¡El presupuesto se nos fue de las manos! ¿Será culpa de la democracia?
Ante el descontento democrático y la deuda desbocada, sostengo que la falla de Guatemala no es la elección, sino la falta de límites al poder.
Usted se sienta a desayunar, pone la taza de café junto al plato y abre el celular. El primer video es de un hospital donde los pacientes llevan sus propias jeringas. El segundo, en YouTube, es de una carretera que se volvió a hundir en el mismo tramo de siempre. El tercero, en Instagram, es de alguien que grita a la cámara que todos los políticos son iguales y que votar no sirve para nada. Usted deja el teléfono boca abajo y se hace la pregunta que se hacen miles de guatemaltecos cada mañana: ¿qué es lo que falla?
Buena parte del país ya tiene una respuesta. Según el Latinobarómetro de 2026, que encuestó a más de 19,000 personas en 17 países entre mayo y junio, apenas el 35% de los guatemaltecos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 52% del promedio latinoamericano. Guatemala ocupa el último lugar de los 17 países.
La misma encuesta ofrece una pista para comprender ese desencanto. Apenas el 14% de los guatemaltecos considera que el Estado ha hecho mucho o algo por él y su familia, frente al 26% del promedio latinoamericano. Guatemala comparte con Panamá el último lugar de la región.
Estas dos cifras revelan un problema que pocas veces distinguimos. Cuando los guatemaltecos hablamos de democracia, solemos confundir la forma en que elegimos a nuestros gobernantes con los mecanismos que deberían limitar su poder una vez electos.
La primera dura un día. Es la fila frente a la escuela, la papeleta doblada, el dedo manchado de tinta y el conteo de esa noche. Sirve para decidir quién va a mandar durante los próximos cuatro años.
La segunda dura esos cuatro años. Es todo lo que sucede entre una elección y la siguiente: si el que ganó debe rendir cuentas, si alguien puede detenerlo cuando se excede, si existen límites a lo que puede decidir y gastar. En Guatemala tenemos ejemplos que se repiten cada año.
En diciembre, el presidente fija el salario mínimo después de escuchar a la comisión que lo estudia, pero su recomendación no es vinculante: el Código de Trabajo solo le exige decidir «con vista de» ella. Y cada noviembre el Congreso puede aprobar un presupuesto que incrementa la deuda pública, sin que exista un límite general al endeudamiento establecido por la Constitución. En ambos casos, el problema es el mismo: quienes ejercen el poder disponen de una discrecionalidad que nuestros mecanismos republicanos no contienen suficientemente.
A la primera la llamamos democracia: nos permite elegir quién gobierna. A la segunda la llamamos república: establece los límites dentro de los cuales puede gobernar. Ambas son necesarias, pero cumplen funciones distintas. Y en Guatemala, la que nos está fallando es la segunda.
La legitimidad de una elección tampoco equivale a un respaldo permanente. Un gobernante puede llegar al poder con el voto de una minoría de los ciudadanos inscritos, conforme a las reglas electorales, y después perder popularidad. Su autoridad constitucional no desaparece por ello, pero tampoco se amplía cuando cuenta con más apoyo. Los límites republicanos deben funcionar en ambos casos: cuando el gobernante es popular y cuando deja de serlo.
Durante años, nuestra discusión pública se ha concentrado casi por completo en la primera. Debatimos cuántos diputados debería haber, quién queda representado, qué grupo tiene voz y cuál no. Todo eso importa. Pero incluso un Congreso donde todos estuvieran representados podría seguir aprobando gastos que comprometan los ingresos de las próximas generaciones. Por eso necesitamos instituciones capaces de poner límites al poder, incluso cuando quienes lo ejercen han sido elegidos democráticamente. Y de cómo construir esos límites casi no hablamos.
