La reciente ola de violencia que sacudió a Guatemala, con motines simultáneos en varios centros penitenciarios y ataques coordinados a la Policía Nacional Civil, que han perdido varias personas la vida y varios heridos, nos confirma algo que muchos veníamos advirtiendo: no solo tenemos una crisis de seguridad adentro de las cárceles, sino una crisis de control del crimen organizado desde su interior hacia afuera. Un motín no es un fenómeno aislado: es la expresión más extrema de que nuestros centros de detención se han convertido en plataformas de mando y control para la violencia en la calle.
Desde las cárceles es donde el crimen se coordina, tenemos una herramienta que sigue ausente en todos de los centros penitenciarios: el efectivo bloqueo de señales de telefonía y datos.
La instalación y mantenimiento de bloqueadores de señal en centros penitenciarios no es una ocurrencia tecnológica, es una pieza fundamental de seguridad pública. En muchos países (México, Chile, Brasil, India, Estados Unidos), la falta de bloqueadores de señal es la que permite que las comunicaciones desde dentro de los recintos penitenciarios se coordinen extorsiones, sicariato o tráfico de drogas, como muestran los esfuerzos en El Salvador de bloquear celulares para cortar las cadenas de coordinación criminal desde la prisión.
Guatemala, hoy, tiene un problema claro: ninguna cárcel cuenta con bloqueadores de señal en funcionamiento. De todos los centros penitenciarios existentes, los que apenas disponen de estos sistemas de bloqueador, no funcionan o están apagados.
Este dato no es un tecnicismo, es la explicación tecnológica y práctica de por qué las llamadas de extorsión continúan siendo un negocio criminal desde el “Universidad Criminal” de nuestras prisiones, pese a los operativos, requisas y decomisos de teléfonos que las autoridades realizan. Según diversos informes de seguridad, la mayoría de las llamadas vinculadas a crímenes, que se reportan en el país tienen su origen en teléfonos dentro de las cárceles. Si las cifras fueran hipotéticas, sería un ejercicio de una probabilidad, pero no lo son: son reales y es alarmante.
¿Por qué nos debe importar esto a los guatemaltecos? Porque cuando un privado de libertad puede comunicarse sin barreras con sus estructuras externas, no deja de ser una amenaza. Ya no es alguien aislado pagando por sus crímenes, se convierte en el capo de la violencia: orquestando ataques, recaudando extorsiones, ordenando ajustes de cuentas o coordinando fianzas desde atrás de los barrotes.
La extorsión telefónica no es un delito intangible o remoto: ha arruinado familias, desangrado negocios y dañado el sentido de seguridad en todo el país. Un sinfín de personas, transportistas, comerciantes y pequeños empresarios han denunciado en redes, en público o de manera anónima, la frecuencia, el terror y el impacto económico de estas llamadas.
Cuando un sistema penitenciario permite que eso siga ocurriendo, no está fallando solo en la rehabilitación de un individuo, está fallando en su misión más básica: proteger a la sociedad de quienes han demostrado ser una amenaza para ella.
Los bloqueadores no son mágicos, pero son una herramienta necesaria, la tecnología de sistemas de inhibición de señal es empleada en diversos países para desactivar, dentro de perímetros cerrados como las cárceles, las comunicaciones no autorizadas sin afectar a la población civil fuera de ese perímetro.
Cuando estos sistemas están bien diseñados y operan con reglas claras, combinados con revisiones técnicas frecuentes, disminuyen la capacidad de privados de libertad organizados de ejecutar delitos desde adentro. No se trata de cortar por cortar, sino de aislar a quienes están privados de libertad para que no sigan gestionando violencia desde atrás de las rejas, con protección pagada con nuestros impuestos.
La reciente ola de violencia que sacudió a Guatemala, con motines simultáneos en varios centros penitenciarios y ataques coordinados a la Policía Nacional Civil, que han perdido varias personas la vida y varios heridos, nos confirma algo que muchos veníamos advirtiendo: no solo tenemos una crisis de seguridad adentro de las cárceles, sino una crisis de control del crimen organizado desde su interior hacia afuera. Un motín no es un fenómeno aislado: es la expresión más extrema de que nuestros centros de detención se han convertido en plataformas de mando y control para la violencia en la calle.
Desde las cárceles es donde el crimen se coordina, tenemos una herramienta que sigue ausente en todos de los centros penitenciarios: el efectivo bloqueo de señales de telefonía y datos.
La instalación y mantenimiento de bloqueadores de señal en centros penitenciarios no es una ocurrencia tecnológica, es una pieza fundamental de seguridad pública. En muchos países (México, Chile, Brasil, India, Estados Unidos), la falta de bloqueadores de señal es la que permite que las comunicaciones desde dentro de los recintos penitenciarios se coordinen extorsiones, sicariato o tráfico de drogas, como muestran los esfuerzos en El Salvador de bloquear celulares para cortar las cadenas de coordinación criminal desde la prisión.
Guatemala, hoy, tiene un problema claro: ninguna cárcel cuenta con bloqueadores de señal en funcionamiento. De todos los centros penitenciarios existentes, los que apenas disponen de estos sistemas de bloqueador, no funcionan o están apagados.
Este dato no es un tecnicismo, es la explicación tecnológica y práctica de por qué las llamadas de extorsión continúan siendo un negocio criminal desde el “Universidad Criminal” de nuestras prisiones, pese a los operativos, requisas y decomisos de teléfonos que las autoridades realizan. Según diversos informes de seguridad, la mayoría de las llamadas vinculadas a crímenes, que se reportan en el país tienen su origen en teléfonos dentro de las cárceles. Si las cifras fueran hipotéticas, sería un ejercicio de una probabilidad, pero no lo son: son reales y es alarmante.
¿Por qué nos debe importar esto a los guatemaltecos? Porque cuando un privado de libertad puede comunicarse sin barreras con sus estructuras externas, no deja de ser una amenaza. Ya no es alguien aislado pagando por sus crímenes, se convierte en el capo de la violencia: orquestando ataques, recaudando extorsiones, ordenando ajustes de cuentas o coordinando fianzas desde atrás de los barrotes.
La extorsión telefónica no es un delito intangible o remoto: ha arruinado familias, desangrado negocios y dañado el sentido de seguridad en todo el país. Un sinfín de personas, transportistas, comerciantes y pequeños empresarios han denunciado en redes, en público o de manera anónima, la frecuencia, el terror y el impacto económico de estas llamadas.
Cuando un sistema penitenciario permite que eso siga ocurriendo, no está fallando solo en la rehabilitación de un individuo, está fallando en su misión más básica: proteger a la sociedad de quienes han demostrado ser una amenaza para ella.
Los bloqueadores no son mágicos, pero son una herramienta necesaria, la tecnología de sistemas de inhibición de señal es empleada en diversos países para desactivar, dentro de perímetros cerrados como las cárceles, las comunicaciones no autorizadas sin afectar a la población civil fuera de ese perímetro.
Cuando estos sistemas están bien diseñados y operan con reglas claras, combinados con revisiones técnicas frecuentes, disminuyen la capacidad de privados de libertad organizados de ejecutar delitos desde adentro. No se trata de cortar por cortar, sino de aislar a quienes están privados de libertad para que no sigan gestionando violencia desde atrás de las rejas, con protección pagada con nuestros impuestos.
