Nadie puede negar que, instintivamente, todos compartimos la aspiración a disfrutar de una compensación que permita sostener un mejor nivel de vida. Ahora bien, el camino para hacer realidad dicha aspiración no es necesariamente sencillo.
El debate público reciente se ha centrado en cuestionar el monto del salario de los funcionarios, sobre todo de aquellos que por sí mismos definen la escala salarial que les aplica. Pocos cuestionan el monto al que ascienden los salarios de quienes dirigen las grandes empresas del país, dado que son cubiertos por las utilidades generadas por las empresas que dirigen; pero la situación es distinta en los casos en donde los salarios de los funcionarios públicos son cubiertos con los recursos administrados por las oficinas de Gobierno.
Y creo que esta distinción es atinada, ya que los mecanismos de compensación y definición de los salarios son diferentes.
En el ámbito privado, el salario se asigna al trabajador, generalmente con base en cuatro criterios: la experiencia, las habilidades, la especificidad del bien o servicio que presta y la competencia por el puesto. En los primeros tres no hay mucho por aclarar, ya que tiende a ser relativamente obvio que una mayor formación y más tiempo desempeñando un trabajo van de la mano con la capacidad de ofrecer un mayor valor, más aún cuando el fruto del trabajo es sumamente específico y solicitado. Sin embargo, en ocasiones se pierde de vista el cuarto criterio, que corresponde a la esencia del mercado en el que nos desempeñamos. Muchas personas demandando nuestro trabajo brindan la oportunidad de exigir un mayor pago. Pero si hay muchas personas ofreciendo el mismo trabajo que nosotros, probablemente haya una puja del salario en el sentido contrario al que deseamos.
El reto con el salario del funcionario público es que la compensación se atribuye al puesto, no a la persona. Se piensa primero en el valor de la remuneración y, posteriormente, en quién ocupará el puesto. Esta dinámica deja un alto grado de discreción en quien hará la contratación, porque los procesos de oposición y selección se combinan con esquemas políticos de contratación. No cualquiera puede optar al puesto que tiene determinada remuneración, y en muchas ocasiones dicha remuneración no tiene relación con el desempeño previo de quien detenta dicho puesto.
En varios espacios he leído y escuchado que los funcionarios debieran tener esquemas de compensación basados en el mérito, o que debieran ajustarse a lo que podrían ganar en la esfera privada. Y debo reconocer que en algunas entidades de la cooperación internacional es así como se define cuánto devengará un trabajador. Se toma como referencia lo que ha ganado previamente en el ámbito privado, ya que se reconoce que el mercado es mucho más eficiente para determinar el valor del bien o servicios que la persona puede proveer.
Seguro que hay mucho por discutir al respecto de este tema. Escalas salariales, estabilidad en el puesto, procesos claros de recompensa y asensos, así como mecanismos severos de sanción y remoción. Pero lo que no puede escapar a esta discusión es que solamente puede haber un mejor pago si quien paga está de acuerdo en que así debe ser.
Quisiera poder, incluso, detallar un mecanismo claro y transparente para definir salarios en entidades públicas, pero no puedo más que destacar que, cuando hay una brecha muy amplia entre el salario histórico y el salario aspiracional, deberá ser muy estricto el seguimiento sobre el desempeño del funcionario, requiriéndose que las instituciones de control compensen la existencia de un vínculo prácticamente inexistente entre el contratado y el contratante.
Nadie puede tener un mejor salario si el fruto de su trabajo empobrece a su patrono. Y esta aseveración termina siendo mucho más acertada en el caso de los funcionarios públicos. El compromiso del trabajador que obtiene su salario del erario público es contribuir de la mejor forma a mejorar el nivel de vida de quienes, con gran esfuerzo, aportan los impuestos de los cuales saldrán sus quincenas y otros beneficios.
Puede que a alguien no le guste que las cosas sean así, pero siempre queda la opción de ejercer la profesión de forma liberal, o de emprender por cuenta propia. El único momento en el que tendremos la oportunidad de definir nuestro propio salario será cuando nosotros mismos seamos los patrones a cargo de cuadrar las cuentas.
