EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El modelo importa: La España de Aznar y la Madrid de Ayuso frente al populismo y la implosión socialista de Sánchez y Barcelona
España se ha convertido en el escenario de una lucha silenciosa, pero decisiva: la que enfrenta a dos modelos de país, de gobierno y de sociedad. Uno cree en la libertad individual, en la propiedad privada, en la responsabilidad personal y en el mérito como camino hacia el progreso. El otro, en el control estatal, en la redistribución forzada, en la dependencia como herramienta de poder y en el privilegio disfrazado de derecho. La primera España florece. La segunda se descompone. Mientras el gobierno socialista de Pedro Sánchez impulsa leyes que limitan la iniciativa privada, elevan la carga fiscal y premian la lealtad ideológica sobre la competencia, comunidades como Madrid —y el gobierno de José María Aznar— han demostrado que cuando se confía en el ciudadano libre, la sociedad prospera. España florece donde se respeta al ciudadano libre y se empobrece donde se le somete al Estado.
El gobierno de José María Aznar (1996–2004) se sostuvo sobre un eje claro: devolver al ciudadano el protagonismo de su destino. Con reformas fiscales profundas, una apuesta por la estabilidad macroeconómica, la privatización estratégica de sectores como telecomunicaciones y energía, y un compromiso firme con la disciplina presupuestaria, España entró al euro con una economía saneada y en expansión. Aznar hablaba de esfuerzo, de responsabilidad, de reglas claras para todos. Creía que el Estado debía facilitar, no asfixiar.
Pedro Sánchez ha consolidado un modelo intervencionista y fragmentado, con alianzas ideológicas que elevan impuestos, castigan la inversión y debilitan la unidad nacional. Bajo su gobierno, se han promovido leyes que restringen la libertad económica, desincentivan la producción y socavan la seguridad jurídica. Se ha aprobado una amnistía a terroristas condenados por atentar contra el orden constitucional, y se han hecho concesiones que debilitan al Reino de España con tal de conservar el poder.
El contraste es inapelable. Durante el mandato de Aznar, España creció a un promedio del 3.5 % anual, se crearon cinco millones de empleos, el desempleo cayó del 23 % al 10.6 %, y la inversión extranjera alcanzó récords históricos. El país logró superávit fiscal en sus últimos años de gobierno y se convirtió en un destino confiable para el capital internacional.
Bajo Sánchez, la recuperación pospandemia ha sido lenta, frágil y decepcionante. Mientras países como Irlanda, Portugal o incluso Guatemala lograron crecer más del 7 % en el año posterior a la pandemia, España acumuló apenas un 5.5 %. La inversión extranjera cayó un 8.7 % entre 2022 y 2024, y el déficit fiscal nunca bajó del 3 %, a pesar del aumento de impuestos y el uso intensivo de fondos europeos. La deuda pública ya supera el 110 % del PIB. Pero más allá de las cifras, el deterioro más grave es moral: se ha normalizado el pacto con quienes quieren romper el país, se ha premiado la lealtad política sobre la competencia profesional, y se ha sustituido el mérito por la identidad. Y en un caso que muchos guatemaltecos desconocen, la ley incluso permite que invasores —los llamados okupas— se instalen en viviendas privadas con protección judicial, obligando al propietario a seguir pagando luz y agua del intruso mientras la justicia “evalúa” la situación. ¿El resultado? Nadie quiere construir para alquilar, y los precios se disparan. Un país que penaliza la propiedad termina castigando a quienes más necesitan un techo.
Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha abrazado un modelo liberal claro: bajos impuestos, confianza en el ciudadano, respeto a la propiedad privada, libertad educativa y sanitaria, y una narrativa firme de unidad nacional. No ha sido solo una apuesta económica, sino también una defensa moral de la libertad individual frente a la imposición ideológica. En plena tormenta populista, Madrid ha optado por creer en el individuo, y le ha pagado, teniendo mayoría absoluta en el parlamento comunitario.
Barcelona, en cambio, ha sido el laboratorio del socialismo municipalista y del independentismo emocional. Con Ada Colau primero, y luego con Salvador Illa, presidiendo una alianza de partidos de izquierda catalana, la Comunidad de Cataluña ha sufrido la imposición de políticas intervencionistas, restricciones al sector privado, trabas al turismo y a la inversión inmobiliaria, y una creciente inseguridad jurídica.
Uno produce riqueza y otro reparte escasez. La evidencia está ahí: Madrid frente a Barcelona. Aznar frente a Sánchez. La libertad frente al control.
Con cientos de licencias hoteleras bloqueadas y desconfianza empresarial creciente, Barcelona perdió inversión y talento. Lejos han quedado los tiempos en que Barcelona era el motor económico de España y la envidia del país entero. Su dinamismo industrial, su atracción turística y su vocación cosmopolita fueron sustituidos por un discurso de victimismo, fragmentación y castigo al éxito. La riqueza, como la confianza, se pierde fácilmente cuando el poder se ejerce con ideología en lugar de con responsabilidad.
