberal, es necesario evitar que se generen los instrumentos que facilitarían que ello ocurra en Guatemala.
La reciente iniciativa 6486, que propone la creación del Registro de Beneficiario Final, busca facilitar el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a información detallada sobre las empresas registradas en el país. Aunque la intención declarada es noble—explícitamente: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo—, un análisis profundo revela que esta ley podría convertirse en una herramienta peligrosa que facilite el ascenso del autoritarismo al permitir el acceso indiscriminado a información privada por parte del gobierno.
No entraré aquí a detalles sobre los diversos problemas constitucionales que tiene la iniciativa. Para mí, los problemas son sobre el mantenimiento de una democracia liberal en el país. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los problemas con esta iniciativa?
1. Falta de garantías para la confidencialidad de la información
La iniciativa no establece mecanismos claros para asegurar la confidencialidad de la información recopilada. No se contemplan sanciones significativas para quienes filtren o hagan un uso indebido de los datos, ni se especifica la responsabilidad de la cadena jerárquica en caso de negligencia o malicia. Dado el valor de la información que se recopila, desde el Directorio de la SAT hasta el informático pueden verse tentados a extraer información y lucrar de la misma.
La falta de garantías para la confidencialidad de la información es especialmente preocupante considerando los antecedentes de ciberataques a instituciones gubernamentales, como los sufridos por el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en años recientes. ¿Me van a decir que para el registro de esta Ley van a lograr hacer algo mejor? ¿Por qué?
Esto es más grave aún, especialmente cuando consideramos el problema de negligencia gubernamental. Para los cibercriminales internacionales, este registro les facilita la vida: solo necesitarán acceder al mismo para tener una fuente inagotable de información de las cuentas bancarias e información personal de las empresas pequeñas, medianas y grandes del país. Ese sería el premio mayor para los cibercriminales.
2. Riesgo de uso político de la información
Sin controles adecuados, la información recopilada podría ser utilizada para pavimentar el camino al autoritarismo o para promover un nuevo nivel de cleptocracia. En el primer caso, se usaría la información para perseguir políticamente a opositores o presionar a empresarios y miembros de la sociedad civil. Numerosos países en América Latina enfrentan hoy problemas similares: autoridades que implementan medidas como esta para doblegar a la oposición. En el segundo caso, la información se usa para presionar o extorsionar individuos para que se vuelvan aliados al gobierno de turno a cambio de dar dádivas, las cuales se pueden calcular con la información que generaría esta Ley.
Aunque la iniciativa 6486 se presenta como una herramienta para reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en la práctica podría convertirse en un instrumento que facilite el autoritarismo en Guatemala (...) Es deber del Congreso archivarla y del ciudadano exigirlo con firmeza.
La falta de auditorías externas independientes aumenta la posibilidad de que el Registro de Beneficiarios Finales se convierta en un instrumento de coacción política. Como no existen penas claras al funcionario público tampoco se implementan sistemas de auditoría externa, que no dependan de SAT o del Ministerio de Finanzas Públicas o de la Contraloría para así cuestionar la labor del Registro —hay que recordar que todas estas entidades son fácilmente “capturables” por el Ejecutivo, el mismo que poner al Directorio de la SAT. Esto hace que sea fácil cubrir los errores o las malas intenciones de los mismos miembros del Registro de Beneficiarios Finales y sus autoridades.
3. Penalizaciones desproporcionadas que fomentan el abuso
Los mecanismos de penalización facilitan el penduleo político, el faccionalismo y el tribalismo.
La ley propone penas de hasta seis años de prisión por proporcionar información inexacta o incompleta. Dado que los sistemas gubernamentales a menudo presentan deficiencias en sus formularios y procesos, es fácil que los ciudadanos cometan errores involuntarios. Estoy seguro de que, a usted, querido lector, le han tocado hacer muchos trámites en donde las casillas no son las más adecuadas para poner la información (no hay suficiente espacio o las categorías no son exactamente las más adecuadas, o no se permiten usar caracteres especiales, o simplemente uno comete un error tipográfico, etc.).
Además, la carga de la prueba recae sobre el ciudadano, lo que abre la puerta a posibles manipulaciones de los sistemas y las bases de datos por parte de las autoridades para justificar sanciones. Esto hace que sea muy fácil amenazar con prisión a los enemigos políticos.
Sin mecanismos claros de participación ciudadana y mejora de trámites, como los que debería implementar la SAT en cumplimiento de la Ley Antitrámites, se corre el riesgo de criminalizar a ciudadanos por fallos del propio sistema.
Conclusión
Aunque la iniciativa 6486 se presenta como una herramienta para reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en la práctica podría convertirse en un instrumento que facilite el autoritarismo en Guatemala. La falta de garantías para la confidencialidad y el uso adecuado de la información, sumada a penalizaciones desproporcionadas, representan un riesgo significativo para la democracia y los derechos ciudadanos. Esta iniciativa no solo amenaza la privacidad de la sociedad civil; amenaza los cimientos de nuestra democracia. Es deber del Congreso archivarla y del ciudadano exigirlo con firmeza