El problema no es cuánto gano, el problema es quien lo paga
Nadie puede negar que, instintivamente, todos compartimos la aspiración a disfrutar de una compensación que permita sostener un mejor nivel de vida. Ahora bien, el camino para hacer realidad dicha aspiración no es necesariamente sencillo.
El debate público reciente se ha centrado en cuestionar el monto del salario de los funcionarios, sobre todo de aquellos que por sí mismos definen la escala salarial que les aplica. Pocos cuestionan el monto al que ascienden los salarios de quienes dirigen las grandes empresas del país, dado que son cubiertos por las utilidades generadas por las empresas que dirigen; pero la situación es distinta en los casos en donde los salarios de los funcionarios públicos son cubiertos con los recursos administrados por las oficinas de Gobierno.
Y creo que esta distinción es atinada, ya que los mecanismos de compensación y definición de los salarios son diferentes.
En el ámbito privado, el salario se asigna al trabajador, generalmente con base en cuatro criterios: la experiencia, las habilidades, la especificidad del bien o servicio que presta y la competencia por el puesto. En los primeros tres no hay mucho por aclarar, ya que tiende a ser relativamente obvio que una mayor formación y más tiempo desempeñando un trabajo van de la mano con la capacidad de ofrecer un mayor valor, más aún cuando el fruto del trabajo es sumamente específico y solicitado. Sin embargo, en ocasiones se pierde de vista el cuarto criterio, que corresponde a la esencia del mercado en el que nos desempeñamos. Muchas personas demandando nuestro trabajo brindan la oportunidad de exigir un mayor pago. Pero si hay muchas personas ofreciendo el mismo trabajo que nosotros, probablemente haya una puja del salario en el sentido contrario al que deseamos.
El reto con el salario del funcionario público es que la compensación se atribuye al puesto, no a la persona. Se piensa primero en el valor de la remuneración y, posteriormente, en quién ocupará el puesto. Esta dinámica deja un alto grado de discreción en quien hará la contratación, porque los procesos de oposición y selección se combinan con esquemas políticos de contratación. No cualquiera puede optar al puesto que tiene determinada remuneración, y en muchas ocasiones dicha remuneración no tiene relación con el desempeño previo de quien detenta dicho puesto.
En varios espacios he leído y escuchado que los funcionarios debieran tener esquemas de compensación basados en el mérito, o que debieran ajustarse a lo que podrían ganar en la esfera privada. Y debo reconocer que en algunas entidades de la cooperación internacional es así como se define cuánto devengará un trabajador. Se toma como referencia lo que ha ganado previamente en el ámbito privado, ya que se reconoce que el mercado es mucho más eficiente para determinar el valor del bien o servicios que la persona puede proveer.
Seguro que hay mucho por discutir al respecto de este tema. Escalas salariales, estabilidad en el puesto, procesos claros de recompensa y asensos, así como mecanismos severos de sanción y remoción. Pero lo que no puede escapar a esta discusión es que solamente puede haber un mejor pago si quien paga está de acuerdo en que así debe ser.
Quisiera poder, incluso, detallar un mecanismo claro y transparente para definir salarios en entidades públicas, pero no puedo más que destacar que, cuando hay una brecha muy amplia entre el salario histórico y el salario aspiracional, deberá ser muy estricto el seguimiento sobre el desempeño del funcionario, requiriéndose que las instituciones de control compensen la existencia de un vínculo prácticamente inexistente entre el contratado y el contratante.
Nadie puede tener un mejor salario si el fruto de su trabajo empobrece a su patrono. Y esta aseveración termina siendo mucho más acertada en el caso de los funcionarios públicos. El compromiso del trabajador que obtiene su salario del erario público es contribuir de la mejor forma a mejorar el nivel de vida de quienes, con gran esfuerzo, aportan los impuestos de los cuales saldrán sus quincenas y otros beneficios.
Puede que a alguien no le guste que las cosas sean así, pero siempre queda la opción de ejercer la profesión de forma liberal, o de emprender por cuenta propia. El único momento en el que tendremos la oportunidad de definir nuestro propio salario será cuando nosotros mismos seamos los patrones a cargo de cuadrar las cuentas.
