El mérito, entre la arbitrariedad y la igualdad de oportunidades

Recientemente, el debate político guatemalteco se ha sumergido en un dilema sobre el valor de la meritocracia, como principio rector para la asignación de puestos y ascensos dentro de la administración pública. Sin embargo, la polémica escaló de intensidad cuando el presidente Arévalo, durante un discurso por el aniversario de la Escuela Politécnica, proclamó que durante su gobierno la meritocracia era el estándar obligatorio a través del cual se debían filtrar los ascensos dentro de la organización militar. Por su parte, el ministro de la Defensa explicó que esta decisión respondía a una serie de cambios que estaba haciendo el Ejército con el fin de fortalecer la institución y la figura del militar guatemalteco.

A pesar de que el mérito puede ser un criterio para evitar la politización de los cargos administrativos y los privilegios en la asignación de cargos, cuando esta es llevada al extremo, también puede prestarse a la arbitrariedad. Por ende, dependiendo del contexto, la meritocracia podría suponer un riesgo para la libertad individual y, por ende, para el legado institucional de un país.

El mérito…reductio ad absurdum  

A pesar de que el criterio meritocrático pueda parecer atractivo en teoría, si este es llevado a sus conclusiones más absurdas podría suponer un peligro para la calidad institucional y la libertad individual.

Dentro de las sociedades modernas, la meritocracia se ha planteado como un principio capaz de superar las desigualdades inherentes a los individuos. Esto se debe a que se considera que, mediante el esfuerzo, la acumulación de estudios y la dedicación, el terreno en el que compiten los individuos “se iguala”. Por lo tanto, se considera que la implementación de este principio en todas las esferas sociales es una condición necesaria para encaminar a una sociedad hacia una libre de privilegios, clientelismo y basada en resultados.

Ahora bien, visto desde el punto de vista de los grupos tradicionalmente desfavorecidos, el criterio de la meritocracia supone una vía de escape hacia unas mejores condiciones de vida, fundadas en el esfuerzo. Sin embargo, desde la perspectiva de la libertad individual, el exceso de meritocracia implica el reconocimiento de una autoridad superior que decida quién es el “verdadero merecedor” de algún cargo laboral. La razón de esto es que, el paso previo para que la meritocracia surta efectos es que una autoridad decida arbitrariamente, cuáles serán los criterios de evaluación que definirán quién es más merecedor de algo frente a otro.  Consecuentemente, una entidad contaría con la legitimidad necesaria para que, coactivamente, redistribuya las plazas dentro de una sociedad según el mérito del que gocen, suponiendo que cuenta con todo el conocimiento necesario para discernir entre las habilidades más y menos deseables para el cargo. Así pues, aunque no sea evidente, de cierta forma esta decisión justificaría el uso sistemático de la coacción estatal.

Si lo que se busca es la mejora de la calidad institucional, realmente se debería apostar por la evaluación impersonal, cuyos principios no dependan de los criterios de evaluación de una “supra autoridad”, sino del grado de eficiencia en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Adicionalmente, por más mecanismos de transparencia que existan, el hecho de contar con una autoridad investida de poderes de decisión extraordinarios siempre abre la posibilidad para la búsqueda de rentas y las actitudes predatorias entre los candidatos, lo cual, a la larga, es perjudicial para toda organización.   

A su vez, el mérito es indiferente del contexto en el que se desarrollan los individuos. Sin embargo, debido a la naturaleza del concepto, este siempre tendrá una tendencia a favorecer a quienes, tradicionalmente, habían sido excluidos del reparto de cargos institucionales. Como consecuencia, muchos de los criterios empleados para la evaluación del mérito individual supondrán una degradación en la valoración de las habilidades necesarias para acceder a los cargos, a fin de ajustarlos a las condiciones de los menos favorecidos socialmente. Como sería de esperarse, el resultado de este ajuste en los criterios de la “supra autoridad” es que la calidad institucional tenderá siempre a la baja, a fin de cumplir con el objetivo de superar las ventajas que emanan del contexto en el que se han desarrollado algunos individuos.

Por último, merece la pena mencionar que un sistema de repartición de cargos con base en el mérito no es capaz de capturar aquellas habilidades que no son cuantificables, tales como la virtud, y que son necesarias para el liderazgo de cualquier institución.

Así pues, si traemos la discusión al terreno del Ejército de Guatemala se podría decir que el empujar de manera forzada por la meritocracia podría poner en juego la calidad de la institución y la libertad individual de los soldados. Por ende, si lo que se busca es la mejora de la calidad institucional, realmente se debería apostar por la evaluación impersonal, cuyos principios no dependan de los criterios de evaluación de una “supra autoridad”, sino del grado de eficiencia en el cumplimiento de los objetivos de la organización.