El fin de semana recién pasado ocurrió un hecho que pone en evidencia que la seguridad pública es una asignatura que ha sido totalmente reprobada por el presente gobierno. Mientras el presidente Arévalo estaba en Taiwán inaugurando una oficina de emisión de pasaportes, tarea que no considero que reclame la presencia del presidente y su esposa, en Huehuetenango ocurría un hecho que me recordó con sus diferencias, claro, aquel combate que hace años puso en evidencia que quien gobierna en el departamento el Cártel de los Huista.
En esta ocasión, narcos perseguidos por la policía estatal del Estado de Chiapas, cruzaron la frontera en el sector de las Champas, La Mesilla, Huehuetenango, y al atravesar la línea fronteriza, al parecer, fueron recibidos por fuerzas de la PNC y Ejército guatemaltecos que en los videos que estuvieron circulando en redes, combaten al lado de los narcotraficantes perseguidos. En la confusión de los hechos, bien puede ser que las fuerzas de seguridad guatemaltecas estuvieran defendiendo el territorio guatemalteco de la incursión de la policía chiapaneca; sin embargo, también puede ser que los narcos como es bien sabido por todo guatemalteco medianamente enterado de las cosas que pasan en este país, contaran con la protección de los agentes que salieron en su defensa. La situación es confusa como en cualquier suceso que involucre enfrentamiento con armas de fuego, sin embargo, son las respuestas de las autoridades las que ponen a pensar quien está realmente a cargo de gobernar este país.
Del lado mexicano, a las pocas horas del enfrentamiento, las autoridades emitieron un comunicado detallando las circunstancias del violento choque con narcos, identificando hasta el tipo de armas utilizadas y de los detalles que llevaron a dicho suceso violento. Mientras tanto, del lado de Guatemala, el silencio fue significativo.
Pareciera que el país es arrancado de las manos del gobierno y cae en una deriva en donde, dolorosamente, la violencia regresa a ser la norma y el orden la excepción.
Circularon antes todos los videos en redes sociales hasta que el domingo por la noche la Gobernación Departamental de Huehuetenango se vio forzada a emitir un comunicado bastante escueto en comparación con el del país vecino, en el que en esencia se limitaba a afirmar que los videos eran auténticos, pero que el departamento estaba en paz y tranquilo.
Llama la atención que no fuera el Ministerio de Gobernación el que saliera al frente con la información detallada y con un relato completo de los hechos, como si lo hizo la autoridad mexicana correspondiente. Sobre todo, porque apenas un día antes, en Suchitepéquez, había sucedido un fuerte enfrentamiento armado entre narcos y fuerzas antinarcóticas de la PNC al intentar incautar un gran cargamento de estupefacientes. Es decir, se esperaría que el titular de la cartera estuviera atento a los hechos del país luego de un significativo hecho como la balacera en el sur del país. Sin embargo, al parecer, los hechos del noroccidente del país los tomaron por sorpresa, tanto que optaron por derivar a la Gobernación local la responsabilidad de informar los hechos en la forma deficiente y parcial como optaron por hacerlo.
Mientras sigamos aferrados al discurso de que la violencia en el país es una mera “percepción”, y que no es que los delitos hayan aumentado, sino que en una explicación absolutamente contra intuitiva de que “es que ahora el ciudadano denuncia más los hechos”, pareciera que el país es arrancado de las manos del gobierno y cae en una deriva en donde, dolorosamente, la violencia regresa a ser la norma y el orden la excepción. Las últimas requisas en los centros penitenciarios subrayan esta situación: desnuda la corrupción extrema del sistema penitenciario, pero las autoridades se limitan a confiscar los bienes capturados y hasta el momento no se ha visto que se deduzcan responsabilidades de los funcionarios que lucran con esa autoridad. No nos extrañe entonces que dentro de meses se vuelvan a realizar requisas y se vuelvan a incautar cantidades ingentes de bienes que ilegalmente atesoran los reclusos. Y no nos extrañe tampoco que las balaceras y los actos prepotentes de personas fuertemente armadas se sigan haciendo lugar en las calles en las que nosotros y nuestros hijos transitan todos los días.
