EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El problema de Guatemala no son salarios insuficientes, sino insuficientes salarios
Con el gusto que tiene la administración de Gobierno por la narrativa poética, considero oportuno recurrir a la flexibilidad que nos da el idioma español para reflexionar por dónde pueden ir las prioridades en materia salarial, y cómo es que las acciones deben estar alineadas para alcanzar los resultados deseados.
Hacer ofrecimientos aventurados pareciera ser un recurso con cero o muy bajo costo, pero son dispendiosas las implicaciones que tiene el aprobar (posterior a una rectificación por error) un incremento de 10 % en el salario mínimo en casi todas las actividades, con excepción de la actividad Exportadora y de Maquila.
Y no me refiero a implicaciones como la destrucción de empleos, la fuga de capitales, o el incremento en costos. Hago referencia a lo pernicioso que son este tipo de pronunciamientos para la previsibilidad de la planificación de los negocios, tanto para inversionistas extranjeros como locales, tanto para grandes empresas como para pequeños emprendimientos.
Ahora bien, esto se da en un escenario en donde la constante era un criterio técnico, acordado y previsible sobre el incremento de los salarios. En ningún momento se obedeció a caprichos arbitrarios, a irresponsabilidades políticas, o favoritismos sectoriales. Posterior a la pandemia parecía que había un acuerdo tácito de generar certeza sobre las políticas laborales, lo cual permitió un acelerado proceso de formalización para una fuerza laboral cercana a los 7 millones de guatemaltecos. No obstante, al momento de cambiar las reglas, y de hacer imprevisible los pronunciamientos políticos actuales y futuros, nuevamente se queda en vilo la decisión sobre continuar sobre la senda recorrida.
No se puede cosechar lo que no se ha sembrado, y los logros de nuevas plazas de empleo y de nuevos patronos en Guatemala son gracias a políticas laborales que se habían definido en años anteriores. Basta con revisar las cifras que publica el IGSS para darnos cuenta de que la formalización del empleo ha sido creciente en los años recientes.
Tomar decisiones populares no necesariamente beneficia a la población; y esta es una responsabilidad que debieran tomarse más seriamente los encargados de velar por la estabilidad y el desarrollo de Guatemala.
Posterior a la pandemia, la creación de empleo ha rondado los 90,000 empleos por año en promedio, con un valor interanual a septiembre de 117,879 nuevos afiliados. Esto no se da por casualidad, y multiplica por 4.7 veces el promedio que se tuvo entre 2009 y 2019.
El reto que tiene el Gobierno actual es seguir cosechando resultados en un ambiente donde se ha cambiado la forma de establecer las reglas, en donde se ha tomado postura en lugar de simplemente mediar entre las partes interesadas. Hoy ya se están haciendo ajustes en la contabilidad de muchos negocios respecto de la decisión tomada, pero también se están evaluando posibles escenarios ante el riesgo que este tipo de acontecimientos se repitan.
¿Gana alguien con estas medidas? Seguro que sí ganan algunos, probablemente unos 780,000 empleados formales que están en el umbral del salario mínimo y que conservarán su empleo. El resto de la fuerza laboral en el sector formal tiene un salario por encima del salario mínimo, y su incremento obedece a políticas internas de evaluación y cumplimiento de metas. Por su parte, el sector público tiene una negociación sindical a cargo de la definición del salario, por lo que su remuneración no depende de la reciente aprobación del incremento para 2025.
¿Pierde alguien con estas medidas? Seguro que sí, porque siguen estando fuera de la decisión quienes no tienen voz en la negociación. Más de 4.8 millones de personas que se desempeñan en la informalidad tendrán que seguir viendo cómo es más difícil formalizarse, cómo se reducen las oportunidades de un nuevo empleo, y cómo la migración se vuelve más atractiva.
En concreto, tomar decisiones populares no necesariamente beneficia a la población; y esta es una responsabilidad que debieran tomarse más seriamente los encargados de velar por la estabilidad y el desarrollo de Guatemala. No quiero pregonar el caos, pero simplemente seremos testigos de cómo se frena lo que venía siendo un avance en la dirección correcta, de cómo sigue siendo un potencial que no se materializa por el poco tino que se tiene al momento de querer quedar bien, desconociendo los efectos que disparates antojadizos pueden tener.