A veces, los guatemaltecos, no nos damos cuenta de la libertad que tenemos y que algún día puede ser restringida si nos descuidamos. No podemos imaginar, por ejemplo, que, en la mayoría de las comunidades españolas, los comerciantes no son libres de abrir sus negocios el día que quieran. Hace 13 años, Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid anterior a Isabel Díaz Ayuso, publicó este decreto: «Cada comerciante determinará, con plena libertad y sin limitación legal alguna, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, los domingos y festivos en los que desarrollará su actividad comercial».
Los resultados son contundentes. Madrid lidera el país en crecimiento económico, atracción de inversión extranjera (más del 70 % del total nacional), creación de empresas y generación de empleo. En 2023, su PIB per cápita superó los 42 000 euros; el de Barcelona no llegó a los 36 000. Mientras Madrid crecía al 4.8 %, Barcelona apenas al 3.1 %. La diferencia no es menor: se traduce en oportunidades reales, en empleos concretos y en calidad de vida. La historia reciente de España ofrece una lección urgente para todos los pueblos que, como Guatemala, enfrentan elecciones de rumbo político, económico y moral. No se trata solo de votar cada cuatro años. Se trata de algo más profundo: de elegir el modelo que define la relación entre el ciudadano y el poder.
Aznar no fue perfecto, pero gobernó con una brújula clara: menos Estado, más libertad, más responsabilidad. Ayuso no lo ha tenido fácil, pero su apuesta por la confianza en el individuo ha hecho de Madrid el nuevo motor de España. Ambos entendieron algo esencial: que solo el ciudadano libre, respetado en su propiedad, en su trabajo y en su conciencia, puede construir una sociedad próspera.
Sánchez y sus aliados han optado por otro camino. El de la dependencia institucionalizada, el de la ingeniería social y el privilegio ideológico. En su visión, el poder no emana del ciudadano, sino que lo domestica, lo fragmenta y lo disciplina.
Por eso el modelo importa. Porque un modelo crea ciudadanos y otro fabrica súbditos. Uno siembra confianza y otro cultiva miedo. Uno produce riqueza y otro reparte escasez. La evidencia está ahí: Madrid frente a Barcelona. Aznar frente a Sánchez. La libertad frente al control. Virtud frente a la corrupción.
Ahora toca a los políticos de Guatemala elegir entre el modelo correcto o la visión populista que nos hunda, y en tres años, nos tocará a los ciudadanos sellar el futuro por generaciones.
El modelo importa: La España de Aznar y la Madrid de Ayuso frente al populismo y la implosión socialista de Sánchez y Barcelona
España se ha convertido en el escenario de una lucha silenciosa, pero decisiva: la que enfrenta a dos modelos de país, de gobierno y de sociedad. Uno cree en la libertad individual, en la propiedad privada, en la responsabilidad personal y en el mérito como camino hacia el progreso. El otro, en el control estatal, en la redistribución forzada, en la dependencia como herramienta de poder y en el privilegio disfrazado de derecho. La primera España florece. La segunda se descompone. Mientras el gobierno socialista de Pedro Sánchez impulsa leyes que limitan la iniciativa privada, elevan la carga fiscal y premian la lealtad ideológica sobre la competencia, comunidades como Madrid —y el gobierno de José María Aznar— han demostrado que cuando se confía en el ciudadano libre, la sociedad prospera. España florece donde se respeta al ciudadano libre y se empobrece donde se le somete al Estado.
El gobierno de José María Aznar (1996–2004) se sostuvo sobre un eje claro: devolver al ciudadano el protagonismo de su destino. Con reformas fiscales profundas, una apuesta por la estabilidad macroeconómica, la privatización estratégica de sectores como telecomunicaciones y energía, y un compromiso firme con la disciplina presupuestaria, España entró al euro con una economía saneada y en expansión. Aznar hablaba de esfuerzo, de responsabilidad, de reglas claras para todos. Creía que el Estado debía facilitar, no asfixiar.
Pedro Sánchez ha consolidado un modelo intervencionista y fragmentado, con alianzas ideológicas que elevan impuestos, castigan la inversión y debilitan la unidad nacional. Bajo su gobierno, se han promovido leyes que restringen la libertad económica, desincentivan la producción y socavan la seguridad jurídica. Se ha aprobado una amnistía a terroristas condenados por atentar contra el orden constitucional, y se han hecho concesiones que debilitan al Reino de España con tal de conservar el poder.
El contraste es inapelable. Durante el mandato de Aznar, España creció a un promedio del 3.5 % anual, se crearon cinco millones de empleos, el desempleo cayó del 23 % al 10.6 %, y la inversión extranjera alcanzó récords históricos. El país logró superávit fiscal en sus últimos años de gobierno y se convirtió en un destino confiable para el capital internacional.