El país que se nos va de las manos
El fin de semana recién pasado ocurrió un hecho que pone en evidencia que la seguridad pública es una asignatura que ha sido totalmente reprobada por el presente gobierno. Mientras el presidente Arévalo estaba en Taiwán inaugurando una oficina de emisión de pasaportes, tarea que no considero que reclame la presencia del presidente y su esposa, en Huehuetenango ocurría un hecho que me recordó con sus diferencias, claro, aquel combate que hace años puso en evidencia que quien gobierna en el departamento el Cártel de los Huista.
En esta ocasión, narcos perseguidos por la policía estatal del Estado de Chiapas, cruzaron la frontera en el sector de las Champas, La Mesilla, Huehuetenango, y al atravesar la línea fronteriza, al parecer, fueron recibidos por fuerzas de la PNC y Ejército guatemaltecos que en los videos que estuvieron circulando en redes, combaten al lado de los narcotraficantes perseguidos. En la confusión de los hechos, bien puede ser que las fuerzas de seguridad guatemaltecas estuvieran defendiendo el territorio guatemalteco de la incursión de la policía chiapaneca; sin embargo, también puede ser que los narcos como es bien sabido por todo guatemalteco medianamente enterado de las cosas que pasan en este país, contaran con la protección de los agentes que salieron en su defensa. La situación es confusa como en cualquier suceso que involucre enfrentamiento con armas de fuego, sin embargo, son las respuestas de las autoridades las que ponen a pensar quien está realmente a cargo de gobernar este país.
Del lado mexicano, a las pocas horas del enfrentamiento, las autoridades emitieron un comunicado detallando las circunstancias del violento choque con narcos, identificando hasta el tipo de armas utilizadas y de los detalles que llevaron a dicho suceso violento. Mientras tanto, del lado de Guatemala, el silencio fue significativo.
Pareciera que el país es arrancado de las manos del gobierno y cae en una deriva en donde, dolorosamente, la violencia regresa a ser la norma y el orden la excepción.
Circularon antes todos los videos en redes sociales hasta que el domingo por la noche la Gobernación Departamental de Huehuetenango se vio forzada a emitir un comunicado bastante escueto en comparación con el del país vecino, en el que en esencia se limitaba a afirmar que los videos eran auténticos, pero que el departamento estaba en paz y tranquilo.
Llama la atención que no fuera el Ministerio de Gobernación el que saliera al frente con la información detallada y con un relato completo de los hechos, como si lo hizo la autoridad mexicana correspondiente. Sobre todo, porque apenas un día antes, en Suchitepéquez, había sucedido un fuerte enfrentamiento armado entre narcos y fuerzas antinarcóticas de la PNC al intentar incautar un gran cargamento de estupefacientes. Es decir, se esperaría que el titular de la cartera estuviera atento a los hechos del país luego de un significativo hecho como la balacera en el sur del país. Sin embargo, al parecer, los hechos del noroccidente del país los tomaron por sorpresa, tanto que optaron por derivar a la Gobernación local la responsabilidad de informar los hechos en la forma deficiente y parcial como optaron por hacerlo.
Mientras sigamos aferrados al discurso de que la violencia en el país es una mera “percepción”, y que no es que los delitos hayan aumentado, sino que en una explicación absolutamente contra intuitiva de que “es que ahora el ciudadano denuncia más los hechos”, pareciera que el país es arrancado de las manos del gobierno y cae en una deriva en donde, dolorosamente, la violencia regresa a ser la norma y el orden la excepción. Las últimas requisas en los centros penitenciarios subrayan esta situación: desnuda la corrupción extrema del sistema penitenciario, pero las autoridades se limitan a confiscar los bienes capturados y hasta el momento no se ha visto que se deduzcan responsabilidades de los funcionarios que lucran con esa autoridad. No nos extrañe entonces que dentro de meses se vuelvan a realizar requisas y se vuelvan a incautar cantidades ingentes de bienes que ilegalmente atesoran los reclusos. Y no nos extrañe tampoco que las balaceras y los actos prepotentes de personas fuertemente armadas se sigan haciendo lugar en las calles en las que nosotros y nuestros hijos transitan todos los días.