Hace más de dos mil años, el historiador griego Polibio encontró una respuesta al estudiar la República romana. Observó que las formas puras de gobierno tendían a degenerar: el gobierno de uno en tiranía, el de los mejores en oligarquía y el del pueblo en el dominio de la turba. Roma había encontrado una solución: combinar el poder de los cónsules, el Senado y el pueblo con sus tribunos, de manera que ninguno pudiera imponerse sin encontrar resistencia en los otros. Quince siglos después, Nicolás Maquiavelo recuperó aquella enseñanza en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1531). El capítulo cuarto lleva un título revelador: «Que la desunión entre la plebe y el senado romano hizo libre y poderosa aquella república».
Los romanos votaban, y votaban mucho. Pero lo que los protegía de sus propios gobernantes, según Maquiavelo, era que existían instituciones capaces de detener sus abusos. Un tribuno de la plebe podía interponerse ante un cónsul y, con una sola palabra, impedir que ejecutara determinadas decisiones. Esa palabra era «veto», que en latín significa «prohíbo». Aún hoy la seguimos usando.
Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, lo expresó en Los fundamentos de la libertad (1960): «El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley; la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley». Hayek hablaba de liberalismo y nosotros estamos hablando de república, pero ambos coinciden en algo esencial: el poder de quien gana una elección debe tener límites. Una mayoría puede elegir legítimamente a quienes harán las leyes y, al mismo tiempo, permitirles aprobar leyes que amplíen su propio poder sin suficientes restricciones. Cuando eso ocurre, el que ganó cree que el voto le entregó todo, y una parte de sus votantes le cree.
Por eso me preocupa que apenas el 35% de los guatemaltecos prefiera la democracia. Cuando la frustración con los resultados lleva a pedir gobernantes con menos límites, corremos el riesgo de debilitar precisamente las instituciones que deberían protegernos de sus abusos.
En Guatemala, esos frenos se pondrán a prueba este mismo mes. El artículo 171 de la Constitución establece que el Congreso debe aprobar, modificar o rechazar el presupuesto a más tardar treinta días antes de que entre en vigencia. Tiene hasta finales de noviembre para decidir sobre el proyecto de 2027: Q192,045 millones, con un déficit equivalente al 37% de los ingresos tributarios que el propio Estado espera recaudar. Si no se aprueba uno nuevo, continuará vigente el presupuesto anterior. En 2025, el Congreso aprobó el presupuesto para 2026, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente su vigencia. Posteriormente se amplió el presupuesto utilizado. Hubo control judicial sobre la aprobación, pero eso no garantizó un límite al gasto ni al endeudamiento. La pregunta es quién pondrá límites a una decisión que compromete los ingresos de los próximos años.
Al cierre de 2025, el Estado debía Q253,048 millones. Esa deuda equivale a 2.2 años de recaudación tributaria. Imagine que, a partir de mañana, cada quetzal que cobra la SAT se destinara exclusivamente a pagar lo que debemos: harían falta más de dos años, sin contar intereses ni gastar un centavo en hospitales, escuelas o seguridad. Francia tiene una deuda de proporciones similares respecto de sus ingresos públicos.
Francia paga a sus acreedores, en promedio, menos del 2% anual. Guatemala paga el 6.3%, más del triple. Nuestra deuda funciona como una tarjeta de crédito con tasa de cliente riesgoso: cuanto más debemos, más dinero necesitamos para pagarla.
En el proyecto de 2027, pagar intereses y amortizaciones de la deuda nos costará Q24,601 millones, más de Q2,000 millones cada mes. Es más de lo que recibirá el Ministerio de Salud, con Q18,616 millones, y más de lo que recibirán juntos los ministerios de Gobernación y Defensa, con Q16,865 millones.
Las principales calificadoras de riesgo sitúan a Guatemala cerca del grado de inversión, la categoría que facilita el acceso a financiamiento más barato. Entre los factores que evalúan está cuánto de lo que recauda el Estado debe destinarse al pago de su deuda.
Si la deuda crece más rápido que nuestra capacidad de recaudar impuestos, se estrecha el margen para financiarla en mejores condiciones. Mientras tanto, cada año debemos preguntarnos quién tiene la facultad de poner límites a las decisiones que nos siguen endeudando.
