EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En 2017, recibí la invitación de un grupo de profesionales, a quienes admiro mucho, para integrar un equipo que elaboraría una propuesta técnica para erradicar la inimaginable cantidad de vericuetos que enfrenta la inversión en infraestructura vial en Guatemala. El objetivo común del grupo no era simplemente proponer soluciones a medias o cosméticas, sino hacer frente a un ecosistema que está diseñado para la inacción operativa.
La primera reunión estuvo llena de entusiasmo. Abogados, ingenieros, economistas, arquitectos, sociólogos, antropólogos, y uno que otro ideólogo, aportaban, desde su conocimiento y experiencia, ideas que rompían los paradigmas de la obra pública en el país. Incluso, nos dimos a la tarea de revisar experiencias extranjeras y momentos de la historia de Guatemala en donde parecía que las cosas funcionaban mejor. La conclusión: no se le puede pedir más y mejor infraestructura a un sistema financiero, legal y administrativo que está diseñado para horadar los activos viales y para generar ingresos a quienes hacen mal su trabajo, una vez tras otra vez.
Llenamos papelógrafos y pizarrones de argumentos y de contraargumentos, pero logramos proponer un esquema bastante lógico de cómo abarcar todas las fases de la infraestructura vial en Guatemala, haciendo un recorrido desde la planificación y la preinversión, pasando por la licitación y la contratación, para terminar con la supervisión y la sanción. Un esquema simple, pero funcional, el cual requería cambios en procesos, presupuestos, normas y equipos de trabajo.
Pero como muchas cosas en Guatemala, lo que empezó de una forma fue mutando conforme los actores interesados incorporaron modificaciones que buscaban mantener, interesadamente, sin mayor alteración, el estado actual de las cosas.
Aun así, el 12 de abril de 2018 se presentó un cuerpo normativo en la Dirección Legislativa del Congreso, bajo el número de iniciativa 5431, y con el título “Ley General de Infraestructura Vial”. Para no hacer la historia larga, posterior a sobrellevar todo el proceso parlamentario pertinente, la misma iniciativa, pero con el nombre “Ley de Infraestructura Vial Prioritaria” fue publicada en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 2024, entrando en vigencia en enero de 2025.
Es fácil dar al traste con el trabajo de muchos guatemaltecos que siguen creyendo que se pueden hacer bien las cosas en Guatemala. Pero como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer
Fueron 80 meses de conversaciones, negociaciones, y acuerdos. Pero habiendo superado muchas cesiones y sesiones, por fin se tenía un instrumento que podría mejorar significativamente el estado actual de las carreteras en Guatemala, y que permitiría soñar con nuevos tramos que son tan necesarios en el país.
¿Dónde se perdió lo ganado? Como bien dicen algunos, ten cuidado con lo que sueñas, porque puede hacerse realidad. Habiéndose logrado un instrumento vanguardista e innovador, el siguiente paso era modernizar el Organismo Ejecutivo. Ante un reto semejante, era tarea de valientes reorganizar el Gobierno, priorizar recursos, y aprender a hacer las cosas de la forma correcta. Pero a veces gana el miedo, o interrumpe la incapacidad.
La semana pasada se hizo el anuncio de que la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), en lugar de constituirse como una entidad con todos los galones que mandata la ley, ha sido subsumida a una unidad ejecutora más dentro del anquilosado Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Para eso, nos hubiésemos ahorrado más de siete años de trabajo. Para eso, no era necesario que el mismo Ejecutivo lograra negociar la aprobación de la ley con el Congreso.
Mi queja, si el apelativo calza, es por la poca visión de querer hacer las cosas de forma diferente. Se quería pasar de la protesta a la propuesta, pero parece que el eslogan quedó holgado. Se hacen alegorías de los planes de trabajo y de la intención de dignificar al pueblo, pero cuando se dio la oportunidad de hacer algo trascendental, simplemente se optó por seguir con el mismo modelo que no funciona.
Es fácil dar al traste con el trabajo de muchos guatemaltecos que siguen creyendo que se pueden hacer bien las cosas en Guatemala. Pero como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer… no quieren cambios, pero tampoco son capaces de cumplir sus responsabilidades.
