EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El regalo de despedida de AMLO
La posibilidad de hacer “copy-paste” de la reforma mexicana no sería muy complicada.
En los últimos días, México ha vivido una paralización de su sistema judicial como consecuencia de la discusión de la reforma planteada por el mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien a pocos días de dejar la Presidencia buscará dejar su marca en las instituciones del país. Esta reforma propone, entre otras cosas, la reducción de magistrados de la Suprema Corte, la eliminación de dos salas y, la joya de la corona, la elección popular de los jueces y magistrados de la Suprema Corte. De acuerdo con los impulsores de esta medida, el objetivo de estos cambios es limpiar, democratizar y acercar la justicia a los ciudadanos mexicanos, quien han sido excluidos, debido al “control del que gozan las élites”.
Más allá de obstáculos logísticos, esta reforma pone en riesgo la propia independencia e imparcialidad de los jueces y favorece la concentración de poder del partido oficialista, Morena, quien ya controla las otras ramas de gobierno. Adicionalmente, esta reforma, de ser exitosa, pondría en tela de duda la elección de Cortes en Guatemala, debido a lo atractivo de la propuesta y la similitud en los contextos sociales e institucionales.
En camino a la “dictadura perfecta”
El primer elemento que se debe tomar en cuenta para entender la severidad de la reforma judicial se relaciona con la estructura institucional actual en México. Después de los últimos comicios electorales, Morena y sus aliados consiguieron, no solo garantizar la continuidad en el ejecutivo con Claudia Sheinbaum en la cabeza, sino que también construir la aplanadora en el Congreso y, menos un voto, la mayoría en el Senado. Este contexto le permite al oficialismo introducir todas las reformas que sean de su gusto sin ningún tipo de oposición. Así pues, no debería de sorprender que la reforma judicial ya estuviera aprobada, incluso antes de ser debatida en las cámaras legislativas.
Entre todos los cambios que plantea esta reforma al sistema judicial, el más preocupante es la elección de jueces por voto popular. Esta no es una idea original, ya que países como Suiza y Estados Unidos, a nivel local, cuentan con este mecanismo de elección. Sin embargo, es más que evidente que el contexto institucional es muy diferente, empezando por la existencia de contrapesos en las otras entidades de gobierno.
De acuerdo con los proponentes de la iniciativa, así como los legisladores y el presidente se eligen por voto popular, lo mismo debería de suceder con los jueces, de manera que los intereses de la ciudadanía encuentren representación y exista un elemento de fiscalización ciudadana sobre sus actos. No obstante, esta afirmación contradice la propia naturaleza del sistema judicial, el cual fue pensado para que funcionara de manera apolítica, neutral e independiente para garantizar la igualdad ante la ley y, por ende, el Estado de derecho.
Los argumentos sobre la corrupción en las Cortes, la existencia de prácticas clientelares entre los jueces, la falta de acceso de las clases populares a la justicia, entre otros, son muy atractivos para el oído guatemalteco, dado que, nuestro sistema judicial sufre de las mismas deficiencias que el mexicano.
Consecuentemente, aunque la propuesta suene atractiva en papel y en la narrativa política, la realidad es que esta medida únicamente reduciría la autonomía de los jueces y favorecería la concentración de poder del gobernante. Creer que los electores van a elegir en las urnas de manera independiente es ingenuo, ya que, como explica Holcombe en su libro “Following their Leaders”, las élites, con el objetivo de mantener su poder, son quienes determinan la oferta política, de manera que los electores únicamente seleccionan entre los candidatos que ya fueron electospreviamente. Por lo tanto, el ciudadano no elige libremente, sino que selecciona entre un listado de candidatos más o menos favorables para la élite.
Por ende, el resultado será la creación de una Corte carente de autonomía y a la merced del poder político, lo cual, supone un paso más en el sendero que conduce hacia la dictadura perfecta.
Un “copy-paste” peligroso
En Guatemala, la elección de Cortes ha puesto en discusión, nuevamente, la posibilidad de introducir cambios al sistema judicial, por lo que tener propuestas de reforma tan peligrosas en el país vecino, pone en riesgo nuestra propia institucionalidad.
Los argumentos sobre la corrupción en las Cortes, la existencia de prácticas clientelares entre los jueces, la falta de acceso de las clases populares a la justicia, entre otros, son muy atractivos para el oído guatemalteco, dado que, nuestro sistema judicial sufre de las mismas deficiencias que el mexicano. Consecuentemente, la posibilidad de hacer “copy-paste” de la reforma mexicana no sería muy complicado.
Por ello, es crucial que, para evitar una reestructuración total del sistema guatemalteco “a la mexicana”, se preste atención y se intenten resolver aquellas lagunas que existen, de manera que el poder judicial transite hacia un modelo más eficiente y transparente, de forma gradual y con todas las garantías institucionales. De lo contrario, estaríamos ante la posibilidad de perder toda la autonomía judicial con un sistema que simplemente sería un eco más de los intereses políticos.