Aquí aparece una parte de la república que solemos olvidar. Los límites al poder deben estar incorporados en nuestras instituciones: en un Congreso capaz de controlar al Ejecutivo, en una Corte de Constitucionalidad que haga respetar la Constitución y en reglas que impidan comprometer indefinidamente los ingresos futuros. También dependen de nosotros, cada vez que exigimos a un diputado que explique su voto. Porque una república necesita límites que funcionen incluso cuando quienes gobiernan no quieren imponérselos.
Si el presupuesto se aprueba como viene, cada mañana de 2027, mientras usted deja el celular boca abajo y se le enfría el café, el Estado tendrá comprometidos, en promedio, Q67 millones diarios para pagar su deuda. Casi US$9 millones cada día. Desde 2017, el presupuesto nacional ha crecido más del doble y, sin embargo, todavía en 2026 encontramos hospitales donde faltan medicamentos. ¿Cuánto más tendremos que gastar antes de aprender a poner límites a quienes deciden cómo hacerlo?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Azteca Noticias Guatemala, «Denuncian escasez de al menos 22 medicamentos e insumos en el Hospital San Juan de Dios», 12 de junio de 2026, https://tvaztecaguate.com/nacionales/2026/06/12/denuncian-escasez-de-al-menos-22-medicamentos-e-insumos-en-el-hospital-san-juan-de-dios/.
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, Decreto 50-2016.
Constitución Política de la República de Guatemala (1985), art. 171.
Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2026 (Santiago: Corporación Latinobarómetro, 2026), https://www.latinobarometro.org/documents/informe-latinobarometro-2026.pdf.
Hayek, Friedrich A., Los fundamentos de la libertad, 2 vols. (Valencia: Fundación Ignacio Villalonga, 1961), I, cap. VII, «El gobierno mayoritario», p. 204.
IFRAP, «Juin 2025 - juin 2026 : 14 % de hausse du coût de la dette», https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/juin-2025-juin-2026-14-de-hausse-du-cout-de-la-dette.
Insee, «En 2025, le déficit public s’élève à 5,1 % du PIB, la dette publique à 115,6 % du PIB», Informations rapides, 78 (27 de marzo de 2026), https://www.insee.fr/fr/statistiques/8956575.
Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1531), libro I, caps. 2 y 4.
Ministerio de Finanzas Públicas, Informe de Desempeño de la Política Fiscal y de las Finanzas Públicas 2025 (Guatemala: Minfin, 2026), https://www.minfin.gob.gt/wp-content/uploads/2026/05/Informe_Anual_-_2026__Revision_Final.pdf.
Ministerio de Finanzas Públicas, «La agencia Fitch Ratings confirma la calificación crediticia de Guatemala en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión», https://www.minfin.gob.gt/142-la-agencia-fitch-ratings-confirma-la-calificacion-crediticia-de-guatemala-en-bb-un-escalon-por-debajo-del-grado-de-inversion/.
Prensa Libre, «Pacientes se resignan ante la falta de insumos y medicinas», 6 de enero de 2017, https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/pacientes-se-resignan-ante-la-falta-de-insumos-y-medicinas/.
Prensa Libre, «Hospital General se queda sin insumos y pacientes deben pagar los materiales y medicamentos», 5 de marzo de 2024, https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/hospital-general-se-queda-sin-insumos-y-pacientes-deben-pagar-los-materiales-y-medicamentos/.
Soy502, «Presupuesto 2027: Guatemala pagará Q2 mil millones mensuales en deuda», https://www.soy502.com/articulo/pago-deuda-2027-supera-presupuesto-13-ministerios-102052.
Nota de verificación pendiente: documentar con la resolución de la Corte de Constitucionalidad y los decretos presupuestarios correspondientes la suspensión y ampliación del presupuesto de 2026.