Bajo Sánchez, la recuperación pospandemia ha sido lenta, frágil y decepcionante. Mientras países como Irlanda, Portugal o incluso Guatemala lograron crecer más del 7 % en el año posterior a la pandemia, España acumuló apenas un 5.5 %. La inversión extranjera cayó un 8.7 % entre 2022 y 2024, y el déficit fiscal nunca bajó del 3 %, a pesar del aumento de impuestos y el uso intensivo de fondos europeos. La deuda pública ya supera el 110 % del PIB. Pero más allá de las cifras, el deterioro más grave es moral: se ha normalizado el pacto con quienes quieren romper el país, se ha premiado la lealtad política sobre la competencia profesional, y se ha sustituido el mérito por la identidad. Y en un caso que muchos guatemaltecos desconocen, la ley incluso permite que invasores —los llamados okupas— se instalen en viviendas privadas con protección judicial, obligando al propietario a seguir pagando luz y agua del intruso mientras la justicia “evalúa” la situación. ¿El resultado? Nadie quiere construir para alquilar, y los precios se disparan. Un país que penaliza la propiedad termina castigando a quienes más necesitan un techo.
Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha abrazado un modelo liberal claro: bajos impuestos, confianza en el ciudadano, respeto a la propiedad privada, libertad educativa y sanitaria, y una narrativa firme de unidad nacional. No ha sido solo una apuesta económica, sino también una defensa moral de la libertad individual frente a la imposición ideológica. En plena tormenta populista, Madrid ha optado por creer en el individuo, y le ha pagado, teniendo mayoría absoluta en el parlamento comunitario.
Barcelona, en cambio, ha sido el laboratorio del socialismo municipalista y del independentismo emocional. Con Ada Colau primero, y luego con Salvador Illa, presidiendo una alianza de partidos de izquierda catalana, la Comunidad de Cataluña ha sufrido la imposición de políticas intervencionistas, restricciones al sector privado, trabas al turismo y a la inversión inmobiliaria, y una creciente inseguridad jurídica.
Uno produce riqueza y otro reparte escasez. La evidencia está ahí: Madrid frente a Barcelona. Aznar frente a Sánchez. La libertad frente al control.
Con cientos de licencias hoteleras bloqueadas y desconfianza empresarial creciente, Barcelona perdió inversión y talento. Lejos han quedado los tiempos en que Barcelona era el motor económico de España y la envidia del país entero. Su dinamismo industrial, su atracción turística y su vocación cosmopolita fueron sustituidos por un discurso de victimismo, fragmentación y castigo al éxito. La riqueza, como la confianza, se pierde fácilmente cuando el poder se ejerce con ideología en lugar de con responsabilidad.
A veces, los guatemaltecos, no nos damos cuenta de la libertad que tenemos y que algún día puede ser restringida si nos descuidamos. No podemos imaginar, por ejemplo, que, en la mayoría de las comunidades españolas, los comerciantes no son libres de abrir sus negocios el día que quieran. Hace 13 años, Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid anterior a Isabel Díaz Ayuso, publicó este decreto: «Cada comerciante determinará, con plena libertad y sin limitación legal alguna, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, los domingos y festivos en los que desarrollará su actividad comercial».
Los resultados son contundentes. Madrid lidera el país en crecimiento económico, atracción de inversión extranjera (más del 70 % del total nacional), creación de empresas y generación de empleo. En 2023, su PIB per cápita superó los 42 000 euros; el de Barcelona no llegó a los 36 000. Mientras Madrid crecía al 4.8 %, Barcelona apenas al 3.1 %. La diferencia no es menor: se traduce en oportunidades reales, en empleos concretos y en calidad de vida. La historia reciente de España ofrece una lección urgente para todos los pueblos que, como Guatemala, enfrentan elecciones de rumbo político, económico y moral. No se trata solo de votar cada cuatro años. Se trata de algo más profundo: de elegir el modelo que define la relación entre el ciudadano y el poder.
Aznar no fue perfecto, pero gobernó con una brújula clara: menos Estado, más libertad, más responsabilidad. Ayuso no lo ha tenido fácil, pero su apuesta por la confianza en el individuo ha hecho de Madrid el nuevo motor de España. Ambos entendieron algo esencial: que solo el ciudadano libre, respetado en su propiedad, en su trabajo y en su conciencia, puede construir una sociedad próspera.
Sánchez y sus aliados han optado por otro camino. El de la dependencia institucionalizada, el de la ingeniería social y el privilegio ideológico. En su visión, el poder no emana del ciudadano, sino que lo domestica, lo fragmenta y lo disciplina.
Por eso el modelo importa. Porque un modelo crea ciudadanos y otro fabrica súbditos. Uno siembra confianza y otro cultiva miedo. Uno produce riqueza y otro reparte escasez. La evidencia está ahí: Madrid frente a Barcelona. Aznar frente a Sánchez. La libertad frente al control. Virtud frente a la corrupción.
Ahora toca a los políticos de Guatemala elegir entre el modelo correcto o la visión populista que nos hunda, y en tres años, nos tocará a los ciudadanos sellar el futuro por generaciones.