El regalo de despedida de AMLO
La posibilidad de hacer “copy-paste” de la reforma mexicana no sería muy complicada.
En los últimos días, México ha vivido una paralización de su sistema judicial como consecuencia de la discusión de la reforma planteada por el mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien a pocos días de dejar la Presidencia buscará dejar su marca en las instituciones del país. Esta reforma propone, entre otras cosas, la reducción de magistrados de la Suprema Corte, la eliminación de dos salas y, la joya de la corona, la elección popular de los jueces y magistrados de la Suprema Corte. De acuerdo con los impulsores de esta medida, el objetivo de estos cambios es limpiar, democratizar y acercar la justicia a los ciudadanos mexicanos, quien han sido excluidos, debido al “control del que gozan las élites”.
Más allá de obstáculos logísticos, esta reforma pone en riesgo la propia independencia e imparcialidad de los jueces y favorece la concentración de poder del partido oficialista, Morena, quien ya controla las otras ramas de gobierno. Adicionalmente, esta reforma, de ser exitosa, pondría en tela de duda la elección de Cortes en Guatemala, debido a lo atractivo de la propuesta y la similitud en los contextos sociales e institucionales.
En camino a la “dictadura perfecta”
El primer elemento que se debe tomar en cuenta para entender la severidad de la reforma judicial se relaciona con la estructura institucional actual en México. Después de los últimos comicios electorales, Morena y sus aliados consiguieron, no solo garantizar la continuidad en el ejecutivo con Claudia Sheinbaum en la cabeza, sino que también construir la aplanadora en el Congreso y, menos un voto, la mayoría en el Senado. Este contexto le permite al oficialismo introducir todas las reformas que sean de su gusto sin ningún tipo de oposición. Así pues, no debería de sorprender que la reforma judicial ya estuviera aprobada, incluso antes de ser debatida en las cámaras legislativas.
Entre todos los cambios que plantea esta reforma al sistema judicial, el más preocupante es la elección de jueces por voto popular. Esta no es una idea original, ya que países como Suiza y Estados Unidos, a nivel local, cuentan con este mecanismo de elección. Sin embargo, es más que evidente que el contexto institucional es muy diferente, empezando por la existencia de contrapesos en las otras entidades de gobierno.
De acuerdo con los proponentes de la iniciativa, así como los legisladores y el presidente se eligen por voto popular, lo mismo debería de suceder con los jueces, de manera que los intereses de la ciudadanía encuentren representación y exista un elemento de fiscalización ciudadana sobre sus actos. No obstante, esta afirmación contradice la propia naturaleza del sistema judicial, el cual fue pensado para que funcionara de manera apolítica, neutral e independiente para garantizar la igualdad ante la ley y, por ende, el Estado de derecho.
Los argumentos sobre la corrupción en las Cortes, la existencia de prácticas clientelares entre los jueces, la falta de acceso de las clases populares a la justicia, entre otros, son muy atractivos para el oído guatemalteco, dado que, nuestro sistema judicial sufre de las mismas deficiencias que el mexicano.
Consecuentemente, aunque la propuesta suene atractiva en papel y en la narrativa política, la realidad es que esta medida únicamente reduciría la autonomía de los jueces y favorecería la concentración de poder del gobernante. Creer que los electores van a elegir en las urnas de manera independiente es ingenuo, ya que, como explica Holcombe en su libro “Following their Leaders”, las élites, con el objetivo de mantener su poder, son quienes determinan la oferta política, de manera que los electores únicamente seleccionan entre los candidatos que ya fueron electospreviamente. Por lo tanto, el ciudadano no elige libremente, sino que selecciona entre un listado de candidatos más o menos favorables para la élite.
Por ende, el resultado será la creación de una Corte carente de autonomía y a la merced del poder político, lo cual, supone un paso más en el sendero que conduce hacia la dictadura perfecta.
Un “copy-paste” peligroso
En Guatemala, la elección de Cortes ha puesto en discusión, nuevamente, la posibilidad de introducir cambios al sistema judicial, por lo que tener propuestas de reforma tan peligrosas en el país vecino, pone en riesgo nuestra propia institucionalidad.
Los argumentos sobre la corrupción en las Cortes, la existencia de prácticas clientelares entre los jueces, la falta de acceso de las clases populares a la justicia, entre otros, son muy atractivos para el oído guatemalteco, dado que, nuestro sistema judicial sufre de las mismas deficiencias que el mexicano. Consecuentemente, la posibilidad de hacer “copy-paste” de la reforma mexicana no sería muy complicado.
Por ello, es crucial que, para evitar una reestructuración total del sistema guatemalteco “a la mexicana”, se preste atención y se intenten resolver aquellas lagunas que existen, de manera que el poder judicial transite hacia un modelo más eficiente y transparente, de forma gradual y con todas las garantías institucionales. De lo contrario, estaríamos ante la posibilidad de perder toda la autonomía judicial con un sistema que simplemente sería un eco más de los intereses políticos.