¡El presupuesto se nos fue de las manos! ¿Será culpa de la democracia?
Ante el descontento democrático y la deuda desbocada, sostengo que la falla de Guatemala no es la elección, sino la falta de límites al poder.
Usted se sienta a desayunar, pone la taza de café junto al plato y abre el celular. El primer video es de un hospital donde los pacientes llevan sus propias jeringas. El segundo, en YouTube, es de una carretera que se volvió a hundir en el mismo tramo de siempre. El tercero, en Instagram, es de alguien que grita a la cámara que todos los políticos son iguales y que votar no sirve para nada. Usted deja el teléfono boca abajo y se hace la pregunta que se hacen miles de guatemaltecos cada mañana: ¿qué es lo que falla?
Buena parte del país ya tiene una respuesta. Según el Latinobarómetro de 2026, que encuestó a más de 19,000 personas en 17 países entre mayo y junio, apenas el 35% de los guatemaltecos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 52% del promedio latinoamericano. Guatemala ocupa el último lugar de los 17 países.
La misma encuesta ofrece una pista para comprender ese desencanto. Apenas el 14% de los guatemaltecos considera que el Estado ha hecho mucho o algo por él y su familia, frente al 26% del promedio latinoamericano. Guatemala comparte con Panamá el último lugar de la región.
Estas dos cifras revelan un problema que pocas veces distinguimos. Cuando los guatemaltecos hablamos de democracia, solemos confundir la forma en que elegimos a nuestros gobernantes con los mecanismos que deberían limitar su poder una vez electos.
La primera dura un día. Es la fila frente a la escuela, la papeleta doblada, el dedo manchado de tinta y el conteo de esa noche. Sirve para decidir quién va a mandar durante los próximos cuatro años.
La segunda dura esos cuatro años. Es todo lo que sucede entre una elección y la siguiente: si el que ganó debe rendir cuentas, si alguien puede detenerlo cuando se excede, si existen límites a lo que puede decidir y gastar. En Guatemala tenemos ejemplos que se repiten cada año.
En diciembre, el presidente fija el salario mínimo después de escuchar a la comisión que lo estudia, pero su recomendación no es vinculante: el Código de Trabajo solo le exige decidir «con vista de» ella. Y cada noviembre el Congreso puede aprobar un presupuesto que incrementa la deuda pública, sin que exista un límite general al endeudamiento establecido por la Constitución. En ambos casos, el problema es el mismo: quienes ejercen el poder disponen de una discrecionalidad que nuestros mecanismos republicanos no contienen suficientemente.
A la primera la llamamos democracia: nos permite elegir quién gobierna. A la segunda la llamamos república: establece los límites dentro de los cuales puede gobernar. Ambas son necesarias, pero cumplen funciones distintas. Y en Guatemala, la que nos está fallando es la segunda.
La legitimidad de una elección tampoco equivale a un respaldo permanente. Un gobernante puede llegar al poder con el voto de una minoría de los ciudadanos inscritos, conforme a las reglas electorales, y después perder popularidad. Su autoridad constitucional no desaparece por ello, pero tampoco se amplía cuando cuenta con más apoyo. Los límites republicanos deben funcionar en ambos casos: cuando el gobernante es popular y cuando deja de serlo.
Durante años, nuestra discusión pública se ha concentrado casi por completo en la primera. Debatimos cuántos diputados debería haber, quién queda representado, qué grupo tiene voz y cuál no. Todo eso importa. Pero incluso un Congreso donde todos estuvieran representados podría seguir aprobando gastos que comprometan los ingresos de las próximas generaciones. Por eso necesitamos instituciones capaces de poner límites al poder, incluso cuando quienes lo ejercen han sido elegidos democráticamente. Y de cómo construir esos límites casi no hablamos.