En 2017, recibí la invitación de un grupo de profesionales, a quienes admiro mucho, para integrar un equipo que elaboraría una propuesta técnica para erradicar la inimaginable cantidad de vericuetos que enfrenta la inversión en infraestructura vial en Guatemala. El objetivo común del grupo no era simplemente proponer soluciones a medias o cosméticas, sino hacer frente a un ecosistema que está diseñado para la inacción operativa.
La primera reunión estuvo llena de entusiasmo. Abogados, ingenieros, economistas, arquitectos, sociólogos, antropólogos, y uno que otro ideólogo, aportaban, desde su conocimiento y experiencia, ideas que rompían los paradigmas de la obra pública en el país. Incluso, nos dimos a la tarea de revisar experiencias extranjeras y momentos de la historia de Guatemala en donde parecía que las cosas funcionaban mejor. La conclusión: no se le puede pedir más y mejor infraestructura a un sistema financiero, legal y administrativo que está diseñado para horadar los activos viales y para generar ingresos a quienes hacen mal su trabajo, una vez tras otra vez.
Llenamos papelógrafos y pizarrones de argumentos y de contraargumentos, pero logramos proponer un esquema bastante lógico de cómo abarcar todas las fases de la infraestructura vial en Guatemala, haciendo un recorrido desde la planificación y la preinversión, pasando por la licitación y la contratación, para terminar con la supervisión y la sanción. Un esquema simple, pero funcional, el cual requería cambios en procesos, presupuestos, normas y equipos de trabajo.
Pero como muchas cosas en Guatemala, lo que empezó de una forma fue mutando conforme los actores interesados incorporaron modificaciones que buscaban mantener, interesadamente, sin mayor alteración, el estado actual de las cosas.
Aun así, el 12 de abril de 2018 se presentó un cuerpo normativo en la Dirección Legislativa del Congreso, bajo el número de iniciativa 5431, y con el título “Ley General de Infraestructura Vial”. Para no hacer la historia larga, posterior a sobrellevar todo el proceso parlamentario pertinente, la misma iniciativa, pero con el nombre “Ley de Infraestructura Vial Prioritaria” fue publicada en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 2024, entrando en vigencia en enero de 2025.
Es fácil dar al traste con el trabajo de muchos guatemaltecos que siguen creyendo que se pueden hacer bien las cosas en Guatemala. Pero como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer
Fueron 80 meses de conversaciones, negociaciones, y acuerdos. Pero habiendo superado muchas cesiones y sesiones, por fin se tenía un instrumento que podría mejorar significativamente el estado actual de las carreteras en Guatemala, y que permitiría soñar con nuevos tramos que son tan necesarios en el país.
¿Dónde se perdió lo ganado? Como bien dicen algunos, ten cuidado con lo que sueñas, porque puede hacerse realidad. Habiéndose logrado un instrumento vanguardista e innovador, el siguiente paso era modernizar el Organismo Ejecutivo. Ante un reto semejante, era tarea de valientes reorganizar el Gobierno, priorizar recursos, y aprender a hacer las cosas de la forma correcta. Pero a veces gana el miedo, o interrumpe la incapacidad.
La semana pasada se hizo el anuncio de que la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), en lugar de constituirse como una entidad con todos los galones que mandata la ley, ha sido subsumida a una unidad ejecutora más dentro del anquilosado Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Para eso, nos hubiésemos ahorrado más de siete años de trabajo. Para eso, no era necesario que el mismo Ejecutivo lograra negociar la aprobación de la ley con el Congreso.
Mi queja, si el apelativo calza, es por la poca visión de querer hacer las cosas de forma diferente. Se quería pasar de la protesta a la propuesta, pero parece que el eslogan quedó holgado. Se hacen alegorías de los planes de trabajo y de la intención de dignificar al pueblo, pero cuando se dio la oportunidad de hacer algo trascendental, simplemente se optó por seguir con el mismo modelo que no funciona.
Es fácil dar al traste con el trabajo de muchos guatemaltecos que siguen creyendo que se pueden hacer bien las cosas en Guatemala. Pero como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer… no quieren cambios, pero tampoco son capaces de cumplir sus responsabilidades.