El problema de Guatemala no son salarios insuficientes, sino insuficientes salarios
Con el gusto que tiene la administración de Gobierno por la narrativa poética, considero oportuno recurrir a la flexibilidad que nos da el idioma español para reflexionar por dónde pueden ir las prioridades en materia salarial, y cómo es que las acciones deben estar alineadas para alcanzar los resultados deseados.
Hacer ofrecimientos aventurados pareciera ser un recurso con cero o muy bajo costo, pero son dispendiosas las implicaciones que tiene el aprobar (posterior a una rectificación por error) un incremento de 10 % en el salario mínimo en casi todas las actividades, con excepción de la actividad Exportadora y de Maquila.
Y no me refiero a implicaciones como la destrucción de empleos, la fuga de capitales, o el incremento en costos. Hago referencia a lo pernicioso que son este tipo de pronunciamientos para la previsibilidad de la planificación de los negocios, tanto para inversionistas extranjeros como locales, tanto para grandes empresas como para pequeños emprendimientos.
Ahora bien, esto se da en un escenario en donde la constante era un criterio técnico, acordado y previsible sobre el incremento de los salarios. En ningún momento se obedeció a caprichos arbitrarios, a irresponsabilidades políticas, o favoritismos sectoriales. Posterior a la pandemia parecía que había un acuerdo tácito de generar certeza sobre las políticas laborales, lo cual permitió un acelerado proceso de formalización para una fuerza laboral cercana a los 7 millones de guatemaltecos. No obstante, al momento de cambiar las reglas, y de hacer imprevisible los pronunciamientos políticos actuales y futuros, nuevamente se queda en vilo la decisión sobre continuar sobre la senda recorrida.
No se puede cosechar lo que no se ha sembrado, y los logros de nuevas plazas de empleo y de nuevos patronos en Guatemala son gracias a políticas laborales que se habían definido en años anteriores. Basta con revisar las cifras que publica el IGSS para darnos cuenta de que la formalización del empleo ha sido creciente en los años recientes.
Tomar decisiones populares no necesariamente beneficia a la población; y esta es una responsabilidad que debieran tomarse más seriamente los encargados de velar por la estabilidad y el desarrollo de Guatemala.
Posterior a la pandemia, la creación de empleo ha rondado los 90,000 empleos por año en promedio, con un valor interanual a septiembre de 117,879 nuevos afiliados. Esto no se da por casualidad, y multiplica por 4.7 veces el promedio que se tuvo entre 2009 y 2019.
El reto que tiene el Gobierno actual es seguir cosechando resultados en un ambiente donde se ha cambiado la forma de establecer las reglas, en donde se ha tomado postura en lugar de simplemente mediar entre las partes interesadas. Hoy ya se están haciendo ajustes en la contabilidad de muchos negocios respecto de la decisión tomada, pero también se están evaluando posibles escenarios ante el riesgo que este tipo de acontecimientos se repitan.
¿Gana alguien con estas medidas? Seguro que sí ganan algunos, probablemente unos 780,000 empleados formales que están en el umbral del salario mínimo y que conservarán su empleo. El resto de la fuerza laboral en el sector formal tiene un salario por encima del salario mínimo, y su incremento obedece a políticas internas de evaluación y cumplimiento de metas. Por su parte, el sector público tiene una negociación sindical a cargo de la definición del salario, por lo que su remuneración no depende de la reciente aprobación del incremento para 2025.
¿Pierde alguien con estas medidas? Seguro que sí, porque siguen estando fuera de la decisión quienes no tienen voz en la negociación. Más de 4.8 millones de personas que se desempeñan en la informalidad tendrán que seguir viendo cómo es más difícil formalizarse, cómo se reducen las oportunidades de un nuevo empleo, y cómo la migración se vuelve más atractiva.
En concreto, tomar decisiones populares no necesariamente beneficia a la población; y esta es una responsabilidad que debieran tomarse más seriamente los encargados de velar por la estabilidad y el desarrollo de Guatemala. No quiero pregonar el caos, pero simplemente seremos testigos de cómo se frena lo que venía siendo un avance en la dirección correcta, de cómo sigue siendo un potencial que no se materializa por el poco tino que se tiene al momento de querer quedar bien, desconociendo los efectos que disparates antojadizos pueden tener.