Hace más de dos mil años, el historiador griego Polibio encontró una respuesta al estudiar la República romana. Observó que las formas puras de gobierno tendían a degenerar: el gobierno de uno en tiranía, el de los mejores en oligarquía y el del pueblo en el dominio de la turba. Roma había encontrado una solución: combinar el poder de los cónsules, el Senado y el pueblo con sus tribunos, de manera que ninguno pudiera imponerse sin encontrar resistencia en los otros. Quince siglos después, Nicolás Maquiavelo recuperó aquella enseñanza en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1531). El capítulo cuarto lleva un título revelador: «Que la desunión entre la plebe y el senado romano hizo libre y poderosa aquella república».
Los romanos votaban, y votaban mucho. Pero lo que los protegía de sus propios gobernantes, según Maquiavelo, era que existían instituciones capaces de detener sus abusos. Un tribuno de la plebe podía interponerse ante un cónsul y, con una sola palabra, impedir que ejecutara determinadas decisiones. Esa palabra era «veto», que en latín significa «prohíbo». Aún hoy la seguimos usando.
Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, lo expresó en Los fundamentos de la libertad (1960): «El liberalismo es una doctrina sobre lo que debiera ser la ley; la democracia, una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley». Hayek hablaba de liberalismo y nosotros estamos hablando de república, pero ambos coinciden en algo esencial: el poder de quien gana una elección debe tener límites. Una mayoría puede elegir legítimamente a quienes harán las leyes y, al mismo tiempo, permitirles aprobar leyes que amplíen su propio poder sin suficientes restricciones. Cuando eso ocurre, el que ganó cree que el voto le entregó todo, y una parte de sus votantes le cree.
Por eso me preocupa que apenas el 35% de los guatemaltecos prefiera la democracia. Cuando la frustración con los resultados lleva a pedir gobernantes con menos límites, corremos el riesgo de debilitar precisamente las instituciones que deberían protegernos de sus abusos.
En Guatemala, esos frenos se pondrán a prueba este mismo mes. El artículo 171 de la Constitución establece que el Congreso debe aprobar, modificar o rechazar el presupuesto a más tardar treinta días antes de que entre en vigencia. Tiene hasta finales de noviembre para decidir sobre el proyecto de 2027: Q192,045 millones, con un déficit equivalente al 37% de los ingresos tributarios que el propio Estado espera recaudar. Si no se aprueba uno nuevo, continuará vigente el presupuesto anterior. En 2025, el Congreso aprobó el presupuesto para 2026, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente su vigencia. Posteriormente se amplió el presupuesto utilizado. Hubo control judicial sobre la aprobación, pero eso no garantizó un límite al gasto ni al endeudamiento. La pregunta es quién pondrá límites a una decisión que compromete los ingresos de los próximos años.
Al cierre de 2025, el Estado debía Q253,048 millones. Esa deuda equivale a 2.2 años de recaudación tributaria. Imagine que, a partir de mañana, cada quetzal que cobra la SAT se destinara exclusivamente a pagar lo que debemos: harían falta más de dos años, sin contar intereses ni gastar un centavo en hospitales, escuelas o seguridad. Francia tiene una deuda de proporciones similares respecto de sus ingresos públicos.
Francia paga a sus acreedores, en promedio, menos del 2% anual. Guatemala paga el 6.3%, más del triple. Nuestra deuda funciona como una tarjeta de crédito con tasa de cliente riesgoso: cuanto más debemos, más dinero necesitamos para pagarla.
En el proyecto de 2027, pagar intereses y amortizaciones de la deuda nos costará Q24,601 millones, más de Q2,000 millones cada mes. Es más de lo que recibirá el Ministerio de Salud, con Q18,616 millones, y más de lo que recibirán juntos los ministerios de Gobernación y Defensa, con Q16,865 millones.
Las principales calificadoras de riesgo sitúan a Guatemala cerca del grado de inversión, la categoría que facilita el acceso a financiamiento más barato. Entre los factores que evalúan está cuánto de lo que recauda el Estado debe destinarse al pago de su deuda.
