EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Como todos los índices internacionales y nacionales lo demuestran, la región centroamericana es una de las zonas más inseguras en el mundo. Esto se debe a la presencia de grupos armados ilegales, maras, narcotraficantes y delincuentes comunes. Gran parte de su fuerza en el terreno la han encontrado en los vacíos de poder que han dejado los Estados, dado que, ante la falta de presencia estatal, estos grupos han sabido cubrir las necesidades de la población, a cambio de protección. Sin embargo, esta dinámica se ha traducido en un incremento exponencial de la inseguridad.
Ahora bien, la mayoría de las veces que se discuten las causas y consecuencias de la inseguridad en la región, la discusión se entrampa en un dilema similar al del huevo y la gallina. Es decir, mientras que algunos argumentan que factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de educación causan las altas tasas delictivas, otros defienden una posición en la que estos elementos son las consecuencias de la inseguridad persistente en la sociedad. Así pues, debido a la falta de acuerdo entre los expertos, los gobiernos no han sabido concretar políticas que ataquen la raíz del problema y, como consecuencia, se ha convertido en un elemento inherente y un estigma propio de la región latinoamericana.
Estado de derecho, la gallina de oro de la región
A pesar de que la percepción ciudadana está entrampada en un dilema del huevo y la gallina, la realidad ofrece una alternativa más viable.
Dentro de un sistema democrático, en el que se respetan los derechos y las libertades, pero al mismo tiempo se castiga proporcionalmente los delitos, el poder judicial juega un papel fundamental en el combate contra la inseguridad. Esto se debe a que, ya que los tribunales son los que imponen las penas y los jueces garantizan el cumplimiento de las sentencias, así como juega un papel preventivo, también permite combatir de frente la delincuencia. En otras palabras, esto significa que, sin un Estado de derecho fuerte e independiente, el combate contra la inseguridad es un callejón sin salida.
La inseguridad, más que un producto de la pobreza o la desigualdad, es consecuencia de la falta de certeza jurídica. Por ende, antes de pensar en una medida compleja que ataque muchos frentes al mismo tiempo, es necesario fortalecer a los poderes judiciales
Evidentemente, la construcción y el fortalecimiento del Estado de derecho es un reto pendiente para la región. Esto se debe a que, la mayor parte de los países sufre de un proceso de instrumentalización del poder judicial para beneficiar intereses particulares. Como consecuencia, en vez de impartir justicia e imponer las leyes de manera igualitaria para todos los miembros de la sociedad, se cae en un juego en donde la justicia se vuelve selectiva, dependiendo de los intereses de las personas que se encuentren en el poder.
Así pues, si los gobiernos modifican su perspectiva sobre la delincuencia, en vez de quedar entrampados en el dilema de seguridad, será posible trascender y atacar las causas de raíz. Esto se debe a que, al fortalecer el Estado de derecho, la ley cumplirá con su función preventiva de los hechos delictivos, las sanciones se impondrán con objetividad y serán firmes, de manera que no se beneficien a particulares, y, por ende, debido a la certeza del castigo, se disuadirán a aquellos actores que busquen incurrir en algún delito.
En otras palabras, el Estado de derecho, fortalecido, podría convertirse en la gallina ponedora de oro que produzca resultados positivos en términos de seguridad y que, al mismo tiempo, garantice un entorno apropiado para la reducción de la pobreza, la desigualdad y el fomento de la educación, los cuales normalmente se toman como efectos de la inseguridad.
La inseguridad, más que un producto de la pobreza o la desigualdad, es consecuencia de la falta de certeza jurídica. Por ende, antes de pensar en una medida compleja que ataque muchos frentes al mismo tiempo, es necesario fortalecer a los poderes judiciales, de manera que cuenten con las herramientas necesarias para asumir los costos de la pena y responsabilicen a los delincuentes.
El huevo, la gallina y el dilema de seguridad
Como todos los índices internacionales y nacionales lo demuestran, la región centroamericana es una de las zonas más inseguras en el mundo. Esto se debe a la presencia de grupos armados ilegales, maras, narcotraficantes y delincuentes comunes. Gran parte de su fuerza en el terreno la han encontrado en los vacíos de poder que han dejado los Estados, dado que, ante la falta de presencia estatal, estos grupos han sabido cubrir las necesidades de la población, a cambio de protección. Sin embargo, esta dinámica se ha traducido en un incremento exponencial de la inseguridad.
Ahora bien, la mayoría de las veces que se discuten las causas y consecuencias de la inseguridad en la región, la discusión se entrampa en un dilema similar al del huevo y la gallina. Es decir, mientras que algunos argumentan que factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de educación causan las altas tasas delictivas, otros defienden una posición en la que estos elementos son las consecuencias de la inseguridad persistente en la sociedad. Así pues, debido a la falta de acuerdo entre los expertos, los gobiernos no han sabido concretar políticas que ataquen la raíz del problema y, como consecuencia, se ha convertido en un elemento inherente y un estigma propio de la región latinoamericana.
Estado de derecho, la gallina de oro de la región
A pesar de que la percepción ciudadana está entrampada en un dilema del huevo y la gallina, la realidad ofrece una alternativa más viable.
Dentro de un sistema democrático, en el que se respetan los derechos y las libertades, pero al mismo tiempo se castiga proporcionalmente los delitos, el poder judicial juega un papel fundamental en el combate contra la inseguridad. Esto se debe a que, ya que los tribunales son los que imponen las penas y los jueces garantizan el cumplimiento de las sentencias, así como juega un papel preventivo, también permite combatir de frente la delincuencia. En otras palabras, esto significa que, sin un Estado de derecho fuerte e independiente, el combate contra la inseguridad es un callejón sin salida.
La inseguridad, más que un producto de la pobreza o la desigualdad, es consecuencia de la falta de certeza jurídica. Por ende, antes de pensar en una medida compleja que ataque muchos frentes al mismo tiempo, es necesario fortalecer a los poderes judiciales
Evidentemente, la construcción y el fortalecimiento del Estado de derecho es un reto pendiente para la región. Esto se debe a que, la mayor parte de los países sufre de un proceso de instrumentalización del poder judicial para beneficiar intereses particulares. Como consecuencia, en vez de impartir justicia e imponer las leyes de manera igualitaria para todos los miembros de la sociedad, se cae en un juego en donde la justicia se vuelve selectiva, dependiendo de los intereses de las personas que se encuentren en el poder.
Así pues, si los gobiernos modifican su perspectiva sobre la delincuencia, en vez de quedar entrampados en el dilema de seguridad, será posible trascender y atacar las causas de raíz. Esto se debe a que, al fortalecer el Estado de derecho, la ley cumplirá con su función preventiva de los hechos delictivos, las sanciones se impondrán con objetividad y serán firmes, de manera que no se beneficien a particulares, y, por ende, debido a la certeza del castigo, se disuadirán a aquellos actores que busquen incurrir en algún delito.
En otras palabras, el Estado de derecho, fortalecido, podría convertirse en la gallina ponedora de oro que produzca resultados positivos en términos de seguridad y que, al mismo tiempo, garantice un entorno apropiado para la reducción de la pobreza, la desigualdad y el fomento de la educación, los cuales normalmente se toman como efectos de la inseguridad.
La inseguridad, más que un producto de la pobreza o la desigualdad, es consecuencia de la falta de certeza jurídica. Por ende, antes de pensar en una medida compleja que ataque muchos frentes al mismo tiempo, es necesario fortalecer a los poderes judiciales, de manera que cuenten con las herramientas necesarias para asumir los costos de la pena y responsabilicen a los delincuentes.