Si la deuda crece más rápido que nuestra capacidad de recaudar impuestos, se estrecha el margen para financiarla en mejores condiciones. Mientras tanto, cada año debemos preguntarnos quién tiene la facultad de poner límites a las decisiones que nos siguen endeudando.
Aquí aparece una parte de la república que solemos olvidar. Los límites al poder deben estar incorporados en nuestras instituciones: en un Congreso capaz de controlar al Ejecutivo, en una Corte de Constitucionalidad que haga respetar la Constitución y en reglas que impidan comprometer indefinidamente los ingresos futuros. También dependen de nosotros, cada vez que exigimos a un diputado que explique su voto. Porque una república necesita límites que funcionen incluso cuando quienes gobiernan no quieren imponérselos.
Si el presupuesto se aprueba como viene, cada mañana de 2027, mientras usted deja el celular boca abajo y se le enfría el café, el Estado tendrá comprometidos, en promedio, Q67 millones diarios para pagar su deuda. Casi US$9 millones cada día. Desde 2017, el presupuesto nacional ha crecido más del doble y, sin embargo, todavía en 2026 encontramos hospitales donde faltan medicamentos. ¿Cuánto más tendremos que gastar antes de aprender a poner límites a quienes deciden cómo hacerlo?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Azteca Noticias Guatemala, «Denuncian escasez de al menos 22 medicamentos e insumos en el Hospital San Juan de Dios», 12 de junio de 2026, https://tvaztecaguate.com/nacionales/2026/06/12/denuncian-escasez-de-al-menos-22-medicamentos-e-insumos-en-el-hospital-san-juan-de-dios/.
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, Decreto 50-2016.
Constitución Política de la República de Guatemala (1985), art. 171.
Corporación Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2026 (Santiago: Corporación Latinobarómetro, 2026), https://www.latinobarometro.org/documents/informe-latinobarometro-2026.pdf.
Hayek, Friedrich A., Los fundamentos de la libertad, 2 vols. (Valencia: Fundación Ignacio Villalonga, 1961), I, cap. VII, «El gobierno mayoritario», p. 204.
IFRAP, «Juin 2025 - juin 2026 : 14 % de hausse du coût de la dette», https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/juin-2025-juin-2026-14-de-hausse-du-cout-de-la-dette.
Insee, «En 2025, le déficit public s’élève à 5,1 % du PIB, la dette publique à 115,6 % du PIB», Informations rapides, 78 (27 de marzo de 2026), https://www.insee.fr/fr/statistiques/8956575.
Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1531), libro I, caps. 2 y 4.
Ministerio de Finanzas Públicas, Informe de Desempeño de la Política Fiscal y de las Finanzas Públicas 2025 (Guatemala: Minfin, 2026), https://www.minfin.gob.gt/wp-content/uploads/2026/05/Informe_Anual_-_2026__Revision_Final.pdf.
Ministerio de Finanzas Públicas, «La agencia Fitch Ratings confirma la calificación crediticia de Guatemala en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión», https://www.minfin.gob.gt/142-la-agencia-fitch-ratings-confirma-la-calificacion-crediticia-de-guatemala-en-bb-un-escalon-por-debajo-del-grado-de-inversion/.
Prensa Libre, «Pacientes se resignan ante la falta de insumos y medicinas», 6 de enero de 2017, https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/pacientes-se-resignan-ante-la-falta-de-insumos-y-medicinas/.
Prensa Libre, «Hospital General se queda sin insumos y pacientes deben pagar los materiales y medicamentos», 5 de marzo de 2024, https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/hospital-general-se-queda-sin-insumos-y-pacientes-deben-pagar-los-materiales-y-medicamentos/.
Soy502, «Presupuesto 2027: Guatemala pagará Q2 mil millones mensuales en deuda», https://www.soy502.com/articulo/pago-deuda-2027-supera-presupuesto-13-ministerios-102052.
Nota de verificación pendiente: documentar con la resolución de la Corte de Constitucionalidad y los decretos presupuestarios correspondientes la suspensión y ampliación del presupuesto de 2026.
